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Recientemente, el Departamento de Estado de EEUU ha desclasificado documentos que implican directamente al antiguo secretario de Estado Henry Kissinger y otros altos responsables norteamericanos en los crímenes cometidos por la dictadura argentina, que puso en marcha una campaña de asesinatos, torturas y "desapariciones" tras asumir el poder en marzo de 1976.

Los 4.677 documentos desclasificados muestran la estrecha colaboración y el apoyo otorgado desde los más altos niveles del poder en Washington a los militares argentinos, responsables de la muerte de al menos 30.000 argentinos, una gran parte de ellos jóvenes estudiantes.

Una gran parte de esta documentación está compuesta por los telegramas, memorándums y cables que fueron intercambiados entre la Embajada de EEUU en Buenos Aires y el Departamento de Estado en Washington. Estos escritos ponen en evidencia que tres Administraciones estadounidenses consecutivas -las de Ford, Carter y Reagan- colaboraron con la junta militar, pese a ser plenamente conscientes de los crímenes y atrocidades que se estaban cometiendo en Argentina en el nombre de la "lucha contra el terrorismo". Los gobiernos norteamericanos estaban bien informados de lo que sucedía gracias a la estrecha relación de los funcionarios de la Embajada con los militares que dirigían los "escuadrones de la muerte" y los centros de tortura.

Sin embargo, Washington veía estas acciones criminales como algo necesario para salvaguardar los intereses de EEUU y los de la élite gobernante argentina.

Los documentos fueron desclasificados en base a una petición de varias organizaciones argentinas de defensa de los derechos humanos, incluyendo la de las Madres de Plaza de Mayo, formulada a la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, durante una visita de ésta a Buenos Aires en el año 2000. Sin embargo, los documentos hechos públicos pertenecen sólo al Departamento de Estado. Los de la CIA y el Pentágono, que podrían aportar informaciones incluso más relevantes, en especial acerca de los responsables militares y de inteligencia de EEUU involucrados más directamente en los crímenes de la dictadura argentina, continúan clasificados.

El lenguaje diplomático utilizado en los documentos del Departamento de Estado oculta en buena medida el papel jugado por EEUU en la represión de Argentina. El nivel real de la implicación norteamericana queda reflejado en algunos documentos en los que se detallan fricciones entre los diplomáticos de carrera estadounidenses destinados en Argentina, que sermoneaban en diversas ocasiones a los militares argentinos por sus violaciones de los derechos humanos, y algunos responsables políticos y militares de Washington que pedían a aquéllos que continuaran con su represión.

Entre los documentos más relevantes puede citarse un cable enviado por el embajador norteamericano, Richard Hill, al Departamento de Estado en octubre de 1976. En él se describe la reacción "eufórica" del ministro de Exteriores de Argentina, Almirante César Guzzetti, tras una visita a Washington donde mantuvo conversaciones con el entonces secretario de Estado, Henry Kissinger; el vicepresidente, Nelson Rockefeller, y otros altos responsables.

Según el cable, en sus conversaciones con Guzzetti, Kissinger y Rockefeller manifestaron que "comprendían" que la dictadura argentina "se viera obligada" a emplear métodos represivos y pidieron únicamente a la junta militar que "acabara con el problema del terrorismo tan rápidamente como fuera posible". Otros responsables norteamericanos aconsejaron amistosamente a Guzzetti que evitara tomar medidas represivas contra los clérigos de la Iglesia Católica y controlara a una facción radical del Ejército que utilizaba esvásticas nazis y otros símbolos fascistas en las prisiones y las cámaras de tortura.

"Guzzetti fue a EEUU temiendo que recibiría allí reproches o advertencias por parte de las autoridades norteamericanas por las atrocidades cometidas por la junta militar". Sin embargo, escribe el embajador Hill, "él volvió a Argentina en un estado de euforia, convencido de que el gobierno de EEUU no pondría ningún reparo al proceder de las autoridades argentinas en este tema (de la represión contra la oposición)".

En la víspera de la visita de Guzzetti, el embajador Hill envió otro mensaje al Departamento de Estado en el que manifestaba que había advertido al almirante argentino que "el asesinato de sacerdotes y el arrojar 47 cuerpos en la calle en un solo día no va a ser considerado por la opinión pública como una medida apropiada para una victoria rápida frente a los terroristas; por el contrario, estas acciones serán con toda probabilidad contraproducentes".

