PLAN COLOMBIA

Los intereses económicos
 tras el Plan Colombia 

Los intereses económicos, deben diferenciarse entre aquellos relacionados con el neoliberalismo en marcha en Colombia, en el continente y el mundo, de las ligadas a intereses específicos de las empresas transnacionales, principalmente norteamericanas, aspectos cuyo análisis es el objetivo del presente punto. 

1. Plan Colombia y modelo neoliberal 

La Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia, en la síntesis de su Documento Nº 6 titulado “Plan Colombia: Una Estrategia sin Solución”, de febrero del 2000, afirma que: “En lo económico el plan Colombia plantea un plan de estabilización muy parecido a los de “Ajuste estructural”, con graves consecuencias en el corto plazo sobre las ya difíciles condiciones de distribución del ingreso y el empleo.
Se incrementa el endeudamiento externo, se privatiza para hacer asistencialismo, se socializan las pérdidas y se pretende explicar que los sacrificios de hoy serán el crecimiento y la mejor distribución del ingreso en el mañana. Aunque esto fuera cierto, es objetivo decir que la propuesta económica planteada no contribuye en el corto y en el mediano plazo a la paz y la convivencia social, aún si se lograse un acuerdo entre los actores armados de la guerra”, cita que no expresa otra cosa que la intencionalidad del gobierno de Colombia de avanzar en la consolidación del modelo neoliberal, como igualmente lo asevera Sergio Ramírez cuando señala que: “Con el Plan Colombia, el imperialismo norteamericano busca consolidar, por la vía de la intervención militar, una política económica neoliberal que permita imponer, sin resistencia, las determinaciones del Fondo Monetario Internacional(FMI), que significarán privatizaciones, desempleo, salarios miserables y toda clase de garantías a las transnacionales para  explotación de sus recursos naturales y la inversión extranjera.  Por esta razón el  mencionado plan representa un respaldo al antidemocrático y represivo Estado colombiano y al gobierno de Pastrana. En la tarea de preservar y acrecentar sus privilegios de clase, la oligarquía colombiana es servil con EE.UU.  Está dispuesta no sólo a acentuar la explotación y miseria del pueblo, sino también a vender todas las empresas, servicios y recursos naturales a la voracidad insaciable de los grupos económicos internacionales”[41].    
Afirmaciones que podrían ser objetadas bajo la acusación de constituir solamente frases retóricas, de barricada, de no mediar las actuales condiciones del desarrollo mundial, y el movimiento social que se desarrolla actualmente en Colombia por parte de una serie de organizaciones de trabajadores y gremiales en contra de las privatizaciones, así como por el tratamiento específico que en el texto del propio Plan Colombia se otorga a la “modernización” y a la “inserción en un mundo globalizado”, identificando la primera, mediante una ofensiva ideológica importante, con las privatizaciones,  y, la segunda, con un aperturismo a ultranza, que pasa igualmente por los incentivos para el crecimiento de la inversión directa extranjera, incentivos entre los cuales se destaca la venta de las empresas públicas en precios substantivamente menores que los precios reales, o, como en el caso de Bolivia, al 50 por ciento del valor mediante la disposición del 50 por ciento del valor para la capitalización de la empresa, circunstancias todas que anuncian que el Plan Colombia camina por la ruta emprendida por el gobierno de Pastrana: la modernización privatizadora y el aperturismo neoliberal, bajo el argumento de la globalización. 

2. Plan Colombia y los intereses económicos específicos  

En el campo de los intereses económicos específicos, entre estos de las empresas transnacionales, principalmente de los Estados Unidos de América, es posible determinar tres tipos claramente definidos:  

