RESUMEN LATINOAMERICANO

Decretó el estado de emergencia, que restringe los derechos individuales.
Intenta detener la escalada de protestas que paraliza el país. Choques entre manifestantes y policías en varias ciudades.

En una imprevista y polémica medida, el gobierno de Alejandro Toledo decretó el estado de emergencia nacional por treinta días, suspendió las garantías constitucionales y desplegó a los militares para enfrentar una ola de huelgas que mantiene virtualmente paralizado al país desde hace más de dos semanas.
La medida, que fue desafiada por los huelguistas con la consigna "se acabó el miedo", degeneró en graves incidentes en por lo menos media docena de ciudades e incluso un episodio de represión con balas que dejó al menos dos heridos.
Los partidos políticos y los gremios empresariales que apoyan la decisión del presidente dudan de que la medida excepcional apague la protesta. La explicación radica en que el mandatario sólo cuenta con un respaldo del 14% de la población, según las más recientes encuestas.
Los hechos de violencia que se produjeron ayer a pesar de la entrada en vigor de la prohibición de las reuniones públicas y el inusual desplazamiento de las tropas en 12 de los 25 departamentos del país aumentan los temores de que Toledo no podrá detener el desborde popular.
Las principales vías troncales que comunican a los centros de producción industrial y agrícola con los de abastos continuaron bloqueadas por piqueteros que desafiaron los disparos de las tropas en zonas como Pativilca, un área fundamental que vincula a importantes ciudades de la costa con los Andes y el Amazonas. Muy cerca, en Huarmey, la población capturó un puente que los militares previamente habían liberado.
A lo largo de la Panamericana Norte, que es un eje que relaciona ambos extremos del país, de norte a sur, varios tramos siguen bloqueados por agricultores y también por vándalos que han aprovechado el caos para asaltar a los pasajeros de los ómnibus y exigirles "peaje" para transitar libremente. No obstante, las tropas han despejado importantes vías.
En algunas zonas de la costa norte, como Barranca y Huarmey, se registraron algunos saqueos de comercios por parte de pobladores, desesperados por el desabastecimiento generado por el bloqueo de las carreteras. Y en Jauja, en la sierra central, los profesores huelguistas incendiaron vehículos, mientras que en la amazónica Iquitos, manifestantes atacaron a los comerciantes que fueron a trabajar a pesar de un llamado a no realizar actividades.
En Huánuco, Pucallpa, Huancavélica, Trujillo y Huancayo, también se registraron bloqueos y ataques a las fuerzas del orden. El Sindicato de Trabajadores de la Educación, la poderosa organización que inició la ola de huelgas hace tres semanas, y que reclama para los maestros un aumento de 71.4 dólares (rechaza los 28.5 dólares que le ofrece Toledo), burló el estado de emergencia y se movilizó en importantes capitales departamentales como Arequipa, Tacna, Cajamarca y Chiclayo.
Mientras los sindicalistas docentes de reconocida militancia en el Partido Comunista del Perú-Patria Roja, negociaban con el gobierno el pliego de reclamos, otras organizaciones se sumaron a la acción sindical, como los trabajadores de la administración pública y los empleados y médicos del seguro social, así como los productores agrarios. Además, familiares de efectivos de la Policía Nacional comenzaron a recorrer algunas calles para anunciar que los uniformados también acatarán una huelga por aumento de salarios.
Horas antes de ordenar el estado de emergencia, en un discurso extrañamente autocrítico, el presidente Toledo admitió que si bien el crecimiento del PBI del Perú es de 4% pobreza. "No hemos podido hacer sentir en el bolsillo de los más pobres el crecimiento del PBI, debo reconocerlo", dijo.
En el Congreso el principal partido de oposición, el APRA, pidió la presencia de los ministros de Educación y Agricultura, para interpelarlos y forzar su destitución. Pero el oficialista Perú Posible, con su aliado el Frente Independiente Moralizador, y el respaldo del frente derechista Unidad Nacional, desestimaron la solicitud. En protesta, los legisladores apristas se retiraron del Parlamento.
