Documentos de James Petras

4 de febrero de 2002
El movimiento de desempleados en Argentina

James Petras
Traducido para Rebelión por Juan Antonio Julián

Ya desde la presidencia del general Juan Domingo Perón DE 1946 A 1955, la provincia argentina de Jujuy, en el noroeste del país, disponía de empresas estatales e industrias protegidas, como las del tabaco y el azúcar. Un símbolo de la visión que Perón tenía del país era la empresa Aceros Zapla, una explotación minera y siderúrgica de propiedad estatal, situada a una hora de camino al Este de la capital provincial, San Salvador de Jujuy. La empresa pagaba a sus empleados salarios de clase media.
Pero la vida en Jujuy empezó a deteriorarse a finales de los 80, a medida que Argentina comenzaba a reducir sus aranceles aduaneros y a privatizar las empresas del Estado. Jujuy perdió miles de empleos, en beneficio de países como China e India, en donde los trabajadores tenían unos salarios mucho menores. El peor golpe lo sufrió en 1992, cuando la acería de Aceros Zapla redujo su mano de obra radicalmente, de 5 000 a alrededor de 700 personas. El nuevo dueño de la empresa, un consorcio que incluía a Citicorp, de Nueva York, decidió que podía alcanzar mayores beneficios dedicándose a una producción de aceros de gama alta para usos específicos. El Gobierno, mientras tanto, recortaba el sistema de bienestar de la nación y hacía poco por crear empleo. El índice oficial de pobreza entre los 600 000 habitantes de Jujuy se elevó de un 35% en 1991 a 55% en 1999.
Después de recurrir a la militancia sindical, presentar peticiones al Gobierno y realizar manifestaciones pacíficas ?todo ello sin resultado? los residentes de Jujuy fueron de los primeros de entre el creciente grupo de los desempleados argentinos en desarrollar una nueva táctica: el bloqueo de carreteras. Uno de sus primeros bloqueos cortó el puente internacional de Horacio Guzmán, enlace principal entre Argentina y Bolivia, la noche del 7 de mayo de 1997. Durante los siguientes cuatro días, las barricadas se extendieron a toda la provincia. La primera respuesta del Gobierno fue la violencia: el 20 de mayo, centenares de trabajadores del azúcar resultaron heridos por las balas de goma y las granadas lacrimógenas del Ejército. Pero cuando los manifestantes resistieron, los funcionarios provinciales acordaron crear más de 12 500 empleos y aumentar la ayuda al desempleo.
El bloqueo de carreteras se extendió rápidamente de Jujuy y otras provincias septentrionales a los suburbios empobrecidos de ciudades industriales, como Córdoba, Rosario, Neuquén y Buenos Aires. Los "piqueteros", nombre con el que se conocen los parados manifestantes, se organizan por barrios y municipios. Para evitar las manipulaciones, la mayor parte de los grupos mantienen su autonomía e insisten en que todos los "piqueteros" participen en las decisiones.
Las principales barricadas se han montado alrededor de La Matanza, un suburbio al oeste de la capital, donde viven 2 millones de pobres en medio de centenares de fábricas ociosas de donde en otros tiempos salía todo tipo de productos, de automóviles a textiles. Los "piqueteros" de La Matanza forman el núcleo central de una agitación que no muestra ningún signo de amainar, después de haber acabado con dos Gobiernos argentinos en diciembre.
Con unas demandas que van desde paquetes de comida a la renacionalización de industrias, los "piqueteros" son más radicales que los jóvenes de clase media que asaltaron las sucursales de Citibank y Bank of Boston en enero, cuando se hizo público que el bloqueo de los ahorros se mantendría durante meses. Además, sus barricadas son más estratégicas que las frecuentes huelgas generales argentinas, con las que las federaciones sindicales dan salida al descontento de la clase obrera sin desafiar el orden económico de la nación.
Mostrando el poder de los trabajadores "marginales", los parados de Argentina están zarandeando ese orden económico, considerado una vez la joya de corona de la élite económica global. Están promoviendo tácticas contra las políticas de mercado libre que pueden emular los pobres de todo el mundo. Están mostrando que el cambio fundamental no viene de los políticos y burócratas, sino de la democracia de base y de la acción directa.


