Por Doug Stokes / Znet

Con Alvaro Uribe Velez como presidente, el paramilitarismo es una vez más legal en Colombia. Su recién creada red de un millón informantes a sueldo, básicamente hace pública lo que por mucho tiempo ha sido la estrategia encubierta de EEUU y Colombia: una brutal guerra contrainsurgente y paramilitar. La contrainsurgencia ha sido por mucho tiempo el medio primario a través del cual EEUU ejerce su poder sobre Latinoamérica. Para entender a cabalidad la relación entre ayuda económica y el entrenamiento militar proveniente de EEUU, paramilitarismo y las actuales violaciones a los derechos humanos en Colombia, es necesario examinar la evolución de la doctrina estadounidense de contrainsurgencia.
La contrainsurgencia pasó a ser parte inseparable de los objetivos de la política de seguridad externa estadounidense con la aprobación de la Ley de Ayuda Exterior en 1961 por el presidente Kennedy. Basándose en esta ley, se envió ayuda a naciones en desarrollo para aumentar los vínculo bilaterales y estimular un desarrollo económico orientado hacia el capitalismo. Esa misma ley incluía una dimensión de seguridad de amplio espectro, cuyo objetivo era mejorar la capacidad de países amigos y organizaciones internacionales para rechazar o, si era necesario, derrotar al comunismo y a las agresiones apoyadas por el este. También se facilitaban las maniobras necesarias para la seguridad colectiva e individual y se daba asistencia para mantener la seguridad interna y la estabilidad, esenciales para un progreso social, económico y político más acelerado.
Latinoamérica se convertiría en el área primaria del intervencionismo estadounidense durante la guerra fría. La región fue vista al mismo tiempo como la principal esfera de influencia de los EEUU y como una zona fundamentalmente ligada a la seguridad estadounidense debido a la proximidad geográfica. La principal fuente regional de asistencia en el mantenimiento de "la seguridad y la estabilidad internas" y "los países amigos en desarrollo" llegó a ser la asistencia contra insurgente dirigida por los EEUU. Los militares que recibieron la ayuda fueron organizados para actuar como policías de sus propias poblaciones y evitar que las fuerzas sociales internas cuestionaran el status quo engranado con lo que EEUU percibía como el centro de sus intereses: la prevención de la independencia y la preservación de los países abiertos a la penetración de capitales estadounidenses.
En la última década de la guerra fría, el entonces presidente de los EEUU, Ronald Reagan, sostuvo que "la seguridad de nuestras fronteras depende del tipo de sociedad que prevalezca [en Centro América]: una democracia imperfecta tratando de mejorar, o una dictadura comunista buscando la expansión". Para prevenir la "expansión comunista" la política estadounidense frecuentemente auspició violaciones masivas a los derechos humanos y la muerte de civiles en gran escala. Los EEUU estuvieron asociados a estas prácticas no sólo a través de la instalación y el apoyo de gobiernos abusivos sino también a través de las doctrinas y estrategias enseñadas en sus cursos de entrenamiento.
La campañas de contrainsurgencia frecuentemente se basaron en la evacuación masiva de civiles, para eliminar las poblaciones en las que la guerrilla podía trabajar, y en el amedrentamiento de la sociedad civil. Un manual de operaciones psicológicas del ejército estadounidense escrito en 1962 reza: "Los civiles en el área de operaciones podrían estar apoyando a su propio gobierno o colaborando con la fuerza enemiga de ocupación. Un programa de aislamiento diseñado para inspirar dudas y miedo podría ser efectivo, también puede probarse un programa destinado a debilitar el apoyo a la guerrilla. Si esto no funciona, podría ser necesario tomar medidas más agresivas tales como el maltrato o incluso los secuestros. Los secuestros y el maltrato de enemigos civiles importantes puede debilitar la confianza de sus colaboradores en la fuerza y el poder de su milicia"
La contrainsurgencia se apoya frecuentemente en fuerzas paramilitares clandestinas para llevar a cabo asesinatos políticos, desapariciones y amedrentar a aquellos considerados contrarios a los intereses de estado. Esta forma de guerra fue caracterizada típicamente como una estrategia de terror dentro de la doctrina de contrainsurgencia, necesaria para poder eventualmente negar el terror de estado al mismo tiempo que se infundía miedo dentro de las poblaciones seleccionadas. Un manual de guerra de 1962 esboza el programa de entrenamiento de las fuerzas aliadas a EEUU. El entrenamiento incluía "guerra de guerrillas, propaganda, subversión, inteligencia y contra-inteligencia, actividades terroristas, acción civil y operaciones de combate convencional".
Colombia fue uno de los principales receptores de ayuda durante la guerra fría. El general William Yarborough encabezó las fuerzas especiales estadounidenses enviadas a Colombia en 1962 con el objetivo de organizar a los militares para la contrainsurgencia. Según sus palabras: "hay que hacer un esfuerzo concertado en todo el país orientado a la selección de personal civil y militar apto para entrenamiento clandestino en operaciones de resistencia en caso de que sean necesarias". Estos comandos paramilitares serían usados para "funciones de contra espionaje y propaganda, y para ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terrorismo contra promotores conocidos del comunismo". Debían, además, ser "respaldados por los EEUU".