            1.   Las ventas para la guerra;

            2.   El negocio de las drogas; y,

            3.   La expansión recolonizadora.

2.1. Las ventas para la guerra 

Como lo anuncia Pascual Serrano,  “Las empresas norteamericanas de armas ya están comenzando a tomar posiciones. El periodista Tob Robberson, citando fuentes militares estadounidenses, informa en el “Dallas Morning News” que por lo menos seis compañías privadas de este país, especializadas en asuntos militares, han establecido contactos en la región, anticipándose a futuros contratos con Colombia. Cita, entre otras, a Dyncorp, Inc. y a Recursos Profesionales Militares, Inc., identificada también como MPRI, las cuales han estado vinculadas con contratos para el apoyo logístico y entrenamiento de la policía y las fuerzas colombianas de contrainsurgencia. Ed. Soyster, portavoz de la MPRE, ex teniente general del ejército y antiguo director de la Agencia de Inteligencia de Defensa ha declarado que su compañía “se está preparando para la adjudicación de nuevos contratos en caso de que el nuevo paquete de ayuda resulte aprobado (...). La compañía debiera estar bien posicionada para la obtención del contrato, ya que también ayudó al gobierno colombiano a diseñar el Plan de Acción en tres fases que fue presentado al Congreso (...) indicando las partidas a las que se destinarán los 1.600 millones de dólares”. Asimismo, según Soyster, la MPRI mantiene una base de datos de 11.000 oficiales, entre retirados y activos, disponibles para trabajar en asignaciones temporales. Esto se enmarca en la nueva modalidad de mercenarismo de la guerra denominado Outsourcing”[42].   
En esa perspectiva,  lo que antes se relata no es ninguna novedad, todos los procesos de guerra como el que propicia el Plan Colombia tienen, entre otros objetivos, el de dinamizar la economía de los países que “generosamente” participan del financiamiento, puesto que, como es igualmente conocido, todos los paquetes de ayuda que contienen asignaciones para compras, establecen el país de origen de los bienes a adquirir, lo que en buen romance no significa otra cosa que las compras deben concretarse con empresas de los países financistas y no a empresas competidoras de otros países, aunque estas ofreciesen mejores condiciones de venta. Ello, por cierto, no excluirá una guerra brutal económica en los países que financian el Plan Colombia, entre las distintas empresas productoras de bienes de guerra similares, guerra que por cierto ampliará el espectro de funcionarios corruptos, como no puede ser de otra manera en países en que la coima y la comisión se han institucionalizado, como medio para “optimizar las ganancia” en nuestros países, en los que aquella y el rédito han sido elevadas a la categoría de objetivo existencial  de las clases dominantes. Esperemos que en el futuro podamos conocer el resultado de la “guerra económica”, no por económica menos tenebrosa, sucia y despreciable como toda guerra.  

2.2.     El negocio de las drogas 

En el negocio de las drogas, como lo sugieren los especialistas, debe ser dividido en sus distintas etapas: narco producción, narco procesamiento, narco tráfico, narco distribución y narco lavado, dadas las características diferentes que les son propias:  

1.   En tanto en el proceso productivo de la coca participan pequeños campesinos, en el tráfico, procesamiento, distribución y lavado lo hacen grandes organizaciones mafiosas;

2.   En el narco tráfico se observa la participación de narcotraficantes menores, pero ésta no es significativa respecto a los volúmes totales;

