Por Victoria Ginzberg / PAGINA 12

La Audiencia Nacional de España confirmó la competencia de la Justicia de ese país para juzgar a los militares argentinos que violaron los derechos humanos durante la última dictadura. El tribunal rechazó, una vez más, las impugnaciones de la fiscalía al ratificar que el ex marino Adolfo Scilingo deberá afrontar un juicio oral por genocidio, terrorismo y torturas. La misma posición se aplica al resto de los represores acusados en Madrid.
La fiscalía y la defensa de Scilingo apelaron a la Audiencia Nacional después de que el juez Baltasar Garzón decretara la apertura de juicio oral contra el ex marino. El tribunal señaló ayer que no existe cosa juzgada, que los crímenes por los que está acusado Scilingo no están prescriptos y que España tiene competencia para investigarlo. Idéntica postura regiría para el resto de los militares argentinos que fueron procesados en Madrid y que el juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó detener a pedido de Garzón. El magistrado español tiene cuarenta días para enviar la solicitud formal de extradición, a la que se sumarían los reclamos de Francia, Alemania, Israel e Italia. El abogado Giancarlo Maniga, representante de la querella en Roma, anticipó ayer que pedirá al fiscal Francesco Caporale que reitere su pretensión de juzgar al represor Alfredo Astiz.
La Audiencia Nacional aseguró ayer que los reclamos de Scilingo no mostraron argumentos distintos a los que ya fueron estudiados por todos sus miembros, que en noviembre de 1998 declararon la competencia de los juzgados españoles en el caso de los desaparecidos en las dictaduras argentina y chilena. Este hecho, dijo la Sala de lo Penal de la Audiencia, "implica el reconocimiento de la jurisdicción española para la persecución penal que se viene ejerciendo incluso en relación con personas que no se encuentran en España".
El fiscal Pedro Rubira, que se opone sistemáticamente a las medidas ordenadas por Garzón en esta causa, anunció que apelará ante el Tribunal Supremo. Esta instancia no se pronunció aún sobre la investigación de Garzón respecto de las violaciones a los derechos humanos en Argentina y adoptó posiciones disímiles sobre la posibilidad de aplicar el principio de jurisdicción universal. Quienes impulsan el juicio confían en que la investigación no se interrumpirá.
Según explicó a Página/12 Carlos Slepoy, abogado de la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid, la peor opción sería que el Tribunal Supremo considerara que los militares sólo pueden ser juzgados por los crímenes cometidos contra ciudadanos españoles. Si bien actualmente el proceso incluye, por aplicación de la jurisdicción universal, a todos los desaparecidos durante la última dictadura, hay 600 españoles o descendientes de españoles que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Además, la decisión del Tribunal Supremo sería apelable, en última instancia, ante el Tribunal Constitucional. "Lo importante es que cualquiera sea la doctrina el juicio no se paralizará", afirmó Slepoy.
Para el abogado, la investigación de Garzón sólo se interrumpiría si los acusados son condenados o absueltos en Argentina. Pero aun si se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final –estimó– los procesos contra Scilingo y su compañero de la ESMA Ricardo Miguel Cavallo podrían concretarse en Madrid, ya que la causa está muy avanzada. Además, los miembros de la Acusación Popular –formada por diferentes organizaciones de derechos humanos– tienen presente que en el estatuto del Tribunal Penal Internacional se estableció que un proceso puede impugnarse si se hace simplemente como una parodia para favorecer a los acusados.
El juicio oral y público contra Scilingo se realizaría en el primer semestre del año que viene. Los abogados de la Acusación Popular calculan que el ex marino que confesó haber participado en los vuelos de la muerte podría tener que enfrentar el proceso acompañado por Cavallo, quien está preso en España desde que fue extraditado por México.