Raúl A. Wiener
Chungui, la oreja de perro, el distrito más remoto de la geografía ayacuchana, ha ingresado a las estadísticas de la verdad con la triste fama de ser el de mayor número de muertos de la guerra, en proporción a su población total. De eso no estaban al tanto los trabajadores del Centro de Desarrollo Agropecuario de Ayacucho (CEDAP) cuando llegaron para quedarse en el año 1996.

Casi para conocer dónde había llegado preguntaron a la gente sobre el impacto del conflicto, la presencia de Sendero, la intervención de las Fuerzas Armadas y las rondas. Y se encontraron con que nadie quería responderles. Era como si no hubiera pasado. ¿Guerra, qué guerra?, ¿sendero, qué sendero? Parecía que había ocurrido lejos y que no había nada que hablar sobre el asunto.

Pasaron los años. En 1999, el equipo de CEDAP captó una transmisión de radio desde Lima que indicaba que el alcalde de Chungui presidiendo una delegación de autoridades del distrito había llegado a la capital para presentarse ante el Congreso y denunciar la existencia de varias decenas de fosas comunes donde estaban enterradas las víctimas del conflicto. Decían que eran varios cientos de personas las que estaban enterradas para una localidad con alrededor de 4 mil 500 habitantes.

Sorprendidos en primera instancia por esta revelación casi macondiana, los trabajadores del CEDAP decidieron proponerle a la municipalidad hacer un levantamiento riguroso de información que permitiese a los chunguinos volver a mirar de frente a su propia historia. De acuerdo a un convenio se inició un estudio para ubicar las fosas, llegándose a determinar que eran 110 y que el número de personas enterradas superaba el millar. Esta información está consignada en dos tomos que CEDAP entregó a la Comisión de la Verdad y que es mencionado en su anexo estadístico.

La investigación incluía una conclusión que en su momento no sorprendió a nadie: el mayor número de muertos fueron producidos por las Fuerzas Armadas, debido a la modalidad de represión masiva y a las acciones de terror para desalentar cualquier colaboración con los subversivos. Sendero Luminoso y las rondas cargaban con el segundo rango de responsabilidad en el desangramiento. Lo que tampoco era poca cosa.

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En noviembre de 2002 llegué a Chungui en la preparación de un libro de reconocimiento y celebración por los veinticinco años de CEDAP. Hacía muy pocas semanas de la visita de la Comisión de la Verdad que había organizado una sesión pública frente al municipio, permitiendo que los pobladores presentaran sus casos bajo la mirada de sus paisanos.

Lo que pude darme cuenta, muy rápidamente y casi sin preguntarlo, es que había malestar y descontento respecto a esta presencia. Se decía que había sido una visita fugaz y que no se había establecido ningún criterio para seleccionar los testimonios. Varias personas me dijeron que entre los declarantes se habían filtrado muchos que tenían responsabilidades propias y que tomaron el papel de víctimas, reclamando reparaciones para ellos.

Había senderistas y ronderos que tomaban la palabra, algunos que hablaban habían matado a los familiares de otros que estaban en la misma asamblea. Pero no había forma de discutir los testimonios y de denunciar a los mentirosos.

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Algunas de las cosas más terribles que oí de Chungui se referían a los senderistas, reales o supuestos, que eran capturados y llevados al punto en que el río Pampas cae en una catarata vertical de 500 metros sobre el río Apurímac, que es el límite extremo de tres departamentos (Ayacucho, Apurímac y Cusco) y arrojado al vacío. Se afirma que serían varios cientos los que desaparecieron de esta forma. Para ellos ni siquiera hay la huella de una fosa común en medio de los cerros.

Otro era el relato de un joven prisionero, colgado de los pies durante casi dos días, a los que las mamachas del pueblo trataban de alimentar con una cuchara bajo la vigilancia de los soldados y al que se le chorreaba la sopa hacia los pelos por no poder absorber el líquido que se le ofrecía.

Una enorme piedra en la entrada de la plaza principal lleva ahora los alegres colores de una fiesta juvenil emblemática de los chunguinos. Alguien ha dibujado una comparsa de chicos y chicas que portan instrumentos mientras bailan. En esa piedra fusilaban a los detenidos, cuentan los comerciantes del pueblo.

Se puede ver que Chungui ha cambiado su actitud respecto al pasado.

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La Comisión de Verdad sostiene que los muertos del conflicto armado interno fueron muchos más de los que se habían calculado hasta ahora. Chungui es un caso. Parece evidente que en los años de la mayor guerra no hubo nadie que pudiera contar la tragedia de estos campesinos. Como no había carretera hacia ellos, se necesitaban dos días para llegar a su capital y muchos más para internarse en la vastedad de su territorio con comunidades diseminadas entre la puna, los valles interandinos que miraban hacia el río Pampas y la provincia de Andahuaylas en Apurímac, y la ceja de selva que descendía rápida hacia los márgenes del río Apurímac.

