COMO A LOS NAZIS

Una ayudita para que ninguno se escape Varios dirigentes de derechos humanos quieren cotejar datos sobre los represores detenidos por la Justicia y ofrecerán a Canicoba aportarle información para que los eventuales trámites de extradición sean más fluidos y seguros. También dijeron a este diario que les preocupa la versión de que pueda haber excarcelaciones.
Alfredo Astiz, uno de los apresados tras el pedido internacional del juez Baltasar Garzón de arrestar a los represores argentinos.

Por Fernando Cibeira / PAGINA 12

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ha ganado nuevos amigos gracias a la orden de detención que libró el jueves pasado contra 46 represores procesados en España por genocidio, terrorismo y torturas. Pero la amistad, en este caso, también es presión pública. Organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, estudiantiles y algunos legisladores, se presentarán hoy en su despacho para que los acepte como "amicus curiae", o "amigos del tribunal", lo que les permitiría aportar más datos contra los acusados de manera de asegurarse que no falten argumentos para garantizar su extradición.
La figura jurídica "amicus curiae" permite a quienes no forman parte de una causa presentarse igualmente en el tribunal para aportar información. En los procesos de extradición sólo pueden participar del expediente a los imputados con sus defensas y a los fiscales, que representan al Estado que solicita la medida. Pero los organismos de derechos humanos fueron activos impulsores de la investigación que tramita en el juzgado de Baltasar Garzón y que motivó el pedido de extradición masivo. Y consideran que todavía tienen muchos datos en su poder que servirían para fundamentar las acusaciones.
"Siempre estamos recolectando nuevos testimonios contra estos represores. Sobre todo, como sucede por estos días, cuando parece que aproxima la posibilidad de que se haga justicia, mucha gente se acerca a aportar su declaración", explicó Adriana Calvo, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, uno de los organismos que hoy a las 11 se entrevistarán con Canicoba Corral, en Comodoro Py.
También concurrirán la Liga por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, además de otros organismos que puedan agregarse a último momento, porque la lista no estaba cerrada. Además, verán al juez representantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), con Víctor De Gennaro a la cabeza, de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), diputados nacionales como Ariel Basteiro y Patricia Walsh y legisladores de la ciudad como Vilma Ripoll.
Preocupaciones
Además de presentarle el escrito para que les permita aportar los datos que tienen en su poder, los organismos llevarán al juzgado de Canicoba algunas preocupaciones.
La primera, conocer la lista de los detenidos. Los organismos han seguido la causa a través de los diarios y notan que allí hay algunos de los represores que forman parte del pedido de Garzón que nunca fueron mencionados entre quienes ya quedaron a disposición de la Justicia, por lo que tienen dudas de que hayan sido efectivamente apresados.
La última información aportada por el juzgado indicó que los únicos que faltaba detener eran el general Jorge Olivera Rovere y el teniente coronel Antonio Arrechea Andrade. Pero que los abogados de Olivera Rovere anunciaron que su defendido se presentaría en las próximas horas mientras que Arrechea Andrade ya había sido ubicado en su chacra perdida en medio de la selva misionera.
Otros dos, en cambio, se mantenían prófugos, tal como ya había sucedido en otras causas en las que fueron acusados. Uno de ellos era el represor de la ESMA y capitán de fragata, Jorge "Gastón" Vildoza, apropiador del hijo de Cecilia Viñas, quien supuestamente desde hace años vive escondido en algún lugar de Paraguay. El otro, el coronel Arturo González Naya, también imputado en la investigación por los secuestros y desapariciones de una veintena de militantes de Montoneros ocurridos durante la llamada contraofensiva, en 1980.
Como según las distintas publicaciones esta información varía, los organismos quieren que Canicoba aporte precisiones sobre los nombres del total de detenidos y la situación en la que se encuentra cada uno, ya quea algunos se les concedió la prisión domiciliaria mientras que otros, en teoría, ya estaban presos por otras causas.
Eximición
Otra de las preocupaciones de los organismos es que el juzgado no conceda la eximición de prisión solicitada por los abogados de los represores. Los organismos hablan de un rumor muy fuerte que circuló el viernes en Comodoro Py que adelantaba que Canicoba estaba dispuesto a conceder la libertad condicional a todos los ex militares que pudieran depositar la fianza que les fijara, y quieren plantearle que eso iría en contra de lo establecido tanto en la ley argentina como en el tratado de extradición con España.
"Dado la gravedad de los delitos de los que se los acusa, creemos que es necesario mantenerlos en prisión durante todo el proceso", justificó ayer Rodolfo Yanzón, de la Liga por los Derechos del Hombre.
Esta postura es compartida por el fiscal federal, Guillermo Marijuán, quien ya se opuso a seis pedidos de eximición en esta causa. "El tratado no prevé los institutos de la excarcelación ni de la eximición de prisión. Sólo habla de que podría concederse la libertad cuando el juez tenga que no hay riesgo de fuga. Esto no está garantizado, por eso la fiscalía se opuso", explicó ayer Marijuán.
El fiscal adelantó que es posible que viaje a Madrid para interiorizarse de las pruebas con las que cuenta Baltasar Garzón para justificar su pedido. Pero eso, en todo caso, será más adelante. Por ahora, ya comenzó a correr el plazo de 40 días durante el cual el juez español deberá enviar los pedidos de extradición. La solicitud abrirá una nueva etapa del proceso judicial en el que se estudiará caso por caso, incluso enviando las causas a juzgados de otras jurisdicciones, lo que podrá demandar varios meses de trámites.
Del lado del Gobierno, en tanto, el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, descartó que la orden de detención contra los 46 represores haya puesto en estado deliberativo a las Fuerzas Armadas. "He hablado con el ministro de Defensa, José Pampuro, y me dijo que la situación es de absoluta normalidad y de acatamiento, como no podía ser de otra manera, más allá del derecho de los afectados de no aplaudir esta decisión", aseguró. Y agregó: "Puede haber uno o más que discrepen pero en el orden constitucional hay una escala jerárquica: el Presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y esto no es materia opinable".