Durante las conversaciones celebradas en Washington, Kissinger repitió el mismo mensaje que había transmitido a Guzzetti en un encuentro de la Organización de Estados Americanos, celebrado en Santiago de Chile cuatro meses antes. En aquella cumbre, según desvela un cable anteriormente desclasificado, Guzzetti se entrevistó con Kissinger y sacó a relucir el tema de la guerra sucia en Argentina con el propósito de tantear la opinión del secretario de Estado. Hay que recordar que, en aquella época, gran número de estudiantes, intelectuales, trabajadores, profesionales y otras personas a las que la dictadura tildaba de "subversivas" eran arrestadas y conducidas por comandos del Ejército a campos de concentración. Allí, dichas personas eran sometidas a atroces torturas y, posteriormente, asesinadas.

Según el cable, Kissinger preguntó a Guzzetti cuánto tiempo más duraría el reinado del terror en Argentina. Cuando Guzzetti prometió que "el problema terrorista" sería eliminado en seis meses, Kissinger dio su aprobación expresa al almirante para que la junta siguiera adelante con su política.

Así pues, los documentos desclasificados muestran que Kissinger y otros altos responsables norteamericanos dieron luz verde a los jefes de la junta militar para que llevaran a cabo sus crímenes y estuvieron en todo momento bien informados acerca de ellos.

Muchos de los documentos desclasificados incluyen descripciones detalladas de los métodos de tortura empleados por los militares contra los opositores detenidos. Un memorándum de la Embajada de EEUU de 1979 da los siguientes detalles: ".... quemaduras de cigarrillos, violaciones, abusos sexuales, extracción de los dientes, uñas y ojos, derramamiento de agua, aceite hirviendo o ácido sobre los cuerpos de los detenidos, o incluso la castración".

Entre los papeles se encuentra también una declaración de la Embajada de 1977, en la que se relata cómo las mujeres detenidas eran torturadas por medio de corrientes eléctricas, introducción de sus cabezas en cubos de agua hasta casi ahogarse, violación física por parte de sus torturadores o por medios mecánicos, introducción de ratas y arañas en sus vaginas, mordeduras de perros, torturas de sus parientes o compañeros delante de ellas, golpes en sus vientres para que abortaran, etc".

Otros informes hablan de mujeres golpeadas con las culatas de los rifles hasta perder el conocimiento, madres obligadas a ver cómo sus hijos eran torturados y bebés separados de sus madres, que luego eran ejecutadas. Todo esto es lo que Kissinger y otros miembros de la clase dirigente norteamericana aprobaron, con tal de que todo transcurriera "de la forma más rápida posible".

Los responsables norteamericanos escribieron también memorándums que dejan claro que, bajo la cobertura de la "guerra contra la subversión", la junta pretendía en realidad destruir todos los movimientos sociales de oposición. Un documento elaborado por Harry Shlaudeman -un alto responsable para América Latina del Departamento de Estado- para la atención de Kissinger en agosto de 1976 comparaba los objetivos del plan de "desarrollo nacional" de la junta militar argentina con los del régimen nazi.

"La ideología del desarrollo nacional tiene obvios paralelismos con el nacionalsocialismo. Los opositores al régimen militar llaman a éste fascista. Aunque este término se emplea normalmente con una finalidad peyorativa, hay que decir que él puede ser en este caso adecuado técnicamente.... Para que su plan económico funcione, ellos tienen que destruir el poder de las estructuras tradicionales y, especialmente, el movimiento sindical".

Así, mientras que los responsables norteamericanos se molestaron en advertir a los militares argentinos en contra de la tortura de sacerdotes, no tuvieron palabra alguna que decir acerca de la represión dirigida contra el movimiento sindical o asociativo. Un mes después de que fuera elaborado el memorándum de Shlaudeman, los militares intervinieron con brutalidad para eliminar una huelga en el sector automovilístico que afectaba a varias fábricas, incluyendo una de la multinacional Ford -situada en General Pacheco, cerca de Buenos Aires- que más tarde se convertiría en uno de los centros de tortura del régimen militar. Pese a haber dictado largas condenas de prisión para los líderes de la huelga, las autoridades hicieron poco uso del sistema legal. En su lugar, la Junta emprendió una campaña de terror, con secuestros, torturas y ejecuciones sumarias, con el fin de acabar con el conflicto.

En marzo de 1978, un informe de la Embajada estadounidense en Buenos Aires estimó que el número de desaparecidos alcanzaba entonces una cifra situada entre los 12.000 y los 17.000. Según el informe, una parte importante de los desaparecidos eran trabajadores y activistas sindicales acusados de promover huelgas. En muchos casos, los familiares de los trabajadores eran también secuestrados. En total, el documento menciona la cifra de unos 3.000 familiares desaparecidos.