El líder de la oposición, Alan García Pérez, criticó la medida de emergencia y afirmó que es un grave error de Toledo no aumentar los sueldos y salarios de los maestros a pesar de que existen fondos para financiar el incremento.
"Reduciendo el millonario presupuesto del Congreso, así como los fabulosos sueldos de algunos ministros y funcionarios públicos, se pueden obtener los recursos", dijo.
El gobierno está atrapado por un acuerdo con el FMI de no otorgar aumentos durante un año para respetar las metas de una Carta de Intención. El plan de austeridad tiene como objetivo no incrementar el déficit fiscal, que se espera que caiga a 1,9% del PBI contra 2,2% de 2002. Un aumento a los maestros implicaría un desembolso cercano a US$ 200 millones.
Según el ministro de Economía, Javier Silva Ruete, si se cede a los reclamos "la economía peruana podría irse al diablo".
Mientras, en Lima, la ubicación de tanquetas del Ejército en puntos estratégicos para evitar las aglomeraciones de manifestantes contuvo las acciones de violencia. Pero el clima es de tensión, nerviosismo y decepción, aunque importantes autoridades, como el alcalde capitalino, Luis Castañeda Lossio, apoyan la medida extrema: "No había otra alternativa para el gobierno. Había que actuar decididamente para restituir el orden", dijo.
"El estado de emergencia no detendrá nuestra huelga nacional indefinida", señaló el secretario general del sindicato de profesores, Nílver López: "Tampoco hemos roto el diálogo con el gobierno, pero no cederemos en nuestro reclamo.
El ministro del Interior, Alberto Sanabria, insinuó que miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso habían infiltrado al sindicato, a lo que López respondió alegando que ése era un pretexto para apresar a los líderes de la huelga.
Juan José Gorriti, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú, la principal del país, calificó de "torpeza inaudita" la medida del estado de emergencia "porque no soluciona para nada las demandas sociales... es el principio del autoritarismo contra el que luchamos los últimos diez años".
Estado de Emergencia en Perú: 95 detenidos y 40 heridos Manifestantes salieron a las calles pese a la presencia del Ejército(RPP Noticias) El gobierno confirmó que 95 personas fueron detenidas y otras 40, entre policías y civiles, resultaron heridas en diversas acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía que han asumido el control del país tras el estado de emergencia.
En conferencia de prensa conjunta, en Palacio de Gobierno, el ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola informó que las fuerzas del orden -actuando con responsabilidad- lograron desbloquear los 64 puntos de carretera tomados por los agricultores en huelga.
Precisó que los heridos fueron 24 civiles y 16 policías y que ninguno de ellos recibió el impacto de balas.
Dijo que las detenciones han sido efectuadas por la Policía, y en todos los casos el fiscal ha comprobado el estado en que se encuentra el detenido.
Por su parte, el ministro del Interior, Alberto Sanabria informó que 70 personas fueron detenidas en los departamentos que se encuentran bajo control de las Fuerzas Armadas y otras 25 en los lugares donde la seguridad esta a cargo de la Policía.
Precisó que los detenidos tras ser evaluados serán puestos a disposición de la fiscalía a fin que se defina su situación legal y su eventual responsabilidad.
También informó que algunos efectivos policiales han resultado heridos a consecuencia de las piedras y objetos contundentes lanzados por los manifestantes.
A su turno, el ministro de Salud, Fernando Carbone informó que los 24 civiles heridos, a consecuencia de la intervención militar-policial, fueron atendidos en hospitales de las localidades de Supe y Barranca.
Detalló que 20 personas sufrieron contusiones, sofocación por los gases lacrimógenos y heridas de perdigones; mientras que las otras cuatro presentan hematomas en diferentes partes del cuerpo.