Documentos de James Petras

James Petras
Traducido para Rebelión por Manuel Talens
(www.manueltalens.com)

Introducción
He pasado el mes de mayo de 2003 en Argentina, visitando fábricas, suburbios de clase obrera, villamiserias (menesterosas viviendas de okupas sin trabajo), asambleas de clase media baja en las ciudades, centros sociales de desocupados y universidades, hablando con sindicalistas, trabajadores desocupados, estudiantes y activistas académicos y de derechos humanos, directores de cine y de video, con las dos agrupaciones de las Madres de la Plaza de Mayo, escritores, médicos, periodistas, y líderes políticos marxistas y de centro izquierda. Ha sido este mi 38º año de visitas, estudios y conferencias en Argentina. Pasé la mayor parte de mi tiempo en el gran Buenos Aires y en la provincia de Neuquén, donde la principal fábrica de cerámica del país pasó a manos de sus trabajadores y está administrada sobre la base de un sistema de autogestión democrática. Argentina es la tercera economía más importante de América Latina (después de Brasil y México) y, hasta finales del siglo pasado, tenía el nivel de vida más alto en la región. Desde entonces, padece uno de los índices de pobreza e indigencia más elevados de América Latina, si se excluye América Central y el Caribe.
Para entender la compleja y cambiante realidad de la Argentina actual, tras cinco años de depresión económica, colapso financiero y levantamientos populares y movimientos de masas en 2001 y 2002, así como el reciente retorno de los partidos políticos tradicionales al poder, es importante identificar los principales acontecimientos politicoeconómicos que dan forma a las perspectivas presentes y futuras de los movimientos populares sociales y políticos.

Siete tesis en Argentina
(1) En el curso de los últimos quince años, Argentina ha pasado de un auge especulativo a mediados de los años noventa a una depresión económica (1998-2003), a un levantamiento popular en 2001 con el florecimiento de movimientos de masas y al actual período de auge de partidos políticos y personalidades de la derecha.
(2) La clase obrera y los pobres han cambiado desde la acción directa de masas hasta un grado elevado de participación electoral entre 2001 y 2003 –la campaña de sectores de la izquierda a favor de la abstención en las elecciones presidenciales de 2003 fue un fracaso total–, puesto que el 79 % del electorado votó.
(3) El movimiento de trabajadores desempleados para ocupar fábricas y autogestionarlas ha sido invertido en parte, pues el Estado desaloja por la fuerza a los trabajadores en algunas fábricas y las restantes están en gran parte a la defensiva.
(4) La unidad de las asambleas populares y del movimiento de trabajadores desocupados ha cedido el paso a la fragmentación y, en algunos barrios, al regreso de los jefes locales peronistas con sus prácticas clientelistas.
(5) La profunda crisis socioeconómica sigue y, a pesar de la frágil «estabilización» durante 2003, la pobreza y los índices de indigencia han seguido creciendo, incluso cuando el desempleo disminuyó ligeramente.
(6) Los «fundamentos» de la economía siguen siendo incompatibles con cualquier recuperación económica sostenida, puesto que la economía neoliberal sigue vigente, las nuevas inversiones brillan por su ausencia, las compañías extranjeras privatizadas y sus socios locales siguen descapitalizando la economía (con la canalización al extranjero de 19 mil millones de dólares en 2002) y el poder del gran capital persiste y sustenta la ampliación de las desigualdades sociales.
(7) Mientras los movimientos de masas han decaído y los políticos convencionales dominan el campo electoral, las organizaciones populares siguen luchando; no han sufrido ninguna derrota decisiva y son capaces de recuperar el terreno si la economía entra otra vez en barrena y los movimientos son capaces de construir una formación sociopolítica unificada orientada hacia el poder estatal. Con vistas a analizar estas «tesis», relacionadas con la Argentina contemporánea, es necesario repasar brevemente los acontecimientos políticos y económicos que condujeron al levantamiento popular de los días 19 y 20 de diciembre de 2001. Podemos dividir los acontecimientos políticos en dos partes, sobre la base de los presidentes de Argentina responsables del auge y del colapso.

