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Documentos de James Petras |
El
movimiento de los sin tierra
El
proceso gana impulso
Por
James Petras
En los
últimos 30 años, los gobiernos brasileños -tanto
militares como civiles-. han proclamado la necesidad de la "reforma
agraria", pero se han resistido a la implementación de una
política efectiva en ese sentido. El Instituto Nacional de
Colonización y Reforma Agraria (INCRA), que es la oficina
gubernamental a cargo de la distribución de la tierra, ha
seguido una política de asentamiento de familias sin tierra
en campos de fronteras distantes, generalmente lejanos de los mercados,
y en tierras yermas, infestadas de malaria. En sus 30 años
de existencia, el INCRA ha instalado menos del 7% de las familias
rurales sin tierra, 331.276 de los 4 millones de familias sin tierra
existentes, y la mayoría de los asentamientos fueron iniciados
por ocupaciones organizadas por el MST (el movimiento de los trabajadores
sin tierra), que fueron luego legalizadas por el INCRA.
La mayoría de
los recursos agrícolas, tanto federales como estatales, están
destinados a promover los grandes negocios agrícolas y a
subsidiar a los agricultores orientados a la exportación.
La promoción y financiación de los grandes agroexportadores
ha sido denominada "modernización agrícola" tanto
por los militares como por el actual régimen de Cardoso.
La "modernización" agrícola ha sido un componente
clave de la estrategia neoliberal del régimen de Cardoso
y condujo tanto al masivo desplazamiento de pequeños productores
y trabajadores rurales del interior del país como al aumento
creciente de la influencia del MST. Como resultado, el interior
del país fue el sector más duramente golpeado de la
economía y el centro de la oposición al régimen.
La reestructuración
de la economía que llevó adelante Cardoso sólo
se ha enfrentado con una oposición esporádica e inefectiva
de los sindicatos urbanos (como la CUT) y de la oposición
parlamentaria (Partido de los Trabajadores, Partido Comunista de
Brasil, etc.) Por otro lado, en el interior del país tenían
lugar grandes confrontaciones. Las luchas en gran escala han sido
una realidad constante. La ofensiva política de Cardoso,
caracterizada por la privatización masiva de lucrativas minas,
telecomunicaciones, energía (y otras industrias clave), su
desregulación de los mercados financieros, la liberalización
del comercio y los flujos de capital, ha erosionado seriamente la
base económica de los sectores populares y nacionalistas,
compuestos por quienes producen para el mercado local y por los
trabajadores industriales. La ofensiva urbana de Cardoso se apoya
en una coalición de banqueros e industriales extranjeros
y grandes empresarios agrícolas, terratenientes e intereses
financieros e industriales. La conducción del MST percibió
tempranamente las consecuencias negativas que tendrían las
transformaciones previstas por Cardoso -en gran escala y a largo
plazo- para los trabajadores rurales y urbanos, pequeños
agricultores y productores orientados al mercado local.
La respuesta del MST
a la ofensiva de Cardoso fue lanzar su propia ofensiva en el interior
del país a principios de 1995. El MST organizó una
campaña de ocupaciones de tierra en forma escalonada, que
involucró a un número creciente de familias a lo largo
de toda la administración de Cardoso.
La respuesta del régimen
de Cardoso a la ofensiva del MST fue cambiando en las diferentes
etapas. Al principio, la administración trató de ignorar
al Movimiento minimizando su significado y etiquetándolo
como "anacronismo histórico". Luego de una histórica
movilización de 100.000 personas en Brasilia convocada por
el MST en 1996, Cardoso cambió de táctica, abriendo
negociaciones y tratando de cooptar al Movimiento a través
del ofrecimiento de una cuota de asentamientos, a cambio de la desmovilización
del Movimiento. Desmovilizando al MST, Cardoso esperaba conseguir
ventajas para su estrategia política de crear un sector de
alta tecnología agrícola para exportación,
basado en complejos agroindustriales a gran escala, ligando a los
terratenientes locales con el exterior, en especial con los exportadores
agroindustriales norteamericanos.