El memorándum elaborado por Shlaudeman también detalla el lanzamiento de la así llamada Operación Cóndor, una red de cooperación organizada entre las policías secretas de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia que permitía la captura y ejecución de opositores políticos por parte de la policía de cualquiera de tales estados más allá de sus fronteras nacionales. Los regímenes militares que gobernaban todos estos países alcanzaron el poder tras derrocar a gobiernos elegidos democráticamente, para lo cual contaron con la colaboración de la CIA y el Departamento de Estado de EEUU. La Operación Cóndor permitió secuestrar y hacer "desaparecer" a los opositores políticos mediante operaciones transnacionales, que incluyeron la utilización de "escuadrones de la muerte" para asesinar a aquéllos en cualquier lugar del mundo. El crimen más infame a este respecto tuvo lugar en las calles de Washington, donde un coche bomba mató al antiguo ministro de Exteriores de Chile, Orlando Letelier, en septiembre de 1976.

Los documentos muestran que la Administración Carter (1977-80) expresó su impaciencia hacia las políticas de la Junta Militar argentina, por sus abiertas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, como dejan claro dos informes de1978, lo que realmente temía el gobierno de EEUU es que una represión indiscriminada acabara provocando revueltas y la desestabilización de Argentina.

Uno de estos documentos, fechado el 1 de marzo de 1978, reconoce que varios cuerpos desnudos, decapitados y con las manos esposadas habían aparecido en las playas de Río de la Plata. Un memorándum enviado dos semanas más tarde por la Embajada a Washington contiene una advertencia del embajador norteamericano en el sentido de que la represión continuada podía producir la radicalización de diversos sectores de la sociedad argentina, que estaban demandando ya que se diera a conocer una lista con los nombres de los desaparecidos. Sin embargo, el embajador recomendaba que EEUU continuara prestando su apoyo a la dictadura argentina basándose en la ridícula afirmación de que la actuación de la Junta Militar en el terreno de los derechos humanos "estaba mejorando".

Como otros documentos señalan, el descenso en el número de desaparecidos en 1978 se limitaba a reflejar la extrema dureza de la represión durante los dos primeros años de la dictadura (1976-77). Un informe de febrero de 1979 que trata acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar en el año anterior refleja que el número de desapariciones en 1978 disminuyó a causa de "la escasez de objetivos tras dos años de una represión a gran escala".

En el verano de 1977, el Senado de EEUU aprobó una legislación que prohibía la ayuda militar a Argentina si en un plazo de dos años el régimen no mejoraba su actuación en el terreno de los derechos humanos. Uno de los documentos desclasificados -una carta del senador Edward Kennedy al secretario de Estado Cyrus Vance- sugiere que la Administración Carter intentaba burlar la legislación al apresurar los envíos de material militar a Argentina antes de que concluyera el plazo límite marcado por el Senado.

Otro memorándum de la Embajada de EEUU, fechado en julio de 1977 y dirigido al secretario de Estado adjunto Terence Todman, en la víspera de su visita a Argentina, muestra a las claras la actitud de la Administración Carter. El memorándum aconsejaba a Todman que manifestara a los dictadores argentinos que EEUU "celebraba la declaración oficial argentina de que la guerra contra el terrorismo estaba a punto de ganarse".

El documento aconsejaba, sin embargo, a Todman que transmitiera a la Junta que "lo que más inquieta a muchos de los amigos de Argentina son las dramáticas desapariciones", citando el caso concreto del secuestro de un antiguo embajador. No obstante, el documento no refleja ninguna inquietud por la suerte de los miles de estudiantes o trabajadores desaparecidos. Finalmente, contenía un elogio a la política económica de la Junta: "Deseamos mostrar nuestra satisfacción por el proceso de estabilización que está teniendo lugar en Argentina. Estamos complacidos por el hecho de que los inversores extranjeros estén hallando ahora un clima mucho más favorable en el país".

Con la llegada al poder de la Administración Reagan en 1981, EEUU estrechó sus relaciones con la Junta Militar argentina sin preocuparse ya de ninguna consideración acerca de la situación de los derechos humanos. El régimen argentino proporcionó entrenamiento y ayudas a los mercenarios de la contra de Nicaragua en su campaña en contra del gobierno sandinista en los años ochenta y participó también, de diversas formas, en las operaciones contrainsurgencia conjuntas que tuvieron lugar en El Salvador y otros países de América Central. Un cable del Departamento de Estado, fechado el 24 de marzo de 1981, informa de las negociaciones iniciales que condujeron a la participación argentina en tales operaciones. Aunque la Embajada norteamericana continuó enviando informes acerca de desapariciones y violaciones de los derechos humanos, Washington sencillamente las ignoró.