PLAN COLOMBIA

“Decidir quién es señor y quién esclavo, no depende solamente  del hecho de disponer de capital, de las fábricas, de los ejércitos, sino también –y cada día más inequívocamente- de disponer de la conciencia de los demás”

Hans Magnus Enzensberger

  La campaña para, mediante una amplia y constante desinformación desarrollada a través de todos los medios de comunicación social, tratar de lograr consensos mínimos en apoyo al Plan Colombia, el involucramiento de los países limítrofes, la entrega de bases consideradas estratégicas por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, se ha convertido en el pan de cada día en nuestros países, por lo que es indispensable señalar cual ha sido su proceso, a fin de descubrir cuales son sus verdaderos, protervos objetivos. Este el sentido del análisis del presente punto. 

1. Manipulación para viabilizar el Plan Colombia  

Como quedó mencionado, el logro de una mínima viabilidad del Plan Colombia exigió una amplia y sostenida campaña comunicacional en los distintos países y organizaciones, mediante la cual se pretendió venderla como un plan de paz y anti narcotráfico. Para ello, no se mantuvo reparos en publicarlo en varias versiones, según el público al cual se lo dirigía, como lo confirma la siguiente cita tomada del Suplemento especial de la Revista Desde Abajo, de Noviembre de 1999, en la que se afirma que: “Hoy está más que comprobado que del Plan Colombia (....) existen al menos tres versiones:

-     La auténtica, que hemos traducido, fue presentada a los senadores norteamericanos motivándolos a identificar el proceso colombiano como una amenaza para su país y demandando su apoyo para los esfuerzos militares en tres focos geográficos, cuyo primer escenario a un año lo constituye el departamento del Putumayo. Y en los dos años siguientes el turno le toca al centro y al sur occidente del país. En este documento el proceso de paz ocupa el V orden.

-     La de mostrar a la opinión pública de Norteamérica, que fue traducida la semana anterior por la comisión segunda del Senado y que ignora los apartes militares. En esta versión, para las apariencias, el proceso de paz se presenta en segundo lugar.

-     La destinada a la Comunidad Económica Europea destaca la defensa de los Derechos Humanos y suprime las referencias persistentes al fortalecimiento militar”[9]   

  A lo anterior se suman los esfuerzos desplegados para mantener el secreto sobre el Plan Colombia, desarrollado por el gobierno colombiano, para lo cual acudió a los siguientes artilugios:

a.      El Plan Colombia:“ni se consultó al Parlamento colombiano y tampoco a sus Comisiones de Asuntos Exteriores, en su redacción no participó el Consejo Nacional de Paz, creado por ley de la República, ni fue tema en la agenda de la Mesa de Negociación y Diálogo entre el gobierno del Presidente Andrés Pastrana y el movimiento insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)” por lo que: “Se trata, por tanto, ya en su génesis, de un plan ideado por Estados Unidos, sin participación de las fuerzas sociales colombianas y al servicio de uno de los actores del conflicto, el gobierno colombiano”[10]; y,

b.   El Plan Colombia presentado oficialmente al gobierno de los  Estados Unidos en septiembre de 1999, no se divulgó oficialmente en Colombia sino hasta en el mes de enero del 2000, esto es, tres meses luego de su presentación ante el Congreso de los Estados Unidos.

Mas, todos los esfuerzos por esconderlo ante la opinión pública colombiana, en principio, y luego para maquillarlo fueron inútiles, toda vez que la manipulación de conciencias, para poder ser tal presupone la reproducción del “libre albedrío”, juicio y capacidad de elección de los manipulados, para lo cual deben los manipuladores, inexorablemente, entregar  por lo menos una parte de la verdad, parte que termina por ser suficiente para descubrirla en su totalidad, como es el caso del Plan Colombia publicado en forma integral por la Revista Desde Abajo en Octubre de 1999, cuando el gobierno colombiano aún hacia esfuerzos por mantenerlo en secreto, actitud similar a la asumida por el gobierno ecuatoriano en el caso del Acuerdo suscrito para la ocupación de la Base de Manta, como lo reseñamos inmediatamente.

