29 de enero del 2002
Prisioneros de Guantánamo

José A. Gimbernat...

Los preocupantes derroteros que está tomando la lucha contra el terrorismo desde el pasado 11 de septiembre no pueden dejar impasibles a las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Contemplar cómo la sociedad civil se va dejando arrastrar por la lógica militar, cómo los adalides de esta lucha pretenden llevarnos a un estado de excepción permanente que deje en suspenso sine die las garantías jurídicas del Estado de Derecho, produce gran alarma en cualquier ciudadano que no esté dispuesto a cambiar su libertad por su seguridad (si lo estuviera, no merecería ni la una ni la otra, como dijo Jefferson).
Tener que soportar que una nación que ha sido condenada repetidas veces por la mismísima ONU acusada de apoyar o perpetrar acciones terroristas (Cuba, Nicaragua...), que ha preparado o asesorado para la preparación de una buena cantidad de golpes de Estado contra gobiernos democráticamente elegidos (Chile es uno de los más claros ejemplos); tener que soportar, decimos, que una nación así pretenda erigirse en líder moral contra el terrorismo y en defensa de los valores democráticos, parece francamente excesivo.
Las respuestas que las autoridades estadounidenses han ido dando con referencia al conflicto de los prisioneros afganos en Guantánamo son por lo menos decepcionantes, cuando no indignantes.
En primer lugar, el punto de atención de Estados Unidos cuando se le interpeló por este asunto, estuvo en la condición de los prisioneros: eran combatientes "ilegales".
Parecía con esto querer indicar que ninguna legislación les amparaba, olvidando que la referente a derechos humanos es universal, es decir, aplicable a todos los seres humanos sin excepción. En todo caso, lo que parecía querer decir Estados Unidos es que si no se trataba de prisioneros de guerra, no les eran aplicables los convenios de Ginebra, y eso parecía otorgar a las autoridades estadounidenses un cheque en blanco para disponer de ellos sin rendir cuentas a nadie.
Posteriormente, Donald Rumsfeld, en una conferencia de prensa del día 22 de enero, se permitió hacer el siguiente comentario:
"Cualquiera diría, leyendo la prensa, que el problema del mundo es Estados Unidos". El pretendido chiste pierde su gracia si se considera que precisamente la concepción que Estados Unidos tiene de las relaciones internacionales supone un serio obstáculo para la aplicación del Derecho Internacional (recuérdense, sin ir más lejos, sus denodados esfuerzos por obstaculizar la puesta en marcha del Tribunal Penal Internacional, instrumento imprescindible para el castigo y, más importante, la prevención de delitos de terrorismo y genocidio).
Pero la comparecencia del secretario de Estado tiene todavía otra perla cuando declara que a los prisioneros afganos "les conviene la ventilación". Si una cosa deja clara el artículo 3 de los convenios de Ginebra es que todo prisionero debe tener un trato humano. Qué entiende Donald Rumsfeld por trato humano es un misterio, incluso jurídicamente es muy difícil determinar qué es un trato humano. Pero desde luego, por ambigua que sea la expresión, no parece discutible que el destinatario de una jaula es un animal, y en ningún caso un ser humano, que pierde en esa condición toda su dignidad.
En cuanto al papel de la Unión Europea en esta crisis, no podemos dejar de lamentar la postura acrítica y seguidista, más propia de "la fe del carbonero" que de un sujeto internacional que pretende ser una potencia política y económica. España, país que preside este semestre, no piensa "recoger la inquietud que en el Parlamento Europeo ha suscitado el presunto trato incorrecto" que reciben los prisioneros (El País, 23-1-02). Nuestro ministro de Justicia está convencido de que Estados Unidos está respetando y respetará esos derechos" [los derechos humanos], y nuestro ministro de Asuntos Exteriores tampoco tiene la menor duda de que lo que hace Estados Unidos siempre está bien. La dejadez de nuestro Gobierno en materia de derechos humanos en éste, como en otros asuntos, es más que preocupante.
Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España sentimos gran preocupación tanto por que los prisioneros afganos no estén teniendo un trato digno como por que los gobiernos no demuestren el mínimo interés en comprobar las denuncias hechas en los últimos días y sigan ciegamente las versiones y dictados de Estados Unidos. La lucha contra el terrorismo, sin olvidar a las víctimas, no debe ser incompatible con el respeto con los derechos humanos.
Autores: José A. Gimbernat Ordeig, Carmen Laguna Gallego, Pedro López López, Juan J. Tamayo Acosta, Juan F. Martín Seco (son miembros de la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de España)