La Fiscalía senderista
Raúl Wiener
Rebelión
La reunión sobre los datos de la CVR planteó la inevitable pregunta: ¿por qué la nueva estadística difería tan radicalmente respecto a la carga del mayor número de víctimas mortales durante la guerra?. Y casi sobre la marcha: ¿por qué habría mucho menor registro de muertes causadas por Sendero, que por las Fuerzas Armadas, lo que luego lleva a sobreestimarlas en los "no identificados"?

Al respecto parece que Ricardo Alvarado cogió al aire la siguiente respuesta: "porque Sendero no tenía Ministerio Público para registrar denuncias", y que esto ha molestado a R. Bustamante (el mismo de "basta de majaderías"), que aclara que lo que se dijo fue más bien: "porque las víctimas de Sendero no iban al ministerio público para registrar denuncias"

Releo, y la verdad es que si estuviera en la posición de nuestros amigos estadísticos me hubiera quedado con la primera frase. Por lo menos tiene algún sentido. En algunos lugares y en algunos momentos (lenguaje CVR), efectivamente Sendero controló territorios y masas de población y cuando los agredió en sus derechos, no había una instancia donde quejarse. Eso significa que el Estado senderista no incluía un Ministerio Público, una Defensoría del Pueblo o algo equivalente, como lo hace la democracia parlamentaria. No sólo por desarrollo incipiente sino por concepción de que los derechos humanos -los suyos y los de los demás- son burgueses.

En cambio el concepto de la respuesta que sería la verdadera, carece de base razonable. ¿Por qué las víctimas de Sendero, si pudieran haberlo hecho, no hubieran denunciado a sus agresores o a los de sus familiares ante la autoridad estatal, para que se les persiga y castigue? En igualdad de condiciones: acceso a las autoridades, nivel educativo y recursos; dos personas que hubieran sido agredidas, una por Sendero y otra por agentes estatales, ¿quién estaría más motivado a denunciar?

Ojo que aquí rozamos el famoso tema del sesgo, que se suponen tienen todos los demás, menos la Comisión.

Que a una ONG de Derechos Humanos acuda una persona afectada por una entidad estatal es razonable y también que lo hagan en menor intensidad los afectados por agentes civiles (subversivos, delincuentes). Justamente van ahí por no sentir que el Estado sea capaz de protegerlos de sí mismo.

De las ONG no se espera obviamente que hagan justicia, sino que denuncien el caso y creen opinión pública al respecto, se busca también asesoría para litigar y finalmente que se abran vía alternativas como las instancias internacionales de justicia.

Lo inverso tiene que ocurrir cuando la situación es de agresión no estatal y se sobreentiende que el poder público tiene precisamente la obligación de perseguir a los causantes. Tiene mucho mayor sentido ir al fiscal para denunciar algo así que esperar que éste actúe contra policías y militares, que aparecen dominando toda la escena con sus Comandos Político-Militares.

Esto no quiere decir que no haya denuncias de los dos tipos de casos, en todos los registros: pero es abusivo sostener que toda la información que existió antes de la CVR y el Sr. Ball, eran sesgadas en una sola dirección y con eso voltear toda la información existente. Y abollar de paso el sentido común.

Se hablará de las zonas distantes y aisladas donde no llega la justicia y no se sabe de la existencia del Ministerio Público. También de zonas dominadas por el miedo. Pero eso vale tanto para los afectados por agentes estatales, por ronderos o por subversivos, en zonas equivalentes de distancia y aislamiento; como en el temor que infundían todos los elementos armados que actuaban en el conflicto. Con la diferencia que los territorios intimidados por las fuerzas de represión fueron siempre mayores que los que eran oprimidos por Sendero, y que la tendencia fue creciente, en la ocupación militar y represiva del territorio.

Imagino que R. Bustamante era bastante joven cuando ocurrían estas cosas en el Perú de los 80 y comienzos de los 90. Tal vez por eso es tan temerario en sus comentarios.