El MST entró en
negociaciones pero insistió en que bajo ninguna condición
acordaría frenar las ocupaciones de tierras improductivas,
ya que la mayoría de los casi 4 millones de familias de trabajadores
sin tierras continuaría con sus necesidad mínimas
sin cubrir, debido a las limitadas cuotas fijadas por el régimen
de Cardoso. La ofensiva del MST tuvo un gran impulso en 1996, cuando
se registró un gran número de ocupaciones de tierra.
La estrategia de ocupación de tierras del Movimiento combinó
tácticas legales y constitucionales con acciones extra parlamentarias
y con un estilo de coalición política muy abarcativo,
que aunó a organizaciones eclesiásticas, grupos de
derechos humanos, sindicatos urbanos, partidos parlamentarios, grupos
cívicos locales, y representantes municipales. El MST confiaba
en las cláusulas constitucionales que promovían que
el Estado expropiara tierras sin cultivar y las redistribuyera entre
los trabajadores rurales, y financiara los nuevos asentamientos
rurales. Dentro de este marco legal constitucional, el MST podía
construir amplias coaliciones de apoyo a sus pacíficas y
bien organizadas ocupaciones de tierras. Con apoyo mayoritario en
la opinión pública de San Pablo, Río de Janeiro
y otras importantes ciudades, el MST podía neutralizar la
represión del gobierno central. Sin embargo, a nivel local
y estatal, los gobernadores, funcionarios locales y terratenientes
aliados de Cardoso organizaron violentas represiones y procesos
judiciales para aplastar el creciente atractivo del MST. Los terratenientes
organizados en la UDR (Unión Democrático Ruralista)
lanzaron aprovechando su influencia entre los gobernadores estatales
y los funcionarios locales, una violenta contraofensiva de derecha,
con el apoyo político y de propaganda del régimen
de Cardoso. Esto culminó en abril de 1996, con la infame
Masacre de Eldorado de Carajas (en el Estado de Para), donde la
Policía Militar dirigida por el gobernador del Estado, masacró
a 19 trabajadores sin tierra, para reprimir una marcha pacífica.
En total, durante los primeros cuatro años del régimen
de Cardoso fueron asesinados 163 trabajadores rurales.
La masacre de Eldorado,
que tuvo como propósito intimidar al Movimiento, consiguió
el efecto contrario: la opinión pública se volcó
masivamente a favor del Movimiento de Trabajadores sin Tierra y
el MST respondió lanzando una nueva ola de ocupaciones de
tierra a través del país. El régimen de Cardoso,
forzado a la defensiva y políticamente aislado, intentó
sacar ventaja de las nuevas ocupaciones de tierras declarándose
favorable a las mismas. Sin embargo esta estratagema falló,
y se duplicó el número de familias asentadas. Mientras
el gobierno tenía éxito en vender sectores estratégicos
de la economía, desregulaba los mercados financieros y rebajaba
las tarifas comerciales, el interior se agitaba cada vez más.
La rebaja en las tarifas aduaneras significaba importaciones de
comida barata; el desmantelamiento de subsidios estatales, el apoyo
crediticio y la asistencia técnica debilitaba a los pequeños
productores locales. En los primeros cuatro años del régimen
de Cardoso, más de 400.000 pequeños productores terminaron
en la bancarrota y fueron expulsados de la tierra o convertidos
en trabajadores sin tierra o en empleados de las grandes empresas
agroindustriales de exportación, que son el núcleo
de la llamada "estrategia exportadora de modernización agrícola"
de Cardoso.
En 1996, los pequeños
agricultores siguiendo el ejemplo del MST, comenzaron a movilizarse
y organizarse, en particular en el sur de Brasil. En 1997 surgió
una nueva organización, el Movimiento de Pequeños
Agricultores (MPA). El MPA comenzó a imitar las tácticas
de acción directa del MST, bloqueando rutas, ocupando oficinas
gubernamentales, y participando en grandes demostraciones en las
capitales estatales. En agosto de 1999 hubo una manifestación
en Brasilia en la que participaron más de 15.000 pequeños,
medianos y grandes productores fuertemente endeudados, demandando
el perdón del 40 al 60% de sus deudas. Cardoso ofreció
perdonarles del 10 al 20% de las dudas -en especial la de los grandes
productores. Bajo presión, el régimen de Cardoso combinó
concesiones al MPA -facilitando el crédito y ofreciéndoles
un perdón parcial de las deudas- mientras que al mismo tiempo
reducía las partidas presupuestarias federales para las producciones
agrícolas familiares, para ajustarse a las metas fiscales
del FMI-BM. Como resultado de esto, dos semanas después los
productores, trabajadores rurales, sindicatos y partidos de izquierda
organizaron una protesta masiva en Brasilia en la que participaron
100.000 personas, para denunciar el presupuesto de austeridad de
Cardoso.
