El fiscal federal de Jujuy, Domingo José Batule, se pronunció por la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y pidió que se investigara la desaparición de 115 personas secuestradas en esa provincia.

"El plan impuesto desde el 24 de marzo de 1976 se aplicó en todo el país y, en consecuencia, también en Jujuy. El control, las restricciones y, finalmente, la represión se manifestaron con parecida intensidad, tal vez en búsqueda de similares efectos paralizantes e intimidatorios. El mismo abanico de delitos se desplegó aquí ante una población indefensa que conservaba tradicional respeto hacia las que consideraba ‘sus’ Fuerzas Armadas." Así describió el fiscal federal Domingo José Batule la situación en la provincia durante el terrorismo de Estado al pronunciarse por la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y reclamar que se inicie una investigación por la desaparición de 115 personas que fueron secuestradas en Jujuy. Batule también solicitó que se preserve un predio del Ejército que fue denunciado como un lugar de detención e inhumación de cadáveres durante la última dictadura.
"Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida contienen disposiciones contrarias a los tratados internacionales que imponen al Estado argentino el deber de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos y los crímenes contra la humanidad. Su sanción y aplicación comporta una transgresión al principio de jerarquía de las normas y son constitucionalmente inválidas", afirmó el fiscal, quien pidió que se investigue quiénes fueron los autores y el grado de responsabilidad penal que le cabe a cada uno en la desaparición forzada de 115 personas (que están documentadas) secuestradas por la dictadura en Jujuy.
En su escrito, Batule señaló que en la provincia fueron tres los principales sitios donde funcionaron centros clandestinos: una hostería en la localidad de Guerrero, la central de policía de la provincia y el Servicio Penitenciario de Jujuy de Villa Gorriti. Pero en la audiencia de ayer del Juicio por la Verdad, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Nélida de Fidalgo denunció un campo de concentración hasta ahora desconocido. Se trata de un predio en el que había un polígono de tiro del Grupo de Artillería de Montaña 5, que no había sido conocido públicamente hasta el momento. Ante esta revelación, Batule pidió que "se abstenga de modificar la situación de hecho existente en el lugar, denunciado como lugar de detención e inhumación" de desaparecidos. El juez Mariano Cardozo hizo lugar al reclamo e informará su decisión a los ministerios de Defensa e Interior.
La testigo es esposa del poeta y ensayista jujeño Andrés Fidalgo y madre de Alcira, secuestrada en Buenos Aires en 1978, cuando hacía cola para ingresar a un cine en Buenos Aires. Fidalgo dijo que el dato sobre el centro clandestino se lo había dado un hombre al que identificó como Manuel "hace unos 20 años" y le entregó al juez un croquis del lugar. "Este hombre estaría dispuesto a prestar declaración testimonial por este juicio, con las reservas del caso, y también actuaría como guía para el Equipo de Antropología Forense", afirmó la mujer.
Batule señaló que su reclamo para que se inicie una querella criminal por las desapariciones en Jujuy no es incompatible sino que "se complementa" con el Juicio por la Verdad. Pero que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, "en tanto impiden la investigación de los hechos ya mencionados y la eventual sanción de sus responsables, son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Declaración Interamericana de Derechos Humanos y son, por consiguiente inconstitucionales e inválidas a la luz de lo dispuesto por los artículos 31, 75 y 118 de la Constitución Nacional".
Entre los casos que el fiscal pidió investigar penalmente está el de Luis Arédez, médico y ex intendente de Libertador General San Martín. De ese pueblo, donde funciona el ingenio Ledesma, fueron secuestradas 200 personas –de las cuales 70 siguen desaparecidas– con la complicidad de la empresa azucarera, que prestó sus camiones para que los "indeseables" fueran detenidos. Así lo reconoció el administrador de Ledesma, Alberto Lemos.
Arédez fue asesor médico de la obra social del Sindicato de Obreros del Azúcar y del Papel del ingenio. En su gestión como intendente –cargo del que fue desplazado por el golpe de Estado– obligó a la empresa a pagar los impuestos que había eludido durante años.