Editorial de GARA

La detención o puesta a disposición de los tribunales de un nutrido grupo de responsables de la represión durante la dictatura militar argentina es motivo de alegría, a pesar de las grandes incógnitas que se abren sobre la eficacia del proceso aún recién iniciado y de las no menores suspicacias que levanta que el origen de la causa se encuentre en la Audiencia Nacional española. Por otra parte, que el presidente Néstor Kirchner derogara el decreto que impedía la extradición de militares, una puerta que había cerrado Fernando de la Rúa en 2001, evidencia que algunos cambios se están produciendo en Argentina que permiten hoy dar pasos ­por tímidos que puedan parecer­ que no eran posibles hace unos pocos años. Sin embargo, la intervención de tribunales extranjeros no es la mejor forma de que un país ajuste cuentas con su pasado. Incluso puede dar lugar a que los gobernantes actuales eludan su responsabilidad de contribuir a hacer justicia, escudándose en que ya existen procedimientos puestos en marcha, aunque sea a miles de kilómetros, para no implicarse en una tarea que debiera ser prioritaria para ellos. Las dictaduras y los crímenes de estado deben ser juzgados por los paises que los padecieron. De lo contrario, como puede ocurrir en este caso, las víctimas argentinas de la dictadura, los miles de muertos, torturados y desaparecidos, las familias rotas, los encarcelados, nunca recibirán justicia, únicamente se juzgarán los casos de aquellas víctimas con nacionalidad de algún estado europeo de los varios que ya reclaman a responsables militares y policiales de la represión.
Por otra parte, resulta de todo punto cuestionable que jueces como Baltasar Garzón o los estados español y francés se erijan ahora en paladines del respeto a los derechos humanos y la lucha contra las dictaduras en cualquier punto del planeta, tratando de limpiar así sus propias historias. ¿Cuándo ha juzgado España a los responsables de la dictadura franquista? ¿Acaso ministros y altos cargos que mancharon sus manos de sangre en los gobiernos de Francisco Franco no ocupan todavía hoy despachos oficiales o la más alta representación de empresas directamente emparentadas con el poder? ¿En qué tribunal de París ­que ahora pide la extradición de Alfredo Astiz­ han sido procesados y condenados los torturadores de los independentistas argelinos? ¿Y por qué a Garzón sólo le llegan los gritos de los torturados al otro lado del Atlántico y no los de aquellos vascos a los que él ha ordenado detener? -