Las presidencias de Menem y De la Rua
La presidencia de Menem (1989-2000) fue un período de préstamos extranjeros masivos y privatización de todas las industrias importantes y de la mayor parte de las secundarias, de las compañías de servicios, de los bancos y de los servicios públicos. La mayor parte de los préstamos y de los beneficios se gastaron en la compra de bienes de consumo de importación, miles de millones desaparecieron robados en monstruosas corruptelas y en la financiación del partido justicialista-peronista de Carlos Menem. La bolsa subió por las nubes y los bancos extranjeros abrieron cuentas en dólares cuando el gobierno inauguró su política de convertibilidad entre el dólar y el peso. Hacia 1998, aquella economía no productiva, en manos extranjeras, especulativa y cargada de deudas, entró en una recesión/depresión que se fue haciendo más profunda con cada año que pasaba. La desocupación aumentó, las fábricas, incapaces de competir con los exportadores asiáticos y estadounidenses subvencionados por los Estados Unidos bajo el régimen neoliberal de libre mercado, quebraron. Los ricos con «información privilegiada» retiraron miles de millones y los pusieron a salvo en ultramar. La evasión fiscal de los ricos era la norma. Hacia el final del segundo mandato de Menem, en el año 2000, la economía entró en una espiral de descontrol y se hizo inminente una depresión de grandes proporciones: la deuda de Argentina dobló y ya no había manera de pagar la deuda y financiar una recuperación. En 2000 fue elegido De la Rua, candidato del tradicional Partido Radical, en coalición con un peculiar centro izquierda. De la Rua exacerbó la crisis con una estricta política monetaria, desreguló los mercados financieros y pagó decenas de miles de millones de dólares de deuda externa, mientras que la desocupación sobrepasaba el 20 % y los ingresos disminuían el 30 %. En la carrera hacia su forzada dimisión, los bancos extranjeros transfirieron más de 40 mil millones de dólares a sus sedes en el exterior. De la Rua congeló todos los ahorros y las cuentas corrientes, lo que despojó a la clase media de todos sus ahorros, mientras que los bancos se declararon insolventes, lo cual destruyó literalmente los ahorros de los pensionistas y de cinco millones de argentinos de clase media. La economía se hundió hasta un crecimiento negativo del 15 % en 2001-2002, la desocupación se elevó hasta el 25 % y los salarios cayeron en un 65 %. Protestas callejeras masivas bloquearon las carreteras. El 19 de diciembre de 2001, cientos de miles de empobrecidos individuos de clase media y jubilados, desocupados y activistas sindicales se dieron cita con cacerolas ante el palacio presidencial de la Plaza de Mayo para exigir la destitución de De la Rua. Los manifestantes fueron agredidos por policías a caballo provistos de bastones. Retrocedieron, se reagruparon y entonces la policía los recibió con balas. Más de 30 murieron y muchos resultaron heridos. De la Rua dimitió y escapó en un helicóptero. Decenas de miles de manifestantes se concentraron en la Plaza del Congreso y lo asaltaron. Entretanto, la economía quedó totalmente paralizada durante casi dos semanas. El congreso eligió a tres presidentes en menos de siete días, que se vieron forzados a dimitir ante la presión de los manifestantes. Por fin, los gobernadores provinciales, los congresistas y los dirigentes del Partido Peronista (JP) seleccionaron a Duhalde para la presidencia.

La presidencia de Duhalde – Primera parte: el auge de los movimientos populares
A pesar de las alegaciones de algunos izquierdistas, que consideraron el levantamiento popular de diciembre de 2001 como una «situación prerrevolucionaria», en realidad fue una rebelión espontánea de las masas con un limitado orden del día y un amplio apoyo popular, que iba desde los indigentes a la clase de pequeños y medios comerciantes, antaño bien acomodados. El levantamiento en Buenos Aires se vio seguido por explosiones similares en el interior, en las provincias arruinadas y deprimidas. Pero lo más significativo fue que las asambleas populares barriales se extendieron por todas partes en la ciudad de Buenos Aires y que en ellas se reunieron espontáneamente cientos de miles de ciudadanos para discutir de sus pérdidas, de sus dificultades; quienes antes habían sufrido en silencio empezaron a hablar y a expresar su cólera en aquellas reuniones y los debates se prolongaban durante horas. Se votaron y aprobaron cientos de propuestas y demandas radicales, si bien pocas de ellas fueron puestas en práctica. Los pequeños partidos marxistas y los anarquistas intervinieron, cada uno de ellos con su propio orden del día y su concepción del papel que deberían representar las asambleas. Las discusiones duraban casi toda la noche en parques, plazas y esquinas callejeras. Los anarquistas argumentaban como «horizontalistas» a favor de reuniones abiertas sin orden del día ni líderes ni portavoces ni clausura. Los pequeños grupos marxistas estaban a favor de un orden del día fijo (el de sus prioridades), de una directiva establecida (sus cuadros) y votaciones por mayoría. Cada grupo veía las asambleas como prototipos de «comunas» o de «soviets».
En enero y febrero, los movimientos de trabajadores desocupados (MTD) y las asambleas barriales convergieron en manifestaciones de masas. Los MTD apoyaron las exigencias de las asambleas de clase media de que se descongelaran sus ahorros y, a su vez, participaron en el bloqueo de calles del centro en apoyo de las demandas de empleo y de ayuda alimentaria de los «piqueteros» (trabajadores desempleados). Se organizaron conferencias para unificar ambos movimientos con grupos de derechos humanos, movimientos universitarios, intelectuales progresistas y sindicalistas. Como mucho, se alcanzaron acuerdos temporales entre los líderes de los múltiples grupos implicados, pero más tarde cada uno siguió adelante según su orden del día local. Entre los trabajadores desocupados y las asambleas barriales existía un rechazo general de los tradicionales líderes políticos, expresado en el lema, «Que se vayan todos», lema que para los anarquistas, los partidarios de lo espontáneo y muchos líderes de movimiento sociales significaba un rechazo de cualquier forma de organización política y de actividad electoral. Lo que en un principio era un sano rechazo espontáneo de la clase política dominante se convirtió en un dogma, que excluía el desarrollo de un nuevo liderazgo político y de tácticas flexibles capaces de obtener el poder político institucional. En el punto álgido de las movilizaciones populares, a principios de 2002, los analistas