Aislados y prisioneros de las fuerzas en combate, los chunguinos deben haber quedado fuera de toda estadística.

El estudio del CEDAP es así, sin ningún autobombo, un aporte extraordinario.

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¿Cuántos fueron los muertos de la guerra?, ¿quién carga con la responsabilidad principal? Es obvio que hablamos de cifras de alta connotación política. Al presentar su estimación estadística la Comisión de la Verdad ha puesto mucha fuerza a su cifra global: 69,280 víctimas fatales, 40% de ellas correspondientes al departamento de Ayacucho y el 85% en cinco departamentos de la sierra y ceja de selva. Un 79% de todos estos muertos residían en zonas rurales y el 56% se ocupaba en la agricultura. El 75% de las víctimas tenían al quechua u otras lenguas nativas como idioma materno. Y el 68% tenían un grado de educación inferior al secundario. Finalmente la Comisión sentencia: "el PCP-SL fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humano tomando como medida de ello la cantidad de personas muertas y desaparecidas. Fue responsable del 54% de las víctimas fatales.." (Conclusiones Generales del Informe Final de la CVR) Estas cifras ya habían sido aproximadas desde el sonado viaje de los comisionados a Estados Unidos en busca de fondos para las reparaciones. Y se convirtieron en uno de los argumentos de la defensa de la Comisión, aún antes del Informe Final, para enfrentar las acusaciones de prosenderismo. ¡Cómo iban a serlo si ellos sostenían que el mayor violador de esta guerra había sido Sendero Luminoso!

Yo debo decir que me preocupé. Porque las informaciones que hasta este momento han mantenido la Defensoría del Pueblo, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Cruz Roja y otras organizaciones que han investigado el tema, afirmaban que la carga de muertos de las Fuerzas Armadas era muy superior a la de todos los demás agentes de la violencia. Y eso no los había hecho ni más ni menos pro senderistas que la CVR. En realidad los números deberían ser lo más frío y objetivo, en medio de las enormes pasiones desatadas en torno al balance de la guerra. Pero al final hay que admitir que todo se contamina.

Por eso son aleccionadores los ejemplos de Guatemala y el Kosovo que se señalan como los antecedentes de la metodología a la que se ha acudido para la verdad peruana. En un caso la investigación, a cargo de una comisión con un presidente extranjero (fórmula para resolver la polarización interna), determinó una proyección numérica de 200 mil asesinatos por cuenta del ejército y los paramilitares, que se convirtió en una acusación directa contra el general Ríos Montt. En el otro caso la aplicación de la metodología arrojó información para descargar responsabilidad en las guerrillas albanesas y las tropas de la OTAN y poder llevar al tribunal de crímenes de guerra al ex presidente Slobodan Milosevic. Aquí en el Perú habría que tener claro adónde apunta el trabajo de la verdad.

Un primer grave problema: en el discurso de Lerner y las conclusiones de la Comisión el porcentaje de víctimas imputado a Sendero es de 54%. Esto es lo que ha hecho la noticia de la verdad. Pero en el anexo estadístico, se dice otra cosa. Veamos: "las proporciones relativas de las víctimas según los principales actores del conflicto serían 46% provocadas por el PCP-SL; 30% provocadas por Agentes del Estado; y 24% provocadas por otros agentes y circunstancias (rondas campesinas, comités de autodefensa, MRTA, grupos paramilitares, agentes no identificados o víctimas ocurridas en enfrentamientos o situaciones de combate armado" (Anexo 2: ¿Cuántos peruanos murieron?). La diferencia de 8% entre la noticia y la estadística equivale al cambio de lugar de 5,550 personas muertas. Que no es poca cosa.

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La CVR indica que recibió reportes sobre 24 mil víctimas fatales (muertos y desaparecidos), a consecuencia del conflicto armado interno. También añade que dispone de nombres completos de 18,397 de ellos. La revisión de otras dos fuentes: Defensoría del Pueblo y ONG de Derechos Humanos, les ha mostrado una lista de nombres que se repiten; algunos que están en la CVR y la Defensoría, pero no en las ONG; otros que están en la CVR y las ONG, y no en la Defensoría. Finalmente existen alrededor de 5 mil víctimas que no fueron reportadas a la Comisión, pero si están en la base de datos de una o las otras dos fuentes. En resumen estaríamos hablando de 29 mil víctimas, más o menos individualizables. Esto significa que la metodología de proyección ha levantado la cifra relativamente comprobada, en un adicional de 40,280 víctimas que no podrán probablemente nunca ser identificadas (138% de incremento). Por cada 10 muertos individualizados habría 14 de los que no tenemos mayor referencia.

