PLAN COLOMBIA

El carácter anti revolucionario
del Plan Colombia

El objetivo militar de los distintos gobiernos burgueses colombianos que se han sucedido en el poder, tienen por objetivo terminar con las FARC y el ELN, para lo cual ha hecho uso de varias estrategias, entre las cuales vale citar: 

1.   En uso de las fuerzas regulares del ejército colombiano;

2.   El apoyo al desarrollo y al sostenimiento de fuerzas paramilitares; y,

3.   El proceso de negociación.  

De los aspectos mencionados en el presente punto se incluye un análisis sobre el primero y el segundo, puesto que el tercero ha quedado prácticamente invalidado por la ya mencionada nueva estrategia adoptada por Washington y por la consecuente decisión de bloquear el proceso de negociación de la paz entre el gobierno colombiano y las FARC y el ELN, como lo reclamaba la derecha política colombiana, por ejemplo a través del Diario El Tiempo, para imponer el escenario militar, evidenciado por la intensificación de las acciones guerreras que se desataron desde mediados del mes de octubre del 2000, en procura de una derrota total de las fuerzas insurgentes, antes que avanzar en el proceso de negociación de la paz y forzar a los militares a aceptarla. 
No obstante lo expresado en el párrafo inmediato anterior, y precisamente por las implicaciones que de ello se deriva, hemos de insistir sobre la necesidad de realizar todos los esfuerzos por revertir la estrategia que pretende imponer la fuerza de las armas sobre la  paz. Saludemos todo esfuerzo para reanudar las negociaciones, por limitadas que éstas se planteen, como el anunciado para establecer una tregua por navidad. Tratemos por todos los medios que se acallen las voces de las armas, para que se imponga la calma de la cordura, de la negociación para lograr una paz estable y duradera, como es el deseo mayoritario del pueblo colombiano y de los pueblos del mundo. Apoyemos todos los pronunciamiento a favor de las soluciones políticas, negociadas y concertadas.  