estimaron que entre 2 y 3 millones de argentinos participaron en una protesta pública. Las organizaciones de desocupados contaban con más de 100.000 participantes activos que tomaron parte en gran cantidad de cortes de rutas y en ocupaciones pacíficas de oficinas gubernamentales. A finales de 2001 y principios de 2002, muchas fábricas fueron ocupadas por trabajadores amenazados de despidos masivos y cierres de la empresa. Estaba claro que el sistema capitalista se hallaba sumido en una profunda crisis, que los tradicionales líderes políticos y los partidos estaban desacreditados o en declive y que los nuevos movimientos sociales adquirían importancia política. El principal desafío con el que se enfrentaban los activistas era cómo sostener y ampliar los movimientos, cómo asegurar la influencia o el control de los recursos públicos para financiar empleos, viviendas y sistemas de salud, y por último, cómo desarrollar la coherencia organizativa, encontrar líderes políticos y un programa común para aspirar al poder estatal. A pesar de que el movimiento de trabajadores desocupados en un principio se mostró prometedor en su presión para obtener empleos y financiación para proyectos locales, pronto se vio confrontado a una serie de problemas graves. En primer lugar, el movimiento sólo apelaba a una fracción de los trabajadores desempleados, menos del 10 % de 4 millones. En segundo lugar, mientras que los MTD eran bastante militantes, sus exigencias siguieron centradas en los contratos de trabajos públicos con salarios de 150 pesos mensuales y, fuera de los líderes y de sus seguidores inmediatos, existía en ellos poca profundidad o conciencia de clase política. La asunción de muchos anarcoizquierdistas y marxistas era que la crisis «radicalizaría» por sí misma a los trabajadores o que las tácticas radicales de cortes de rutas crearían automáticamente una perspectiva radical. En esto fueron particularmente dañinos pequeños grupos de estudiantes universitarios que propagaron las teorías de transformaciones «espontáneas», basadas no en la búsqueda del poder político o estatal, sino en la conservación de lealtades locales en torno a proyectos a pequeña escala. Su gurú, un profesor británico desprovisto de cualquier experiencia con los movimientos populares argentinos, aportó un lustre intelectual a las prácticas de sus seguidores estudiantes locales. En la práctica, los profundos problemas estructurales persistieron y el nuevo gobierno de Duhalde pronto inició una gran ofensiva destinada a pacificar los municipios rebeldes de trabajadores desempleados con la oferta de más de dos millones y medio de contratos de trabajo durante 6 meses, distribuidos por sus «hombres y mujeres» leales en los barrios. Esta táctica redujo el poder de atracción de los líderes radicales de los MTD para ampliar sus organizaciones y proporcionó al partido peronista unos lazos organizativos con los pobres y desempleados para futuras elecciones, sobre todo si se considera que los líderes del movimiento rechazaban la política electoral y descuidaron cualquier tipo de educación política. Con el tiempo, la mayor parte de los seguidores iniciales, «anarquistas», espontáneos y grupúsculos partidarios de la «ausencia de poder» los abandonaron y se trasladaron a los comités de desocupados controlados por los peronistas. A principios de 2003, los tradicionales peronistas populistas de derecha entraron de nuevo en los barrios de desocupados y establecieron relaciones clientelistas, incluso con los activistas que seguían apoyando a los MTD de izquierda y participando en cortes de rutas. A pesar de que todos los grupúsculos marxistas seguían activos de alguna forma en las asambleas, movimientos de trabajadores desocupados y ocupaciones de fábricas, sus contribuciones organizativas iniciales se vieron más que rechazadas a causa de sus tácticas sectarias, que buscaban el control en gran parte de las discusiones y ganaban posiciones de liderazgo en reuniones prolongadas (lo cual es una especialidad de los sectarios), una vez que la mayoría de los nuevos militantes se habían marchado ya antes de la medianoche. El resultado fue un conjunto de organizaciones MTD y de «coordinadores» con líderes que competían entre sí, divididos por diferencias mínimas y con frecuencia incapaces de actuar al unísono el Primero de Mayo, y mucho menos en luchas diarias. Los sectarios de izquierda dividieron los movimientos, pero no estaban solos. Otro golpe importante al desarrollo de un movimiento sociopolítico unificado lo dio un grupo de líderes militantes del MTD que elevaron el ambiguo término de «autonomía» a la categoría de principio universal. Al principio, se consideraba que autonomía significaba independencia de la dominación de los partidos electorales (tanto de izquierda como de derecha) y de los corruptos sindicatos burocráticos. Con el tiempo, sin embargo, la «autonomía» empezó a significar actitudes negativas hacia cualquier coalición política, hacia alianzas con cualquier sindicato y hacia cualquier forma de unidad con otros movimientos sociales, excepto sobre una base táctica. La «autonomía» extrema excluyó cualquier alianza estratégica. El MTD sigue siendo hoy una fuerza vital en los barrios pobres, pero su poder de movilización ha disminuido, su movimiento está dividido y el gobierno se dedica cada vez más a tentar a algunos activistas ofreciéndoles beneficios. Las asambleas barriales que surgieron por todas partes en Buenos Aires entre enero y mayo también han sufrido una metamorfosis similar. En sus inicios, los deseos espontáneos de implicarse y hablar con vecinos y amigos, la grave situación común de pérdidas de empleos y ahorros y los cierres de empresas reunieron a decenas de miles en lugares de encuentros de los barrios. Al principio había infinitas discusiones sin fin, que permitieron airear ideas, algunas de ellas inmediatas y prácticas, otras revolucionarias e ideológicas y otras, por fin, peculiares y terapéuticas. Las reuniones duraban toda la noche sin alcanzar ningún plan de acción definitivo, salvo el de reunirse de nuevo a los pocos días. Hubo tentativas de elegir líderes o incluso coordinadores para convocar reuniones, formular un orden del día (cualquier orden del día), pero los espontáneos y anarquistas intervinieron para denunciar cualquier estructura o medida práctica como «autoritaria» o «manipuladora». En los debates que seguían sobre si era preciso tener un orden del día, los grupúsculos marxistas intervinieron con argumentos racionales, pero con objetivos sectarios. Las infinitas discusiones procesales y los prolijos debates entre anarquistas y marxistas dieron