LA PRIMERA PRESIDENCIA de PERÓN fue seguida por tres décadas de dictadura militar, con solo breves interrupciones de gobierno civil, incluida la vuelta de Perón en los años 70. Después del último régimen militar, los gobiernos de los presidentes Raúl Alfonsín (1983-1989), Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001) fueron fieles a la línea marcada por los organismos de crédito multilaterales dominados por el Departamento del Tesoro de EE UU. La "liberalización" del comercio y las privatizaciones que devastaron Jujuy y La Matanza crearon ciudades fantasma en todo el país, y los drásticos cortes en los gastos sociales perjudicaron a todos aquellos que no podían permitirse una enseñanza y una atención sanitaria privadas.
Para empeorar las cosas, el Gobierno adoptó políticas monetarias que llevaron a una especulación desenfrenada y a la fuga masiva de capitales. Una recesión que venía gestándose desde 1997, se convirtió en el año pasado en una auténtica depresión, creando la mayor concentración mundial de trabajadores industriales parados. La tasa de desempleo oficial del país alcanzó el 18,3%, una cifra que los economistas independientes consideran que está muy por debajo de la real. En algunas ciudades, cuatro de cada cinco trabajadores carecen de trabajo decente. El índice oficial de la pobreza de la nación ha alcanzado una cifra record de 44%, el doble que en 1991. En un país de entre los mayores productores de ganado y cereales del mundo, la mayor parte de los argentinos no pueden permitirse comer carne o pasta: los trenes transportan esos productos a los puertos para exportarlos a Europa.
Algunos "piqueteros" han pasado toda su vida en la economía sumergida, como vendedores callejeros, trabajadores eventuales, trabajadores domésticos, etc. Pero muchos otros tuvieron hasta hace poco con salarios decentes en la industria ?metalúrgica, de la energía , de la confección, etc.? y muchos de ellos tienen experiencia sindical. Una mayoría de "piqueteros" son en realidad "piqueteras", mujeres cuyos maridos están desalentados como resultado del paro de larga duración.
Los sindicatos argentinos, como sus homólogos norteamericanos, culpan de su creciente pérdida de protagonismo a la desaparición de empleos industriales. La más antigua de las tres federaciones sindicales principales del país ?la Confederación General de Trabajadores (CGT), liderada por Rodolfo Daer? colaboró con la última dictadura y se ha aliado desde entonces con cada uno de los gobiernos en el poder. Una federación disidente toma su nombre de su líder, Hugo Moyano: la CGT-Moyano organiza huelgas generales y utiliza una retórica populista, pero sólo presiona al Gobierno en asuntos de escasa importancia, y negocia a espaldas de los trabajadores.
La tercera federación, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), es más progresista. Liderada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), un sindicato de funcionarios, la CTA se ha comprometido con los parados y plantea cuestiones estructurales, pero tiende a iniciar acciones militantes para luego retroceder y entrar en negociaciones a puerta cerrada. Durante las protestas de los días 19 y 20 de diciembre, que acabaron con el gobierno de de la Rúa, los militantes sindicales aseguran que su principal dirigente, Víctor de Gennaro, estaba ausente.

Las tres federaciones tienen una trayectoria basada en lealtades personales hacia sus burócratas de más alto rango, muchos de los cuales cobran sueldos comparables a los de los altos funcionarios argentinos. Las tres se concentran en sus miembros cotizantes, no en la clase obrera en su conjunto; todas mantienen lazos estrechos con los dos partidos principales: el Partido Justicialista de Menem (peronistas) y la Unión Cívica Radical (UCR) de Alfonsín y de la Rúa. Estos intereses explican porqué las huelgas generales, más comunes en Argentina que en cualquier otro país, siguen siendo asuntos de un solo día, sin ocupación de empresas o cualquier otra movilización estratégica. Los funcionarios corporativos y del Gobierno han aprendido a no moverse hasta tanto todo vuelve a la normalidad, a la mañana siguiente.
Estos intereses explican porqué los escasos sindicatos que intentan organizar a los parados tienden a la indiferencia. Ningún jefazo sindical está dispuesto a chapotear en el barro de una "villa miseria"; ninguno está dispuesto a asistir a reuniones improvisadas en lugares inhóspitos, en el viento helado o el calor bochornoso, entre niños que lloran, mujeres que exigen alimentos para sus familias y jóvenes a los que las conferencias económicas aburren. Ninguno está dispuesto a colocarse con un tirachinas detrás de una barricada de neumáticos ardiendo, bloqueando carreteras y enfrentándose a disparos de munición real. Los jefes sindicales prefieren una cita de media horita en el Ministerio de Trabajo, un comité tripartito de apoyo a las empresas y los programas de austeridad, que amortiguan la situación garantizan la "gobernabilidad".


