Jorge Lora y María Amelia Rosales
Dos especialistas en violencia reconocen que el Perú es un país potencialmente insurreccional, Ciro Alegría -un profesor de la Universidad Católica- sostiene "tenemos que asumir que somos un país con conflictividad endógena, como Colombia" y el General retirado Walter Ledesma agrega que las amenazas a la seguridad están motivadas en un 90% por factores internos. En ambos casos recomiendan que las Fuerzas Armadas estén listas para la represión, mostrándonos que también son parte de esa violenta faceta peruana. Estas declaraciones tienen que ver con las últimas acciones atribuidas a Sendero y el debate acerca del renacimiento o continuidad de Sendero; además, coincide con la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación acerca de las causas y los responsables de la Violencia.

No nos dicen y tampoco tienen por que hacerlo, de donde proviene esa conflictividad endógena, esa potencialidad de violencia, que también nosotros creemos que existe. La violencia estructural y colonial se encuentra en todas las relaciones sociales y es alimentada día a día por la inequidad, la miseria y la muerte. Y, especulando un poco, qué dirían estos expertos si se les preguntase ¿por qué el Gobierno, el Poder Judicial y el Congreso tienen un 13% de aprobación (según encuesta de Apoyo)? Seguramente atribuirían esa respuesta a los errores de Toledo o quizá dirían que Perú es un país antidemocrático. Y probablemente otra vez tengan razón, si se refieren a la necedad de Toledo y su Gobierno en proseguir con las políticas neoliberales o si cuando aluden a la llamada democracia, no se prescinde de su carácter colonial. Y la pregunta es ¿cómo podría no ser así un país donde las mayorías originarias están excluidas de un Estado marcado por la colonialidad del poder y el impulso de la recolonización norteamericana, pero además son explotadas, oprimidas, sometidas y discriminadas en una sociedad racista?. Si la mayoría de peruanos rompieran con la fetichización del poder y los mitos políticos occidentales con los que se ha construido la institucionalidad, seguramente optarían por destruir el Estado como ya lo plantean varias organizaciones que vienen recuperando la dignidad indígena.

Pero veamos que esta ocurriendo en este país andino-amazónico. La crisis en el Perú se acentúa y el gobierno responde con violencia y decretando el Estado de Emergencia, asumiendo su latente fujimorismo. Las luchas sociales han puesto en jaque al gobierno y al sistema en su conjunto. Pareciera que mayo es un mes trágico para Toledo. El 2002 -en su primer año- los arequipeños se enfrentaron con furia contra la privatización de las empresas eléctricas impidiendo que el gobierno las vendiera a precio de regalo.

La imagen que tenemos de Perú -que es la misma que la de toda América Latina- es que estamos frente a un país muy competitivo, donde los que trabajan ganan 2.5 dólares diarios y están rodeados de desempleados, trabajadores precarios, agricultores en la ruina, campesinos crónicamente desnutridos, y que ya no tienen donde emigrar. Un país donde el crecimiento ocurre cuando aumentan las inversiones en saquear los recursos naturales: minas, maderas, reservas petrolíferas, biodiversidad, agua, ecología profunda y que las tasnacionales que invierten casi no pagan impuestos y contratan los servicios de la burguesía local. Un país donde la cada vez más frágil clase media esta agobiada por los impuestos y la inflación pero defiende el sistema aunque tenga que migrar. Un país envilecido en todas sus relaciones sociales por la propia pobreza y donde la viveza criolla permite que los implementadores del neoliberalismo vivan bien y a costa de los demás.

Varios gobernantes latinoamericanos estaban a la espera de que Estados Unidos termine con la destrucción del Estado irakí y la ocupación de los pozos petrolíferos para cobrar por su apoyo y presentar sus demandas para salir de la crisis. No hemos llegado a mitad del año y ya no hay presupuesto para la sobrevivencia del Estado. La Cumbre de presidentes y la reunión de la OEA con honrosas excepciones parece un conclave administradores neocoloniales -por algo los representantes imperiales nos llaman paísitos de mierda- que ya pagaron sus deudas y que ahora necesitan nuevos créditos para tener gobernabilidad. Alguno de ellos -Álvaro Uribe- hasta les propuso que intervengan militarmente en su defensa.