lugar a que muchos abandonaran el empeño. La mayor influencia de los marxistas, con su control de los debates y del orden del día, alejó a otros muchos hacia las cafeterías locales o a ver los partidos de fútbol. En enero, cientos asistían a las reuniones en el Parque del Centenario; cuando yo participé, a principios de abril de 2002, había menos de treinta personas, la mayor parte de ellas militantes de organizaciones de partido. Las asambleas barriales desaparecieron o se dedicaron, en algunos casos, a formar comisiones para solucionar problemas locales. Mientras tanto, el régimen de Duhalde empezó a poner en marcha la maquinaria represiva del estado. El punto decisivo fue el asesinato por parte de la policía, en junio de 2002, de tres manifestantes desocupados que bloqueaban el Puente de Pueyredon que conduce a Buenos Aires desde los suburbios. Miles se movilizaron los días siguientes. Una grabación de un videoaficionado identificó claramente a un inspector de policía que le pegó un tiro en la cabeza a un manifestante herido. El video fue ampliamente difundido. Una vez que disminuyeron las protestas, el régimen inició una serie de ataques contra okupas sin hogar que habían ocupado edificios abandonados, desalojándolos. Durante la última parte de 2002 las manifestaciones de trabajadores y de empleados que no cobraban sus salarios fueron violentamente reprimidas en las provincias, sobre todo en el noroeste (Salta, Jujuy y Tucumán). Hacia el final de 2002, el régimen de Duhalde anunció nuevas elecciones para mayo de 2003, sobre la base de una situación económica y social relativamente estable y de los contratos de trabajo mínimo para ir tirando. Duhalde anunció que no sería candidato, desacreditado en gran parte a causa de las astronómicas cifras de pobreza (que aumentaron del 50 % al 60 %) durante sus 18 meses en el cargo. Sin embargo, «designó» y apoyó a su reemplazante, Néstor Kirchner, que terminaría siendo el vencedor. En 2003, los tribunales –con el apoyo de Duhalde– ordenaron que las fábricas controladas por los trabajadores fueran devueltas a sus dueños, incluidos dos de los principales símbolos de la ascensión de la izquierda: la fábrica textil Bruckmann, en Buenos Aires, y la fábrica de cerámica Zanon, en la provincia de Neuquén. El régimen logró desalojar a los trabajadores en Bruckmann, pero fracasó en Zanon. Es importante analizar los motivos de la victoria parcial en Zanon.

Cerámica Zanon: autogestión 2003
La fábrica de cerámicas Zanon está localizada en la provincia de Neuquén, en la región de la Patagonia y es una de las principales fábricas de azulejos para suelo y pared en Argentina. Fue inaugurada en 1979 con cuatro líneas de producción, gracias a una subvención de terreno gratuito, créditos estatales, exenciones fiscales y tarifas de gas y eléctricas a bajo precio. Cuando los obreros la tomaron en 2002, su deuda total con diversos acreedores públicos y privados ascendía a 75 millones de dólares, en gran parte debida a la desviación de las ganancias y a los préstamos de dúctiles autoridades públicas. En 1998, los directivos de Zanon, con el asentimiento de los acomodaticios burócratas sindicales, despidieron a cien trabajadores, lo cual precipitó un movimiento dentro de la planta para sustituir al delegado sindical, ligado a la burocracia y los patrones. Al principio, el «sindicato interno» funcionó de manera clandestina para evitar que los burócratas lo señalasen con el dedo y los patrones procedieran a su despido. Las exigencias de los organizadores eran la protección del empleo, el poder del trabajador en la fábrica, mejores condiciones de trabajo, el final de las mentiras sindicales y, la más importante de todas ellas, la discusión abierta y las decisiones por votación en las asambleas de la fábrica. Los funcionarios sindicales oficiales se opusieron con vehemencia a la exigencia de asambleas populares, así como a otras muchas demandas. Argumentaron, junto con los patrones, que la compañía estaba en «crisis», incluso cuando los contables de planta cercanos a los movimientos de base presentaron documentos que mostraban lo contrario. Los patrones de Zanon intentaron dividir a los trabajadores según su antigüedad, mediante el cierre de las líneas de producción más antiguas y la conservación de las más nuevas. También introdujeron el «trabajo flexible», con el despido de todas las trabajadoras debido a la obligación de combinar el levantamiento de maquinaria pesada con el manejo operativo de ésta. A finales de 1999, el movimiento de las bases ganó las elecciones de la fábrica y, en 2000, salió victorioso en las elecciones provinciales por un margen de 3 a 1. Hay varias fábricas de cerámica en Neuquén. En el proceso que condujo a la ocupación de la fábrica en octubre de 2001, los patrones retrasaron el pago de salarios, cerraron la enfermería y la cafetería y, el 28 de noviembre de 2001, despidieron en masa a la mayor parte de los trabajadores y procedieron al cierre patronal de la fábrica. El 30 de noviembre, los trabajadores de Zanon organizaron una marcha pacífica para presentar una solicitud de intervención al gobierno, pero fueron brutalmente reprimidos. Los trabajadores empezaron a distribuir octavillas en barrios, centros de trabajadores desocupados y entre los empleados del sector público, como profesores y personal sanitario. Su lema, «Una fábrica dirigida por los trabajadores al servicio de la comunidad», apelaba a amplios sectores de la sociedad, incluidos la Iglesia católica y los grupos cívicos. En marzo de 2002 una marcha multisectorial de tres mil personas liberó a diecinueve trabajadores de la cerámica que estaban encarcelados. El 2 de marzo de 2002, los trabajadores que ocupaban la fábrica votaron por iniciar la producción. Tenían la opción de permanecer desempleados y recibir una cantidad de subsistencia de 150 pesos al mes (50 dólares) o tomar el control de la fábrica. El voto fue unánimemente favorable a una fábrica gestionada por los trabajadores. En una asamblea se fijó por votación un salario máximo de 800 pesos mensuales, pagados de forma igualitaria a cocineras, contables, trabajadores especializados y semicualificados. Los trabajadores formaron comisiones para la administración, las ventas, la seguridad y la producción. La planta emplea a trescientos diez trabajadores, de quienes dependen económicamente mil quinientas personas. La política de los trabajadores consiste en «comprar material local» en la medida de lo posible: materias primas, piezas de maquinaria, alimentos, ropa de trabajo. etc. El poder adquisitivo de los trabajadores ha estimulado pequeños comercios locales. Los