La organización militante a partir de los barrios está en auge en toda América Latina. En la República Dominicana, los pobres urbanos luchan por seguir teniendo electricidad; en Venezuela, están impulsando la agenda populista de Presidente Hugo Chávez; en Bolivia, están trabajando con los sindicatos contra la privatización del agua potable, etc. Esa organización de barrio se entrelaza con los fuertes movimientos rurales de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Paraguay.
En muchos países, la táctica más efectiva es la barricada. El tráfico se acumula, los camiones no pueden moverse, las fábricas no pueden obtener suministros, y las grandes explotaciones agrícolas no pueden mover su grano. Una barricada bloquea tanto los insumos como los productos acabados. Como una huelga debilitante, impide a la élite la acumulación de beneficios, ralentiza el cambio de divisas, recorta los ingresos por impuestos que permiten que el Gobierno pague su deuda.
Con esta potente táctica, los "piqueteros" argentinos han impulsado una agenda amplia. En una barricada típica, se exige la liberación de militantes encarcelados y la retirada de la policía, se piden paquetes de comida, empleos con subsidios estatales, salarios decentes, subsidios de desempleo, financiación de siembras, e inversiones públicas en agua, electricidad, calles pavimentadas e instalaciones sanitarias.
Los parados argentinos practican una democracia desde la base. Todas las decisiones, desde formular demandas a erigir una barricada, se toman colectivamente en asambleas abiertas a nivel de barrio o a nivel municipal. Una vez que se elige una carretera, la asamblea organiza el apoyo en la vecindad de la carretera. Centenares e incluso miles de gente participan: montan tiendas y organizan ollas populares. La amenaza de intervención de la policía atrae a una muchedumbre incluso más amplia.

El Gobierno, por miedo a que se desencadene una batalla, generalmente decide negociar. Los trabajadores desempleados exigen que las negociaciones se desarrollen en el lugar de la barricada, de modo que todos los "piqueteros" puedan participar. Si el Gobierno se aviene a proporcionar empleo, los parados distribuyen los puestos de trabajo de acuerdo con la necesidad familiar y la participación en el bloqueo. Los "piqueteros" han aprendido por experiencia que el envío de representantes para negociar a una oficina del Estado en el centro de la ciudad da como resultado que las personas asistentes a la negociación, sus parientes y amigos, obtienen trabajo, pero no necesariamente los demás.
Las movilizaciones de "piqueteros" en algunas zonas han quitado el poder de las manos de los funcionarios locales, creando zonas cuasi liberadas. En una ciudad del noroeste, General Mosconi, los trabajadores parados han elaborado una "economía paralela" de más de 300 proyectos, que incluye una panadería, huertos biológicos, plantas de depuración del agua y centros de atención médica primaria. Una parte de los proyectos están ya en funcionamiento, con pleno éxito.
La primavera pasada, cuando las fuerzas de seguridad del Estado comenzaron a responder con más violencia, el movimiento de desempleados se radicalizó. En los meses que siguieron al 17 de junio, día en que un ataque de las fuerzas de seguridad mató a dos manifestantes e hirió a alrededor de 40, en una barricada cerca de General Mosconi, muchos "piqueteros" ingresaron en los sindicatos más militantes y coordinaron a decenas de miles de argentinos en protestas a nivel nacional, bloqueando más de 300 carreteras y paralizando la economía. En septiembre, los "piqueteros" organizaron bloqueos masivos de carretera en la capital y colaboraron con los sindicatos militantes en el cierre de las empresas públicas y privadas más importantes. Las acciones contaron con la significativa participación de las clases medias: tenderos, pensionistas, trabajadores de la sanidad, maestros y activistas de los derechos humanos, especialmente las Madres de la Plaza de Mayo.
Cuando el Gobierno congeló las cuentas de ahorros, el 3 de diciembre, en una virtual confiscación de miles de millones de dólares de las clases medias argentinas, el número de manifestantes aumentó masivamente. En las dos semanas siguientes se realizaron manifestaciones masivas y se organizó el saqueo de supermercados, seguido por días de saqueo desorganizado y de choques mortales con las fuerzas de seguridad. En una intervención televisada, el 19 de diciembre, de la Rúa anunció un estado de sitio durante 30 días, que decenas de miles de residentes de Buenos Aires desafiaron, saliendo a las calles apenas unos minutos después de su discurso. Muchos de ellos llevaron la cacerolada a las puertas de la residencia del ministro de economía, Domingo Cavallo, obligándolo a dimitir esa misma noche. Otros manifestantes sufrieron ataques de la policía, que produjeron muertos y que obligaron a de la Rúa a dimitir al día siguiente. La agitación dio paso a una rueda de presidentes, hasta que el Congreso nombró presidente, el 1 de enero, al peronista Eduardo Duhalde.



