COMUNICADO DE PRENSA

Obligación del estado de Derecho a la reparación.

Susana Beatriz Pegoraro fue secuestrada el 18 de junio de 1977 cuando el Terrorismo de Estado ponía en práctica la desaparición forzada de personas.
Estaba embarazada de cinco meses. Su compañero Rubén Santiago Bauer corrió su misma suerte. Los dos continúan desaparecidos.
Pero la hija de ambos, nacida en la Escuela de Mecánica de la Armada, está entre nosotros, fue rescatada de la oscuridad de la mentira y falsa historia con que la criaron sus ladrones. Ellos la apropiaron siendo una frágil bebita, arrancándola de los brazos de su mamá. La ardua e incansable búsqueda de sus abuelos, junto a nuestra institución, permitió ubicarla en marzo de 1999 inscripta como hija propia por el suboficial de la marina Policarpo Luis Vázquez y su esposa Ana María Ferrá. Ambos confesaron ante la justicia su delito reconociendo el origen de la niña a la que llamaron Evelyn Karina.
Ante esta nueva situación familiar la joven aceptó realizarse un estudio genético para determinar su parentesco con las familias alegadas. Mientras tanto, los apropiadores eran juzgados y condenados por la justicia.
Pero la influencia del entorno de Evelyn Karina y los consejos de los abogados de Vázquez hicieron revertir su decisión imponiendo condicionamientos a su aceptación del examen hemogenético. Las instancias judiciales nos sitúan en estos días que la solución a esta gravísima situación procesal donde rápidamente se debió restituir la verdadera identidad de una menor víctima se encuentra en un dilatado e injusto tiempo en la suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ayer los trascendidos de prensa anunciaban la inaceptable posición negativa de los jueces a proceder a la extracción compulsiva que es a única salida para una necesaria reparación.
Abuelas de Plaza de Mayo necesitamos entonces explicar a la sociedad que la compulsividad no ha sido nuestro deseo y objetivo, sino recuperar lo antes posible a nuestros nietos que nos robaron. Si la inoperancia, errores, malos o equivocados procedimientos de la justicia llevan a la aplicación de esta situación la misma deberá resolverse con respeto y mesura.
Los juegos dialécticos y las interpretaciones no pueden diluir lo que estipulan los Convenios Internacionales y las normas locales al respecto.
Debemos considerar el derecho inalienable de estas centenares de víctimas que forman parte de nuestra sociedad, como un deber social al cual todos debemos contribuir.
Los poderes del Estado deben dar una solución rápida, y en estos tiempos en que el Ejecutivo y el Legislativo apuntan fuertemente a que gocemos de una justicia plena es absurdo que el Judicial tome el otro camino.
Si así no fuere nos queda recurrir a los Organismos Internacionales a denunciar al Estado argentino por violatorio de los Pactos firmados. Y qué absurda sería su condena cuando este mismo Estado redactó los artículos 7°, 8° y 11°, llamados "Argentinos", para la Convención Internacional por los Derechos de los Niños que desde 1994 está incorporada a la Constitución Nacional.
Abuelas de Plaza de Mayo.
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2003.