Enfrentado a la intransigencia
estatal, el MST se volcó a la construcción de coaliciones
político-sociales con movimientos urbanos e intelectuales,
a través de una campaña política nacional:
la Consulta Popular, un programa de desarrollo alternativo que combina
programas industriales nacionalistas, proteccionistas y dirigistas
con reforma agraria y participación de masas en el proceso
político. El "nuevo giro" del MST -su intento de romper con
un marco estrictamente "rural"- llevó a nuevas iniciativas
urbanas, como la organización de residentes de las favelas
en algunas de las ciudades más importantes, incluyendo San
Pablo, Río, y otras. La organización urbana condujo,
en algunos casos, a la ocupación de parcelas en las inmediaciones
de las principales ciudades, como el asentamiento de Nuevo Canudos,
a menos de una hora de San Pablo, que incluyó a trabajadores
desocupados del gremio de la construcción y del metal. El
régimen de Cardoso y el Gobernador del Estado enviaron a
la Policía Militar para desalojar a los ocupadores ilegales
urbanos, con el argumento de que la tierra de Nuevo Canudos era
"cultivada". En realidad, estando a una hora de San Pablo, era tierra
valiosa para la especulación inmobiliaria. La desesperada
situación de los ocupantes de tierra urbanos los llevó
a apropiarse de dos camiones que transportaban pasta y carne, y
eso produjo una razzia policial en el asentamiento y el arresto
de varios activistas.
A comienzos de 1999,
el Gobierno Federal y sus aliados políticos en los gobiernos
estatales decidieron abolir el mandato constitucional existente
que financiaba las expropiaciones de tierra. El régimen de
Cardoso introdujo un esquema del Banco Mundial para crear lo que
bautizó como "reforma agraria de mercado". El Gobierno Federal
desvió fondos del Instituto de Reforma Agraria (INCRA) al
"Banco de la Tierra". El presupuesto general del INCRA fue reducido
53%, de 1.900 millones de reales a 1.000 millones; los fondos del
INCRA para expropiaciones de tierras fueron reducidos de 600 millones
de reales a 200 millones; se cerró la línea especial
de créditos blandos del INCRA para nuevas cooperativas. Los
drásticos cortes en el INCRA implicaban que los campesinos
ocupantes de tierra no tendrían fondos para cultivar la tierra
improductiva que ocupaban. En lugar de eso, el gobierno propuso
comprar tierras a los terratenientes y vendérsela a agricultores
individuales, que serían obligados a tomar créditos
para financiar la producción. El resultado sería la
creación de una clase de pequeños agricultores con
pesadas deudas, que deberían enfrentar una competencia desigual
con las importaciones baratas de alimentos. El resultado sería
la casi segura bancarrota y la reventa de las tierras, que pasarían
de manos de pequeños agricultores familiares a productores
comerciales o a especuladores inmobiliarios.
La inviabilidad económica
de la "reforma agraria de mercado" es evidente. En todo caso, el
propósito del Gobierno Federal es político -eliminar
la posibilidad de que las ocupaciones de tierra del MST conduzcan
a la formación de cooperativas de producción exitosas
(como lo han sido en la mayoría de los casos en todo el país).
El segundo propósito de la estrategia de Cardoso es seducir
a los trabajadores sin tierra con la oferta de asentamientos y de
acceso al crédito, dividiendo con esto al movimiento y creando
en su interior estratos de pequeños productores que apoyarían
al régimen. Las primeras experiencias de la "reforma agraria
de mercado" no son promisorias. Se han producido ya una serie de
grandes demostraciones demandando el perdón de las deudas
como producto de la devaluación masiva y la declinación
de ingresos y demanda.