1. Apoyo al desarrollo y al sostenimiento de las fuerzas paramilitares 

No es casual que el pasado mes de julio las denominadas AUC hayan dado su público respaldo al Plan Colombia, como lo destacaba el diario El Mundo de España en el titular de la noticia: “Los paramilitares colombianos respaldan el Plan contra la droga (...) Las AUC aprueban las nuevas medidas contra el narcotráfico, a pesar de que controlan la zona de mayor producción de coca del mundo”, reproducido en la Revista Correo, Nueva época, Número 83 de septiembre del 2000[35], ya que al interior de la sociedad colombiana se levantan voces en clara defensa de la participación de las fuerzas paramilitares en el conflicto colombiano, como lo demuestra la encubierta apología del rol de las mismas emitida por la derecha colombiana, a través de su medio de comunicación social más representativo,  el Diario El Tiempo de la ciudad de Bogotá, cuando señalaba,  en editorial suscrito por Miguel Posada del Centro de Análisis Sociopolíticos, que: “En la mayoría de los conflictos mencionados, (Omán, Malasia, Venezuela, Perú y  de muchos otros N.A.) tuvieron una participación eficaz las organizaciones de autodefensa, legales y coordinadas por las Fuerzas Militares. Además, se integraron a ellas desertores de la subversión”[36], afirmación que nohace otra cosa que confirmar el rol asignado a las fuerzas paramilitares por las Fuerzas Armadas de Colombia y la relación que éstas guardan con el ejército colombiano, a pesar de todos los esfuerzos que por desmentirlos se realizan, principalmente desde el seno de las propias fuerzas armadas colombianas.    
El respaldo mencionado se explica entonces por lo que establecían las FARC cuando mencionaban que la violencia parainstitucional: “no tiene por objeto la transformación de la sociedad, sino el de garantizar complementar y suplementar su adecuado funcionamiento cuando el Estado no está en condiciones de hacerlo por las limitaciones que tiene en todos los órdenes. Parainstitucional en la medida en que es afín a los objetivos del ordenamiento existente y se compromete con el auxilio a la organización institucional”[37], cita a la que debe agregarse que el “suplemento” de las actividades paramilitares no es otro que el realizar el trabajo “sucio”, que va desde el asesinato de dirigentes obreros, campesinos, intelectuales y periodistas comprometidos con la causa de Colombia, hasta la provocación en el territorio de países vecinos, especialmente el Ecuador, con los propósitos de desprestigiar a las FARC y el ELN, y de tratar de lograr que nuestras fuerzas armadas se involucren en el conflicto armado.   
En términos concretos el ejercicio paramilitar en Colombia, se realizó con la ayuda de fuerzas especiales estadounidenses, las que instruyeron a las Fuerzas Armadas colombianas en la formación de grupos de paramilitares para que cumplan su labor anticomunista, una de cuyas tareas fue el asesinato de casi 5.000 miembros de la Unidad Patriótica, creado como un brazo político abierto de las FARC, experiencia que determinó que las FARC, en la etapa actual de su desarrollo, hayan desestimado la presencia legal de su nuevo partido denominado: “Partido Comunista Bolivariano de Colombia”, a pesar de las múltiples voces que provenientes de la derecha colombiana incitaban a que adopten la misma condición que la Unidad Patriótica, seguramente en el afán de reeditar el genocidio anterior.   
La magnitud de la masacre mencionada permite pensar que no podía ser ejecutada sin la participación o, por lo menos, la anuencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía, connivencia que se ha ido demostrando como irrefutable, por lo que puede afirmarse que en Colombia se instauró una organización para llevar adelante una política de terrorismo de Estado, como lo han denunciado en innumerables oportunidades organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, o la trágica constatación de que Colombia haya alcanzado el récord más alto de violación de los DD.HH en el hemisferio occidental, por los casi 10 asesinatos políticos que se cometen cada día, de los cuales el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos atribuye entre el 70 y el 80 por ciento a los paramilitares.   
La coordinación o por lo menos la cooperación entre las Fuerzas Armadas colombianas con los paramilitares, siempre negada por las fuentes oficiales,  se ve corroborada por eventos como el siguiente denunciado por la Corporación CLÉBER el que señala, luego de relatar detalladamente la serie de asesinatos, torturas y atropellos cometidos con la población del corregimiento de La Pacha, municipio de Altos del Rosario, región del sur de Bolívar, que: “Después de este hecho los paramilitares permitieron a algunas personas que fueran por comida a la cabecera municipal de Barranco de Loba (sur de Bolívar), para poder desplazarse era necesario portar un salvoconducto en el que debían consignar datos personales como el número de la cédula, familiares en el pueblo, tiempo de duración de su ausencia de la población (no más de un día), y actividad que iría a realizar. Este salvoconducto debía ser presentado ante el comandante del ejército: un sargento apodado el Oso que está al mando de una compañía especial del Batallón Nariño, adscrito a la segunda brigada con sede de mando en Barranquilla, Capital del departamento del Atlántico en la costa norte de Colombia. Al regresar a Pueblito Mejía debían reportarse nuevamente ante los paramilitares y presentar el salvoconducto. Todas estas personas eran inscritas en unas planillas. En la actualidad para poder ingresar a la región es necesario que las personas se presenten, en Barranco de Loba, ante el sargento del ejército quien después de coordinar con los paramilitares permite o niega el ingreso al sector rural del municipio”[38].
Visto que la negación de la colaboración continuará, incluso y a pesar de que el propio Departamento de Estado ha marginado de la ayuda americana a dos batallones con asiento en Tres Esquinas, sobre las base de la decisión americana de no incluir en la ayuda a los grupos de las Fuerzas Armadas colombianas que no respeten los derechos humanos, o de que la televisión ecuatoriana en sus reportajes diarios sobre la tragedia colombiana presente tomas in situ que demuestran la convivencia de las Fuerzas Armadas de Colombia con los paramilitares en todos lo poblados del sur de Colombia visitados por dichos canales, es necesario incluir in extenso las conclusiones y recomendaciones del documento “Los Lazos que Unen: Colombia y las relaciones militares-paramilitares” el que señala que: “Human Rights Watch presenta en este documento pruebas detalladas, abundantes y convincentes de los constantes lazos estrechos entre el Ejército de Colombia y los grupos paramilitares responsables de graves violaciones a los derechos humanos.   
Esta información ha sido recopilada por investigadores del gobierno colombiano y Human Rights Watch. Varias de nuestras fuentes de información, entre ellos testigos presenciales, nos solicitaron que  ocultáramos su identidad debido a que sus vidas han sido amenazadas como resultado de su testimonio.   
En lugar de adoptar medidas decisivas para cortar los lazos con los paramilitares, las pruebas de Human Rights Watch sugieren claramente que el alto mando militar colombiano aún no ha dado los pasos necesarios para lograr este objetivo. La información de Human Rights Watch implica a brigadas del Ejército Colombiano que operan en las tres ciudades más grandes del país, entre ellas la capital, Bogotá. Si los dirigentes colombianos no pueden o no quieren detener el apoyo de estas unidades a los grupos paramilitares, la resolución gubernamental de poner fin a los abusos a los derechos humanos en unidades que reciben asistencia de seguridad de Estados Unidos ha de ponerse seriamente en entredicho.   
En previos informes y documentos de Human Rights Watch se han expuesto en detalle pruebas creíbles y convincentes procedentes de investigaciones oficiales y de otros organismos de la continua relación entre el Ejército y los grupos paramilitares dentro de la Quinta, Séptima, Novena, Décimo Cuarta y Décima Séptima Brigadas.   
En conjunto, las pruebas recopiladas hasta ahora por Human Rights Watch relacionan a casi la mitad de las 18 brigadas del Ejército de Colombia (salvo las escuelas militares) con la actividad paramilitar. Estas unidades operan en la zona de las cinco divisiones militares colombianas. En otras palabras, el apoyo militar a la actividad paramilitar es un asunto nacional y cubre áreas donde unidades que reciben o están designadas para recibir ayuda militar estadounidense operan.   
Human Rights Watch ha llamado la atención sobre estos hechos a los ministros y funcionarios competentes del gobierno colombiano y les ha instado a que tomen medidas inmediatas para resolver estos problemas continuos de conformidad con las leyes colombianas. 

