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Comunidad kolla guaraní: de nuevo, en casa y amenazada
Hoy jueves, a las 14 horas, la comunidad kolla guaraní reingresó a sus tierras, en Río Blanco Banda Norte, Orán, desafiando la custodia policial. Inmediatamente, la policía provincial rodeó el lugar, retirándose recién a las 21.30. El comisario advirtió, antes, que mañana temprano se procederá al desalojo del lugar, alegando que así lo dispondría la jueza. En tanto, también por la mañana llegarán a Orán dos abogados de la Defensoría del Pueblo de la Nación con un escrito en donde exigen a la jueza que garantice el cumplimiento de la orden que emitió el pasado 5 de marzo, cuando reconoció que el desalojo era erróneo.
Por lavaca.org
Las setenta familias de la comunidad kolla guaraní de Río Blanco, Orán, despertaron el pasado 2 de marzo con un sobresalto: una cuadrilla policial, comandada por el juez de paz local, les anunció el desalojo inmediato. Durante tres días, fueron vaciando sus casas, confiscando sus bienes y depositando en la ruta a las familias. En tanto, la jueza no aceptaba sus reclamos, alegando que ese juzgado no recibía escritos realizados a mano. Al cuarto día, una presentación realizada por la Pastoral Social la obligó a retractarse. Así fue como la jueza escribió, con fecha 5 de marzo, que era un error judicial: se trataba de otra propiedad y de otra causa, ya expirada. Por lo tanto, disponía el cese del desalojo y ordenaba a la empresa "abstenerse de destruir cosechas y casas". Sin embargo, la orden nunca se concretó. Así fue como 36 familias quedaron en la ruta, tiradas, y otras 40 en el predio, encerradas.
Una delegación de esa comunidad viajó a Buenos Aires para reclamar por sus derechos. Presentó sus reclamos ante la Secretaría de Derechos Humanos, el ministerio de Desarrollo Social, el Inai y el Defensor del Pueblo de la Nación. Sólo en este último caso recibió una respuesta. Dos funcionarios de la defensoría viajaron a Orán, se entrevistaron con la jueza y la comunidad y regresaron con un diagnóstico: se trataba de un desalojo de facto.
Aún cuando en todas las instancias oficiales les daban no solo la razón, sino también variadas muestras de indignación, nada cambió durante más de cuarenta días. Nada, excepto una cosa: el martes 13 la empresa usurpadora comenzó a demoler sus casas.
Ayer, a las 14 horas, decidieron ejecutar la orden judicial a su propio riesgo. Ingresaron a sus hogares, desafiando la custodia policial privada.
Durante la mañana, el obispo de Orán se hizo presente en la ruta, para charlar con las familias desesperadas. Les pidió paciencia y se fue. Dos horas después, entraron. Los acompañaba un integrante de la Mesa de Trabajo de Pueblos Originarios, que viajó especialmente desde Buenos Aires.
La noticia convirtió al letrado de la empresa apropiadora Río Zenta SRL en una máquina de lanzar amenazas. Insultó a los sacerdotes que acompañaban a la comunidad, que presentaron la correspondiente denuncia judicial por agravios y amenazas.
Inmediatamente, la policía de Orán rodeó el terreno. Recién se retiró a las 21.30 de la noche, no sin antes anunciar –por boca del comisario a cargo del operativo- que regresarían temprano con otra orden judicial de desalojo.
En tanto, desde Buenos Aires llegarán mañana temprano dos abogados de la Defensoría del Pueblo de la Nación para presentar un escrito en donde reclaman que la jueza cumpla con su función y restituya a las familias sus casas, sus derechos y sus vidas. Quedará entonces pendiente la pelea por la tenencia definitiva de la tierra, la verdadera y única batalla.
