Especial Perú

A pesar de los importantes cambios políticos que han tenido lugar, y de los reiterados compromisos para con los derechos humanos por parte de quienes ocupan el poder, la tortura y los malos tratos siguen constituyendo una práctica generalizada en las prisiones, comisarías e instalaciones militares en el Perú, ha señalado hoy Amnistía Internacional.
La organización ha publicado un nuevo informe hoy en el que pone de relieve cómo tanto los presos políticos como los encarcelados por delitos comunes, los presuntos delincuentes y los reclutas del ejército siguen siendo víctimas de tortura y malos tratos, cometidos, entre otras formas, mediante la aplicación de descargas eléctricas, la asfixia, el semiahogamiento, los golpes, los abusos sexuales y la privación de alimentos a manos de funcionarios del Estado y personal militar.
«La tortura y los malos tratos siguen aumentando en una cultura de impunidad a la que contribuyen la ausencia de investigaciones adecuadas, el clima de intimidación al que se somete a las víctimas que se atreven a hablar, y la falta de comparecencia de los responsables ante la justicia -ha señalado Amnistía Internacional, a lo que ha añadido- Suscita honda preocupación que, desde que la tortura fue tipificada como delito durante el gobierno del presidente Fujimori en 1998, se ha hecho poco para acabar con este mal que azota al país, y sólo dos causas contra presuntos torturadores han culminado en sentencias condenatorias».
Muchos tribunales siguen admitiendo como prueba en juicio confesiones obtenidas mediante torturas, confesiones que a menudo constituyen el único fundamento del fallo condenatorio. En las prisiones y cuarteles militares se infligen torturas y malos tratos para castigar, disciplinar y humillar a los reclusos y a los nuevos reclutas. Los niños y los adolescentes también son sometidos a torturas y malos tratos: Amnistía Internacional ha recibido informes referidos, entre otras cuestiones, a casos de abusos sexuales y muertes bajo custodia.
El informe publicado hoy documenta más de 30 casos de tortura de los que se ha tenido constancia durante los últimos tres años. Entre otros, narra el caso de la paliza propinada a Clotilde Vidal Paredes por unos agentes de policía que les interceptaron a ella y a su esposo cuando se dirigían hacia unas tierras para labrarlas en el departamento de La Libertad; la tortura infligida al estudiante Aldo Mercedes Silvestre Ramírez, que sufre esquizofrenia paranoide; y los abusos sexuales reiterados sufridos por Elisa Rivera Toribio durante su reclusión en la prisión de Santa Lucía, en el departamento de Pasco.
En el informe, Amnistía Internacional hace hincapié asimismo en cómo las condiciones existentes en las prisiones de máxima seguridad siguen constituyendo tratos crueles, inhumanos y degradantes. Concretamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras varias organizaciones de derechos humanos han solicitado el cierre de la prisión de Challapalca, situada a unos 4.600 metros sobre el nivel del mar, donde las temperaturas alcanzan niveles sumamente bajos y las condiciones de aislamiento vulneran gravemente el derecho de los reclusos a estar en contacto con sus familias, abogados y médicos.
«No sólo no se ha clausurado la prisión de Challapalca sino que se sigue trasladando a otros presos al lugar; al último grupo hace poco, en abril de este año», ha manifestado Amnistía Internacional al reiterar su llamamiento a las autoridades peruanas para que ordenen el cierre de la prisión de Challapalca y el traslado de todos los reclusos. «... aún queda mucho por hacer para garantizar que todos los peruanos pueden vivir sin sufrir la violencia a manos de los agentes estatales, y para convertir las promesas en cambios reales», ha añadido la organización.
Amnistía Internacional, que ha expresado su satisfacción ante la noticia de la constitución de la Comisión Especial de Reestructuración de la Policía Nacional del Perú, recomienda que la formación impartida a la policía incluya educación en derechos humanos, técnicas de interrogatorio, técnicas de investigación, técnicas de manejo del lugar de comisión del delito, conocimientos periciales esenciales y formación sobre el uso adecuado de la fuerza conforme a los principios de derechos humanos. Además de recibir formación, la policía debe ser dotada de los recursos necesarios para desempeñar su función eficazmente sin recurrir a las violaciones de derechos humanos.
En su informe, Amnistía Internacional formula una serie de recomendaciones concretas para erradicar la tortura y los malos tratos. Éstas son algunas de ellas:
- revisar la legislación "antiterrorista" de 1992 para que cumpla las normas internacionales;
- cerrar permanentemente la prisión de Challapalca en el departamento de Puno;
- la realización sin demora de investigaciones exhaustivas, imparciales y eficaces sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, a quienes se debe suspender del servicio durante el curso de la investigación y juzgar por tribunales civiles, conforme a las normas internacionales; y
- garantizar que las confesiones obtenidas mediante tortura o coacción no se admitan como prueba en los procedimientos penales contra la víctima.