Partiendo de las pruebas adjuntas, Human Rights Watch concluyó que:  

        - “Tan recientemente como 1999, los investigadores del gobierno colombiano reunieron pruebas de que oficiales del Ejército habían establecido un grupo “paramilitar” utilizando a oficiales militares en activo, retirados o en la reserva, junto con paramilitares contratados, que operaba efectivamente al lado de soldados y en colaboración con ellos. Algunos de los oficiales implicados siguen en servicio activo y en posiciones de mando;

        - En 1997, 1998 y 1999, una investigación exhaustiva realizada por el gobierno colombiano recopiló pruebas convincentes de que oficiales del Ejército colaboraban estrechamente con paramilitares a las órdenes de Carlos Castaño. Compartían inteligencia, planeaban y ejecutaban operaciones conjuntas, suministraban armas y municiones, apoyaban con helicópteros y asistencia médica, y se coordinaban con los paramilitares a diario;

        - Existen pruebas creíbles, obtenidas mediante investigaciones del gobierno colombiano y entrevistas de Human Rights Watch, de que en 1998 y 1999, agentes de inteligencia militar reunieron información sobre colombianos asociados con la protección de los derechos humanos, los organismos oficiales de investigación y los diálogos de paz, que fueron después objeto de amenazas, hostigamientos y ataques por parte del Ejército, a veces con la asistencia de grupos paramilitares y sicarios;

-     Existen pruebas creíbles de que esta alianza entre la inteligencia militar, los grupos paramilitares y los sicarios tiene alcance nacional y capacidad para amenazar a investigadores clave de la Fiscalía General y la Procuraduría;