Los maestros: terroristas

En mayo de este año, los maestros de las escuelas estatales se declaran en huelga general indefinida, exigiendo el cumplimiento de la promesa electoral de duplicarles los sueldos al termino de su mandato. Durante su primer año de gobierno, Toledo incrementó S/. 50.00 soles (14 dólares) a su sueldo básico. Desde entonces los maestros seguían esperando una mejoría en sus haberes.

En Perú -como en toda la América Latina- el magisterio público constituye uno de los sectores mas postergados económica, profesional y socialmente. Los 280 mil maestros tienen un promedio de salario mensual de 700 nuevos soles (200 dólares), que no cubre siquiera la canasta básica familiar que es de 1,200 soles, sin considerar actualización pedagógica, libros, capacitación. La educación no está entre las prioridades del Estado no obstante el discurso sobre capital humano y las recomendaciones de los organismos internacionales. Los neoliberales dirán que es el mercado el que genera y asigna calidades, sin embargo aunque gran parte de la formación docente esta en manos de institutos pedagógicos privados estos son de escasa o nula calidad académica que, en esta ultima década, han lanzado miles de "profesionales" al mercado laboral con el patético resultado de haber colocado a la educación en el Perú en el penúltimo lugar en América Latina. Este gobierno -como el de su predecesor y modelo- no ha hecho absolutamente nada por mejorar esta critica situación de la educación y el salario de los maestros peruanos, uno de las mas bajos de la región, correlativo con la calidad.

Los maestros agrupados en el SUTEP, Sindicato Unitario de los Trabajadores en la Educación del Perú, enarbolando 40 reivindicaciones económicas, sociales y profesionales (aumento de 210 soles, vigencia irrestricta de la ley del profesorado, defensa de la educación publica y gratuita, desafiliación de las AFPs, ampliación de la ley 20530 -cedula viva- para los maestros nombrados a partir de 1980, vivienda para los maestros, capacitación permanente, becas para estudios de postgrado, descentralización de la Derrama Magisterial, etc., etc.), se enfrentaron al gobierno en todas las regiones del país. Las calles de las ciudades fueron prácticamente tomadas por miles de maestros. Desde las provincias emprendieron marchas de sacrificio a Lima, recibiendo apoyo de la población. Las movilizaciones masivas obligaron al ministro de educación a sentarse en la mesa de negociaciones con los dirigentes magisteriales. El ministro ofreció 100 nuevos soles de incremento salarial y considerar algunas de las exigencias de los maestros, en particular las que beneficiaban a la dirigencia.

Frente a esta propuesta la reacción del Ministro de Economía fue drástica: El gobierno no aumentará a los maestros porque no hay caja fiscal; si el ministro de educación ha ofrecido, lo hará del presupuesto del sector; en la practica era una desautorización al Ministro de Educación. Los maestros siguieron batallando por mejorar las ofertas del gobierno; continuaron las movilizaciones multitudinarias, las ollas comunes, las marchas de sacrificio, las ocupaciones de las sedes regionales de educación, etc.

Pero, las bases magisteriales primero debían enfrentarse a los mediadores, a la dirigencia sindical proclive a los arreglos políticos, exigiéndoles definición frente al gobierno y respeto de la plataforma de lucha.

Desde hace mas de 30 años la dirigencia del SUTEP se encuentra bajo el dominio de Patria Roja, partido de origen maoísta que ha traicionado muchas huelgas de los maestros y ha manejado los recursos de la derrama magisterial para sus fines políticos. Las contradicciones al interior del sindicato han sido, una vez mas, capitalizadas por los dirigentes que en un claro acto de delación han acusado a muchos maestros de base de senderistas y terroristas, permitiendo que la policía detenga a mas de medio centenar de maestros. Esta actitud les permite eliminar a sus opositores, conseguir prebendas y mantenerse en el sindicato como instrumento electoral. Esta situación de enfrentamiento en el seno del gremio de maestros permitió al gobierno cerrar el curso de la negociación consumándose, una vez mas, la traición de la dirigencia del SUTEP, al aceptar el ofrecimiento del gobierno y levantar la huelga nacional.

Esta huelga de los maestros ha sido la más contundente de los últimos años, se hizo a partir de la presión de las bases y es la que mayor apoyo ha recibido, y por todo ello pudo haber logrado mejores reivindicaciones. Corresponde a los maestros de base construir una nueva dirigencia capaz de luchar por los intereses del magisterio y la educación peruanos.

