El genocida Antonio Domingo Bussi está preso desde ayer en el Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid, en San Miguel de Tucumán. El juez federal Jorge Parache lo acusa por el 'homicidio calificado con ensañamiento y alevosía, allanamiento ilegal y privación ilegal de la libertad, agravada' del que fue víctima el senador Guillermo Vargas Aignasse. El magistrado se negó a otorgarle el beneficio de la detención domiciliaria debido a que el 'anciano' represor, por los miedos y los fantasmas que lo persiguen, tiene declarado como tal la sede de Fuerza Republicana y habita una suite del Grand Hotel.
Vargas Aignasse fue detenido la noche del golpe de estado, el 24 de marzo de 1976 y alojado en la Cárcel de Villa Urquiza. El día 5 de abril fue retirado de allí en un simulacro de liberación y nunca más apareció. Fue visto en los campos de concentración de la Jefatura de Policía y del Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Bussi se negó a declarar ante el juez y presentó un escrito reclamando ser juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, ya que considera que fue un 'soldado que luchó en una guerra contra la agresión marxista leninista' por orden de un gobierno constitucional, el de Isabel Perón, que en 1975 decretó la realización del Operativo Independencia.

Bussi reemplazó a Acdel Vilas en la comandancia de la Quinta Brigada de Infantería y del Operativo Independencia el 20 de diciembre de 1975.
Vilas -el otro gran impune de los crímenes cometidos en Tucumán- dijo al entregar el mando que 'la subversión armada ha sido total y completamente derrotada'. Pocos días después Bussi telefoneó a Vilas, para decirle 'usted no me ha dejado nada por hacer'.
Desde el inicio de las operaciones militares y hasta finalizado el mandato de Bussi como gobernador -cargo que asumió en abril de 1976- miles de tucumanos fueron detenidos, secuestrados, torturados y asesinados en decenas de campos de concentración. El primero de estos siniestros lugares funcionó en la Escuela Diego de Rojas en Famaillá, lugar por donde según palabras del propio Vilas pasaron más de 1500 secuestrados. Bussi intensificó la represión y sembró de campos similares toda la provincia. Los mas conocidos y tenebrosos funcionaron en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, la Jefatura de Policía, la Cárcel de Villa Urquiza y el ex ingenio Nueva Baviera.
En informe de la Comisión Bicameral que investigó las violaciones a los derechos humanos en Tucumán precisó que el 92 % de los secuestrados fueron detenidos en sus domicilios, la mayor parte de ellos en horas de la noche.
Vilas y Bussi se ensañaron con las dirigencias sindicales, políticas y estudiantiles de la provincia. A partir del golpe de estado, Bussi hizo secuestrar y asesinar a Dardo Molina, presidente del Senado provincial; Juan Tenreyro, secretario de la gobernación; Bernardo Villalba, diputado nacional; Damián Márquez, senador provincial; Raúl Lechessi, diputado provincial y José Chebaia, secretario de Planeamiento, por nombrar solo a altos funcionarios del gobierno destituido.
Un grupo de tareas al mando de Roberto 'el tuerto' Albornoz secuestró, torturó y asesinó al máximo dirigente de la UCR local, Angel Pisarello. A mediados de 1976 era el último abogado que se animaba a presentar habeas corpus por los detenidos. Una gran cantidad de colegas suyos estaban ya detenidos, secuestrados, asesinados o en el exilio.
Los grupos operativos -la patota- estaba integrada siempre por entre 15 y 20 miembros. Eran militares, gendarmes, policías federales y provinciales, guardiacárceles y civiles. Los 'combates' los libraban con zona liberada y apoyos de vehículos y personal. Además de capturar a los 'enemigos', maltrataban a mujeres y niños y se robaban todo lo que podían.

El senador Vargas Aignasse fue desaparecido desde la Cárcel de Villa Urquiza. Allí, en el sector 'E' funcionó un campo de concentración llamado 'el pabellón de la muerte' por los reclusos. El lugar estaba completamente aislado del resto del penal, que era dirigido por el comisario Marcos Fidencio Hidalgo, uno de los máximos represores en tiempos de Bussi. Allí los prisioneros eran martirizados a diario y varios de ellos fueron salvajemente asesinados. El ayudante de Hidalgo, el cabo Miguel Carrizo, solía entrar a las celdas con sus perros y hacía morder a los presos. Los detenidos, sin colchones ni frazadas, en celdas con las ventanas clausuradas con soldaduras, eran golpeados con gomas y palos todos los días, a cualquier hora.