-     Las brigadas que se citan en este informe -la Tercera, Cuarta y Décimo Tercera- operan en las ciudades más grandes de Colombia, entre ellas la capital. Sus comandantes se consideran entre los más capacitados e inteligentes, y son los principales candidatos para ascensos a puestos superiores de mando de divisiones, el Ejército y las fuerzas conjuntas de Colombia. Si los líderes de Colombia no pueden o no quieren detener el apoyo a los grupos paramilitares dentro de estas unidades, es muy cuestionable que vaya a tener más éxito con unidades menos controladas o que operan en áreas rurales, tales como las que reciben asistencia de seguridad de Estados Unidos en el sur de Colombia;

-     Como subrayan estos casos, los organismos civiles de investigación de Colombia, especialmente la Fiscalía General, son capaces de realizar investigaciones sofisticadas e implacables. Sin embargo, muchos investigadores asignados a casos que implican al Ejército y los paramilitares se han visto obligados a renunciar o huir de Colombia;

 -    Al menos siete de los oficiales mencionados en el informe adjunto se han graduado en la Escuela de las Américas. La formación por sí sola, aunque incluya cursos de derechos humanos, no impide los abusos a los derechos humanos. Ha de estar acompañada de acciones claras y decididas por parte del gobierno colombiano para llevar ante la justicia a los miembros del Ejército que hayan cometido abusos a los derechos humanos, obligar al Ejército a cortar sus antiguos lazos con los grupos paramilitares y garantizar que las Fuerzas Militares de Colombia están sometidas al estado de derecho, lo que incluye acatar la decisión de la Corte Constitucional de agosto de 1997 decretando que el personal de las fuerzas de seguridad acusado de cometer crímenes de lesa humanidad sea juzgado en tribunales civiles”[39].

Finalmente valga resaltar que  la represión a los paramilitares es una obligación cuyo incumplimiento está penado por normas internacionales, como lo comprueba la siguiente fundamentación del Grupo Nizkor de Bruselas, ante la denuncia de la Corporación CLÉBER antes referida.  

La fundamentación afirma lo siguiente: 

“1. Según el Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg y las sentencias posteriores reafirmadas por el Tribunal ad hoc de la Ex Yugoslavia en julio de 1999 en el caso TADIC, la responsabilidad de los comandantes militares y dirigentes civiles que controlan la zona donde actuaron los paramilitares son responsables de no impedir la actuación de los paramilitares con las mismas responsabilidades penales individuales que si hubieran dirigido las operaciones en la zona de su comando. 

     Los comandantes de la zonas militares que son responsables en la cadena de mando de la que dependen los batallones y los jefes de los batallones son responsables de no impedir la actuación de las organizaciones criminales que componen los grupos paramilitares, no es suficiente las alegaciones de subordinación territorial ante la comisión de delitos de esta naturaleza. Estas responsabilidades deben ser depuradas ante un tribunal bajo el criterio de que “no sólo deben saber, sino que están obligados a saber” lo que ocurre en sus zonas de comando, como ha reafirmado en sentencia de 3 de marzo de 1999, en el caso TIHOMIR BLASKIC, el Tribunal Penal Internacional de la Ex Yugoslavia. En este caso el Batallón Nariño, adscrito a la segunda brigada con sede de mando en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico en la costa norte de Colombia.

2. La actuación de los paramilitares en Colombia recoge un patrón de instrumentación de operaciones militares encubiertas que hacen responsables a los cuerpos militares y al Estado Mayor del ejército de Colombia de crímenes de guerra, secuestros, desapariciones forzosas y demás delitos constituidos en la figura de crímenes graves contra la humanidad. Estos delitos ni prescriben, ni son amnistiables tal cual ha dictaminado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los informes que afectan al Batallón Atlacatl en El Salvador. Lo mismo ocurriría si sus responsabilidades fueran depuradas con los parámetros utilizados por los Tribunales Penales Internacionales y la doctrina actual sobre el Derecho Internacional Humanitario.

