 Documentos de James Petras
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13 de noviembre del 2003
Los derechos humanos en Brasil bajo el régimen
de Lula
James Petras
Rebelión
Traducido para Rebelion por Manuel Talens
En un principio, los grupos defensores de derechos humanos
en Brasil y en todo el mundo dieron la bienvenida a la elección de Luiz
Inacio Da Silva, «Lula», el candidato a presidente del Partido de los Trabajadores,
de centro izquierda. Además de sufrir las peores desigualdades sociales
en el mundo, Brasil tenía uno de los peores historiales de derechos humanos
entre los sistemas electorales no militares. Un cuidadoso estudio llevado a cabo
por la respetada Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), un grupo de derechos
humanos relacionado con la Iglesia, documentó entre 1985 y 2002 1.280 asesinatos
de campesinos, de abogados, consejeros técnicos, líderes sindicales
y religiosos ligados a la lucha por la tierra. El estudio de la CPT encontró
que la impunidad era la regla general. Sólo 121 asesinos, el 10%, fueron
procesados; sólo 14 de los terratenientes que contrataron a los asesinos
fueron juzgados y, de ellos, sólo 7 fueron condenados. De los intermediarios
implicados en las matanzas, sólo 4 fueron acusados y 2 recibieron condena.
De los asesinos que perpetraron los crímenes, 96 fueron juzgados y 58 fueron
condenados. Está claro que los sistemas policial y judicial funcionan muy
mal, sobre todo en el campo, donde los funcionarios de policía y los jueces
se hallan estrechamente vinculados con los propietarios.
La otra cara de la impunidad de los propietarios es la dura represión que
se ejerce contra los trabajadores rurales. Entre 1985 y 2002, 6.300 trabajadores
rurales fueron encarcelados, 715 torturados y más de 19.349 sufrieron maltratos
físicos. Sólo en 2002, el último año de la socialdemocracia
del presidente Cardoso, 43 activistas rurales fueron asesinados. En el mismo año
hubo 20 intentos de asesinato, 73 amenazas de muerte contra trabajadores, 20 casos
de tortura y 44 casos de maltratos físicos de activistas rurales encarcelados.
Hace veinticinco años, cuando el presidente Lula era un sindicalista activo,
sufrió persecución estatal y fue encarcelado. Durante su campaña
electoral prometió poner en práctica un amplio programa de reforma
agraria y hacer cumplir las garantías constitucionales de derechos humanos
en las zonas rurales, así como acabar con la impunidad de los propietarios
en su represión de campesinos.
En lo tocante a derechos humanos durante los primeros nueve meses en el poder,
es posible evaluar el régimen de Lula mediante varios criterios, que incluyen:
(1) el asesinato de activistas; (2) el encarcelamiento de líderes campesinos
y activistas sociales; (3) las actividades de los grupos paramilitares; (4) la
impunidad de los militares; (5) la igualdad de todos ante la ley; (6) el reconocimiento
de la legitimidad del movimiento de reforma agraria; (7) el fin de las expulsiones
de los campesinos que ocuparon tierras no cultivadas; (8) la puesta en marcha
de una amplia reforma agraria y (9) el mantenimiento de la prohibición
de cosechar semillas genéticamente modificadas. Estos criterios proporcionarán
una base empírica para juzgar al presidente Lula en lo relativo a derechos
humanos.
Asesinatos
Según un detallado estudio de la CPT, publicado a finales de agosto de
2003, 44 activistas rurales fueron asesinados entre enero y mediados de agosto
de 2003, uno más que los 43 de 2002, el último año de la
presidencia de Cardoso. Esto da un promedio de 5,5 asesinatos por mes, el más
elevado desde 1990. Los «campos de la muerte» bajo el presidente Lula superan
la tasa de asesinatos políticos bajo Cardoso, cuya presidencia fue testigo
de varias matanzas sangrientas. La política de impunidad todavía
persiste. Durante los ocho años de gobierno de Cardoso, 278 trabajadores
sin tierra y líderes sindicales rurales fueron asesinados (casi 35 por
año), pero sólo 5 asesinos fueron juzgados y condenados, menos del
2 %. En el caso más notorio, la matanza de 19 pacíficos y desarmados
trabajadores rurales sin tierra en Eldorado do Carajas, en el Estado de Pará,
los 163 policías militares fueron absueltos. El régimen de Lula
no ha hecho esfuerzo alguno por reabrir estos juicios o acelerar los casos pendientes
en los tribunales. Además, el caso de los guerrilleros Ariagua, que fueron
asesinados por la dictadura militar en 1974 y cuyos cadáveres luego «desaparecieron»,
ha sido reabierto por el Tribunal Federal, que exige un informe completo de los
militares. El régimen de Lula, siguiendo la costumbre de sus precursores
de la derecha y de acuerdo con los militares, se ha negado a ejecutar la orden
judicial.