Los recortes de fondos
que hizo Cardoso se evidencian en el creciente número de
familias sin tierra que han ocupado tierras improductivas y cuyas
demandas de expropiación no han sido atendidas. Durante los
primeros cuatro meses de 1999, 22.000 familias organizadas por el
MST y la Confederación Nacional de Trabajadores Agrícolas
(CONTAG) ocuparon más de 155 grandes fincas. A mediados de
1999 había más de 72.000 familias -más de 350.000
campesinos- "acampando" a la espera de una respuesta. Algunas familias
vivieron en campamentos hasta cuatro años. Reteniendo los
fondos federales, el régimen de Cardoso espera desalentar
la ocupación de tierra y minar el apoyo al MST. La respuesta
usual del gobierno a los trabajadores rurales y a los desempleados
-que debían emigrar a las ciudades- suena a hueco, dado el
20% de tasa de desempleo en la mayoría de los grandes centros
urbanos. La defensa que hace Cardoso de las elites rurales y su
política negativa hacia los potencialmente productivos trabajadores
rurales sin tierra ha aumentado la tensión en las ciudades,
que concentran la nueva ola de productores rurales desplazados.
Esta es otra razón de porqué el MST está cada
vez más dedicado a la organización urbana.
En respuesta a los ataques
del gobierno a la constitución nacional y al desmantelamiento
efectivo de las instituciones de la reforma agraria y sus presupuestos,
el MST se ha volcado a la esfera política. El pensamiento
guía es que lo que los trabajadores sin tierra están
ganando en términos de apoyo popular y ocupaciones de tierras,
lo están perdiendo en términos de financiamiento del
estado para nuevos asentamientos. La conducción nacional
del MST está ampliado sus esfuerzos en dos direcciones: muestra
una creciente tendencia a involucrarse directamente en la política
electoral y aumenta sus esfuerzos para formar coaliciones políticas
en el orden nacional para desafiar directamente al gobierno.
Mientras estos cambios
estratégicos ocurren a nivel nacional, y el Gobierno Federal
intensifica sus esfuerzos para quitarle la iniciativa política
al Movimiento, en el nivel estatal y local los aliados de derecha
de Cardoso agudizan sus ataques al MST. En los estados de Parana,
Para, San Pablo, grupos de activistas del MST y trabajadores sin
tierra han sido torturados, golpeados y encarcelados con falsos
cargos. Por el contrario, militares de alto rango filmados mientras
asesinaban a pacíficos manifestantes han sido exonerados,
como fue el caso de los oficiales que ordenaron la masacre de Eldorado
de Carajas.
Los poderosos lazos entre
los terratenientes y el sistema judicial están demostrados
por el hecho de que, entre 1985 y 1999, con relación al asesinato
de 1.158 activistas rurales, sólo 56 personas fueron llevadas
a juicio y sólo 10 fueron condenadas. Al profundizarse la
crisis económica en 1999 y aumentar el desempleo, la popularidad
de Cardoso cayó estrepitosamente, y lo dejó en una
situación de gran dependencia del FMI-BM y los inversores
extranjeros.
La presión del
FMI-BM para cortar los gastos públicos y reducir el déficit
aumentó la polarización social y son pocos los sectores
productivos de la economía nacional interesados en sostener
al régimen. Enfrentado con el desmantelamiento del Instituto
de la Reforma Agraria (INCRA), el MST trató de ampliar sus
alianzas en el interior del país, trabajando con pequeños
y medianos productores y sus organizaciones para luchar conjuntamente
contra la política de precios y créditos del gobierno.
El aumento de las acciones políticas y las alianzas sociales
del MST corre paralelo a su constante política de acción
directa.
Son varios los factores
que pesan en la conformación de la nueva política
del MST. Primero, la naturaleza muy politizada del sistema judicial,
puesta en evidencia con las graves violaciones jurídicas
que cometió el juez actuante en el juicio a los oficiales
acusados de asesinar a 19 trabajadores sin tierra, en Para. Con
independencia de las poderosas evidencias presentadas y de la declaración
inicial de culpabilidad por parte del jurado, la intervención
del juez, cuestionando la suficiencia de la prueba presentada y
su rechazo al testimonio de testigos oculares, demostró que
sin influencias políticas concretas era imposible asegurar
la justicia en las cortes, contra los influyentes y organizados
terratenientes.