Y los agricultores también son terroristas…

La Junta de Regantes que agrupa a un millón y medio de agricultores al borde del desastre por la importación de alimentos subsidiados, después de una larga espera para que se concreticen las ofertas de mejorar las condiciones de producción y comercialización de sus productos, la disminución del pago por IGV y los préstamos bancarios con bajos intereses, se declaró en huelga. El anuncio de esta medida fue minimizada por el Ministro de Agricultura, quien andaba negociando con la Confederación Nacional Agraria y no con la Junta de Regantes. Decretada la Huelga Indefinida - activa, con movilización de miles de campesinos y bloqueo de carreteras en puntos estratégicos- al segundo día el país se encontraba inmovilizado y Toledo desesperado ante más anuncios de acciones de otros gremios y entidades regionales, decretó el Estado de Emergencia en todo el país y con escasa originalidad que lo caracteriza, otra vez recurrió a acusar a los huelguistas de terroristas y criminales. Al fracasar la policía en la represión contra tantos manifestantes, entonces uso helicópteros para bombardear con gases lacrimógenos desde el aire y tanques de guerra para acallar la protesta popular. Esta respuesta se ha hecho una práctica común desde la anterior gestión del Ministerio del Interior. Agricultores, desempleados y maestros pusieron sobre el tapete la incapacidad del gobierno para resolver los problemas sociales.

El pueblo no se amilanó con el estado de emergencia y salió desafiando a los tanques y a las fuerzas armadas en las calles de las ciudades más importantes del país como Lima, Cusco, Puno, Huaraz, Iquitos, Chimbote. En un enfrentamiento cayo asesinado con balas del ejército Edy Quilca y una veintena de estudiantes resultaron heridos, todos estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno. El Ministro de Defensa; Aurelio Loret de Mola, en un mensaje a la nación trató de justificar el accionar de las fuerzas armadas como acto de defensa contra ataques terroristas de parte de los estudiantes: dos mil estudiantes armados con barretas, armas punzo-cortantes y bombas molotov atacaron al ejercito. Este discurso enardeció aun más a la población que pudo ver, en un video pasado en la TV, a los estudiantes defenderse con piedras ante el artero ataque armado de los soldados a los universitarios. El entierro de Edy se convirtió en la mas grande movilización de masas en toda la historia de la ciudad de Puno. Mas de 60 mil personas marcharon por las calles de la ciudad exigiendo el levantamiento del estado de emergencia y la renuncia del ministro de defensa y del jefe militar de la región y la presencia de una comisión de alto nivel para resolver los problemas creados por la intervención militar.

El gobierno arrinconado frente a los acontecimientos de Puno, tuvo que enfrentar otra arremetida popular. La CGTP convoco a una marcha nacional contra el estado de emergencia para el 3 de junio. La amilanada clase política y la derecha clamaban están violentando el estado de derecho, movilizarse en pleno estado de emergencia es una abierta provocación, etc. Miles de trabajadores, desempleados, gremios, estudiantes a lo largo y ancho del país le dijeron al gobierno incapaz y genuflexo de Toledo ¡Basta!. Llenaron las calles de todas las ciudades del país para exigir el cambio de rumbo de la política económica neoliberal, la atención a los pliegos de reclamos de los gremios, la solución a la huelga magisterial, sanción los responsables de la balacera en Puno, cambio del gabinete y levantamiento inmediato del estado de emergencia.

El PAQUETAZO no es terrorista

Los peruanos acaban de descubrir un nuevo método gubernamental para resolver los problemas economicos que aquejan al país: bajar los salarios a los burócratas y distribuirlo entre los maestros, policías y otros trabajadores estatales. Ante la protesta nacional el Presidente y los ministros deciden reducir sus sueldos. La lucha social ha echado por tierra la versión gubernamental de que se han logrado las metas de crecimiento económico. Mientras el Ministro de economía sostiene: somos la economía más sólida de esta parte del continente, no hay un centavo en caja para aumentar a los maestros, por que las reservas producto de ese crecimiento están predestinadas para pagar la deuda externa. Ahora resulta que no es suficiente compartir los sueldos sino que todo el pueblo debe tributar para poder pagar a los maestros, responder a otras demandas y que la economía funcione.