Grupos paramilitares
Las formaciones paramilitares al servicio de los propietarios han crecido en todas
las regiones rurales de Brasil durante el primer año del régimen
de Lula. Las fuerzas paramilitares funcionan con impunidad, su presencia ha sido
televisada y sus entrevistas difundidas por los medios nacionales de comunicación.
En Paraná, Pará, Bahía y en todas partes del noreste, norte
central e incluso el sudeste de Brasil, los paramilitares funcionan con frecuencia
en asociación o con la complicidad de la policía militar y con la
tolerancia de la judicatura. Estas «fuerzas de seguridad privadas» han asesinado
a la mayor parte de los líderes campesinos bajo la política «permisiva»
de Lula.
La campaña nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) para
la prohibición de estas milicias armadas ha contado con el amplio apoyo
de todos los grupos de derechos humanos brasileños e internacionales, pero
no ha tenido prácticamente ningún impacto sobre el régimen
de Lula, que arguye que, bajo la separación de poderes, se trata de un
«asunto judicial», del que se deben ocupar los «estados». La política de
Lula ha llevado a la proliferación de nuevos grupos paramilitares y escuadrones
de la muerte, el Primer Comando Rural (Primeiro Comando Rural) en Paraná,
que tiene como objetivo la expulsión de más de 14.000 familias ya
establecidas en las tierras.
Expulsiones
Las expulsiones de campesinos se han multiplicado durante el régimen de
Lula, por decisión de autoridades locales, estatales y federales. Las familias
que se habían establecido en tierras desocupadas hasta siete años
antes de la llegada de Lula han sido expulsadas por la fuerza, sus casas quemadas,
sus mejoras del terreno y sus cosechas destruidas. Entre enero y junio, 8.492
familias, en torno a 40.000 personas, han sido desahuciadas, lo cual supera en
cuatro veces el número de campesinos que recibieron tierra en el mismo
período.
Presos políticos
Varias docenas de activistas políticos y sociales en el movimiento de reforma
agraria están detenidos. Unos han sido juzgados y condenados a penas de
hasta 4 años de cárcel por su participación en ocupaciones
de tierras. En la actualidad, 17 líderes del MST de los estados de São
Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Goias y Paraibo han sido encarcelados.
José Rainha Junior, uno de los líderes más prominentes del
MST, está acusado de organizar «una banda armada», acusación penada
con diez años de cárcel que previamente había sido denegada
en la apelación.
Criminalización de los movimientos sociales
En septiembre de 2003, ciento cincuenta policías militares rodearon la
oficina central del MST en São Paulo y se prepararon para un asalto armado
con el pretexto de buscar activistas sociales acusados de ataques contra la propiedad
(ocupaciones de tierra). Sólo la intervención masiva de grupos de
derechos humanos, de los obispos católicos y de los sindicatos impidió
un asalto potencialmente sangriento. El régimen de Lula terminó
por ceder para evitar deslustrar todavía más su imagen internacional
con una matanza en la ciudad más grande de Brasil. No hubo investigaciones
ni funcionarios amonestados y, desde luego, tampoco había «criminales»
en la oficina central. Sin embargo, el efecto mediático logró criminalizar
los movimientos sociales en general y el MST en particular.
Lula, que buscó activamente y recibió el apoyo sin reservas del
MST y de los movimientos sociales durante la campaña electoral, se ha lavado
las manos con respecto a su responsabilidad en la creciente persecución
judicial, en las detenciones arbitrarias y en la intervención de la policía
militar. Con la excusa de la «división de poderes» entre el ejecutivo,
el legislativo y el judicial, se ha negado a usar la autoridad y el influjo de
su presidencia para acabar con las fuerzas de la represión o mantener las
garantías constitucionales contra detenciones arbitrarias y ejecuciones
extrajudiciales por parte de grupos paramilitares vinculados a los grandes propietarios.
La razón de la negativa a actuar de Lula se encuentra en su profundo compromiso
a favor de la promoción del modelo de agroexportación y del mantenimiento
de «un clima favorable» a los inversores extranjeros, así como en su idea
de que cualquier intervención contra el gran capital y sus aliados
judiciales, policiales y paramilitares enviaría «malas señales»
al «mercado».