El segundo factor que
da forma al cambio político del MST es el desmantelamiento
del Instituto de la Reforma Agraria y la eliminación práctica
de los fondos para nuevos asentamientos. La estrategia de ocupaciones
de tierra del MST dependía grandemente del reconocimiento
legal que tenía el INCRA, la formalidad de las expropiaciones
y los fondos para lanzar con éxito la producción en
los asentamientos de tierra. Sin los fondos del INCRA, las ocupaciones
de tierra organizadas por el MST se verían en severos aprietos
financieros, en especial para asegurar la semilla, los fertilizantes,
las herramientas agrícolas y los arreglos básicos
para vivir. El régimen de Cardoso, cortando los recursos
del INCRA y desviando recursos al Banco de la Tierra, ha cometido
una violación clara de su mandato constitucional, estableciendo
una nueva agenda política que no puede ser combatida por
la acción directa - o por lo menos por acciones sociales
a nivel local o estatal. Sólo la acción política
directa dirigida a la conformación de un poder político
nacional es capaz de restaurar los fondos para los asentamientos
establecidos a través de la ocupación de tierras.
Sólo las organizaciones políticas nacionales son capaces
de contrarrestar la reforma agraria "privatizada" y al Banco de
la Tierra promovido por el Banco Mundial e implementado por el régimen
de Cardoso.
El tercer factor que
incide en la nueva política de amplias alianzas sociales
del MST, fue la profundización de la crisis económica
y la extensión y radicalización de las demandas de
sectores sociales que estaban antes paralizados o inmovilizados.
Este es el caso de los pequeños y medianos agricultores,
los sectores nacionalistas de la industria nacional, los cada vez
más inquietos empleados públicos, y la creciente masa
de desempleados del antiguo sector industrial privado. El lanzamiento
de la Consulta Popular significa abrir una puerta a la "convergencia
nacional" entre clases sociales geográfica y socialmente
diferentes, dentro y fuera del sector agrícola.
El cuarto factor que
influye en el cambio hacia coaliciones políticas nacionales
son, precisamente, los devastadores efectos de la política
agraria federal. La política de mercado libre, las importaciones
baratas y la relativa declinación de los precios con relación
al crédito y a los costos de los insumos condujo a un éxodo
masivo del campo de casi 5.500.000 personas entre 1986-1996. El
censo rural de 1986 estimaba la población rural en 23,4 millones
de personas; en 1996 la población rural había caído
a 18 millones.
La concentración
de tierras, por un lado, y la falta de tierras en el interior de
Brasil, por el otro, ha continuado acelerándose. En 1970,
las fincas de más de 1.000 hectáreas representaban
el 0,7 del total de las fincas existentes y sus dueños poseían
el 40% de la tierra; en 1996, el 1% de los terratenientes que tenía
fincas de más de 1000 hectáreas poseían el
45% de la tierra. Más de cuatro millones de trabajadores
rurales no tienen tierra. La declinación de la población
rural, y su fuga a la periferia de los pueblos y ciudades es un
importante afluente potencial para los organizadores del MST, en
particular aquellos que mantienen lazos rurales. El MST ha intentado
organizar a desocupados rurales emigrados a las ciudades para llevar
a cabo ocupaciones de tierra en los campos adyacentes, con resultados
inciertos. Uno de los problemas más difíciles es que
casi todas las tierras cercanas a la ciudad están por lo
menos parcialmente cultivadas, un pretexto que el gobierno usa para
desalojar violentamente a las familias que las ocupan. Dentro de
los estrechos límites políticos con que se define
la tierra no cultivable, el MST percibió la necesidad de
involucrarse en política para ampliar su base para la expropiación
de tierras.