El Ministro de Economía como buen experto en contrainsurgencia entregó al congreso nacional un paquetazo para que no se les vuelva a ocurrir a los sindicatos hacer otra huelga. Contiene: impuestos selectivos al consumo (ISC) y a los intereses de los ahorros bancarios. Rebaja de sueldos: Presidente 30%, premier 25%, ministros 20%, los funcionarios según escala. Reducción en 5% de gastos en bienes y servicios. Contracción en 20% la caja chica y prohibición de contratar nuevo personal, topes para asignación de gasolina, no a la compra de más automóviles. El Ministerio de la mujer absorbe a Coopop, Foncodes, Inabif y PAR, con ello se pretende ahorrar 350 millones de soles. Ley 20530: Proyecto para crear un fondo de asistencia previsional para financiar el pago de pensiones, se aplicara impuesto a la renta (IR) a pensiones de 3,625 o mas; el aporte a esta pensión subirá al 13 % desde el 1 de julio del 2003, 20% en el 2006, 27% en 2009 tope máximo para nuevas pensiones 3,100 soles. Ingreso: para la amazonía, eliminar la exoneración del IGV en importaciones de bienes, derogar el reintegro tributario del IGV a los comercios, eliminar el crédito fiscal especial del IGV y aplicar el IR del 15% a todas las empresas de esa región. Se fijan porcentajes mínimos al Impuesto Selectivo al Consumo para el petróleo, el gas natural y derivados. Los recursos se usaran en inversión y mantenimiento de proyectos. Reforma tributaria: Se elimina la exoneración del IR para representaciones deportivas y espectáculos públicos extranjeros, se reduce el crédito tributario para entidades educativas que reinviertan de 30 % a 5%, se grava con IR el aumento de sueldos cuando se pasa del sistema nacional de pensiones a una AFP, se elimina la exoneración del IR a las ganancias de capital y a los intereses, se quita la inafectación del IGV a la transferencia e importación de bienes y servicios de las instituciones culturales y deportivas, se retira la exoneración del IGV a productores agrarios cuyas ventas no superen 50 IUT (unidades impositivas tributarias). Complementarias: aumento del ISC a la cerveza y a los cigarrillos, cable, telefonía móvil celular y larga distancia pagaran impuesto selectivo al consumo de 12%, consumo mayor de 100 soles en telefonía fija pagara ISC de 10%.

La cuerda se rompe por el lado más débil. Las medidas están dirigidas al pueblo y a la clase media en proceso de desaparición desde el gobierno de Fujimori.

Mientras el ministro prepara estas medidas draconianas deja incólumes a las empresas transnacionales, que cada vez obtienen pingues ganancias. Es el caso de la española Telefónica que cobra 50 soles de renta basica, a cada usurio, por un servicio que no presta. Y las empresas mineras como Antamina, Yanacocha y otras no entran a los cálculos del gobierno. Tampoco se toca, para nada, la refinanciación de la deuda externa.

Los empresarios agrupados en la SNI, Adex, CNA, CONFIEP, etc. Han manifestado que estos impuestos ahuyentarían la inversión extranjera y que el gobierno debe convocar al Acuerdo Nacional para garantizar su cumplimiento.

El Ministro de Economía y el Primer Ministro han justificado estas medidas al sostener que es la manera de hacer caja para pagar a los maestros, policías y otros sectores de trabajadores estatales. Pero la verdad del asunto es que el Perú aun no salió de la crisis económica y que los aumentos salariales no están en el libreto del FMI, al hacerlo se estaría perdiendo la competitividad ganada por Fujimori a sangre y fuego. Una expresión de la crisis fue la emisión de los bonos soberanos para cubrir la brecha fiscal y poder cumplir con los pagos puntuales de la fabulosa deuda externa y los intereses de la misma.

Las opiniones contra estas medidas del ejecutivo vienen de vertientes diferentes; desde arriba y desde abajo, desde el Congreso y los Presidentes regionales han manifestado su rechazo porque afecta a los sectores mayoritarios de la población (entre ellos los propios congresistas, pues muchos de ellos aun vienen recuperando la inversión para llegar a ser padres de la patria) hasta la CGTP y los Frentes Regionales quienes sostienen que el gobierno no ha cumplido con su promesa de hacer una profunda reforma tributaria y responsabilizaron a Toledo de la profunda crisis de gobernabilidad del país por haber defraudado las expectativas del pueblo.

