El general retirado Luciano Benjamín Menéndez está otra vez preso por el asesinato de 4 presos políticos, aunque por su edad es muy probable que esta nueva detención la pase en su domicilio de calle Ilolay, en Córdoba. El símbolo de la represión ilegal comparte "cartel" con el también detenido ex capitán de fragata Alfredo Astiz: ambos alternan períodos de libertad con otros de prisión. Para amargura del ex titular del Tercer Cuerpo de Ejército, su antiguo adversario Jorge R. Videla lo aventaja en tiempo de detención, en su caso por la causa de robos de bebés. Los dos generales están detenidos, se niegan a declarar ante los jueces, piden tribunales militares y, por supuesto, no están arrepentidos.
LA ÚLTIMA
La detención de Menéndez y otros cuatro ex represores se produjo anteayer por pedido de la titular del juzgado federal nº 3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lescano. La fiscal Graciela López de Filoñuk había solicitado las detenciones de once militares y algunos civiles que se desempeñaron como personal de inteligencia en la época de la dictadura. De ese total sólo cinco fueron detenidos y el resto se encuentra prófugo, a excepción del ex coronel César Emilio Anadón –ex jefe del Destacamento de Inteligencia 141 del Tercer Cuerpo-, internado en una clínica privada.
El motivo de estas últimas detenciones fue la imputación de privación ilegítima de la libertad, tormentos agravados y homicidio agravado por alevosía contra cuatro militantes políticos. Las víctimas habían sido detenidos en noviembre de 1977, llevados al centro ilegal de detención y torturas La Perla y finalmente asesinados en diciembre de ese año en un enfrentamiento fraguado.
La fiscal explicó que este caso no estaba cubierto por las leyes de la impunidad ni los indultos. Carlos Lajas, Ilda Flora Palacios, Humberto Brandalisis y Raúl Cardozo, asesinados en aquella oportunidad, no habían sido materia de acusación contra el ex mandamás del Tercer Cuerpo en los expedientes anteriores. La investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense en las fosas comunes reabiertas en el cementerio de San Vicente, Córdoba, proporcionó las pruebas de esos crímenes. En consecuencia, la fiscal pidió las medidas contra Menéndez y sus colaboradores de los años del terror, quienes fueron indagados ayer por la jueza Garzón en el séptimo piso de los Tribunales.
Fiel a su estilo, el detenido se negó a declarar ante la jueza. Gruñó que sólo hablaría ante la justicia militar, añorando cuando era el dueño de las vidas y los bienes de los cordobeses (y puntanos, mendocinos, sanjuaninos, riojanos, catamarqueños, santiagueños, tucumanos, salteños y jujeños, incluidos en la jurisdicción del llamado "Ejército del Norte").
PESO PESADO
No por casualidad Menéndez disputa con Videla cabeza a cabeza la carrera de quién fue el principal represor perteneciente al Ejército. Los fallecimientos de sus colegas Roberto E. Viola, Ramón Camps y Leopoldo F. Galtieri dejó la corona en disputa de esos dos pesos pesado del terrorismo de Estado. Bastante más atrás están los récords de los generales Antonio D. Bussi y Cristino Nicolaides.
En junio de 1998 la causa contra el general acumulaba 17 mil fojas divididas en 85 cuerpos pues estaba acusado de 23 homicidios calificados, 1 tormento seguido de muerte, 90 tormentos reiterados, 380 privaciones ilegítimas de la libertad, 20 robos y 4 sustracciones de menores.
Desde entonces esos expedientes no cesaron de aumentar de peso y volumen, ya que la causa por la Verdad Histórica llevó nuevamente a Menéndez a los edificios de Tribunales Federales de avenida Concepción Arenales y Paunero. Fue en 2000 y los acusados se negaron a declarar, como de costumbre, tras lo cual quedaron detenidos apenas 48 horas. El lote recibió la visita de solidaridad del secretario general del Ejército, general Eduardo Alfonso, enviado por pedido especial del jefe del arma, general Ricardo Brinzoni. El ex represor tenía la banca del Ejército y también de las autoridades gubernamentales de la UCR y el PJ (ver aparte "LOS VIEJOS CONOCIDOS DEL GENERAL MENÉNDEZ").
En esa oportunidad se investigaron los asesinatos cometidos contra los presos políticos de la Unidad Penitenciaria nº 1 ubicada en el barrio San Martín de Córdoba. Entre marzo y octubre de 1976 fueron fusilados 29 presos en esa unidad. Por lo general los militantes eran sacados de la cárcel por pedido de Menéndez a la justicia federal, sobre todo al magistrado Zamboni Ledesma, y luego eran fusilados con la excusa de intentos de fuga.
Pero también hubo casos de muertes directamente en la cárcel, como sucedió con los jóvenes Raúl Bauducco y José René Moukarzel, muertos a balazos y por torturas respectivamente en julio de 1976.
EN TODAS LAS LISTAS
Cada vez que las demandas sociales lograban abrir una brecha en el blindaje jurídico de la impunidad, el nombre de Menéndez estaba al tope de las listas de ex represores a los que se imputaban violaciones a los derechos humanos. Florecía la esperanza de que hubiera por fin juicio y castigo.