La tortura fue también usada rutinariamente por estados apoyados por los EEUU y enseñada por expertos en contra-insurgencia de ese país. La Escuela de las Américas, la principal academia militar estadounidense para América Latina, usó material de entrenamiento que, según el Consejo de Supervisión de los Servicios de Inteligencia de los EEUU (Intelligence Oversight Board, IOB) "utilizaba material para entrenar oficiales latinoamericanos [entre] 1982 y 1991, que aparentemente incluía practicas tales como ejecuciones, extorsión, abuso físico, coerción y encarcelamiento fingido". Durante la contrainsurgencia apoyada por los EEUU en Nicaragua en los 80', la CIA distribuyó una versión actualizada de su manual KUBARK de interrogatorios de contrainteligencia de 1963. El manual fue rebautizado con el nombre de Manual de Entrenamiento en la Explotación de Recursos Humanos e incluía amplia información sobre los medios más efectivos de tortura incluyendo el uso de drogas, la privación del sueño, la violencia física y el aislamiento. El manual se usó también para entrenar a muchos otros militares latinoamericanos.
Fijar como objetivo la sociedad civil fue también un punto clave de la doctrina y el entrenamiento contrainsurgente impartido por los EEUU. La sociedad civil requería de una variedad de políticas para prevenir cualquier forma de subversión o agitación en contra del orden establecido. Un manual de Inteligencia Táctica publicado por el Comando Sur de EEUU (el Comando Estadounidense Unificado para Latinoamérica) en 1985, explicaba que "la preparación para el campo de batalla implica la recopilación de información acerca de la sociedad civil: quién apoya qué, qué grupos pueden ser movilizados a favor y cuáles deben ser neutralizados". La contrainsurgencia debe prestar atención a cualquier "rechazo de los campesinos al pago de rentas, impuestos o préstamos o a cualquier dificultad inusual para recaudarlos," un aumento "en el número de espectáculos de entretenimiento con mensajes políticos," o una intensificación de la "agitación religiosa". En un manual similar, producido por la Escuela de las Américas, dice que la inteligencia requiere identificar "la naturaleza de las organizaciones laborales" y el potencial establecimiento de "organizaciones políticas que sirvan como cubiertas" para la insurgencia. La contrainsurgencia debe supervisar los "sistemas de educación pública," y la influencia de la "política en maestros, textos y estudiantes"; y "las relaciones entre líderes religiosos (misioneros o residentes), los gobiernos establecidos y la insurgencia."
Resumiendo, el uso de paramilitares, el desplazamiento masivo de civiles, el uso del terror, la coerción física y la intervención de la sociedad civil son considerados un componente necesario de la contrainsurgencia auspiciada por EEUU. Las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que cuestionan las condiciones socioeconómicas prevalecientes, son vistas como subversivas del orden político y social y, en el contexto de la contrainsurgencia, se convierten en objetivos legítimos.
Esta orientación ha tenido consecuencias devastadoras en América Latina con cientos de miles de civiles asesinados por estados apoyados por los EEUU. Con el final de la guerra fría la retórica de la política estadounidense ha cambiado del anticomunismo a la guerra contra las drogas y ahora a la guerra contra el terrorismo. Mientras este cambio en retórica continúa proporcionado una justificación pública para la política estadounidense, los objetivos se mantienen esencialmente intactos: evitar una alternativa hemisférica funcional que cuestione la hegemonía estadounidense y reprimir a la sociedad civil para prevenir los costos físicos y espirituales asociados a la disidencia declarada.
El medio primario de represión ha sido el uso de paramilitares. En los últimos 15 años, en Colombia, todo un partido de izquierda fue eliminado por paramilitares de derecha: 4000 activistas fueron asesinados en la década de los 80', 151 periodistas recibieron disparos y 300.000 civiles colombianos han sido asesinados. Tres de cada cuatro activistas sindicales asesinados en todo el mundo son asesinados por los paramilitares colombianos. De acuerdo con las Naciones Unidas, los profesores universitarios y los maestros están "dentro de los trabajadores más afectados por los asesinatos, las amenazas y los desalojos asociados a la violencia. Los grupos paramilitares son comúnmente objeto de crítica de los líderes indígenas y los activistas comunitarios y de derechos humanos. La represión sirve para criminalizar cualquier forma de resistencia de la sociedad civil a la reestructuración neoliberal de la economía colombiana estimulada por los EEUU y para suprimir los cuestionamientos políticos y económicos al status quo reinante en Colombia. Los nuevos escuadrones legales de la muerte de Uribe legitiman la opción paramilitar dentro de su guerra de contrainsurgencia y serán utilizados para aumentar, aun más, la represión en Colombia.