Kolectivo Lientur / 27 de julio de 2003
Si bien Stavenhagen declara que su objetivo es conocer la realidad de "todos" los pueblos indígenas de Chile, reconoce que las dos áreas que más le preocupan profundizar son el conflicto generado por la central Ralco y la situación de las comunidades mapuches en la zona sur del país. Aunque ya está interiorizando de la realidad étnica nacional, el antropólogo mexicano aseguró a El Mostrador que no se atreve a calificar aún la realidad del país en la materia. Al menos no hasta conocer in situ los planteamientos de todos los actores involucrados en el conflicto y cuyas conclusiones deberá plasmar en el informe final que debe presentar ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Sin embargo, y quizás sin proponérselo, lo hasta ahora observado lo obliga a emitir duros juicios en contra de lo que califica sin miramientos como la "preocupante" situación del pueblo mapuche al interior del marco político-institucional del Estado chileno. Es así como en la presente entrevista Stavenhagen reconoce la existencia de violaciones de derechos humanos ("desde la Colonia hasta nuestros días", señala), rechaza la utilización de leyes políticas como la 18.314 sobre Conductas Terroristas por parte de los tribunales para encarcelar a dirigentes mapuches, lamenta la no existencia de un reconocimiento constitucional en el país sobre los derechos de los pueblos indígenas e, incluso, señala comprender -aun cuando no justificar- el uso de la violencia por parte de algunas comunidades a la hora de exigir atención del gobierno a sus derechos políticos y territoriales.

Tras reunirse por cuatro días en Temuco con representantes del movimiento mapuche en la IX Región, participar de un Seminario en la Universidad de La Frontera y realizar una visita relámpago a la zona del Alto Bio-Bio donde se reunió con comunidades pehuenches afectadas por la construcción de la Central Ralco, Stavenhagen se prepara hoy para reunirse con autoridades del Gobierno, representantes de Endesa- España y finalmente viajar a la zona norte para conocer la realidad de los restantes pueblos indígenas del país. Sobre estos y otros temas relacionados con su visita que finaliza el próximo 29 de julio, trató la siguiente conversación actualizada por nuestro equipo periodístico.

"Hay leyes que no se justifican"

- ¿Señor Stavenhagen, tiene una idea ya formada sobre la situación de los pueblos indígenas en Chile?.

- Estoy enterado de algunos problemas y conflictos que se han dado últimamente en torno a cuestiones de las tierras; a las consecuencias de la construcción de la represa Ralco en el Alto Bio-Bío; en torno algunos procedimientos jurídicos penales; y la situación de personas procesadas por su participación en movimientos de protesta y sociales, sobre todo en la zona de La Araucanía Tengo una invitación en carpeta además del gerente de Endesa para conversar con él y otros funcionarios de la empresa, para conocer más de cerca la situación que acontece con los pehuenches.

-¿Hasta el momento cuáles han sido las principales denuncias realizadas ante usted por las organizaciones mapuche?.

- Varias han sido las denuncias y de diverso tipo, tales como la pérdida de sus tierras, los efectos negativos que sobre sus condiciones de vida han tenido ciertos procesos de desarrollo, como la expansión de las empresas madereras, la construcción de una presa sobre el Alto Bio-Bio con efectos sobre las comunidades aledañas, y las muchas veces que han sido víctimas de formas de represión y aplicación de la ley, de algunas leyes, que desde luego no se justifican para nada en materia de protesta legítima, de manifestación social, como ha ocurrido en el caso de algunas comunidades.

- ¿A qué leyes se refiere específicamente?...

- Me refiero a la Ley Contra el Terrorismo y a la ley respectiva a la Seguridad Interior del Estado, que se les han impuesto a algunos dirigentes en condiciones muy difíciles, ya que están bajo proceso, están encarcelados, lejos de sus familias, en fin... y a los cuales se les aplican penas muy duras, penas que están fuera de toda proporción con los delitos investigados a mi parecer.

