1) La protesta social no es delito.
Exigimos una amnistía para los 60 procesados de la UTD de General Mosconi, que abarque también a los más de 3000 procesados que existen en todo el pais por reclamar por trabajo. Nos manifestamos contra el reciente fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal, que agrava la tendencia de criminalizar la protesta social.
Denunciamos el acoso judicial que sufren los miembros de la UTD. Consideramos como caso testigo el de José "Pepino" Fernández, a quien se le iniciaron ya 56 causas penales.
Demandamos que los jueces federales y provinciales cumplan con su prioritario deber de dar protección –en lugar de perseguir- a quienes reclaman a las autoridades públicas por la violación de sus necesidades más elementales. En momentos en que se está repensando la legislación penal en materia de seguridad pública, demandamos una revisión íntegra del Código Penal, que elimine la inclusión de figuras delictivas en los casos del legítimo ejercicio del derecho de peticionar en reclamo de condiciones dignas de vida.
Al cumplirse cuatro años de los asesinatos de Orlando Justiniano y Matías Gómez, miembros de la UTD de Mosconi, exigimos el esclarecimiento de dichos crímenes, así como el de todos aquellos asesinados por su participación en la protesta social, desde el caso de Víctor Choque en adelante.
Repudiamos la impunidad de las fuerzas represivas y del poder político responsable de cada represión, y la parcialidad de la justicia, que en quince días procesa a quienes protestan, y en mas de siete años no ha dado respuesta frente a los crímenes cometidos contra aquellos.
Nos solidarizamos con las compañeras y compañeros procesados y detenidos en Latinoamérica, como es el caso del compañero Edelmar Cezimbra (Movimiento de Trabajadores Sin Tierra) detenido el 4 de abril de este año, y de los compañeros del Movimiento Pachacuti de Bolivia.
2) Los recursos naturales son patrimonio de la sociedad.
Exigimos la genuina recuperación de los recursos naturales y no renovables, de los que la sociedad argentina ha sido despojada.
Exigimos la anulación de los decretos 1212, 1589/89, de la ley nacional de los hidrocarburos 21.145 de 1992, que determinaron la privatización completa de los recursos naturales, y del decreto 546/03 que autoriza a los estados provinciales a concertar nuevas privatizaciones.
Rechazamos toda propuesta gubernamental que no apunte a una verdadera modificación de las reglas actualmente vigentes, hoy a favor de las empresas privatizadas y los grupos transnacionales.
Proponemos la creación de una empresa pública con participación de los trabajadores en las decisiones y control de la producción.
Exigimos que se cumpla el compromiso asumido públicamente por el gobierno nacional de resolver el resarcimiento económico adeudado a los ex trabajadores de YPF en concepto de Programa de Propiedad Participada.
Expresamos nuestra solidaridad con la lucha de los pueblos de América Latina que van en el sentido de esta propuesta y adherimos a las medidas de lucha emprendidas recientemente por el movimiento indígena Pachacuti en Bolivia, que apuntan a un cambio en las políticas sobre los recursos hidrocarburíferos, llevados adelante por el gobierno actual..
Denunciamos además el despojo de las tierras a las comunidades de todos los pueblos originarios y apoyamos su lucha por la recuperación de las mismas..
3) Las multinacionales y el Estado están destruyendo el medio ambiente. Este proceso está hipotecando el futuro de generaciones enteras.
Eso trae como consecuencia la contaminación de los ríos, aguas subterráneas, y de la atmósfera, provocando enfermedades que aumentan de manera alarmante la mortalidad infantil y de la población en general (cáncer, lesmaniasis, cólera, hantavirus, dengue, fiebre tifoidea, diabetes, entre otras).
Denunciamos la acción depredadora de las multinacionales y exigimos el efectivo control medioambiental a fin de evitar su impacto letal sobre la salud de la población.
El proceso de concentración de la riqueza produce la eliminación de fuentes de trabajo, que en el departamento de General San Martín, ha alcanzado nada menos que el 60 por ciento de la desocupación entre la población económicamente activa.
Produce además el desmantelamiento del sistema público de educación, la desprotección de la infancia y de la juventud, donde crecen la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución infantil y el suicidio de adolescentes.
Exigimos la creación de puestos de trabajo genuinos acompañada de una política pública que recupere la vigencia de los derechos de las personas.
Organizaciones participantes
Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi, Salta.
Coordinadora de trabajadores ypefeanos, Yacimientos Norte
Movimiento de Trabajadores Desocupados Maximiliano Kosteki, de Guernica
Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano
Movimiento Teresa Rodriguez
Unión de Trabajadores Piqueteros
Equipo de Educación Popular de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo
Dra Mara Puntano, abogada defensora de los trabajadores
Organización social invitada: Movimiento Indígena Pachacuti, Bolivia
Medios alternativos de comunicación
Copenoa (Colectivo de Prensa Alternativa del Norte Argentino)
La Fogata
Agencia lavaca.org
Juana Pimienta (FM La Tribu)
Revista América Libre
Red de Intelectuales, Artistas y Académicos por la defensa de los derechos fundamentales (RIAA)
Académicos de la Universidad de Manchester, Inglaterra.
Activistas de los movimientos anti-globalización de los Estados Unidos y Alemania.
Alerta Salta