Raúl A. Wiener

No es exactamente una infamia del APRA, como afirma Ricardo Alvarado al titular el envío del pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido sobre la Comisión de la Verdad. Más bien diría que merece otra palabra que empieza con c.. Sobretodo porque no explica que el cambio de tono respecto a las primera s reacciones de Alan García y otros dirigentes, ha estado motivado por su participación en el Congreso de la Internacional Socialista en Brasil, a mediados de octubre, lugar en el que circuló por primera vez ese documento. Evidentemente existen intereses políticos diferenciados según el público al que haya que dirigirse. Si en un caso se quiere hacerse escuchar por los militares, empresarios y una opinión pública autoritaria; y en el otro, por miembros de una organización con vínculos con la Comisión a través de la llamada comunidad internacional de derechos humanos.

Hay una segunda c.., y es bien grande. Se refiere por supuesto a la ausencia absoluta, cero sobre cero, de autocrítica del partido de Alfonso Ugarte sobre sus responsabilidades de gobierno en el transcurso de cinco sangrientos años de la guerra interna, lo que al margen de lo que pueden ser los juicios de la CVR, están en la memoria de los peruanos. No sólo hubo dos masacres de los Penales (1985-1986), Accomarca, Cayara y otros casos semejantes, el fusilamiento de rendidos en Los Molinos, el asesinato de Cantoral, del abogado Febres y tantos más; sino que se expandió la emergencia en todo el territorio, incluido Lima, se promovió alianzas con sectores del narcotráfico en la selva para enfrentar la subversión, se trabó las investigaciones de violaciones de derechos humanos, se persiguió a la militancia de izquierda y a la dirigencia sindical, etc.

La tercera palabra ya no es necesariamente la misma. Se refiere a las consecuencias del excesivo cálculo político y el absoluto equilibrismo de las conclusiones de la CVR. Diablos viejos, los apristas han vuelto a leer y han encontrado todas las rendijas que les dejó abiertas el Dr. Lerner y sus comisionados. De esta manera han terminado por convertir la "responsabilidad política" de García en la orden de intervención militar en los penales en junio 1986 para sofocar el motín de los internos, "cuidando en lo posible la vida y la integridad física de los rehenes", es decir induciendo a ignorar los derechos de los prisioneros, agravada por su intervención en el desarrollo de los hechos presionando para liquidar rápidamente el asunto y su felicitación posterior a los ejecutores, virtualmente en un galardón meritorio.

Como la CVR realizó la extraña pirueta de, tratándose hechos equivalentes (acción con armas sobre internos desarmados, ejecución de rendidos), señalar responsabilidad penal en Fujimori y sólo política en García, el APRA concluye triunfante que no tiene culpa alguna y que todas las denuncias existentes en este punto serían parte de una campaña de odio y no de justicia.

Obviamente la Comisión le ha dado una victoria al ex presidente, rubricada de la peor forma en la visita que Lerner y otros miembros de la comisión hicieron a García después de entregado el Informe Final.

Respecto al caso Cayara, el APRA se expresa en los términos más cínicos: "al haberse comprobado que fue un caso flagrante de violación de derechos humanos… El PAP ..no tiene porqué verse afectado por hechos de terceros.." Esto significa nuevamente que ante la media lengua de la CVR, las responsabilidades se escapan por la ventana. Ciertamente en este caso el encubrimiento sobrepasó los límites y se convirtió en franca complicidad. Oficialmente el partido de Alan García mantuvo que la matanza no existió y decidió desafiar el sentido común para negar los hechos reales. Ahora todo se reduce a un simple reacomodo. ¡Ah!, si hubo matanza, bueno que le pasen la cuenta a los terceros que la hicieron, que probablemente estaban muy emocionados cuando violaron mujeres y asesinaron ancianos, mujeres y niños.

En cuanto al llamado "Comando Rodrigo Franco", el pronunciamiento del APRA se ríe de la Comisión y de todo el mundo. Afirma que no existen pruebas que los vinculen. Y ahí queda toda la cosa. No existe Mantilla, ni el "Chito" Ríos, ni los entrenamientos militares de los activistas apristas, ni las armas del partido, etc. Claro, la Comisión excluyó estos temas de las conclusiones, de manera que lo único que se puede leer sobre el punto, es que las acciones del "Rodrigo Franco" formaron parte con muchas otras de una imagen de desgobierno nacional. Pero hablar de desgobierno en esos años era sin duda una redundancia.

Despejados de toda culpa, el APRA todavía se permite discrepar puntualmente con la CVR. Pero no sobre ellos mismos, que no se sienten aludidos, sino sobre la Fuerza Armada. Así llegan a manifestar su extrañeza porque el Informe califique "el accionar de las Fuerzas Armadas como una práctica sistemática y generalizada de violación de derechos humanos" Obviamente se trata de un guiño hacia los uniformes que mantienen su resistencia a aceptar las conclusiones finales. La explicación que se ofrece en alternativa es que se trató de "casos concretos y particulares" que resultaron de las condiciones del conflicto y de la falta de preparación de los militares para responder a este tipo de enemigo.

No sé si alguien contestará por la Comisión. En todo caso la expresión que señala que se trataría de hechos aislados no es sólo una majadería, sino una prueba de que el APRA suavizada es igual a la dura. Pretender que no hubieron patrones de actuación, actos continuos de violación, en los que indudablemente estuvo comprometida la superioridad, bajo diversas creencias: que así quebraban la moral de la población y aislaban a los subversivos, que golpeando en masa siempre llegarían a algunos enemigos, que los campesinos eran sospechosos, etc. Tan encubridoras estas palabras hoy en día, como lo fueron las maniobras de Carlos Enrique Melgar y la mayoría del Congreso al final de los 80.

Otra cosa: aquello que se repite de que los militares sólo habían sido entrenados para guerras convencionales, es una mentira rotunda. Las fuerzas armadas y policiales llevan décadas de entrenamiento en conflictos irregulares a cargo de la Escuela de las Américas, bajo manejo de los Estados Unidos. Que la estrategia elegida no pudiera hacer frente a Sendero es otra cosa. Al final de cuentas la guerra es choque de estrategias, es decir inteligencias y no sólo de armamentos.

El "carácter democrático" de la intervención militar es un recurso que aparece varias veces en el Informe de la CVR y reaparece en el pronunciamiento del APRA. Pero por lo que se puedo ver, esa intervención se hizo no sólo a nombre sino a costa de la democracia real. Desde los comandos políticos militares de Ayacucho, el poder militarista fue avanzando, hasta generalizarse en abril de 1992. Hubo una tendencia, no un exabrupto. Y los gobiernos de origen democrático electoral fueron cómplices de la militarización que terminó por devorarlos.

Eso no se quiere ver ahora. Tanto por los que gritan contra la CVR, o los que -como el APRA- ahora quieren mimetizarse con ella.