-¿Cuáles son las soluciones que se han encontrado en otras partes del mundo al problema de los megaproyectos en tierras indígenas?.

-Lo que ha pasado tradicionalmente es que los Estados y las grandes empresas que toman decisiones sobre la instalación de obras de infraestructura, que afectan el medio ambiente y las condiciones de vida de los indígenas, generalmente no han tomado en cuenta los impactos negativos que pueden tener. Lo que más se reclama actualmente es que se deben tomar en cuenta las necesidades, condiciones de vida y los derechos humanos de los pueblos indígenas e incluso el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que Chile no ha ratificado, que establece la necesidad de que los pueblos indígenas sean consultados en todos los casos.

-¿Esa va a ser una de las recomendaciones cuando entregue en el informe de su visita?.

-Sería conveniente que Chile ratificara el Convenio 169 como lo han hecho otros países de América Latina. Pienso entrevistarme con las autoridades gubernamentales y una de los temas que se hablará será sobre ese Convenio.

- ¿Qué características diferencian la problemática indígena de Chile con la que han vivido otros países?.

-Hay muchas semejanzas con otras situaciones de otras partes porque el problema de la tierra, de los impactos de grandes obras como las represas sobre las condiciones de vida de las comunidades indígenas y el problema de los bosques también se da en otras partes. Pero en Chile hay una situación particular en la zona mapuche, precisamente, por las características de la historia chilena y de la relación entre el pueblo mapuche y el Estado chileno.

-¿Cómo calificaría la relación entre estos actores?.

-Todavía no puedo juzgarla sin conocer completamente la situación. Pero es evidente que es muy particular: hasta fines del siglo XIX los mapuches prácticamente no estaban integrados al Estado chileno y luego hubo un periodo de expansión del mismo hacia el norte y sur. Desde ese momento, los mapuches fueron integrados y subordinados a los intereses del Estado y, posteriormente, a intereses privados, pero siempre hubo algunos acuerdos entre ambas partes con respecto a las tierras. La situación anterior fue quebrantada con la política de la dictadura que llevó a la privatización de las tierras comunales, situación que algunos mapuches aceptaron y otros no. Con el retorno de la democracia se viene planteando una relación que pueda implicar la restitución o la recuperación de tierras por parte del pueblo mapuche, pero al mismo tiempo, hay intereses privados fuertes que continúan presionando sobre los recursos lo que es un problema. Tengo entendido que la ley del 93' provee la posibilidad de compra de fundos para la restitución de tierras a las comunidades mapuches. Algunas cosas que se han hecho, parece que otras todavía no. Se habla de si hay o no suficientes recursos para llevar adelante ese programa hasta sus últimas consecuencias.

Infelizmente como algunas autoridades me lo han señalado, Conadi no dispone de los recursos suficientes en el presupuesto y no parece ser que la atención a los indígenas sea una prioridad por parte de quienes deciden en definitiva sobre estos presupuestos nacionales. Entonces no han podido atender la demanda indígena como es debido y eso crea mucha frustración. Yo he visto que la demanda indígena, la demanda mapuche por sus derechos, no es una demanda violenta y las peticiones se dan totalmente en el marco de la legalidad o de manifestaciones legítimas, y por eso encuentro tan preocupante que se apliquen leyes como la Antiterrorista o la de Seguridad Interior, que provienen de otras épocas, para intentar resolver problemas sociales que debieran ser tratados como tales también por la justicia.

Sé que han habido movimientos de protesta de mapuches que tiene varias organizaciones que poseen perspectivas diferentes sobre este punto, pero que están preocupadas por la situación de los derechos humanos en el marco de estos conflictos y esto es lo que me trae precisamente a Chile para estudiarlo más de cerca.

- Tomando en cuenta la situación que planteaba anteriormente sobre la posesión de tierras ¿Cree usted que se justifican los actos violentos que han protagonizado algunas organizaciones?.

