Adiós a las libertades

Ignacio Ramonet

Le Monde Diplomatique
Traducido para Rebelión por Rocío Anguiano

Puesto que se da por cierto que los trágicos sucesos del 11 de septiembre han abierto un nuevo periodo de la historia contemporánea, tal vez debamos preguntarnos qué ciclo se cierra con estos sucesos y cuáles son sus consecuencias.
La época que termina se iniciaba el 9 de noviembre de 1989 con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, el 25 de diciembre de 1991. En todo momento aclamadas, las principales características de esta etapa, que, además, ha vivido al auge de la globalización liberal, habrán sido la exaltación del sistema democrático, el encumbramiento del estado de derecho y la glorificación de los derechos humanos. En política interior y exterior, esta Trinidad era considerada como una especie de imperativo categórico continuamente invocado. A pesar de sus ambigüedades (¿se puede conciliar globalización liberal y democracia planetaria?), dicha Trinidad contaba con la adhesión de los ciudadanos, que veían en ella un avance del derecho contra la barbarie.
En nombre de la "guerra justa" contra el terrorismo, todas estas hermosas ideas han sido de repente olvidadas. Desde el primer momento, Washington no dudó, para emprender la guerra en Afganistán, en establecer alianzas con dirigentes hasta ayer mismo nada recomendables, el general golpista Pervez Moucharraf de Pakistán o el dictador de Uzbekistán Islam Karimov. Ni los gritos del legítimo presidente paquistaní, Nawaz Sharif, ni los de los defensores ouzbeks de las libertades consiguieron traspasar los muros de sus cárceles. De forma encubierta, valores que todavía ayer eran calificados de "fundamentales" desaparecen de la escena política mientras que los estados democráticos se hunden desde el punto de vista del derecho, en una regresión.
Las medidas liberticidas adoptadas por Estados Unidos dan prueba de ello. Al mismo día siguiente a los atentados, una justicia de excepción se ponía en práctica. El ministro de justicia, John Ashcroft adoptaba una ley antiterrorista, llamada "ley patriótica", que permite a las autoridades detener sospechosos durante un tiempo prácticamente indefinido, deportarlos, encerrarlos en celdas de aislamiento, controlar su correo, sus conversaciones telefónicas, sus comunicaciones vía Internet, y registrar su domicilio sin autorización judicial. De este modo, al menos 1200 extranjeros han sido detenidos de forma secreta, de los que más de 600 permanecen en la cárcel sin que se les haya juzgado, sin que muchos de ellos hayan ni siquiera comparecido ante el juez, y sin haber tenido la posibilidad de que les asista un abogado (1). El gobierno tiene, además, la intención de interrogar a unos 5000 hombres de entre 16 y 45 años, que se encuentran en Estados Unidos con un visado de turista, y que son sospechosos por el simple hecho de haber nacido en Próximo Oriente (2).
A pesar de que los tribunales americanos ordinarios son perfectamente competentes, el presidente Georges W. Bush decidió crear, el pasado 13 de noviembre, tribunales militares, con poderes especiales para juzgar a los extranjeros acusados de terrorismo. Estos procesos que, además, son secretos, podrán desarrollarse en buques de guerra o en bases militares, no será necesario que haya unanimidad para condenar al acusado a la pena de muerte, el veredicto no será apelable, las conversaciones del acusado con su abogado se podrán escuchar clandestinamente, el proceso judicial se mantendrá en secreto y los detalles del proceso no se harán públicos hasta pasadas algunas décadas.
Agentes responsables del Federal Bureau of Investigation (FBI) han llegado a proponer que algunos acusados sean extraditados a países amigos, con regímenes dictatoriales, para que la policía local pueda interrogarlos empleando métodos "rudos y eficaces". El uso de la tortura ha sido abiertamente reclamado en las columnas de los grandes semanarios. En la CNN, el comentarista republicano Tucker Carlson fue muy explícito: "La tortura no es buena. Pero el terrorismo es peor. Por lo tanto, en determinadas circunstancias la tortura es un mal menor". Steve Chapman, en el Chicago Tribune recordó que un estado democrático como Israel no duda en aplicar la tortura al 85% de los palestinos detenidos (5).
Al derogar una decisión de 1974 que prohibía a la Central Intelligence Agency (CIA) asesinar a dirigentes extranjeros, el señor Bush le ha dado carta blanca para efectuar cualquier operación secreta necesaria para la eliminación física de los jefes de Al Qaeda. Ignorando la convención de Ginebra, la guerra en Afganistán se ha llevado a cabo con este mismo espíritu, liquidar a los miembros de Al-Qaida incluso cuando se hayan rendido. Rechazando cualquier posibilidad de llegar a una solución negociada que acabe con una rendición, el secretario americano de defensa, Donald Rumsfeld, se mostró inflexible e hizo un claro llamamiento para matar a los prisioneros árabes que hubieran combatido con los talibanes. Más de 400 de ellos fueron masacrados durante el levantamiento del fuerte de Qala-e-Jhangi y aún un número ciertamente mayor durante la toma de Tora-Bora.
Con la finalidad de que no se pueda llevar a cabo ninguna acción judicial contra los militares americanos por las operaciones realizadas en el extranjero, Washington se opone al proyecto de Tribunal Penal Internacional (CPI). De este modo, el Senado acaba de aprobar, en primera lectura, la ley ASPA (American Servicemembers Protection Act) que permite a los Estados Unidos tomar medidas extremas – que pueden ir hasta la invasión militar de otro país – para recuperar a cualquier ciudadano americano al que se pretenda llevar ante el futuro CPI.
Aprovechando la "guerra mundial contra el terrorismo", otros estados – Reino Unido, Alemania, Italia, España, Francia, etc. –han reforzado también sus legislaciones represivas. Los defensores de los derechos públicos tiene motivos para preocuparse, ya que el movimiento general de nuestra sociedad, que tendía hacia un respeto cada vez mayor del individuo y de sus libertades, acaba de ser brutalmente truncado. Y todo indica que de aquí en adelante nos dirigimos hacia un Estado cada día más policial.

Notas
(1) El País, Madrid, 10 de noviembre de 2001.
(2) Le Monde, 30 de noviembre de 2001
(3) International Herald Tribune, 1 de diciembre de 2001
(4) Cf. Newsweek, New York, 5 de noviembre de 2001
(5) Citado en El País, 7 de noviembre de 2001.