trabajadores de Zanon han trabajado estrechamente con el MTD en Neuquén, han participado en manifestaciones de masas en defensa de la gestión de la fábrica por parte de los trabajadores y en las demandas de vivienda, trabajos públicos y empleos. Durante los pasados quince meses, la fábrica de Zanon ha estado funcionando bajo la tutela de los trabajadores, mientras que el Estado intervenía otras fábricas en las mismas circunstancias, desalojaba a los trabajadores y devolvía las plantas a los patrones. El éxito de los trabajadores de Zanon en el mantenimiento del control y en la continuación de la producción se debe a varios factores. Ante todo, pusieron en marcha una amplia alianza entre diversos sindicatos (maestros, funcionarios, profesores de universidad), estudiantes, grupos religiosos –incluido el Obispo– y organizaciones de trabajadores desocupados. Estas fuerzas se han movilizado para bloquear las incursiones de la policía y presionar al alcalde de la ciudad y al gobernador estatal a que negocien en vez de reprimir. En segundo lugar, los trabajadores de la fábrica desarrollaron en sus asambleas un alto grado de solidaridad y de conciencia de clase antes de la toma de la fábrica. Esto facilitó discusiones animadas y abiertas y la elección de un comité de coordinación que reflejaba los diversos intereses de los trabajadores. Algunos de los líderes son miembros de pequeños partidos marxistas, pero son una minoría y, lo que es más importante, su lealtad primera es hacia la fábrica, hacia la escucha en las asambleas y hacia la creación de una coalición. No están allí para imponer una línea sectaria. Ninguna «personalidad» domina las reuniones o asambleas. En tercer lugar, los trabajadores de Zanon han «aprendido lo que no sabían» en el manejo de la fábrica. Han compensado sus carencias buscando apoyo técnico y administrativo y siguiendo cursos cortos de ingeniería y de gestión, así como con la ayuda de los pocos administradores que se quedaron y que trabajan en la nueva fábrica dirigida por trabajadores. Igual de importante es que los trabajadores han aprendido haciendo las cosas. Combinan las actividades productivas con la movilización política, en solidaridad con diversos grupos oprimidos, como los indios mapuches, los trabajadores desocupados y otros. Hacen turnos de trabajo de vez en cuando para asistir a manifestaciones políticas y convocan asambleas para «acontecimientos especiales». Las comisiones toman la mayoría de las decisiones diarias relacionadas con la producción y luego presentan cada semana un informe a las asambleas. La asamblea eligió a un antiguo administrador superior como director ejecutivo, sujeto a su autoridad. Dos contadores y un especialista en informática mantienen los libros de contabilidad de la fábrica. Personal sanitario universitario –enfermeras, médicos y psicólogos– trabaja a diario de forma voluntaria en la planta junto a los especialistas de primeros auxilios. Según el psicólogo de la planta, el estrés es el principal problema de salud y se debe a la aceptación de responsabilidades nuevas, al miedo a que el gobierno recupere la planta, al hostigamiento constante de los jueces y a las órdenes judiciales de desalojo. Algunos trabajadores estaban tan acostumbrados a seguir órdenes que sus nuevas responsabilidades hicieron que sufrieran de estrés por miedo al fracaso. La disciplina de la fábrica es elevada, el ausentismo o los retrasos son bajos y los trabajadores están impacientes por agregar capacidad de producción para aumentar el empleo entre sus aliados desocupados. Los principales problemas a que se enfrentan los trabajadores de Zanon son: primero, la amenaza de una orden judicial de desalojo por la fuerza. Los trabajadores de Zanon han obtenido 40.000 firmas para pedir que la legislatura estatal expropie la fábrica bajo su control. En segundo lugar, la planta funciona al 20 % de su capacidad debido a la carencia de créditos, capital y préstamos –los gobiernos estatales y provinciales se niegan a proporcionar cualquier fondo– y ello a pesar de que el Estado se ha gastado miles de millones ayudando a bancos y monopolios privados. En tercer lugar, los trabajadores tienen que mejorar su control de la comercialización. El Estado y los grandes capitalistas en Neuquén han presionado a las empresas para que no compren productos de Zanon: el gobernador, que alardea del lema «Compre Neuquén», importa cerámica de Brasil en vez de comprarla en Zanon y participa en una campaña concertada para socavar la fábrica autogestionada. En cuarto lugar, los trabajadores tienen que establecer un fondo de depreciación. Los gastos actuales incluyen el 70 % para materias primas, el 15 % para salarios y el 15 % para impuestos, electricidad, agua y beneficios netos, lo cual deja muy pocos fondos para nuevas inversiones o para costos de reemplazo de capital. Los trabajadores son conscientes de estos problemas y, tal como declaró uno de sus líderes, «aprendemos constantemente, comenzamos sin experiencia pero ya hemos gestionado la fábrica durante dieciocho meses, y seguiremos creciendo, aumentando, empleando tantos desocupados como sea factible para servir a la comunidad». Mientras que los trabajadores han permanecido firmes en sus luchas, oponiéndose a ataques físicos y detenciones, enfrentándose y derrotando a burócratas sindicales, desafiando al sistema judicial favorable al patrón, los asaltos violentos de la policía y los boicoteos del gobernador y de las principales corporaciones, su heroísmo ha logrado mantener la fábrica porque también buscaron y se aseguraron el apoyo de ingenieros y técnicos para que los entrenaran y los aconsejaran, y también porque crearon una amplia coalición que incluía a la izquierda, pero también a la iglesia, a sindicatos, estudiantes y desocupados. Sin la amplia coalición y el apoyo activo de los profesionales, los trabajadores no habrían tenido éxito. La ausencia virtual de política sectaria y el amplio apoyo comunitario probablemente tiene mucho que ver con el lugar geográfico en que se encuentra Zanon. En las provincias, las luchas internas sectarias son menos intensas, ya que todos se conocen y trabajan juntos cara a cara y la camaradería en el lugar de trabajo es más fuerte que los altercados ideológicos, en particular cuando llega la hora de cerrar filas ante una gran amenaza. De la misma manera, en las ciudades provinciales el concepto de «comunidad» es más fuerte y los vínculos de redes sociales con la familia, los vecinos y las organizaciones sociales crean lazos más cercanos de solidaridad social, en la que la «reciprocidad» en el apoyo a la lucha de los demás es un rasgo común.