Cuando el juez español Baltasar Garzón reclamó en diciembre de 1999 las detenciones preventivas de 48 militares argentinos por cargos de genocidio, con vista a sus extradiciones, obviamente el ex mandamás del Tercer Cuerpo figuraba entre ellos.
Esas extradiciones venían siendo tramitadas desde antes, pero habían chocado con la coraza dispuesta por el entonces presidente Carlos Menem y continuada por su sucesor Fernando de la Rúa. El primero llamó "vedette" al magistrado madrileño y el segundo fijó el criterio de "defender la jurisdicción argentina". Esto último implicaba la impunidad de los imputados, beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Recién en el actual gobierno nacional la solicitud de Garzón fue atendida por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien ordenó las detenciones preventivas de 46 ex represores. Por supuesto el general con actuación en el Centro del país, Noroeste y Cuyo, estaba entre los buscados. Pero no apresado fue por mucho tiempo: desde el 24 de julio hasta el 2 de setiembre. Estuvo alojado en cómodas instalaciones militares, atendido como un señor.
Cuando el gobierno de derecha de José María Aznar bloqueó la extradición, el general se fue otra vez a su casa de calle Ilolay en barrio Bajo Palermo. Sin embargo no pudo disfrutar de tranquilidad ya que a los pocos días se tramitó la reapertura de causas en su contra, tras la anulación de las leyes del perdón arriba mencionadas. Al menos hubo dos presentaciones por separado.
El 8 de setiembre la hija del desaparecido obrero de Luz y Fuerza, Juan Alberto Caffaratti, imputó a Menéndez de su desaparición ante el juzgado federal nº 1 a cargo de Ricardo Bustos Fierro.
Al día siguiente los organismos de derechos humanos se hicieron presentes ante la Cámara Federal solicitando que se reabra la causa "31-M/87, Menéndez Luciano Benjamín y otros".
El militar no ha logrado que lo absuelva la justicia y menos aún la historia. El martes de esta semana tuvo nuevas pruebas de ello y aún cuando pudiera zafar, no sería por mucho tiempo. El canoso general tiene una cita periódica y sistemática con la justicia.
EMILIO MARÍN
LOS VIEJOS AMIGOS DEL GENERAL MENÉNDEZ
Menéndez llegó en setiembre de 1975 a la comandancia de la gran unidad de batalla con jurisdicción en diez provincias. Descontado el apoyo que debió tener en ese momento del jefe del arma, general Videla, se deducen también sus vínculos con el gobierno de Isabel Perón y el radicalismo de "La Docta". Acérrimo antiperonista, no dudó en aceptar los servicios del interventor en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, el peronista Tránsito Rigatuso, quien entregó las "listas negras" de estudiantes y docentes "subversivos". Una docena de alumnos secundarios quedó desaparecido tras las acciones posteriores a la delación.
Aunque el general pasó a retiro en 1979, tras sus enfrentamientos políticos con el tándem Videla-Viola, de hecho siguió siendo –como Augusto Pinochet en Chile- el "comandante en jefe benemérito" del Tercer Cuerpo. En esa unidad comenzó la rebelión golpista de Semana Santa de 1987, que trató de parar (y lo logró en buena medida) los juicios contra los militares violadores de los derechos humanos.
Menéndez estuvo detenido en 1987 y salió en libertad en virtud de la ley de obediencia debida del año anterior. Acusado en varias otras causas, se aprestaba a ser enjuiciado en Córdoba cuando fue beneficiado por el primer indulto de Menem en octubre de 1989.
Ese presidente y su sucesor De la Rúa, como quedó dicho, lo protegieron de las solicitudes de extradición tramitadas por la justicia española. Cuando la jueza Garzón de Lascano investigaba al grupo menendista del Destacamento de Inteligencia 141 preparando la causa por la Verdad Histórica, se dio con el hecho de que esos militares la estaban espiando a ella y la fiscal López de Filoñuk. Fue una nueva prueba de la impunidad de esos círculos de militares, retirados y en actividad.
Durante las gobernaciones de Eduardo C. Angeloz y Ramón Mestre, el indultado supo compartir los palcos oficiales de actos realizados en el comando con sede en el camino a La Calera. Lo mismo hizo con los senadores nacionales Rubén Martí y Lujis Molinari Romero. Los ministros de José Manuel de la Sota, como Herman Olivero y Juan Carlos Maqueda (actual miembro de la Corte Suprema), también compartieron sin pestañear actos públicos con el genocida.
Para esos políticos no importó que en noviembre de 1997 la Cámara de Diputados de Córdoba declarara persona no grata a Menéndez, en una especie de sanción moral. Lo mismo lo siguieron invitando y hasta el 29 de mayo de 2002, cuando se festejaba el día del Ejército en la sede del Tercer Cuerpo, las fotografías lo mostraron en primera fila, junto a autoridades políticas, judiciales y eclesiásticas.
Menéndez se considera afiliado a la UCR. Al menos hasta 1997 esa era su situación de revista en lo político-ideológico. El 10 de agosto de ese año se realizaban las elecciones internas del radicalismo y a las 11 horas el general y su esposa se presentaron a votar en la mesa "M" del padrón en la escuela Zorrilla de San Martín. Las autoridades de mesa no se atrevieron a decirle que no. Le explicaron con voz temblorosa que no figuraba en el padrón y que debía emitir su sufragio en la escuela República de Panamá, en el barrio Colinas del Cerro.
E.M.