LAS DEMANDAS DE LOS "PIQUETEROS" que hace apenas dos meses se consideraban exigencias izquierdistas ?desde obras públicas masivas a la denuncia de una deuda de 140 000 millones de dólares? se han convertido en gritos de batalla de la clase media argentina.
Una lista de tales demandas surgió en septiembre de dos reuniones nacionales, una en La Matanza, un suburbio de Buenos Aires, y la otra en la ciudad de La Plata, a una hora al sudeste de la capital. Convocadas por los comités de parados, las reuniones contaron con más de 2 000 representantes de los "piqueteros", sindicatos militantes, grupos de derechos humanos, partidos de izquierda, grupos de estudiantes, colectivos de artistas, etc.
A medida que se profundiza la depresión en Argentina y que el Gobierno responde a las protestas con una represión más dura, no hay aún ningún liderazgo reconocido que transforme el movimiento de los barrios en un gobierno de los trabajadores. Al darse cuenta de que la resistencia del movimiento proviene de la autonomía local, algunos de los grupos más exitosos de "piqueteros" se oponen a una organización a escala nacional. General Mosconi, por ejemplo, no envió delegados a las reuniones de La Matanza y La Plata.

Los partidos de izquierda y de centro-izquierda, por su parte, se han limitado a la venta de sus publicaciones y a elegir sus representantes a un Parlamento impotente. Mientras que algunos "piqueteros" han aceptado puestos en partidos izquierdistas, incluida una nueva formación llamada Polo Social, la mayoría del movimiento de parados evita la política electoral, temiendo que los partidos sometan a los "piqueteros" a una agenda reformista.
Un miedo similar surge de las relaciones tácticas con los sindicatos. Algunos "piqueteros", influenciados por la ATE, el sindicato de los funcionarios, han permitido el paso por carreteras alternativas, en una clara concesión dirigida a "ganarse" a los que deben desplazarse cada día al trabajo y al Ministerio de Trabajo.
Desde la derecha, entretanto, algunos peronistas oportunistas dan respaldo a las demandas de los "piqueteros" y ofrecen negociar los puestos de trabajo con el Gobierno. Su objetivo es atraer a parte de los parados para reconstruir el partido. Los "piqueteros" han resistido hasta ahora estos acercamientos, pero si la represión se intensifica y las necesidades básicas siguen sin cubrirse, tendrán que elegir entre radicalizarse más o cooperar con los jefes políticos.
Duhalde conoce este juego. Su mandato de ocho años (1991-1999) como gobernador de la provincia Buenos Aires, debió mucho a un aparato patrocinador que distribuyó cestas de comida y empleos. Y cuando los favores no funcionaron, envió a sus escuadras fascistas. Incluso durante la ceremonia de toma de posesión de Duhalde, estos escuadristas hicieron su aparición y apalearon a los manifestantes que protestaban. La policía dio su apoyo a los ultras.
El Gobierno de EE.UU. convenció rápidamente a Duhalde para que negociase nuevos préstamos, condicionados a un presupuesto austero, lo que solamente añadirá leña al fuego del levantamiento y conducirá a un régimen más represivo o a la revolución popular. Con el apoyo tácito de EE UU, como mínimo, la dictadura argentina de 1976-1983 enterró el movimiento izquierdista, asesinando a 30 000 personas.
Pero los "piqueteros" no ceden. En Jujuy, los trabajadores parados bloquearon las carreteras el 15 de enero bajo una bandera en que se leía "Movimiento de lucha de clases". Al día siguiente, a medida que las protestas se extendían de nuevo a todo el país, miles de personas en la capital lanzaban el slogan: "Queremos 100 000 puestos de trabajo, ya".