3.   En el financiamiento de todas las etapas antes mencionadas, participan las organizaciones mafiosas. 

A más de las diferencias mencionadas, valga insistir en las implicaciones que ello tiene, por ejemplo, para la erradicación o no de las plantaciones por los métodos violentos, como las fumigaciones, propuestas por el Plan Colombia[43]. Efectivamente, si se recuerda que las plantaciones son financiadas por las grandes mafias, es fácil concluir sobre la existencia de una gran movilidad de los cultivos entre distintas zonas e incluso países, dada la gran capacidad financiera que poseen. En otros términos, una reducción real de los cultivos de coca sólo sería posible si los campesinos tuviesen otra opción de vida, si por ejemplo la erradicación de la coca se realizase por medios manuales, sobre la base de una ayuda efectiva para la redistribución de la propiedad de la tierra y el desarrollo de futuros cultivos.    
La fumigación genera el efecto contrario, ya que, sume aún más en la pobreza a la población campesina al privarle de los actuales ingresos, a lo que se suma la  desprovisión de tierras que también les caracteriza, circunstancias que les convierte en presa fácil de las grandes mafias, precisamente por la precaria condición a la que la ha conducido la injusta distribución de la propiedad de la tierra y la fumigación que termina por acabar con su forma actual de vida.    
En consecuencia, en tanto no se resuelvan los problemas de pobreza extrema mencionados no existe viabilidad cierta de erradicar el cultivo de coca. Las grandes mafias ya se encargarán de seleccionar las nuevas zonas de cultivos para la coca, y los gobiernos neoliberales de crearles las masas de empobrecidos que asumirán la responsabilidad de cultivarla y recolectarla.   
Ahora bien, si las grandes mafias son las que disponen de una casi ilimitada capacidad financiera, es obvio que sin debilitar esa capacidad no es posible terminar con el tráfico de drogas. Una de las medidas sugeridas por el Dr, Gustavo de Greiff, ex Fiscal General de Colombia, es la legalización del tráfico de drogas, acompañada de la responsabilidad de los países consumidores de adoptar medidas para despenalizar el consumo de drogas y desarrollar amplias campañas educativas y de salud para avanzar en la reducción del número de adictos.  
Cierto es que  la polémica entre quienes apoyan o rechazan la legalización del comercio de drogas asumen posiciones extremas, por la elevada incertidumbre que esa medida recrea, como por la posibilidad cierta de presentar ejemplos históricos que permiten decir o desdecir bondades y defectos. Tal es el caso de la legalización del uso del tabaco y del rapé, cuyo uso fue incluso considerado como hecho pecaminoso, utilizado como paradigma del incremento de adictos luego de su legalización, o de la legalización del comercio de licores en los Estados Unidos, esgrimido como paradigma de éxito en la desarticulación de las mafias organizadas.    
En el caso de la despenalización del consumo, quienes se oponen a la legalización del comercio,  arguyen los ejemplos fallidos de   España y Holanda, manifestando que en esos países se ha incrementado el número de adictos, sin considerar la diferencia entre legalización y despenalización y la necesidad de la aplicación simultánea de las dos medidas. En otros términos, no reparan en que la sola despenalización no es más que una parte de las medidas a adoptar. A todo ello, valga mencionar que una despenalización no acompañada de campañas intensivas para reducir la adicción, no puede ser efectiva, como ha ocurrido en los dos países antes mencionados. En otros términos, para que la despenalización tenga éxito sería necesario destinar por lo menos fondos iguales a los actualmente destinados a reprimir el narcotráfico.     
Ahora bien, es necesario indicar que el negocio de las drogas no se circunscribe al tráfico y consumo de drogas de origen natural, ya que, como es conocido existe la producción, tráfico, distribución y consumo de drogas sintéticas, respecto a lo cual vale mencionar que si bien se carece de información estadística cierta que permita determinar con exactitud las ponderaciones de la participación de las drogas de origen natural respecto a las sintéticas, si es posible afirmar que el avance de las segundas respecto a las primeras es significativo, como lo demuestra la presencia de un importante número de drogadictos a la droga denominada “éxtasis”[44], principalmente  los Estados Unidos y en Europa, así como en países del continente como es el caso de México.    
En la perspectiva anterior, la economía de la droga y la presencia de grandes mafias organizadas para su producción y tráfico no es solamente un problema colombiano, peruano o boliviano, es un problema de los países desarrollados, principalmente de los Estados Unidos, principal productor de drogas sintéticas  en el mundo. Ante ello ¿No sería procedente proponer un “Plan Estados Unidos” que acabe con todos los centros de producción mediante bombardeos masivos de sus propias fuerzas armadas?. La pregunta , por cierto es  inaceptable, como son inaceptables los procedimientos  guerreristas contenidos en el Plan Colombia.   
Finalmente, es necesario referir otro aspecto  que hace a la economía de las drogas al cual no se presta una similar atención, a pesar de su gran importancia:  el reciclaje de los narcodólares en el sistema financiero de un gran número de países, incluso los Estados Unidos como lo reveló el caso Raúl Salinas de Gortari, por ejemplo, reciclaje que permite desde dinamizar economías como la colombiana, hasta el robustecimiento de sistemas financieros endebles como el ecuatoriano, actualmente inscrito en una ampliación del narco lavado como consecuencia de la dolarización, uno de los métodos más eficaces para posibilitar el reciclaje de dineros provenientes de las drogas.
El breve recuento anterior sobre la economía de las drogas permite advertir que los métodos violentos como la fumigación o el exterminio militar de las FARC y el ELN, incluso en el supuesto no consentido de que ello será posible en el corto plazo, serán insuficientes para acabar con la economía de la droga, para ello se requiere considerar la ineludible corresponsabilidad de los países en los que se ubican los contingentes más grandes de consumidores, como los Estados Unidos y los principales países europeos, como lo reclama el propio Plan Colombia en su décima estrategia, la que conceptúa como: “Una estrategia de orientación internacional que confirme los principios de corresponsabilidad, acción integrada y tratamiento equilibrado para el problema de la droga. Se deben tomar acciones simultáneas contra todos los eslabones de la cadena de este flagelo. . . .”   
En tanto Estados Unidos y los países europeos no reconozcan la corresponsabilidad, que pasa por la consideración de legalizar las drogas y despenalizar el consumo, como lo propone uno de los más importantes luchadores que en contra del narcotráfico ha dado Colombia, la solución del problema de la economía de las drogas no será viable. 