Mientras el MST ha dado
un cambio hacia una mayor participación en la política
nacional y la creación de coaliciones en el ámbito
nacional, continúa organizando la ocupación de fincas
improductivas en el interior el país. En los primeros 6 meses
de 1999, el MST organizó 147 ocupaciones con la participación
de 23.000 familias, manteniendo la presión sobre el gobierno,
en desafío a su "reforma agraria de mercado". El MST está
siguiendo una estrategia a dos puntas: continúa la organización
de las bases en el interior y sus alianzas políticas en el
ámbito nacional. La clave del éxito de la alianza
rural- urbana es la extensión y consolidación de un
movimiento rural poderoso que sirva tanto como punto de apoyo del
MST en sus negociaciones nacionales como de catalizador de los movimientos
y partidos urbanos para profundizar su propia inserción en
las organizaciones de base.
Las exitosas movilizaciones
del MST y las transformaciones concretas de los trabajadores rurales
demuestran que un movimiento democráticamente estructurado,
bien organizado, políticamente consciente, puede desafiar
con éxito la agenda neoliberal del Banco Mundial- FMI. El
éxito de combinar tácticas legales y de acción
directa en el contexto de la construcción de un apoyo público
y establecer alianzas sociales con instituciones civiles ha permitido
al MST convertirse en el foco central de oposición del régimen
de Cardoso. La retirada de los partidos tradicionales de izquierda
y los sindicatos no es el producto de los cambios estructurales
de la economía sino el resultado de sus deficiencias políticas
y organizativas.
Las "condiciones objetivas"
en Brasil están maduras para una acción política
de masas. Esto es más evidente en el interior del país,
donde la disminución de ingresos, la liberalización
de las políticas comerciales y las crecientes tasas de interés
han devastado a los pequeños productores y forzado a los
trabajadores rurales a abandonar el campo. El crecimiento del sector
de trabajadores rurales sin tierra, la declinación de la
agricultura de pequeños productores y la expansión
de las grandes fincas constituyen un terreno propicio para que el
MST expanda su influencia y aumente su atractivo. Sus bien organizadas
y exitosas ocupaciones de tierras y la consecuente organización
de cooperativas agrícolas viables y productivas atrajeron
favorablemente la atención del público y eso se evidenció
en las encuestas de opinión realizadas en grandes ciudades.
El fracaso del régimen
de Cardoso en zanjar diferencias con el MST lo llevó inexorablemente
a estrechar vínculos con los partidos de derecha y con las
organizaciones de terratenientes. Su compromiso con la agenda neoliberal
lo condujo a desmantelar el marco legal y político existente,
que permitía una módica reforma del interior. La escalada
de la contrareforma del régimen de Cardoso provocó
a su vez un cambio radical en la estrategia del MST -de un movimiento
social a un movimiento político social; de una organización
del "sector rural", a una coalición que engloba importantes
movimientos y partidos urbanos.
Como argumenta J.Yves
Martin, la estrategia de comercialización de Cardoso está
acompañada por la militarización del campo en una
escalada mutuamente complementaria y altamente conflictiva de confrontación
política. Esto fue representado gráficamente en las
páginas del Finantial Times: por dos artículos que
estaban en la misma página, uno al lado del otro. Uno se
titulaba: "Brasil aligera los controles de capital para atraer inversiones
extranjeras" el otro se titulaba: "Tres policías sobreseídos
por asesinatos en Brasil". Las políticas de Cardoso de atraer
al capital extranjero están estrechamente ligadas a su política
de recortes fiscales y flexibilización laboral, que a su
vez se conecta con mayor represión, que inevitablemente se
conecta con mayor impunidad para los agentes de la represión.
El "modernizador" Cardoso ha quedado profundamente atrapado en la
red de políticas oligárquicas tradicionales: regalías
al exterior, alianzas con terratenientes, políticas sociales
regresivas y represión militar.
El debilitamiento y la
declinación del régimen de Cardoso ofrecen grandes
oportunidades al MST de capitalizar políticamente la nueva
situación. El problema fundamental es la débil y fragmentaria
naturaleza de los movimientos y partidos urbanos, por lo que se
busca unificar fuerzas. Lo que está claro es que el MST ha
reconocido los límites de la "política de movimiento"
a niveles locales, aun cuando hasta ahora ha tenido un impresionante
éxito. La cuestión es si tendrá éxito
en organizar una fuerza política nacional en las aguas turbias
del parlamentarismo urbano y la política de clientelismo
sindical.
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