2. Manipulación para el involucramiento de los países  limítrofes  con Colombia 

El principal instrumento utilizado para justificar el involucramiento de los países limítrofes con Colombia en el proceso desatado por el Plan Colombia, ha sido y continúa siendo, las acusaciones infundadas sobre supuestas incursiones de  las FARC, así como la supuesta posibilidad de que las FARC y el ELN atraviesen las fronteras nacionales y  extiendan la guerra a esos países, argumento mantenido a pesar de los continuos manifiestos de las FARC  de que ello no es una posibilidad ni remotamente cierta. 

En el sentido mencionado, la declaración de Donnie Marshall, jefe de la Agencia estadounidense antidrogas, DEA, es especialmente relevante, cuando de acuerdo a la nota de 25 de septiembre  de PULSAR, advierte a los países vecinos de Colombia sobre el riesgo de que la violencia traspase sus fronteras con la aplicación del Plan combinado para combatir la droga, dado que: “El llamado Plan Colombia llevará la confrontación a sus extremos con el fin de atacar las redes de narcotráfico y ese proceso fácilmente se confundirá a los narcotraficantes, con la guerrilla y los pobladores campesinos” lo que producirá grandes desplazamiento de gentes, los cuales podrían internarse en los países vecinos a Colombia, por lo que Donnie Marshall:  “pide al resto de gobiernos aplicar “políticas agresivas” para detener ese proceso”[11], lo que a más de confirmar lo enunciado respecto a la estrategia militar de contención que actualmente cumplen los ejércitos de Ecuador, Perú y Brasil, pretende se niegue la solidaridad que todos debemos a los desplazados colombianos conducidos a esa precaria e inhumana situación, precisamente, por los designios del imperio, del cual es un alto representante, precisamente, el señor Donnie Marshall. 

2.1. Manipulación para el involucramiento del Ecuador  

En el caso ecuatoriano, la manipulación tendiente a justificar la movilización del ejército ecuatoriano hacia la frontera norte se inicia el 11 de septiembre de 1999, cuando aún no era conocido el texto completo del Plan Colombia, fecha en la cual se produce el secuestro de un grupo de 12 personas, entre turistas y trabajadores petroleros en la vía Lago Agrio-Tarapoa, en la Provincia de Sucumbíos colindante con territorio colombiano, situación ante la cual el gobierno ecuatoriano inmediatamente de cometido el ilícito procedió a acusar a las FARC de tal acción, la que posteriormente se descubrió como producto de una supuesta acción de delincuentes comunes, ya que, en realidad se tratan de actos delincuenciales cometidos por los paramilitares colombianos, hipótesis hoy aceptada como cierta, incluso en las esferas oficiales.   
Posteriormente, el 12 de octubre del 2000, en pleno desarrollo del Plan Colombia, se produce un nuevo secuestro, en este caso de 10 trabajadores petroleros de la empresa española-argentina Repsol-YPF, 6 americanos, 1 chileno, 2 franceses (quienes posteriormente supuestamente escaparon al amparo de una tormenta tropical, si damos fe a las declaraciones oficiales) y 1 argentino. Ante este hecho, el Vicepresidente del Ecuador, Pedro Pinto, en su calidad de Presidente encargado, inmediatamente afirmó en rueda de prensa que las FARC: “han reivindicado que fueron las que produjeron el secuestro en represalia por el Plan Colombia”12, declaración a la cual se agregó la de las Fuerzas Armadas del Ecuador en la que aseveraron que los secuestradores: “actuaron con el rostro cubierto y se identificaron coma FARC”[12] , posición en la cual se insistió en días posteriores, a pesar de que las FARC habían negado tal posibilidad a través de declaraciones ofrecidas por Simón Trinidad, vocero de las FARC, al periodista Gonzalo Guillén, en la que había expresado: “Nosotros no estamos en territorio ecuatoriano. La confrontación la adelantamos en territorio nacional. Mantenemos buenas relaciones con los países y pueblos vecinos. No incursionamos en ninguno de los países vecinos, pedimos es apoyo de estos países en nuestra lucha por construir una Colombia con justicia social y en paz”[13], así como por las declaraciones ofrecidas a AP por el Jefe Guerrillero Carlos Antonio Lozada, en las que afirmaba: “Le puedo asegurar con toda seguridad que las FARC no tienen nada que ver con este incidente” ¹², y las declaraciones de Joaquín Gómez, Jefe del Bloque Sur de las FARC el que mencionaba sería una maniobra de la CIA que: “busca que todos los países limítrofes se unan en torno al Plan Colombia y contra los colombianos” ¹², develando así el verdadero objetivo de estas acciones.   
La verdad objetiva de la posición de las FARC determinó que, a día seguido, el gobierno ecuatoriano deba desmentirse, acudiendo a la hipótesis de que el secuestro podía ser obra de los paramilitares colombianos o delincuentes comunes, hipótesis que, según fuentes castrenses ecuatorianas se sustenta en un hecho evidente, si los secuestradores operarían en el territorio colombiano, sería absurdo que aterricen con el helicóptero en territorio ecuatoriano para luego cruzar el río San Miguel, con el riesgo de ser descubiertos por los controles militares.    
Ante lo dicho vale agregar que los autores son personas que operan mediante bases en territorio ecuatoriano -dado el tiempo que mantuvieron en 1999 y hoy ya mantienen a los rehenes del último secuestro-,   que disponen de armamento de gran potencia de fuego como lo aseveraron las fuentes oficiales sobre la base de los testimonios de los testigos presenciales del secuestro, hechos que reducen la alternativa tan solo a los paramilitares colombianos, dada la conjugación de dos objetivos: 