-La violencia debe ser evitada a toda costa en las luchas sociales, pero la violencia es imputable no sólo a uno, sino que a todos los actores. Cuando un pueblo sufre represión y violencia por parte del Estado, sobretodo por parte de fuerzas militares, paramilitares o policíacas durante años, no debe extrañar ni sorprender que a veces la reacción también pueda ser violenta. Es una forma de contraviolencia frente a lo que -en términos sociológicos- llamamos la violencia estructural de la que han sido víctimas durante tantos siglos los pueblos indígenas en muchas partes del mundo. El problema de la violencia en el marco de la resistencia o de las luchas por los derechos humanos es que no debe ser tratada simplemente como un asunto de derecho penal sino que debe ser enfrentada con mucha tolerancia, entendimiento y apertura por parte de las autoridades y se deben buscar soluciones negociadas, soluciones políticas a problemas sociales como estos de los derechos humanos.

Yo creo que si no se toma en cuenta los derechos humanos legítimos de los pueblos indígenas pueden aumentar los niveles de conflictividad.

Autodeterminación mapuche

- Algunos sectores mapuches plantean la creación de una nación mapuche ¿En otras partes del mundo qué resultados ha tenido esa experiencia?.

- Hay muchas formas en el mundo de relación entre los pueblos indígenas y los Estados. En Canadá, por ejemplo, los pueblos indígenas reciben el nombre de primeras naciones legalmente y en algunas partes de ese país tienen una historia de haber firmado tratados con el gobierno canadiense y actualmente insisten en que estos tratados sean respetados. En Nueva Zelanda hay un tratado que se firmó hace mucho tiempo entre el gobierno y el pueblo Maorí y este es el que marcó la relación entre los pueblos de ese país y las autoridades.

En Chile ha habido una historia de parlamentos que se consideran a nivel internacional como equivalentes a tratados entre mapuches y el Estado colonial primero, y luego con el Estado chileno, aunque, probablemente, a lo largo del siglo XIX no se reconoció esos parlamentos como si fueran tratados internacionales. Creo que en este momento hay algunos planteamientos de organizaciones mapuches, sobre todo, que reclaman el respeto a estos tratados. Es un tema que vale la pena ser analizado, cuidadosamente, por todos los actores.

- ¿Qué tan buena fórmula es legislar para incluir representantes de las etnias en los Parlamentos nacionales?.

-Uno de los reclamos que hacen las organizaciones indígenas, no sólo en Chile, sino que en otras partes del mundo, es el derecho a la participación política de representantes indígenas. Algunos países tienen mecanismos para que se haga efectivamente; en otros, como existe un sistema de partidos políticos como en Chile o México, hay representantes indígenas que pueden participar en los órganos legislativos o ser electos a través del sistema de partidos. En algunos países ha habido intentos de formar partidos políticos propiamente indígenas como es el caso de Ecuador, Bolivia o Guatemala. Cada país encuentra forma de darle solución a ese problema.

-Se habla de la "Deuda Histórica" del Estado con el pueblo mapuche. ¿Usted cree que esa deuda se puede llegar a saldar?.

- Hay una deuda histórica de los estados en América y otras partes del mundo con los pueblos indígenas. Precisamente, Naciones Unidas proclamó el año del 1993 el año de los pueblos indígenas y 1995 al 2004 es el decenio internacional de los pueblos indígenas y hay numerosas resoluciones y recomendaciones de conferencias de Naciones Unidas para reconocer y pagar esa deuda histórica. Ahora de qué manera se va a realizar eso depende de cada país.

- ¿El informe que usted emita implica sanciones para el país?.

- El informe del Relator está dirigido a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU e incluye conclusiones particulares y generales tanto como recomendaciones al gobierno, a la Comisión de Derechos Humanos como también a las organizaciones indígenas. No hay ningún mandato para establecer sanciones de ningún tipo a los estados miembros de la Comisión. Desde el momento que se presenta el informe ante la Comisión es un documento público de las Naciones Unidas y la Comisión que es soberana decidirá qué seguimiento le quiere dar a este Informe.