Sorprende, por cierto, que mientras en Guatemala se habla de 200 mil, evidente dato redondo y referencial, en el Perú se entregue un número tan depurado como 69,280, sólo para después advertir que el 60% de ellos son más bien muertos hipotéticos. ¿Por qué no decir casi 70 mil? Bernales pregunta: ¿Por qué nadie duda que hubieron 6 millones de judíos muertos en la II Guerra Mundial, si no se saben sus nombres y apellidos? Sí, pero sería distinto si quisiéramos decir 5 millones 599 mil 990.

El asunto es significativo porque el número aparenta irrebatibilidad. Pero si uno busca un parámetro social, político o militar para discernir la proporción 10/14, no lo va a encontrar. Lo que va a hallar es una fórmula matemática, inevitablemente abstracta, que hace depender el total de identificados y no identificados, de las proporciones entre los datos parciales de las fuentes y el número de casos que se repiten entre ellas. Confieso que hasta ahora no entiendo la pertinencia del modelo. Pero por ahora sólo me limitaré a decir que no me convence.

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Tómese nota que las "víctimas ocurridas en enfrentamientos o situaciones de combate armado", han sido trasladas a la categoría "otros". Esto quiere decir que allí deben estar los militares y policías que cayeron en acción, los senderistas y emerretistas abatidos por la represión con las armas en la mano, y no sé bien si también los miembros de autodefensa que sucumbieron en los enfrentamientos. Si esto es así, quiere decir que el 54 o 46% de víctimas causadas, en las que se hace oscilar a Sendero, y el 30% causado por los agentes estatales, se referiría exclusivamente a muertos fuera de acciones propiamente militares: matanzas colectivas y asesinatos; secuestros y desapariciones; coches bomba y otras acciones de terror; etc.

Está diciéndose que por lo menos 20 mil personas murieron en manos de las fuerzas estatales de represión, fuera de situaciones propias del combate.

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El punto crítico del análisis estadístico está, sin embargo en la determinación del agente perpetrador más significativo. A esto están dedicadas la mayor parte de las páginas del Anexo Estadístico. Luego, el concepto de "principal violador" se encadena a las otras dos graves responsabilidades que recaen sobre Guzmán y sus seguidores: haber comenzado una guerra cuando se iniciaba la restauración democrática y haber utilizado procedimientos que transgreden largamente las regulaciones del convenio de Ginebra para conflictos internos.

¿Pero, cómo se llega a la conclusión del principal perpetrador?

El primer dato que se tiene es que confrontadas las cifras de las tres fuentes: CVR, Defensoría, ONG, se alcanza la siguiente distribución de responsabilidades:

Agentes estatales: 46.8%
Sendero Luminoso: 37.4%
Otros: 15.8%

A continuación se advierte que del total de víctimas de agentes del Estado, la CVR ha logrado documentar para el registro un 33% de casos que no eran informados por las otras fuentes. En el caso del PCP y otros agentes, la CVR afirma haber documento el 95 y 80% de casos respectivamente, que no aparecen en los otros registros. Para explicar esta diferencia tan abrumadora la explicación que se brinda es que por la naturaleza de la Defensoría del Pueblo y las ONG, éstas tenían que recepcionar principalmente denuncias contra incumplimiento de convenios internacionales y leyes internas, que el Estado debería haber cautelado. En cambio las acciones subversivas quedaban fuera de los alcances de su protección.

Se asume pues que en el cruce de datos las fuentes están más próximas -tomadas en su conjunto- de la cifra verdadera cuando reportan violaciones estatales (fuerzas armadas y policía). En cambio habría una penumbra en relación a los actos perpetrados por los senderistas. De aquí parece haberse llegado a un supuesto sumamente discutible: en la proyección de la cifra global, los actos militares de violación serían no mucho mayores a los que ya se tienen documentados, mientras que los actos de Sendero y otros agentes tenderían a crecer sustancialmente.

De allí que se invierta la relación que se anota más arriba.

Más aún, que las conclusiones inflen el porcentaje más allá de la fórmula estadística.

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Si la CVR se permite discutir la debilidad de las otras fuentes, no se aprecia por ninguna parte alguna reflexión sobre las posibles limitantes de sus registros. Los documentos de las Organizaciones de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo tienen una antigüedad que los remite a la fecha de los sucesos, a circunstancias en los que la gente no esperaba otra cosa de sus denuncias que no fuera un poco de justicia para sus deudos, la aparición de los desaparecidos y la protección de los que seguían vivos. La Comisión en cambio ha convocado testimonios en un escenario de pos guerra, cuando existe un vencedor sobre el terreno y en medio de una expectativa, probablemente infundada, pero con efectos reales, sobre una eventual reparación económica para las víctimas.

Hablábamos al principio de las críticas de los chunguinos al proceso de recojo de testimonios en su distrito.

No estoy en condiciones más que de señalar el problema.