 -    Uno político, en procura de recrear la aceptación social para el involucramiento del ejército ecuatoriano y de generar animadversión hacia las FARC; y,

-     Un segundo, de carácter económico como en el secuestro de septiembre de 1999[14].

A ello deben agregarse tres circunstancias ampliamenteconocidas:

 -         El carácter delictivo de la organización paramilitar colombiana;

-          Su alianza con las fuerzas armadas colombianas para realizar los trabajos sucios; y,

-          La posesión de propiedades por parte de los paramilitares colombianos en territorio ecuatoriano, lo que incluso fundamentó la demanda del  Grupo Civil de Monitoreo de los impactos del Plan Colombia en Ecuador para que el  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), realice: “el levantamiento de información catastral en las riberas sur orientales del río San Miguel, limítrofe con Colombia, que permita confirmar o desvirtuar la información recogida por el Grupo de Monitoreo en Sucumbíos, acerca de la adquisición de tierras en esa zona de nuestro país por parte de integrantes de las denominadas “Autodefensas Unidas de Colombia” (paramilitares) cuyo cabecilla, Carlos Castaño, admitió públicamente en agosto de 1998 y febrero de 1999, que 75 ecuatorianos participaban en entrenamientos y operativos esporádicos de las AUC en la zona fronteriza ecuatoriano-colombiana”[15].

En consecuencia, puede afirmarse que la campaña de manipulación que se ejerce sobre el pueblo ecuatoriano se viene realizando desde antes del conocimiento público del Plan Colombia, para lo cual se recurre como principal argumento a supuestas acciones de las FARC en  territorio ecuatoriano, acciones que son cometidas por los paramilitares colombianos, quienes para ello disponen de propiedades en territorio ecuatoriano que les sirven de bases para las acciones delictivas, que desde las fuentes oficiales ecuatorianas del más alto rango, adjudican siempre a las FARC, con claros objetivos políticos y en procura de justificaciones para sus decisiones y acciones en apoyo al “Plan Colombia, plan de guerra.    
En la misma línea de manipulación, e incluso de franca provocación se inscribe la «inauguración» del puente sobre el río San Miguel, que marca los límites en el tramo nor oriental de la frontera entre Ecuador y Colombia, inaguración que se efectuó con la presencia de los Presidentes de Ecuador y Colombia, varios años luego de que su construcción finalizara, lo que admira y extraña en nuestros países en los cuales la norma de todo gobierno es «inaugurar» las obras aún antes de que su construcción concluya.    
La inauguración, por cierto, se realizó varias horas luego de lo previsto y con un despliegue militar impresionante, suficiente para alistar a cualquier mente elementalmente despierta sobre la anormalidad de lo que ocurría; suficiente para despertar sospechas y preguntar a que obedecía que en la ribera colombiana no existen guarniciones de las Fuerzas Militares colombianas y obtener la respuesta de que hace tiempo que  abandonaron la zona y que los destacamentos militares al otro lado son de las FARC.    
¿Acaso la bobería en el más alto nivel del gobierno ecuatoriano no permite reconocer que estan siendo utilizados, que no son otra cosa que instrumentos de una ingeniería de muerte? ¿Acaso la bobería en el más alto nivel del poder público no permite entender que no gobiernan más, que las decisiones que supuestamente asumen no son otra cosa que ecos de las decisiones que se adoptan más allá de las fronteras nacionales: en la oficina oval y de las grandes empresas transnacionales?, o es que ¿Son tontos útiles, conscientes de sus acciones y, en consecuencia, traidores a los intereses de la Patria?   