2.3. La expansión recolonizadora 

Una de las razones de ser del Plan Colombia, como se anuncia en su introducción, es eliminar  la: “desconfianza entre los inversionistas extranjeros, hecho que ha sido uno de los mayores obstáculos en nuestro camino hacia la modernización. La inversión extranjera es un elemento esencial en la generación de empleo y en el logro de una posición estable y prospera para Colombia en un mundo ahora globalizado”, generada por la violencia y el narcotráfico, cita de la cual vale destacar la importancia que se otorga a la inversión extranjera para la modernización de Colombia y la generación de empleo en un mundo globalizado.   
Al respecto valga puntualizar que, como lo ha expresado con propiedad Franz Hinkelammert: “Después del colapso del socialismo histórico (...) la sociedad burguesa necesitaba una palabra para designar su dominio mundial efectivo y la profundización global de ese dominio en el futuro. La palabra ‘globalización’fue escogida como el portador ideológico de una aspiración total. Cambió el diccionario del newspeech. Si antes ‘global’ era una denuncia dirigida contra los críticos de la sociedad burguesa, ahora fue transformada en portador de una dominación global. Con el enorme esfuerzo de los medios de comunicación, la opinión pública reaccionó como el perro de Pavlov. Hoy todo tiene que ser global”[45], que el apetecido proceso de modernización en el actual mundo global no significa otra cosa que un nuevo proceso de colonización global, el cual se sustenta, precisamente en la inversión extranjera.    
En consecuencia, no puede dejar de afirmarse que uno de los propósitos del Plan Colombia pasa por el establecimiento de mejores condiciones para  la inversión extranjera, bajo el disfraz de una supuesta modernización que, por la experiencia de la mayoría de países latinoamericanos que han utilizado y aplicado los mismos principios, no hasignificado otra cosa que la privatización de las empresas públicas, de todo tipo, a favor de las grandes empresas multinacionales, principalmente norteamericanas. En otros términos, el Plan Colombia se propone crear las mejores condiciones posibles para privatizar el patrimonio colombiano.   
Siendo ese uno de los objetivos del Plan, resultan totalmente procedentes las aseveraciones de Sergio Ramírez respecto a los intereses específicos que mantienen las empresas transnacionales en Colombia, entre estas las norteamericanas, cuando afirma  que mediante el Plan Colombia: “EE.UU. busca generar las condiciones propicias para establecer una zona comercial viable hacia el futuro. En tal perspectiva, la compañía Occidental Petroleum (Oxy) de Estados Unidos está interesada en realizar inversiones para explotar petróleo y gas natural en el norte de Colombia. La intervención militar haría posible tal iniciativa de control de la principal riqueza de esa nación”[46]. 
Intereses específicos que no son extraños al conocimiento del pueblo de Colombia, si se reconoce la lucha que desarrollan ya las fuerzas populares en oposición al proceso privatizador que, en el marco del proceso neoliberal, trata de avanzar el gobierno del Presidente Pastrana. En consecuencia, puede afirmarse que otro de los intereses específicos que se ocultan tras del Plan Colombia es el crear condiciones de tranquilidad, en que el Estado colombiano se consolide, pueda ejercer el poder en todo el territorio colombiano, especialmente en la amazonía donde existen ricos yacimientos petroleros y de metales preciosos, para proceder a entregarlo a los intereses extranjeros, principalmente norteamericanos.    
La consolidación del Estado colombiano, acompañada de un robustecimiento de las fuerzas armadas y policía, debería igualmente  disponer de la fuerza coercitiva suficiente para cumplir con el programa privatizador exigido por el imperio, ya que, como lo indican las experiencias que en este campo se han cumplido en América Latina, es casi inviable sin una “manus militaris” fuerte que la soporte.  

[46]  Ramírez, Sergio: “A derrotar la intervención armada en Colombia”.