Los trabajadores de la telefonía: de trabajador temporal a permanente
Otro ejemplo de victoria en el lugar de trabajo en la lucha de las masas de trabajadores argentinos desde diciembre de 2001 se puede encontrar en la lucha de un grupo de jóvenes trabajadores temporales contra la compañía telefónica. El éxito de la lucha se basó en gran parte en la autoorganización y la cooperación y la ayuda de los trabajadores militantes veteranos, que antes habían luchado sin éxito contra la privatización de la compañía. Casi todos los trabajadores temporales eran estudiantes universitarios que, supuestamente, se encontraban en periodo de «formación en el trabajo» para una futura carrera. De hecho, eran trabajadores a contrato, excluidos de cualquier ventaja social, al igual que otros millones de jóvenes trabajadores. Los salarios mensuales para «temporales» varían entre 115 dólares en las provincias y 200 dólares en Buenos Aires. La universidad recibía el 10 % del sueldo en calidad de agencia de trabajo. Los trabajadores-estudiantes firmaron un contrato de cuatro años como «temporales».Los trabajadores permanentes ganaban 350 dólares más la pensión, los planes de salud, vacaciones y dos pagas extraordinarias al final del año. Al cabo de los seis primeros meses, los «temporales» comprendieron dos cosas: (1) los empleos no tenían nada que ver con su educación universitaria y (2) no había otros empleos en el mercado de trabajo. Comprendieron que eran «trabajadores», no estudiantes en tránsito hacia algo mejor. Durante más de un año, los «temporales» mantuvieron una organización clandestina y publicaron un boletín. En diciembre de 2001, justo antes del levantamiento popular, la compañía telefónica despidió a los líderes de los trabajadores temporales. Aquellos que trabajaban junto a trabajadores permanentes estaban mejor organizados, en gran parte porque los delegados sindicales en los edificios donde trabajaban les proporcionaron apoyo y solidaridad. Organizaron una huelga que se extendió a otros edificios y sectores que eran exclusivamente temporales. La burocracia sindical intentó romper la huelga y luego la aceptó, debido a la diseminación de las protestas de masas en las calles, que llevaron al levantamiento popular de los 19 y 20 de diciembre de 2001. Los trabajadores temporales ganaron la huelga, se convirtieron en trabajadores permanentes y se aseguraron una mejor protección y «períodos de prueba» más cortos para trabajadores temporales recién empleados. Está claro que la victoria de los trabajadores temporales dependió de la solidaridad intergeneracional y de la desaparición de fronteras y miedos entre trabajadores «temporales» y permanentes. Los trabajadores más antiguos temían que los temporales los sustituyeran y éstos pensaban que los permanentes no les harían caso en la búsqueda de sus propios intereses económicos. El puente crucial lo constituyeron los militantes delegados sindicales con conciencia de clase, que tenían la experiencia y la capacidad para oponerse a los burócratas sindicales y proporcionar los instrumentos organizativos para la victoria.