A las anteriores interrogantes, quiza no cabe una sola respuesta, mas, cualquiera ellas sean, apuntalan nuestra afirmación de que acciones como la mencionada «inauguración» del puente sobre el río San Miguel efectuada con la complicidad del gobierno de Gustavo Noboa,  no son más que recursos para tratar de lograr dos objetivos: 

-    Recrear una suerte de sentido de propiedad sobre el puente en el imaginario del pueblo ecuatoriano, que permita luego justificar la «necesidad» de defenderlo, incluso evocando a Twintza; y,

-      Tener justificación, para colocar las guarniciones militares ecuatorianas en el lado sur del puente, conscientes de que en el otro lado están las FARC, que no el ejército colombiano.     

Por ello no debe admirar la profusa y constante campaña que se adelanta sobre supuestas intenciones de las FARC de volar el puente sobre el Río San Miguel, que se constata ya en los medios de comunicación social del Ecuador. Solo en mentes reducidas puede concebirse que un ejército pueda volar un medio que podría facilitar una retirada forzosa, a menos que entre las intenciones de la estrategia de guerra elaborada a propósito del Plan Colombia, se haya previsto, precisamente, volar el puente como antecedente previo y como justificación para la intervención directa del ejército ecuatoriano. Para ello el escenario está montado, la campaña que anticipa supuestos autores está en marcha.   
En suma, incrementar la posibilidad de un involucramiento de las Fuerzas Armadas del Ecuador en el conflcito, amparados en una supuesta defensa de un puente en que una parte es ecuatoriana,  dirección en la que apuntan las declaraciones del General Víctor Zabala, comandante de la IV División del Ejercito Amazonas, cuando afirma que: “Si hay una infiltración a nuestro territorio y atacan a nuestras fuerzas, estamos listos para reprimirlos con firmeza”, palabras solamente explicables en un oficial cuya única actividad ha sido el ejercicio de su profesión de ingeniero, que nunca ha participado en combate alguno durante toda su vida militar, por lo que no puede evaluar correctamente la fuerza que se halla al frente: 17.000 hombres entrena dos en 40 años de guerra ininterrumpida, dotados de armamento tan o más sofisticado que el del ejército ecuatoriano, como se desprende de las aseveraciones de las propias fuentes oficiales colombianas; por  lo que  no puede explicarse el por qué todo militar que ha estado ya en combate siempre, sin excepción, a más de guardar mesura en sus palabras, siempre aboga por la paz antes que por la guerra.   
Por lo antes dicho,  ¿No sería mejor que la firmeza de todos los oficiales honestos e incorruptibles de nuestras Fuerzas Armadas se orientase a atacar la corrupción y los asaltos que desde el poder se vienen adelantando, sigilosamente en un principio, y hoy, abiertamente, como lo demuestra la campaña en favor de las Leyes Trole I y II? ¿No sería preferible que todos sus esfuerzos se concentren en lograr construir zonas de paz antes que avanzar en escenarios de guerra y muerte? 
Por todo lo antes dicho, la falsedad de los argumentos esgrimidos por el gobierno de Gustavo Noboa son evidentes, constituyen una mera manipulación contra el pueblo ecuatoriano en la intención de lograr se acepte al Plan Colombia como un supuesto plan de paz, que no un plan de guerra contra el pueblo colombiano y los pueblos latinoamericanos; así como el  avanzar en procura de un consenso para posibilitar: “la coordinación de operaciones militares y de policía, y el mejoramiento de seguridad fronteriza y el apoyo de equipos y de tecnología” antes mencionada, lo que no constituye, otra cosa que una invitación para la creación de una barrera militar de contención, destinada a apoyar con trabajo de inteligencia e incluso militarmente al ejército colombiano, destino que si lo aceptamos sin expresar nuestra  más tenaz oposición, sin luchar contra esa opción, nos revestirá de vergüenza, de complicidad, en circunstancias en que todas las voces deben dejarse escuchar en consuno.  

