EL DICTADOR NUEVAMENTE PRESO

Marcos Taire

ARGENPRESS.info

El genocida Antonio Domingo Bussi está preso desde ayer en el Liceo Militar Gregorio Aráoz de Lamadrid, en San Miguel de Tucumán. El juez federal Jorge Parache lo acusa por el 'homicidio calificado con ensañamiento y alevosía, allanamiento ilegal y privación ilegal de la libertad, agravada' del que fue víctima el senador Guillermo Vargas Aignasse. El magistrado se negó a otorgarle el beneficio de la detención domiciliaria debido a que el 'anciano' represor, por los miedos y los fantasmas que lo persiguen, tiene declarado como tal la sede de Fuerza Republicana y habita una suite del Grand Hotel.
Vargas Aignasse fue detenido la noche del golpe de estado, el 24 de marzo de 1976 y alojado en la Cárcel de Villa Urquiza. El día 5 de abril fue retirado de allí en un simulacro de liberación y nunca más apareció. Fue visto en los campos de concentración de la Jefatura de Policía y del Arsenal Miguel de Azcuénaga.
Bussi se negó a declarar ante el juez y presentó un escrito reclamando ser juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, ya que considera que fue un 'soldado que luchó en una guerra contra la agresión marxista leninista' por orden de un gobierno constitucional, el de Isabel Perón, que en 1975 decretó la realización del Operativo Independencia.
La 'guerra' contra el pueblo tucumano
Bussi reemplazó a Acdel Vilas en la comandancia de la Quinta Brigada de Infantería y del Operativo Independencia el 20 de diciembre de 1975. Vilas -el otro gran impune de los crímenes cometidos en Tucumán- dijo al entregar el mando que 'la subversión armada ha sido total y completamente derrotada'. Pocos días después Bussi telefoneó a Vilas, para decirle 'usted no me ha dejado nada por hacer'.
Desde el inicio de las operaciones militares y hasta finalizado el mandato de Bussi como gobernador -cargo que asumió en abril de 1976- miles de tucumanos fueron detenidos, secuestrados, torturados y asesinados en decenas de campos de concentración. El primero de estos siniestros lugares funcionó en la Escuela Diego de Rojas en Famaillá, lugar por donde según palabras del propio Vilas pasaron más de 1500 secuestrados. Bussi intensificó la represión y sembró de campos similares toda la provincia. Los mas conocidos y tenebrosos funcionaron en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, la Jefatura de Policía, la Cárcel de Villa Urquiza y el ex ingenio Nueva Baviera.
En informe de la Comisión Bicameral que investigó las violaciones a los derechos humanos en Tucumán precisó que el 92 % de los secuestrados fueron detenidos en sus domicilios, la mayor parte de ellos en horas de la noche. Vilas y Bussi se ensañaron con las dirigencias sindicales, políticas y estudiantiles de la provincia.
A partir del golpe de estado, Bussi hizo secuestrar y asesinar a Dardo Molina, presidente del Senado provincial; Juan Tenreyro, secretario de la gobernación; Bernardo Villalba, diputado nacional; Damián Márquez, senador provincial; Raúl Lechessi, diputado provincial y José Chebaia, secretario de Planeamiento, por nombrar solo a altos funcionarios del gobierno destituido.
Un grupo de tareas al mando de Roberto 'el tuerto' Albornoz secuestró, torturó y asesinó al máximo dirigente de la UCR local, Angel Pisarello. A mediados de 1976 era el último abogado que se animaba a presentar habeas corpus por los detenidos. Una gran cantidad de colegas suyos estaban ya detenidos, secuestrados, asesinados o en el exilio.
Los grupos operativos -la patota- estaba integrada siempre por entre 15 y 20 miembros. Eran militares, gendarmes, policías federales y provinciales, guardiacárceles y civiles. Los 'combates' los libraban con zona liberada y apoyos de vehículos y personal. Además de capturar a los 'enemigos', maltrataban a mujeres y niños y se robaban todo lo que podían.
El 'pabellón de la muerte'
El senador Vargas Aignasse fue desaparecido desde la Cárcel de Villa Urquiza. Allí, en el sector 'E' funcionó un campo de concentración llamado 'el pabellón de la muerte' por los reclusos. El lugar estaba completamente aislado del resto del penal, que era dirigido por el comisario Marcos Fidencio Hidalgo, uno de los máximos represores en tiempos de Bussi. Allí los prisioneros eran martirizados a diario y varios de ellos fueron salvajemente asesinados.
El ayudante de Hidalgo, el cabo Miguel Carrizo, solía entrar a las celdas con sus perros y hacía morder a los presos. Los detenidos, sin colchones ni frazadas, en celdas con las ventanas clausuradas con soldaduras, eran golpeados con gomas y palos todos los días, a cualquier hora.
La Jefatura
Bussi tuvo un jefe de policía que se caracterizó por el ensañamiento con que trataba a los detenidos, el teniente coronel Antonio Arrechea. De él dependía el director de la cárcel, Hidalgo. También el Servicio de Información Confidencial, una organización terrorista a cuyo frente se desempeñó el comisario Roberto 'el tuerto' Albornoz, responsable de la mayor cantidad de secuestros y asesinatos en tiempos de Bussi. Uno de los grupos operativos más activos era dirigido por el entonces teniente primero Arturo Félix González Naya.
El Arsenal, un campo al estilo nazi
En el Arsenal Miguel de Azcuénaga funcionó un campo de concentración y exterminio copiado de los construidos por los nazis durante la segunda guerra. Tenía barracas para prisioneros, doble alambrada perimetral y torres de vigilancia. En ese lugar se cometieron las peores aberraciones contra los detenidos que, en su mayoría, fueron asesinados. El enterramiento, el atado con alambres de púas, la amputación de miembros, la incineración de prisioneros vivos, la picana y los golpes hasta la muerte, fueron las características de este lugar.
En este campo Bussi obligaba a sus subalternos a sellar el pacto de sangre que garantizaría el silencio futuro. Llegaba acompañado por su plana mayor, hacían formar a los presos con los ojos vendados y las manos atadas y procedía a efectuar el primer disparo en la nuca. Después hacían lo mismo el resto de sus acompañantes. Un gendarme arrepentido declaró que así asesinó Bussi a la adolescente Ana María Corral, de solo 16 años de edad.
A partir de hoy deben presentarse ante el juez Luciano Benjamín Menéndez, jefe inmediato de Bussi durante la dictadura y el resto de sus cómplices en la tarea criminal, entre ellos Arrechea, Hidalgo y González Naya.
Bussi debía asumir la intendencia de San Miguel de Tucumán el 29 de este mes. Un grupo de organizaciones populares organizaron para entonces una 'Semana de la vergüenza nacional'. Ahora estudian la posibilidad de realizar actos para festejar la imposibilidad del genocida de asumir el cargo.