He escuchado a pocos defensores que decían que el "impuestazo" -el proyecto de Presupuesto General de la Nación desafortunadamente aprobado por el régimen de Sánchez de Lozada- sería para el bien del país. Escuchándoles con mucha paciencia a esos ingenuos de buena fe (con excepción de los personeros del Gobierno), me ponía a pensar que a los organismos financieros internacionales -los mismos que extienden su brazo corrupto pagando sueldos "plus" a los jerarcas del Estado- poco les importa los efectos de sus medidas de shock, de sus imposiciones en contra de la equidad y a favor de las transnacionales a dejado a miles de personas en la desocupación, poco le importa la vida de los que hasta el martes pasado gozaban de buena salud (aunque medio muertos de hambre) y hoy, por las balas disparadas por anónimos asesinos, ya no están entre nosotros.
Esos pocos me decían que la medida estaba bien tomada; que el fisco no tenía (y no tiene) otra alternativa que recaudar impuestos directos vía asalariados; que esa era la única forma de rebajar el déficit fiscal; que la aplicación de impuestos sobre empobrecidos asalariados era preferible a un "gasolinazo" o a un "corralito", es decir la confiscación de cuentas bancarias, como si no les bastara la confiscación que hicieron de los aportes a los Fondos Complementarios de los trabajadores, y recientemente los aportes individuales a las Administradoras de Fondos de Pensiones, para cumplir una promesa electoral (Bonosol) que no tiene por qué pagarla el pueblo.
Recuerdo los eslóganes de la campaña electoral del principal partido gobernante (MNR) que decía que iba a acabar con la exclusion...; pero hoy, a solo seis meses en el poder, la exclusión a aumentado porque sólo pocos viven muy bien y lo único que hicieron es aumentar el gasto público gracias a los gastos dispendiosos de su aparato administrativo; al incremento de reparticiones en el Ejecutivo para dar "pegas" a sus socios (MIR y UCS); al aprovechamiento de las ventajas que les da el poder para hacerse ricos sin trabajar (negociados) y así aumentar sus cuentas con dinero mal habido. Si así estamos cuando dicen que están "empezando a caminar", ¿cómo estará el país dentro de cinco años si es que para entonces ya caminan?
Si bien es una realidad que hay un déficit fiscal, primero hay que puntualizar que éste no fue creado por el grueso de los asalariados; segundo, que para recaudar fondos no se puede disminuir el sueldo de los trabajadores mediante impuestos (desde ya, la reducción salarial es ilegal); y tercero, que de darse esa medida se estaría aplicando una doble tributación, porque por un lado se le descontaría al asalariado una suma fija por planilla, pero cuando el mismo asalariado tenga que comprar algo, se le retendría otro monto al facturarle, tributando así dos veces
Sin embargo, suponiendo que la población hubiese aceptado (o acepte) esa o parecida medida, a fin de "sacrificarse" por el país, ) y pensando ingenuamente de que esta vez sí se dará un buen destino a las recaudaciones del Estado, pensamos que los jerarcas del Estado (Presidente y Vicepresidente, parlamentarios altos funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial, Legislativo y de las superintendencias, comandantes militares y policiales) además de tener sueldos altísimos, seguirían gozando de privilegios a través de sobresueldos o "bonos" sin tributación; de autos y gasolina gratis, incluidos choferes, para ellos y sus familias; gastos de representación, pasajes y viáticos elevados; servidumbre, celulares, comida y algunos hasta vivienda gratis.
¿Por qué ese grupo reducido tienen todo gratis, y por qué nosotros, el resto de los ciudadanos, además de pagar todos nuestros gastas tenemos que pagar los de ellos? ¿Por qué ese pequeño grupo, si quiere iniciar una política de austeridad, no pagan esos gastos con sus sueldos, como lo hacemos la inmensa mayoría de los ciudadanos?
En 1985 se dijo que "Bolivia se nos moría" como una forma de justificar el decreto 21060, iniciándose así el proceso de la economía de libre mercado, y luego, desde 1993, la desnacionalización de las empresas del estado que controlaban los recursos naturales estratégicos. También se dijo que en diez a quince años Bolivia sería distinta, que el ansiado desarrollo por fin se alcanzaría gracias a que las empresas estatales mal administradas hasta entonces, aumentarían su productividad, eficiencia y tributos si estaban en manos privadas.
Han pasado más de 17 años y no se ha cumplido ninguna de esas promesas; pero eso sí, oímos un nuevo eslogan fatalista: "Bolivia está en quiebra". En realidad, en todo este tiempo la pobreza y desocupación han aumentado; las empresas des-estatizadas tributan menos que cuando estaban en manos del Estado; el desarrollo está cada vez más lejano, pero la corrupción campea a diario en muchas instituciones públicas; mientras los jerarcas del Estado siguen viviendo muy bien, como antes.
En todo ese tiempo las millonarias deudas al fisco por poderosos evasores de impuestos han aumentado, con el añadido de que algunos evasores son parte de la coalición de Gobierno; los "gastos reservados" aprobados año tras año por parlamentarios oficialistas en el Presupuesto Nacional de la Nación, llegan anualmente a 18 millones de dólares, monto que tiene un destino incierto pero que está a libre disponibilidad de los jerarcas. Tanto cinismo es intolerable, como también lo es la incapacidad de los partidos en el poder (MNR, MIR, UCS).
Si Bolivia se está "muriendo" o está en "quiebra" no es por culpa del pueblo, porque el pueblo trabaja, tributa, no usufructúa del erario nacional, no hace negociados ni malversaciones. Si los jerarcas quieren dictar medidas de austeridad que ellos demuestren que pueden vivir con sueldos bajos y pagar sus gastos, como lo hace la mayoría de la población. Y si a esto aumentamos la responsabilidad sobre los sucesos y víctimas del 12 y 13 de febrero, ya tenemos bastante.
Si realmente Bolivia se está muriendo es porque los jerarcas del Estado la están matando.
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