Pero si puedo reflexionar en relación a posibles sesgos en una parte de los testimoniantes. Hoy todavía hay grupos organizados que han sufrido daño colectivo, insisten en esclarecer los crímenes y conseguir justicia. También están los que han sufrido desapariciones en su familia y reclaman sus cuerpos. También torturados y mujeres violadas, que hicieron denuncias en su momento.

Pero por otra parte están los que se callaron todo el tiempo.

Los que siguieron la corriente del más fuerte.

Los que cambiaron de un bando a otro en el curso del conflicto.

Los que perdieron familiares asesinados por los bandos.

Muchas personas cuya dignidad fue arrastrada por los suelos y que hoy tienen nada o casi nada.

No es muy osado decir que una fracción -no sé de qué tamaño- que hará de su declaración un cálculo sobre lo que puede recibir materialmente de ella. Para algunos la verdad de quién fue el asesino ha perdido importancia. Igual es. Y si se sostiene, como lo hace la CVR, que hay los que tal vez nunca denunciarán sus sufrimientos porque en ellos se arraigado el miedo y la incredulidad sobre que podrán ser escuchados: ¿por qué tendría que corresponder precisamente esta porción de afectados a víctimas silenciosas del senderismo, cuando a quién más deberían temer acusar sería a los militares victoriosos?

A Ames le he escuchado decir que los comisionados eran vistos como funcionarios del Estado. Y ellos no lo negaban, porque para muchos era difícil de creer que alguien así se interesara por sus penas. Pero de esa observación se puede inferir la posibilidad de que haya habido una cierta tendencia a declarar acusando a perpetradores antiestatales.

Por lo menos los autores del modelo estadístico deberían haber discutido esta variable.

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¿Por qué tendría que suponerse, más allá de los criterios matemáticos, que la enorme mayoría de los muertos sin contar fueron ejecutados por senderistas y otros agentes no estatales? No veo cual es la lógica. Después de todo ahí están los ríos Pampas, Apúrimac, Huallaga, Ene, que podrían contarnos muchas historia de horror.

Están las fosas por abrir, que como en Chungui, van a decirnos verdades mucho más duras que las que se expresan en los números.

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Yo siempre pensé que los muertos causados por los militares fueron largamente más numerosos que los causados por otros. Esto se fundaba en la percepción de una intervención de guerra, orientada a la captura de territorios y a la destrucción total del enemigo que no estaba a la vista. El arrasamiento de los pueblos era una concepción de combate que muy bien la resumió el general Cisneros y hace poco la retomó el congresista Infantas.

Pero también estaba la idea de aterrorizar a los campesinos para que se neutralizaran y rompieran con Sendero.

A diferencia con la subversión era que esta última llevaba la ventaja de años trabajando en las zonas y conociendo a la gente. Por eso podía individualizar sus blancos. Los uniformados no.

Por eso no deja de sorprender que aún en los dos años de mayor mortandad 1983 y 1984, que fueron los de la ofensiva militar y de la resistencia senderista, también la proporción de bajas no combatientes supuestamente causadas por los subversivos, fuese más alta que las de Noel y Huamán.

Son misterios del modelo estadístico que ensancha la cifra total con muertos no comprobados y luego distribuye a través de una proporcionalidad que corrige toda la información que existía hasta la fecha.

Por ese camino no demorará que todos se den cuenta que la denuncia más fuerte del Informe, la sobrecarga mortuoria para Sendero, se refiere a difuntos por el momento virtuales. Tal vez inexistentes.

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Una última nota, casi como pie de página. Espero que no se tome como un exceso reclamar una información sobre la filiación política o institucional de los muertos que estamos hablando. Digamos cuántos senderistas y emerretistas se calcula que perdieron la vida. O cuántos militares y policías. Tal vez alguien me de la página dónde encontrar una respuesta aproximada.

He visto en Caretas el dato sobre las autoridades gubernamentales asesinadas, casi en su totalidad por mano senderista. Todavía resta saber la cantidad de presidentes y dirigentes comunales; los líderes sindicales y gremiales. Los empresarios, los obreros, los maestros, los estudiantes, pobladores de barrios, etc.

Tal como esta ahora la información conocida se resalta el aspecto étnico, extraordinariamente importante. Pero que se vuelve unilateral si lo único que se quiere decir es que hubo genocidio étnico, sin valorar las otras dimensiones del conflicto.

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Me detengo aquí. Pero si tuviera que resumir diría solamente que la verdad es hoy una materia de discusión. Ese es un logro indiscutible del proceso que se inició hace dos años.

Ahora nadie nos va a contar la historia. Eso hace un extraordinario bien en una sociedad acostumbrada a convivir con sus fantasmas.

Ojalá estas notas animen a profundizar el debate y salgamos de la cháchara oscurantista de los Rey, Barba y otros exponentes de la reacción militarista.