La exclusión del delito de robo de bebés de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final hizo que las Abuelas de Plaza de Mayo pudieran perseguir y condenar durante todos estos años a quienes habían secuestrado a los hijos de desaparecidos. Hasta 1998, perseguían a los apropiadores directos de los menores. Ese año, el juez Marquevich arrestó a Jorge Rafael Videla y la jueza María Servini de Cubría a Emilio Eduardo Massera y se empezó a desentrañar el funcionamiento del plan sistemático montado por los militares para quedarse con los niños pequeños o los que nacían en cautiverios, en maternidades especialmente armadas para quitarles luego los hijos a las madres. El juez federal Adolfo Bagnasco encarceló por ese crimen a Héctor Antonio Febres, Jorge Eduardo Acosta, Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Juan Bautista Sasiaiñ, Antonio Vañek, Carlos Guillermo Suárez Mason y Reynaldo Bignone. En La Plata, también están presos por este delito el ex comisario Miguel Etchecolatz y el médico Jorge Bergés. Ellos serán sometidos a un juicio oral, más allá del futuro de las leyes de impunidad.