El colapso de grandes empresas trasnacionales de la energía y las comunicaciones -Enron, WorldCom, Adelphi y otras- ha perjudicado a numerosos pensionistas y pequeños inversionistas. Pero también ha producido pérdidas enormes a muchos políticos corruptos, narcotraficantes e individuos acaudalados de América Latina que transfirieron ilegalmente e invirtieron miles de millones de dólares en el mercado estadunidense de valores. Los latinoamericanos adinerados que confiaron con fervor en el consejo de los bancos de inversión de Estados Unidos estaban seguros de que el mercado de valores de este país, y en particular las mayores y mejor conectadas de las trasnacionales, eran dignos de su confianza. Esos mismos inversionistas tenían profunda desconfianza en la economía y la gente de sus países. Los megaestafadores estadunidenses tomaron sus fondos y los dejaron con papeles sin valor: WorldCom pasó de 96 dólares a 6 centavos por acción. Típico caso del pez grande que se come al chico. Un ejemplo, quizá, de perversa justicia, pero que para las víctimas finales en América Latina apenas si representa cierta satisfacción emocional.
El vasto y trascendental esquema de corrupción, encubrimientos y fraude en las más altas esferas del mundo empresarial estadunidense tiene profundas raíces culturales y políticas y consecuencias económicas de largo alcance. En Estados Unidos es dogma aceptado la idea de que "lo que es bueno para los negocios es bueno para el país": las figuras más prestigiadas e influyentes en los ámbitos de la cultura, la política, la academia y los medios de comunicación provienen del mundo empresarial. Su posición dominante no se pone en duda, incluso si sectores del público llegan a criticar sus excesos.
Políticos de los dos partidos principales buscan el apoyo financiero de esas figuras en las campañas electorales, y después de los comicios, banqueros, financieros y abogados de empresa dominan el gabinete y el banco central. Muchos funcionarios de alto nivel entran al mundo de los negocios cuando dejan sus cargos públicos.
El hecho de que los reguladores gubernamentales no hayan detectado los fraudes que se fraguaban en los más altos niveles empresariales obedece en parte a la creencia de que los hombres de negocios son incapaces de actuar mal. Y si cometen delitos, es mejor que los investigadores miren al otro lado, por miedo de poner en tela de juicio la confianza esencial de la gente en el sistema empresarial. Sólo cuando la corrupción de los grandes consorcios condujo a un descenso considerable en la confianza de los inversionistas se decidió el gobierno a intervenir, en un intento por restaurar el sistema. El temor en Wall Street es que los estafadores capitalistas provoquen el retiro de inversiones y el colapso del sistema. Otro caso de perversa moralidad: la injusticia conduce a una justicia de naturaleza onerosa y limitada.
El tercer ejemplo de la paradoja de la injusticia en Estados Unidos se refiere al refugio que proporciona a notorios torturadores. El Centro de Justicia y Responsabilidad ante la Ley, organización de abogados estadunidenses que defiende a víctimas de tortura, señala que más de mil torturadores y ex dictadores extranjeros viven en Estados Unidos, de los cuales más de 300 están en Florida. En forma selectiva Washington brinda un santuario a terroristas de ex estados clientes en todo el mundo. Entre ellos se cuentan el oficial militar que organizó el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, el oficial de la policía secreta chilena que asesinó al general constitucionalista Carlos Pratts, el notorio torturador haitiano Emmanuel Constant y muchos más.
Estos terroristas viven en libertad en Estados Unidos porque colaboraron estrechamente con las agencias de inteligencia de Washington hasta que se les amenazó con la persecución judicial. Washington no puede permitir que sean extraditados porque eso socavaría su relación con los regímenes represivos y torturadores de hoy.
El gobierno de este país brinda refugio a conocidos torturadores-terroristas por más que ese hecho debilite considerablemente la actual campaña mundial contra el "terrorismo". ¿Qué autoridad moral tiene Estados Unidos para perseguir terroristas más allá de sus fronteras si los resguarda en su territorio? La paradoja de la injusticia (proteger a clientes terroristas) conduce a la justicia (el desenmascaramiento de la campaña antiterrorista de Washington como subterfugio para dominar el mundo).
Existe, sin embargo, una paradoja aún mayor. La creciente crisis moral, política y económica del país no propicia ningún movimiento de reforma o renovación política ni ningún desafío serio a la estructura económica del mundo empresarial estadunidense. En cambio el régimen de Bush planea metódicamente otra guerra, una invasión militar de Irak. Una guerra contra Irak se percibe como una forma de distraer la atención de la profunda corrupción empresarial y los estrechos vínculos entre los altos ejecutivos de los consorcios y el gobierno de Bush. La guerra sirve para inducir al público a enfocar su atención en la "moralidad de una guerra justa" y no en la inmoralidad de los altos círculos. Puede utilizarse para provocar inestabilidad en Medio Oriente y Europa y atemorizar a los inversionistas para que compren dólares e inviertan sus capitales en el mercado estadunidense de valores.
La guerra contra Irak y otros países llamados "terroristas" puede emplearse para silenciar las críticas a la doble moral de Washington hacia el terrorismo. La guerra, en otras palabras, se considera en Washington un medio necesario para resolver favorablemente los efectos debilitadores de las perversas paradojas domésticas.
Con una agenda bélica, el gobierno de Bush puede contar con que los medios masivos cambiarán su enfoque de la inmoralidad de la elite empresarial a historias terribles sobre Saddam Hussein, y del derrumbe del sistema económico a noticias sobre victorias militares de las fuerzas armadas estadunidenses. Con una guerra los medios dejarán de comentar la decadencia moral de los negocios y elogiarán las virtudes de la "intervención humanitaria". La idea de Washington es que la única forma de evitar la opción de una reforma política como mal menor ante el descrédito es mediante un mal mayor: la conquista de Irak. La guerra permite a Washington continuar protegiendo a directivos empresariales corruptos, y a terroristas clientes del pasado y el presente en nombre del antiterrorismo. La conquista de Irak, que cuenta con la segunda reserva petrolera en importancia en Medio Oriente, se ve en el Pentágono como un medio de recobrar inversiones extranjeras y fortalecer el dólar.
Toda la historia del gobierno de Bush está basada en la construcción fantasiosa, desde el 11 de septiembre hasta ahora. Ahora sabemos que Al Qaeda no era una organización mundial: cuando mucho tenía 200 miembros. Pese a las declaraciones diarias o semanales del gobierno sobre nuevas amenazas terroristas, ninguna se ha materializado. Los dos "terroristas" detenidos eran ex convictos analfabetos que apenas si saben amarrarse las agujetas. Los 150 mil millones de dólares gastados en el antiterrorismo han llevado casi a la bancarrota a la industria aérea, al derrumbe masivo del turismo y al asesinato de cientos de afganos inocentes que celebraban bodas. El gasto gubernamental en el ejército y la policía ha conducido a una disminución de la inversión pública que podría estimular el crecimiento y revivir la confianza en el mercado estadunidense. Todo esto conduce a la última y mayor paradoja: el uso de la guerra por el gobierno de Bush para resolver la crisis nacional puede ni más ni menos que exacerbar todas las contradicciones internas: los bribones empresariales seguirán actuando con impunidad; nuevas y mayores estafas ocurrirán, y ello puede propiciar más fugas de inversionistas del mercado estadunidense y nuevas caídas del dólar. La guerra puede elevar temporalmente la menguante popularidad de Bush, pero la exaltación militar de Rumsfeld y Cheney no evitará una caída profunda de la economía y la inseguridad general que será consecuencia del desempleo masivo.
© James Petras
Traducción: Jorge Anaya