2.3. Manipulación para justificar la entrega de la Base de Manta 

A más de los argumentos del tipo como los mencionados en párrafos anteriores, en el caso de la entrega de la Base de Manta se recurre al manido argumento de que su utilización por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos será para uso exclusivo de la lucha antidrogas, de apoyo logístico, por lo que no servirá, en absoluto según las fuentes oficiales, para apoyar las acciones militares en Colombia. 

Ante ello, debe puntualizarse lo siguiente: 

a.      Es conocido que las bases que disponía el ejército norteamericano en Panamá tenían objetivos puramente militares, entre éstos el cumplimiento de labores de comunicación y el entrenamiento de miembros de los ejércitos de América Latina para la lucha contrainsurgente, respecto a lo cual José Steinsleger, señala que en la Zona del Canal de Panamá, denominada Balboa está (ba): “el cuartel general del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), una de las ocho direcciones estratégicas  de los norteamericanos en el mundo”[16], agregando sobre las funciones que: “El SOUTHCOM incluye la reserva militar de Quarry-Heights. Desde sus oficinas se controlan todas las actividades militares y de inteligencia del continente y es responsable operacional de los programas militares norteamericanos (PAM) para América Latina. La función aparente del SOUTHCOM es la de supervisar a las misiones militares de Estados Unidos en los países latinoamericanos. En la práctica y los hechos históricos, el SOUTHCOM se ha encargado de dirigir las intervenciones armadas de Washington al sur del río Bravo (Negrillas del A.). Entre las más destacadas de los últimos tiempos figuran la de Santo Domingo en la Rep. Dominicana (1965), Grenada (1983) y Centroamérica ( 1981-1986)” ¹⁶, para agregar más adelante respecto a las funciones de las bases militares de FORT GULICK, ex sede de la U.S. Army School of the Americas (USARSA, Escuela de las Américas) y FORT DAVIS (Escuela de las Américas), que en éstas: “millares de militares latinoamericanos han recibido instrucción: desde el aprendizaje del inglés hasta cómo dar un golpe de Estado”, especificando que “De 1946  a 1984, 45.082 oficiales y suboficiales de América Latina fueron becados por el Pentágono para estudiar en la escuela”[17], datos históricos que, a más de confirmar los objetivos mencionados respecto a las funciones que cumplían las bases en Panamá, elevan nuestra atención sobre la cita ya incluida del General Charles Wilhelm, Jefe del Comando Sur, para quien Manta es: “... el sitio idóneo para sustituir las capacidades perdidas al abandonar la base aérea de Howard (canal de Panamá)”, base que fue sede del Air Force Special Operation Wing. En ese contexto, resulta ingenuo, imposible pensar que la Base de Manta, se destinará “única y exclusivamente” a acciones de vigilancia sobre los desplazamientos del narcotráfico;

b.   Si se observa cualquier mapa, por ejemplo el de la Revista Desde Abajo antes citada, respecto a la presencia militar de Estados Unidos en Colombia , no puede menos que llegarse a la conclusión de que las funciones de las bases de Manta no pueden ser otras que las de  interrelacionarse con los distintos puestos, los cuales cumplen todos, funciones militares;