3. Los paramilitares deben saber que según los convenios de Ginebra los mercenarios no tendrán derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra y que además serán juzgados por ser integrantes de una organización.

4. Es evidente que se están utilizando formas de exterminio de población civil que siguen perfiles de modelos de análisis y control social con la utilización de técnicas de simulación por ordenador que determinan las listas de personas que son “nodos” de activismo civil político, social y cultural y que son: a) son fijadas como blanco; b) son amenazadas como forma de determinación del blanco a las unidades paramilitares; c) son despejadas las áreas geográficas de actuación paramilitar en zonas rurales o fijadas zonas de cobertura de seguridad en zonas urbanas; d) son otorgadas facilidades de comunicaciones y coordinación y finalmente se determina el momento dela ejecución.

Estos hechos son constitutivos de la figura de organización criminal y planificación sistemática de exterminación de población civil. Según la Comisión Colombiana de Juristas, durante 1998 de un total de 1656 incidentes registrados el 81,8 por ciento fueron cometidos por paramilitares y por las fuerzas de seguridad del Estado. Entre 1994 y 1998 las violaciones graves de paramilitares y militares se han más que doblado.

5. El exterminio es un crimen contra la humanidad, y por lo tanto punible bajo el Derecho Internacional. El exterminio es reconocido como crimen contra la humanidad en el artículo 6(c) del Estatuto de Nuremberg; artículo II(1) (c) de la Ley Núm. 10 del Consejo Aliado de Control, órgano supremo de los aliados en Alemania, ocupada después de la II G.M.; artículo 5(c) del Estatuto de Tokio y Principio IV(c) de los Principios de Nuremberg. Se incluyó también en los estatutos de los tribunales penales internacionales para la Antigua Yugoslavia (artículo 5) y Ruanda (artículo 3), así como en el Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad [1954: artículo 2, párr. 11 y 1996: artículo 18(b)].

6. Tomamos nota y apoyamos en todos sus términos, la Declaración Publica del Comité Permanente de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional del Parlamento Canadiense de 16oct99 que dice expresamente “Hace un llamado al Gobierno de Colombia a intensificar tanto la investigación de la masacre de Barrancabermeja como también todas las actividades orientadas a reducir y prevenir la violencia, la violación de los derechos humanos en el país y a que ponga fin a la impunidad especialmente respecto a los crímenes de lesa Humanidad”[40]. 

En consecuencia, incluso en el caso de que las relaciones entre las Fuerzas Armadas de Colombia no mantuviesen relaciones con los paramilitares, es de su obligación el reprimirlas, y no apoyarlas como incluso parece señalar su reciente intervención en los combates en el Putumayo, cuando, ante la ofensiva iniciada por los paramilitares, las FARC lanzaron una contraofensiva exitosa. 

2. El apoyo militar abierto 

El apoyo militar abierto que se hallan prestando los ejércitos de otros países latinoamericanos, en el marco de las estrategias acordadas en apoyo al Plan Colombia, quedó ya explicada en puntos anteriores, no así la intervención directa del ejercito norteamericano, como efectivamente sucede si se da fe al diario El Tiempo de la ciudad de Bogotá, el cual en su edición correspondiente al 2 de agosto manifestaba que: “Desde marzo E.U. comparte inteligencia con el Ejército, entrena un batallón antinarcóticos con el objetivo de golpear a la guerrilla, intenta conseguir US$ 600 millones más para la guerra y, según la revista Newsweek de ayer, ya tiene 300 hombres operando permanentemente en Colombia”.  
A lo antes expuesto valga sólo recordar que los mapas sobre las guariciones militares colombianas ratifican lo aseverado por Newsweek, ya que en ellos es posible observar la distribución de los instructores norteamericanos en las distintas bases militares colombianas, lo que confirma  el apoyo y la presencia militar de los Estados Unidos en territorio colombiano, lo que, por otra parte explica el por qué de la declaratoria como “objetivo militar” a los ciudadanos norteamericanos por parte de las FARC.