Río Turbio
Río Turbio es un pueblo minero en la poca hospitalaria punta austral de Argentina, con un militante sindicato de mineros del carbón que condujo satisfactoriamente a una lucha para nacionalizar de nuevo la mina –al menos parcialmente– con la participación de la burocracia sindical. Varios de los líderes sindicales son miembros de un partido marxista, pero se consideran primero sindicalistas y luego miembros de su partido, de cuyas opiniones y prácticas sectarias discrepan con frecuencia. La fábrica fue privatizada en 1994 y parcialmente nacionalizada de nuevo a principios de 2002. Los burócratas sindicales de la compañía de electricidad poseen el 25 % de las acciones, como hacen otros propietarios privados de acciones. La nueva nacionalización parcial fue el resultado de una acción conjunta entre el sindicato local de mineros del carbón, otros sindicatos del sector público y una asamblea de la comunidad general de 3000 personas (el 21 % de los 14.000 residentes de Río Turbio). La práctica de una solidaridad y una participación comunitaria de masas fue muy anterior a los acontecimientos de diciembre de 2001, aunque quizás el tamaño de la asistencia reflejara la influencia de los acontecimientos en Buenos Aires. Después del éxito parcial de los trabajadores, la asamblea barrial desapareció, y reaparece cada vez que hay una cuestión importante que afecta a la ciudad o a la región. La clave de la asistencia comunitaria fue el contrato de la empresa minera y el papel del estado en impedir que la compañía privatizada quebrase debido a la mala gestión y a la desinversión. En 2003, la mayoría de los trabajadores votó a favor de Néstor Kirchner en las elecciones presidenciales, como una alternativa moderada al derechista Menem, y los sindicalistas de izquierda no tuvieron ninguna influencia sobre el comportamiento en las urnas de los miembros del sindicato: «la campaña a favor de la abstención fracasó y los candidatos de los partidos marxistas apenas obtuvieron votos (menos del 2 %). Los sindicalistas marxistas criticaron a los partidos de izquierda –incluidos los suyos– por participar en la política «con un cubo en sus cabezas» y sus lemas resonándoles en los oídos, lo que hizo que confundieran el eco de sus propias voces con lo que pensaban y decían la mayor parte de los trabajadores. Los líderes sindicales de izquierda en Río Turbio, a diferencia de los marxistas en Buenos Aires, no consideraron el levantamiento popular de diciembre de 2001 como una «situación prerrevolucionaria», porque, según señalaron, ni entonces ni ahora había ninguna estructura revolucionaria». Los líderes mineros estudiaron el declive del movimiento de masas desde finales de julio de 2002 hasta la actualidad (junio de 2003) y señalaron como un momento clave de tal declive la intervención estatal en las minas en junio de 2002, que sustituyó la asamblea de trabajadores por funcionarios designados.

Presidente Kirchner: perspectivas para 2003 La elección de Néstor Kirchner en mayo de 2003 marca una nueva línea divisoria en la política argentina, línea que probablemente tendrá un impacto importante sobre la clase obrera y las luchas populares en el futuro inmediato. Los comentarios iniciales de Kirchner, los nombramientos para su gabinete, la purga de militares y sus promesas de deshacerse de los corruptos y derechistas jueces del Tribunal Supremo, así como su encuentro con grupos de derechos humanos son un buen augurio para el futuro del país. Sus nombramientos reflejan un enfoque pragmático y moderado que mezcla a partidarios personales de su propia provincia de Santa Cruz con un heterodoxo ministro económico social liberal y varios partidarios del saliente régimen de Duhalde. Su oposición a las exigencias del Fondo Monetario Internacional de reiniciar de inmediato el pago de la deuda y la promesa de posponer o condicionar los pagos a la recuperación económica son respuestas racionales para un país en el que el 60 % de la población se encuentra por debajo del umbral de pobreza y más del 20 % está desocupado. Su «retiro» forzoso de cincuenta generales y almirantes de derecha y su reemplazo con oficiales destinados en su provincia de Santa Cruz es una medida de seguridad para debilitar la capacidad golpista de los Estados Unidos y sus aliados entre la elite argentina. Kirchner ha dado la prioridad a la financiación de un proyecto de trabajos públicos de tres mil millones de dólares para reducir el desempleo. Se trata de medidas progresistas que han gustado a la mayoría de los argentinos. Sin embargo, hay varios elementos contradictorios en el orden del día de Kirchner. Ante todo está la cuestión del poder político: su estrategia económica de capitalismo de estado, regulado y dirigido, no depende de la cooperación, la inversión y la producción por parte de la banca, la agroexportación y las compañías controladas por extranjeros, ninguna de las cuales se ha mostrado favorable a cualquiera de las medidas mencionadas. Si, tal como parece probable, prosiguen sus actividades especulativas, envían sus ingresos al extranjero y no invierten el dinero, Kirchner se enfrentará a la opción de aumentar el papel del Estado y nacionalizar de nuevo las compañías lucrativas o capitular y dar marcha atrás en sus compromisos. La segunda contradicción se encuentra entre su promesa de mantener una política fiscal ajustada y proporcionar una compensación a las compañías privadas que hayan salido perdiendo a causa de la devaluación y a la necesidad de aumentar los gastos para financiar proyectos generadores de empleos. Kirchner propone financiar las nuevas inversiones mediante una recaudación fiscal más estricta y el castigo a los evasores fiscales, pero si la historia pasada sirve de ejemplo, le será difícil cumplir con estas medidas. Además, la mayor parte de la clase dirigente argentina considera el castigo de los evasores fiscales como un «acto hostil» y puede condicionar las ofertas de inversiones futuras a una política de clemencia ante la evasión fiscal. En cuarto lugar, la derecha peronista, incluidos los partidarios de Menem y del régimen de Bush, y los banqueros poseen una fuerza importante en el Congreso, en el Tribunal Supremo y entre los gobernadores de varias provincias. Este año hay elecciones para renovar esos cargos. Si Kirchner espera proseguir con su política pragmática, tendrá que movilizar y organizar a las clases populares, lo cual lo obligaría a una ruptura con el Partido Peronista, algo bastante improbable. En consecuencia, tendrá que echar mano de decretos presidenciales o poner en peligro la mayor parte de sus reformas de la estructura del poder institucional.
En el momento de su investidura, tenía el apoyo de facto de las tres confederaciones sindicales, de la gran masa de la clase media empobrecida, de importantes sectores de funcionarios y de sus sindicatos y de la mayoría de empresas pequeñas y medianas. El Fondo Monetario Internacional y el capital financiero local e internacional lo están presionando para que permita que los acreedores recuperen las hipotecas de las decenas de miles de propiedades de las clases medias bajas de argentinos, es decir, de las mismas clases que esperan de él nuevas iniciativas que lleven al país a un mayor desarrollo nacional. La llegada de Kirchner es un reto a los nuevos movimientos de trabajadores desocupados y sindicalistas militantes, que han decidido suspender las confrontaciones durante tres meses para permitirle al régimen que defina y ponga en práctica su política social y económica. Dado el amplio apoyo de que goza Kirchner, se trata de un enfoque realista y práctico, que deja abierta la posibilidad de una acción directa si Kirchner no logra cumplir con sus promesas.