c.   En el absurdo no consentido de que se aceptase que las naves que decolen de Manta solo se dediquen a acciones contra el tráfico de narcóticos, no es admisible que las observaciones no registren datos sobre el posicionamiento o la movilización de fuerzas militares. Ejemplificando, cuando las observaciones se realizan con el Satélite Lanzat, a objeto de disponer de información sobre actividades agrícolas, la información obtenida contiene incluso la de los denominados “cultivos asociados”, lo que en términos simples no significa otra cosa que se obtienen datos incluso sobre cultivos que ocupan un mismo territorio, sin depender del piso trófico al que correspondan. No se pretenda entonces que las observaciones sólo obtendrán datos sobre narcocultivos, narcoprocesamiento y movimientos de los narcotraficantes; y,

d.   Abundando sobre la falsedad de los argumentos esgrimidos desde fuentes oficiales sobre el rol de Manta, baste mencionar la excitativa formulada por el “Grupo Civil de Monitoreo del Plan Colombia en Ecuador”, luego del primer Encuentro Continental por la Vida y la Paz de Colombia, al que asistieron delegados internacionales de 18 países, que se realizara entre el 25 y 26 de noviembre de 1999, excitativa al Congreso Nacional para convoque al Ministro de Relaciones Exteriores, Heinz Moeller, “a declarar en la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso Nacional y dar toda la información pertinente sobre los sucesos denunciados en los primeros días de julio, en torno a la captura -según fuentes oficiales “en aguas internacionales”- del barco ecuatoriano Elizabeth I, que transportaba 190 emigrantes ecuatorianos ilegales (así como de otras embarcaciones nacionales en fechas anteriores) por parte de buques de la Armada norteamericana, con apoyo logístico de helicópteros y aviones de rastreo electrónico provenientes de las instalaciones de la Base Aérea de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Manta, tal como lo denunció el embajador ecuatoriano Francisco Suéscum, Director General de Soberanía Marítima de la Cancillería”, quien fuera posteriormente suspendido de sus funciones por disposición de Heinz Moeller, en represalia por la denuncia que efectuara en defensa de la soberanía nacional, cita y represalia que, por una parte señalan de manera irrefutable que la Base de Manta cumple también funciones para detener a  posibles inmigrantes, en buen romance para reprimir a los ecuatorianos excluidos del trabajo y del país por la acción neoliberal del gobierno social cristiano de Noboa, y, por otra, descubre los esfuerzos del Canciller por ocultar las verdaderas funciones de la Base de Manta, para lo cual no tiene reparos incluso en reprimir a un Embajador por el solo hecho de cumplir con sus funciones en defensa de la Soberanía Nacional.    

La contundencia de los argumentos antes esgrimidos, eximen de la necesidad de acudir a comentarios adicionales para demostrar la manipulación del gobierno ecuatoriano para tratar, inútilmente, de convencer al pueblo ecuatoriano de que la Base de Manta no se involucrará en acciones militares. Cabe entonces solo advertir que el peligro para un involucramiento aún más directo del Ecuador en el conflicto colombiano se acrecenta por constituirse Manta en un puesto clave de comunicaciones y de información, ya que, como enseña todo  texto militar, para debilitar al enemigo, debe tratarse de dejar incomunicadas a sus distintas unidades, por manera de imposibilitar la aplicación de acciones conjuntas, coordinadas. Por ello Manta es un objetivo militar de especial importancia, y, consecuentemente, un elemento potencial adicional para el involucramiento del Ecuador en el conflicto militar aceleradamente ampliado por el Plan Colombia.   
Para los incrédulos que pueden mantenerse en sus trece negando la posibilidad de que la Base de Manta sea considerado un objetivo militar en el marco de la guerra colombiana, valga invitarlos a leer la edición del diario El Comercio de la ciudad de Quito, correspondiente al día sábado 21 de octubre del 2000, en la que se señala en resumen de primera página que: “La Embajada de los Estados Unidos se aísla más”, información que se amplia en la página B8 bajo el titular de: “448 pilares cercan los alrededores de la Embajada de los Estados Unidos”, información que relata sobre las obras construidas para incrementar las seguridades de la Embajada, incluso sin contar con las autorizaciones municipales como lo afirma esa misma información, a la cual solo cabe agregar que las obras se iniciaron, precisamente, luego de la aprobación del Plan Colombia, bajo el pretexto de un atentado cometido con un insignificante pedazo de dinamita, como lo reconocieron los expertos en explosivos a esa fecha. ¿Acaso estos hechos no les indican que se están tomando prevenciones ante la modificación de la situación determinada por el Plan Colombia.  ¿Es que somos tan ciegos para no ver que nos están conduciendo a una guerra?  
Mas como todo lo dicho muchas veces puede ser mirado como una suerte de juicio precipitado, en esta época en que se trata de descalificar opiniones sobre la base de la velocidad de los procesos, de las “ultimas versiones”, es menester advertir, a forma de corolario, que el caso de la Base de Manta y su rol en el marco de la estrategia militar de los Estados Unidos no es materia nueva, esto fue ya negociado e incluso tratado públicamente en 1986, como lo refiere José Steinsleger.  