La Jefatura Bussi tuvo un jefe de policía que se caracterizó por el ensañamiento con que trataba a los detenidos, el teniente coronel Antonio Arrechea. De él dependía el director de la cárcel, Hidalgo. También el Servicio de Información Confidencial, una organización terrorista a cuyo frente se desempeñó el comisario Roberto 'el tuerto' Albornoz, responsable de la mayor cantidad de secuestros y asesinatos en tiempos de Bussi. Uno de los grupos operativos más activos era dirigido por el entonces teniente primero Arturo Félix González Naya.
El Arsenal, un campo al estilo nazi En el Arsenal Miguel de Azcuénaga funcionó un campo de concentración y exterminio copiado de los construidos por los nazis durante la segunda guerra. Tenía barracas para prisioneros, doble alambrada perimetral y torres de vigilancia. En ese lugar se cometieron las peores aberraciones contra los detenidos que, en su mayoría, fueron asesinados. El enterramiento, el atado con alambres de púas, la amputación de miembros, la incineración de prisioneros vivos, la picana y los golpes hasta la muerte, fueron las características de este lugar.
En este campo Bussi obligaba a sus subalternos a sellar el pacto de sangre que garantizaría el silencio futuro. Llegaba acompañado por su plana mayor, hacían formar a los presos con los ojos vendados y las manos atadas y procedía a efectuar el primer disparo en la nuca. Después hacían lo mismo el resto de sus acompañantes. Un gendarme arrepentido declaró que así asesinó Bussi a la adolescente Ana María Corral, de solo 16 años de edad.
A partir de hoy deben presentarse ante el juez Luciano Benjamín Menéndez, jefe inmediato de Bussi durante la dictadura y el resto de sus cómplices en la tarea criminal, entre ellos Arrechea, Hidalgo y González Naya.
Bussi debía asumir la intendencia de San Miguel de Tucumán el 29 de este mes. Un grupo de organizaciones populares organizaron para entonces una 'Semana de la vergüenza nacional'. Ahora estudian la posibilidad de realizar actos para festejar la imposibilidad del genocida de asumir el cargo.

La detención del genocida Antonio Domingo Bussi por orden de un juez federal puede arrastrar a otros criminales y desenmascarar a los cómplices de la represión en Tucumán. Es que se están reactivando casi 400 denuncias por la caída de las leyes de obediencia debida y punto final. Hay varios casos muy conocidos que pueden tener gran repercusión. También se pidió la exhumación de cadáveres de un cementerio y acusaron a un famoso sacerdote por su participación en la elaboración de listas de personas que fueron secuestradas y se encuentran desaparecidas.
Trascendió que son casi 400 las denuncias que se están reactivando en la Justicia Federal contra el represor Antonio Bussi, preso desde el miércoles pasado en el Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid. La institución está ubicada en el ex Regimiento 19 de Infantería, lugar donde funcionó un campo de concentración En esa época el jefe del RI 19 era el teniente coronel Alais(el que siendo general nunca llegó para defender a Alfonsín en la rebelión carapintada) y ejercía el poder total en la provincia el general Bussi. Detenido en la causa que investiga la desaparición del senador Guillermo Vargas Aignasse, Bussi debe afrontar ahora las denuncias que en su momento fueron paralizadas por las leyes de impunidad dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Mientras se tramitaban en los juzgados, esas causas sufrieron atrasos, pérdidas y ocultamientos provocados por cómplices de la dictadura.
El abogado Juan Robles, que patrocina a Rodolfo Vargas Aignasse, hermano del desaparecido, solicitó la exhumación de tres cadáveres -dos masculinos y uno femenino- enterrados como NN en el cementerio de la Villa de Medina, en el sur provincial. Su pedido está fundamentado en denuncias anónimas de personas que dijeron saber que uno de esos cadáveres es el del senador desaparecido. Entre las causas de mayor resonancia que se están reactivando a pedido de familiares y abogados defensores de los derechos humanos están la desaparición de un periodista, el asesinato de un destacado dirigente gremial docente y el secuestro de un estudiante, hermano de uno de los hombres más importantes de la política nacional actual. El joven Eduardo Ramos era un brillante periodista que se desempeñaba en el diario local Noticias y en el Canal 10 de Televisión. Sin militancia política, fue secuestrado por una patota junto a su esposa y nunca más se supo de él.