Conclusión
La política argentina ha dado un vuelco completo, desde un levantamiento popular que obligó a la dimisión de un presidente y de varios presidentes en ciernes hasta el retorno de un presidente que casi salió elegido (Menem se retiró antes de la segunda vuelta). Los argentinos han pasado de la lucha en las calles a las urnas, del desprecio por los políticos tradicionales a la esperanza de que el presidente recién elegido empiece a invertir la caída del nivel de vida y reactive la economía. Este ciclo no ha sido el de un automático «movimiento pendular», sino que se ha basado en la incapacidad de la izquierda, de los marxistas, socialistas, anarquistas, «horizontalistas» y otros muchos para organizar y canalizar el amplio descontento que se extendió por todo el país durante más de seis meses tras el desplome del sistema financiero y el empobrecimiento de las masas. Si alguna vez las «circunstancias objetivas» llegaron a favorecer una transformación radical, ése fue el período entre diciembre de 2001 y julio de 2002, con sus movimientos de masas en las calles, una clase media proletarizada en su nivel de vida, si no en sus perspectivas, y la clase dirigente desacreditada pero nunca desalojada o eficazmente derrotada; también, con un movimiento de trabajadores desocupados para ocupar fábricas abandonadas: 160 ocupaciones de las 2500 compañías cerradas tuvieron lugar entre 2001 y 2002. Más allá de los errores tácticos, varias cuestiones teóricas pasaron a primer plano. Una rebelión popular de masas no es una revolución. El hecho de concluir, como tantos de izquierdistas y anarquistas hicieron, que hubo una «situación prerrevolucionaria» (entre diciembre 2001 y febrero de 2002) y de actuar como si la búsqueda de «reformas» y la creación de coaliciones con sindicatos progresistas no fuese necesaria, dio lugar al aislamiento de la vanguardia del movimiento y a la pérdida de contacto con la mayoría de trabajadores desocupados descontentos y con la clase media. El segundo punto teórico es que ninguna organización tenía apoyo suficiente como para asumir cualquier papel de mando (incluso si todas ellas fingían ser autosuficientes) ni de definir un proyecto político hacia la toma, con el tiempo, del poder estatal. En ausencia de un mando unificado y cohesivo, los diletantes intelectuales y los líderes locales dividieron los movimientos en nombre del fetichismo autonomista y del vanagloriado vanguardismo, y todos ellos se pusieron el «cubo en la cabeza» y se creyeron sus propios lemas espontáneos o revolucionarios... que seguramente no resonaron entre las masas.
El tercer punto es que los movimientos sociales (sobre todo algunos de ellos) que carecen de una vocación para alcanzar el poder y rechazan la lucha política, terminan como grupos de presión dentro de un sistema político dominado por los políticos tradicionales y por los partidos. El lema antipolítico «Que se vayan todos» intimidó a los eventuales candidatos de izquierda y, en última instancia, llevó a la dominación completa de la política electoral por parte de los partidos tradicionales de derecha.
El punto final y más importante es que, cuando la masa de la población se rebeló y le dio la espalda a los partidos tradicionales, no estaba preparada u organizada para una insurrección política de tipo «barricadas»: buscaba una formación política de masas unificada, creíble y capaz de ofrecer al electorado una salida de la crisis. Incluso si una minoría de activistas pensó que había llegado el momento de luchar por el poder, estaban fragmentados, divididos y carecían de líderes experimentados, capaces de organizar una opción seria, incluso minoritaria, por el poder, en ausencia de medios militares para consumarla. Sin duda las ilusiones de «insurrección» se disiparon después de los días embriagadores de diciembre de 2001 y principios de enero de 2002. La tarea de organizar a los tres o cuatro millones de desocupados estaba en el orden del día; los trabajadores empleados del sector privado estaban todavía controlados por los dirigentes sindicales. Estos problemas nunca fueron resueltos. Los cientos de miles de activistas radicalizados no se convirtieron en millones. Y, sin embargo, había una manera de organizar una alternativa electoral unificada de las masas para iniciar el proceso de cambio, ya que la clase dirigente estaba dividida en cinco facciones enfrentadas. Esto también fue desaprovechado, por parte de los anarquistas, que rechazaron las elecciones; de los líderes de movimientos, que rechazaron la política como algo corrompido por naturaleza; de las sectas marxistas, cada una de las cuales presentó a sus gurús singulares para consolidar su 2 % del voto. Una oportunidad perdida para la transformación no cuenta toda la historia. Tal como demuestran nuestros estudios de caso de Zanon, de los mineros de Río Turbio y de los jóvenes trabajadores de la telefonía, hubo victorias sustanciales: Zanon demostró que las fábricas dirigidas por trabajadores pueden tener éxito; los trabajadores temporales pueden cambiar sus contratos de trabajo; las asambleas populares pueden trabajar con los sindicatos y con grupos de desocupados. El levantamiento de diciembre es un punto de referencia para millones de argentinos. Los días heroicos de solidaridad de masas y los cambios de régimen son un recordatorio de lo que el poder popular puede lograr y logrará, incluso si es espontáneo. Es también un recordatorio de que si el presidente Kirchner fracasa, el ciclo puede invertirse otra vez hacia la política de masas, y es posible que entonces los activistas y militantes tengan en cuenta las experiencias positivas y negativas del pasado.