El gobierno quiere compartir responsabilidades con los miembros del Acuerdo Nacional (empresarios, políticos y sindicatos amarillos) que constituye su tabla de salvación en los momentos difíciles de coyuntura como las huelgas y las movilizaciones.

Pero el colmo de la tozudez es la respuesta del Ministro Silva Ruete quien para acallar las voces disonantes sentenció: si siguen las exigencias sociales, habrá más impuestos. El pueblo peruano conoce la respuesta al cajero deL FMI y del Club de Paris, enfrentar en las calles y derrotar las medidas neoliberales del gobierno y crear su propia alternativa.

LA COMISION DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN (CVR): TIEMPO CUMPLIDO. SENDERO LUMINOSO ¿Y AHORA COMO LO LLAMAN? ULTRATERRORISTAS

Junio es el mes fijado para que La CVR presente el informe sobre las investigaciones realizadas desde 1980 hasta el 2000 sobre los crímenes cometidos contra la población peruana durante la guerra sucia. Sin embargo, todo indica que la CVR responsabilizara a Sendero Luminoso por el mayor numero de muertes perpetrados durante estas dos décadas. Los verdaderos responsables políticos, como Alan García, han sabido justificar sus culpas en entrevistas con los comisionados no obstante haber dirigido personalmente masacres. Y los culpables que están en el origen de la violencia: la gran burguesía racista y etnocida, complice del colonialismo, la recolonización y la colonialidad del poder, sus implementadores civiles y militares; los asesores y consultores de la derecha o que alguna vez fueron de izquierda que pedían sangre y que ahora inclusive forman parte de la CVR

Lo relevante de estos días es la opinión de Sofia Macher y Carlos Tapia (exasesor de las FFAA en la guerra contrainsurgente) al considerar que Sendero Luminoso es un partido político y no una banda de delincuentes terroristas. Un partido con ideología y programa que debería ser enfrentado políticamente y no solo militarmente como se ha hecho hasta ahora. Este descubrimiento teórico ha causado una polémica muy seria en las tiendas políticas de la derecha. Para el congresista fujimorista y miembro del Opus Dei Rafael Rey este reconocimiento seria darle un estatus que SL no se merece, para Barba Caballero -que también asesoraba a las FFAA- seria considerar como personas a los senderistas; ambos personajes creen que este reconocimiento se debe a la presencia de izquierdistas en la CVR, por lo que han pedido la renuncia de los comisionados y han desmerecido el informe final, no obstante que beneficiaria al APRA y a la mafia fujimontesinista.

En este sainete de culpabilidades y arrepentimientos la CVR presenta un video grabado en el que algunos lideres del MRTA (Polay, Cárdenas) y SL (Feliciano) piden disculpas a sus victimas por los efectos de la guerra interna y su deseo de participar en la vida democrática del país.

Esta presentación coincidió con el misterioso secuestro de 71 trabajadores de la empresa argentina Techint en La Mar, Ayacucho, por una columna de Sendero Luminoso. Techint realiza trabajos para el gaseoducto de Camisea. Los secuestradores exigieron un millón de dólares y al parecer solo consiguieron la cuarta parte, dinamita, víveres, medicinas y una radio satelital. Después de las negociaciones con el gerente de Techint liberaron a todos los trabajadores sanos y salvos. El presidente Toledo informo al país que se había liberado a los rehenes mediante una acción rápida del ejercito , lo que fue desmentido.

La metodología empleada en el secuestro es nueva, no es la que caracteriza a SL, pero según Marco Miyashiro, Jefe de la Dirección contra el Terrorismo, los secuestradores serian columnas de SL que no fueron eliminados por el gobierno de Fujimori. Según el diario La Republica los secuestradores serian senderistas reagrupados por Alipio y Feliciano. Este último habría declarado ante la CVR: fue la columna que trabajaba conmigo en la selva de Ayacucho. Se nota que son ellos por la forma del operativo. En Perú se reconoce, ahora, que hay presencia senderista en los valles de los ríos Ene, Huallaga y Apurimac, en Ayacucho, Cusco y Huancavelica y que estarían coordinando con las FARC.

Lo insólito del caso es que hasta ahora no se ha detenido a ningún senderista no obstante la inmediata persecución por cientos de militares y helicópteros artillados. La justificación del ejercito es que habrían huido hacia Vizcatan en la selva ayacuchana.