Francisco Isauro Arancibia era secretario general de ATEP (Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales), fundador y uno de los máximos dirigentes de CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina). Fue la primera víctima del golpe de estado en la provincia. Una patota integrada por policías y civiles lo asesinó la madrugada del 24 de marzo de 1976. Combativo y honesto, habitaba una humilde pieza en la sede gremial, que en ese momento compartía con su hermano Arturo.
Ambos intentaron resistir el accionar represor pero no pudieron contra la desigualdad numérica y de armamentos y terminaron acribillados a balazos.
Luis Falú era estudiante universitario y había militado en el Integralismo, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Tucumán. Residía en Buenos Aires, donde se había refugiado por temor a los crímenes que se cometían en Tucumán al amparo del Operativo Independencia. En un viaje para visitar a su familia fue atrapado por la patota militar y trasladado al campo de concentración que funcionó en el Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Después de ser bárbaramente torturado, fue asesinado en ese lugar. Era hermano de José Ricardo Falú, actual presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación y del guitarrista Juan Falú.
Acusan a Aníbal Fósbery Rodolfo Vargas Aignasse, hermano del desaparecido senador, formuló una grave acusación contra el sacerdote Aníbal Fósbery. En un programa de televisión dijo que Fósbery participaba en reuniones en el Comando de la Quinta Brigada de Infantería en las cuales se elaboraban las listas de las personas a secuestrar. Ricardo Bussi, hijo del represor preso, visitó al arzobispo de Tucumán, Luis Villalba, para repudiar los dichos de Vargas Aignasse. La curia tucumana no emitió opinión, pero se encargó de difundir sonoramente las declaraciones de Bussi (h), quien dijo que se había ofendido a la grey católica de la provincia.
En realidad, se sabe desde siempre que Fósbery fue el mayor apoyo eclesiástico que tuvieron los militares en Tucumán desde el inicio del Operativo Independencia y durante la dictadura. En esos tiempos Fósbery fue rector de la UNSTA (Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino) y creó FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino), una organización clerical cuyos integrantes recibían instrucción cuasi militar. A partir de las investigaciones realizadas a la caída de la dictadura, se sabe que en el Comando de la Quinta Brigada -donde se denunció la presencia de Fósbery- funcionaba un organismo que decidía la vida y la muerte de los tucumanos.
Era la Comunidad de Servicios de Inteligencia (CSI). Este organismo estaba integrado por el Destacamento 142 de Inteligencia del Ejército, la SIDE, el Servicio de Información Confidencial de la policía provincial e Inteligencia de la delegación de la Policía Federal. A las reuniones asistían personas de distintas instituciones y otras que lo hacían a título personal, que emitían sus opiniones sobre los tucumanos acusados de pertenecer a la 'subversión'.
Una vez detenidas, las personas acusadas de 'subversivas' eran trasladadas a los campos de concentración que funcionaban en todo el territorio tucumano.
Desde allí volvían los informes que los hombres de 'inteligencia' arrancaban a los secuestrados en sesiones de monstruosas torturas. La CSI discutía esos informes y ordenaba por escrito el movimiento de prisioneros. Cuando en esas órdenes se colocaba un sello que decía 'DF' (disposición final o destino final) esa persona era asesinada por los militares. No es la primera vez que un alto dignatario de la Iglesia Católica es involucrado en la represión en Tucumán. Cuando la CONADEP (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas) estaba llegando al final de su tarea, en noviembre de 1984, trascendió una lista de 1351 personas que habían sido mencionadas como vinculadas a la represión. En esa lista figuraban 15 sacerdotes católicos con distintos grados de compromiso con los represores. Entre ellos estaba Blas Victorio Conrero, arzobispo de Tucumán. Una copia de esa lista fue entregada al presidente Alfonsín en una reunión en la que se decidió no publicarla. Un empleado de la CONADEP entregó una copia a la revista El Periodista, que la publicó.
Criminales y cómplices Entre los responsables de los campos de concentración figuran el teniente coronel Arrechea y el capitán González Naya, dos de los convocados por el juez Parache en la causa Vargas Aignasse.
No se descarta que, por la reactivación de los juicios a los represores, sean citados próximamente otros involucrados en la represión. Varios civiles figuran en la lista, entre ellos el ex juez Manlio Martínez y el secuestrador Martín Triviño. Se cree que, fruto de las investigaciones, surgirán los nombres de otros civiles que integraron las patotas o fueron delatores de sus comprovincianos. Hay que tener en cuenta que un pseudo periodista, que trabajaba en LV 7 Radio Tucumán, integró la patota que mató a Arancibia. En esa misma emisora había otro periodista que integraba el plantel estable de la delegación de la SIDE en Tucumán.