Esto casa mal con un presidente que ha cenado en casas de campesinos sin tierra
para mostrar su «neutralidad» en esta lucha fundamental por la justicia social
y los derechos humanos. Sin embargo, la política de Lula no es «neutra»,
por mucho que él lo pretenda y siga repitiendo clichés sobre la
división de poderes. De hecho, su política ha dejado el campo libre
a las fuerzas más retrógradas de la elite brasileña para
que liquiden los beneficios alcanzados durante las dos últimas décadas,
al favorecer las expulsiones de quienes se habían beneficiado de la reforma
agraria y de los okupas, instigando el comportamiento ilegal de los propietarios
y de la judicatura corrupta que actúa a sus órdenes.
Las Naciones Unidas y los derechos humanos
La enviada de las Naciones Unidas Asma Jahangar señaló en septiembre
y octubre de 2003, al final de una visita de tres semanas durante la cual investigó
las ejecuciones sumarias por parte de la policía brasileña, que
«Brasil es una democracia, pero lo que yo veo aquí es una situación
desgraciada, triste, sin justicia alguna» ( BBC News 10/10/2003). Dos de
los testigos que testimoniaron ante la enviada de las Naciones Unidas sobre los
actos de los escuadrones de la muerte en áreas rurales y urbanas fueron
asesinados poco después, como para confirmar el patético estado
de los derechos humanos en Brasil. La representante de las Naciones Unidas afirmó
que el problema no es simplemente la existencia de vigilantes locales, sino un
problema institucional que impregna al estado brasileño. Hizo acopio de
informes detallados y extensos de los grupos de derechos humanos, que vincularon
a los escuadrones de la muerte con policías y vigilantes. Tal como señaló
Jahangar, «la policía no puede luchar contra el crimen cometiendo crímenes».
Lula ha prometido de boquilla solucionar el problema, si bien no ha emprendido
ninguna reforma seria ni en la policía, ni en la judicatura ni en otras
instituciones dedicadas al cumplimiento de la ley. La «ley» de la inmunidad prospera
bajo Lula igual que lo hacía bajo los regímenes anteriores, militares
y civiles.
Derechos humanos: la reforma agraria
Brasil sufre las desigualdades más extremas del mundo en cuanto a la distribución
de la tierra. Menos del 1% de los propietarios poseen el 50% de la tierra, mientras
que veinticinco millones de familias rurales carecen de tierra. La cuestión
de una reforma agraria era la exigencia central de las clases rurales más
empobrecidas de la sociedad brasileña, una exigencia que apoyan las dos
terceras partes de la población. Durante la campaña electoral, Lula
prometió «una reforma agraria profunda, integral y dentro de la ley».
La principal organización de los trabajadores rurales sin tierra, el MST,
exigía tierra para 120.000 familias durante el primer año. Lula
prometió tierra para 60.000 familias. Durante los 9 primeros meses en el
gobierno, 2.100 familias recibieron la tierra, la treceava parte de su promesa
original. El régimen de Lula está muy por debajo del anterior régimen
neoliberal de Cardoso, que se ocupó de un promedio de aproximadamente 40.000
familias por año. Con respecto a las exigencias del MST, Lula va a cumplir
aproximadamente el 4% de su objetivo. Las más de 200.000 familias que viven
en condiciones precarias al borde de las carreteras y en campos abandonados tienen
unas perspectivas bien tristes durante el futuro inmediato, a no ser que tomen
la iniciativa y organicen ocupaciones de tierra. El fracaso del régimen
de Lula a la hora de poner en práctica la reforma agraria se debe a la
prioridad que ha dado al pago de la deuda externa, al cumplimiento de los objetivos
de austeridad del Fondo Monetario Internacional y a la promoción del sector
de la agroexportación. La financiación de cuestiones de derechos
humanos como la reforma agraria tiene la prioridad más baja.
En octubre de 2003, tras haber incumplido sus promesas a los trabajadores sin
tierra y haberse puesto abiertamente del lado de los grandes agroexportadores,
el presidente Lula emprendió un burdo ataque contra el MST y sus propuestas
de reforma agraria. «No voy a llevar a cabo la reforma agraria que propone el
MST, que significaría un cambio de la miseria urbana por la pobreza rural,
simplemente para aumentar el número de unos beneficiarios que no producen
nada (Veja, 29 de octubre de 2003, página 40).
Los 350.000 beneficiarios de la reforma agraria no sólo producen millones
de reales de alimentos para el mercado local, sino que también han
desarrollado productos de exportación, y casi todos los universitarios
y periodistas objetivos han señalado la enorme mejora que la reforma ha
supuesto en sus vidas. De hecho, Lula no tiene alternativa a la reforma agraria,
tal como afirmó Marcelo Rezende, el ex presidente del Instituto de la Reforma
Agraria (INCRA), cuando anunció su dimisión en agosto de este año.