Efectivamente, ante la aproximación de la fecha y la eventualidad de que la armada de los Estados Unidos deba retirarse de Panamá, como efectivamente ocurrió, los Estados Unidos avanzó en la suscripción de un: “supuesto convenio entre las FFAA y el Comando Sur (SOUTHCOM) para el establecimiento de la Escuela de las Américas en la región amazónica del país y la instalación de una base militar americana en las islas Galápagos”[18] como lo comentó la prensa nacional, cita sobre la cual vale comentar lo siguiente:

a.   El Acuerdo se firmó efectivamente, como lo reconoció el Canciller Edgar Terán Terán, cuando mencionó que: “No hay convenio sino acuerdo de cooperación entre el Ecuador y los Estados Unidos” como si el uso del término acuerdo en lugar de convenio cambiase radicalmente lo actuado;

b.   A 1986 se pensaba ya en establecer la Escuela de las Américas en el oriente ecuatoriano, para supuestamente “abrir un frente contra el narcotráfico como lo denunciara Alejandro Carrión ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, lo que se apoyaba en el hecho de que, según la revista madrileña Tiempo del 10 de mayo de 1986: “el gobierno ecuatoriano (del ingeniero Febres Cordero N.A.) habría manifestado su interés para instalar en el país una sucursal de la Escuela de las Américas además de estar dispuesto a enviar tropas a Centroamérica y haber ofrecido a Washington campos de entrenamiento”[19]; y,  

c.   Que el mencionar a Galápagos como el sitio para establecer una base es seguramente el producto de la desinformación que llevó a cabo la inteligencia militar a través de un oficial de alto rango[20], ya que, ello resultaba totalmente inexplicable cuando: “El columnista Jorge Cevallos Salas aseguró estar informado de que en la provincia de Manabí y en el occidente de Pichincha efectivos militares norteamericanos comandados por el General Galvin (Jefe del SOUTHCOM N.A,) se habían dedicado a fijar el lugar en que se construiría un sofisticado aeródromo a más de las rutas que seguirían determinadas carreteras de acceso a la pista (La Hora, 31.7.86)”, así como el hecho de que: “tuvieran lugar las maniobras navales UNITAS frente a las costas de Manta, la operación “Horizonte Azul”entre la Fuerza Aérea del Ecuador (FAE) y la United States Air Force (USAF) y el peritaje técnico para la construcción de una carretera de 30 kilómetros en la provincia de Manabí”, carretera que luego se descubrió, por declaraciones del Capitán Lusk, jefe de la Brigada de técnicos de la  Reserva Militar  perteneciente al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos que arribó al país simultáneamente a las comentadas maniobras, correspondía al tramo San Jacinto-Canoa, que se relaciona con Manta, que no con las Galápagos utilizadas para desviar la atención del verdadero objetivo, cuanto más que los dos centros poblados y la Base de Manta se ubican, precisamente, frente a la carretera que se pensaba construir, y que seguramente se construirá luego de la ocupación de la base.

  Puntualizaciones todas que comprueban nuestro aserto, la selección del Puerto de Manta como el centro más importante para las acciones militares a cumplirse en el continente, entonces y ahora con la anuencia del Partido Social Cristiano en el poder, lo que no debe admirar a la luz del comportamiento antinacional que caracteriza a la extrema derecha ecuatoriana, como lo comprueban esas acciones y sus proclamas por casi independizar a Guayaquil del país, línea en la que se manifiestan actualmente.