Modificaciones genéticas y derechos humanos
En todo el mundo, desde Europa Occidental a la India, desde África a Brasil,
granjeros, campesinos, ecologistas y consumidores han luchado contra las grandes
corporaciones agroalimentarias que intentan imponer semillas genéticamente
modificadas, fertilizantes químicos y herbicidas. Hasta el inicio del régimen
de Lula, la agricultura basada en semillas genéticamente modificadas se
limitó a regiones aisladas del sudeste de Brasil. Sin consultar con el
congreso ni con las organizaciones representativas de los pequeños granjeros
y trabajadores sin tierra ni con los grupos medioambientales, Lula decretó
la aprobación de la siembra de estos productos, bajo la presión
de Monsanto. Contra la mayoría de los brasileños, el equipo económico
de Lula, dirigido por su ministro de la agricultura, asociado desde hace tiempo
a Monsanto, impuso tal medida. El espectro de una agricultura de exportación
de origen químico amenaza con minar los precarios márgenes entre
el costo de producción y de venta en que se mueven los pequeños
productores, y asimismo podría perjudicar las exportaciones a los mercados
europeos. La generalización de una agricultura basada en sustancias químicas,
de coste elevado, y la posterior ruina de millones de productores locales son
un atentado contra los derechos humanos. Al parecer, el compromiso de Lula con
las elites de la agroexportación de productos genéticamente modificados
pasa por encima del terrible futuro que les espera a los campesinos.
Conclusión
Durante los diez primeros meses del régimen de Lula, el historial de derechos
humanos ha sido malo desde todos los puntos de vista. Los observadores de las
Naciones Unidas, la iglesia brasileña (CPT) y los activistas han señalado
la creciente violencia de los propietarios y las ejecuciones extrajudiciales,
la criminalización estatal de los movimientos sociales, las detenciones
arbitrarias y la impunidad continuada de torturadores de la policía y asesinos.
Esto se debe fundamentalmente a la continuidad de los aparatos judicial, policial
y administrativo heredados del pasado y a la negativa de Lula a reconocer la desigual
y selectiva aplicación de la ley. La criminalización de facto
de los movimientos sociales ayuda e incita a los propietarios locales a incrementar
sus actividades parapoliciales.
La segunda razón del triste historial de derechos humanos del régimen
de Lula se debe al profundo compromiso de sus equipos económicos a favor
de la creación de un «clima favorable» para los inversores extranjeros
y a la determinación de Lula de reprimir cualquier signo de protesta social
como si fuese una «amenaza para la paz social».
La tercera razón se debe a la estrategia agroexportadora del régimen.
Dada la alta prioridad que Lula otorga al cumplimiento de las exigencias de los
acreedores externos y al cumplimiento de su acuerdo con las condiciones del Fondo
Monetario Internacional, su gobierno favorece aquellos sectores de agricultura
que generan divisas fuertes, a expensas de los sectores agrícolas, que
producen alimentos para el consumo local. Es precisamente esta «triple alianza»
entre el régimen de Lula, las elites agroexportadoras y los acreedores
financieros externos lo que ha minado el compromiso del gobierno con los derechos
humanos. Es esta alianza triple lo que ha llevado al compromiso de Lula de negociar
la entrada de Brasil en el ALCA, y ello bajo unas condiciones que permitirán
la entrada de exportaciones agrícolas brasileñas en el mercado estadounidense,
a cambio de la entrada libre en Brasil de las importaciones de alimentos estadounidenses,
que llevarán a la ruina a los productores locales. Para sostener este «modelo»,
el régimen de Lula se ha opuesto a las demandas de la reforma agraria y
ha criminalizado los movimientos sociales que la propugnan, mientras que presiona
a los EE.UU para que reduzca sus tarifas y elimine sus cuota sobre la soja, los
cítricos, el algodón, el azúcar y otros elementos de exportación.
Las violaciones de derechos humanos en Brasil no se deben sólo a funcionarios
locales o a propietarios, sino a un profundo problema estructural inmerso en la
estrategia básica del gobierno. Las elites de América Latina ya
han reconocido el valor de Lula. La Folha de São Paulo (29 de octubre
de 2003) destacó en primera página una encuesta realizada entre
las elites de seis países latinoamericanos, que escogieron a Lula como
«el mejor presidente de América Latina», con un margen muy superior al
de los demás presidentes neoliberales.
