Especial Perú

El peligro de la privatización en Perú
Por Xavier Caño Tamayo

Una Asamblea Popular de más de cien representantes de instituciones y asociaciones de Arequipa, en el sur de Perú, ha convocado un paro contra la privatización de las empresas eléctricas Egasa y Egesur. Además, Juan Manuel Guillén, alcalde de Arequipa, inició una huelga de hambre con treinta responsables municipales más de provincias y distritos próximos. Durante varios días, huelguistas de la zona sur peruana han protestado contra la decisión gubernamental de vender el patrimonio público eléctrico; asocian directamente la privatización con el aumento de precio de tarifas eléctricas y con despidos masivos.
Klaus Huys, representante de la empresa belga Tractebel, que adquiere por 167 millones de dólares ambas centrales eléctricas, declaró que no veía ningún problema de desempleo por la privatización, pero, entrevistado en CPN Radio sobre garantías de empleo, contestó: "Yo no garantizo nada". Para el presidente peruano, Alejandro Toledo, las privatizaciones le permiten cumplir con la previsión de déficit no superior al 2,2%, en lugar del 2,5% del año pasado: las cifras macroeconómicas los obsesionan.
La protesta del sur peruano se ha extendido y los alcaldes de cuatro departamentos más (Tacna, Moquegua, Puno y Cuzco) han apoyado a Arequipa. Aunque desde el primer momento de la protesta, Juan Manuel Guillén y los otros alcaldes de la zona sur peruana instaron a la población a no incurrir en ninguna acción violenta, se han sucedido disturbios que han causado un muerto y más de un centenar de heridos. El Gobierno respondió a la protesta declarando el estado de emergencia durante 30 días y, siguiendo el manual de los gobiernos cada vez más alejados de los ciudadanos, acusó alegremente a los huelguistas de buscar el caos y desestabilizar la democracia.
Alejandro Toledo fue elegido en las pasadas elecciones por nítida mayoría; durante la campaña electoral esgrimió su origen indio y pobre como carta de garantía de que no traicionaría al pueblo peruano: "Yo no defraudaré a los peruanos; no puedo, no quiero, no debo defraudarlos". Pero en menos de un año ha conseguido que un 70% de la ciudadanía peruana desapruebe su gestión como presidente de la República, según sondeo reciente de la Compañía Peruana de Investigación. Gustavo Gorriti, asesor de Toledo durante las elecciones, afirma que ‘ha logrado enajenar y convertir en enemiga a su base social del sur de Perú, donde ganó las elecciones por una mayoría abrumadora que lo llevó a la presidencia’. Toledo, durante la campaña electoral presidencial, se comprometió en documento firmado de puño y letra en Arequipa, a no privatizar las empresas eléctricas Egasa y Egesur. Ahora lo incumple y los ciudadanos se rebelan.
Todo esto ocurre en Perú, donde la pobreza es un mal grave muy extendido: el 54% de la población es pobre y, en departamentos como Apurimac y Ayacucho, el porcentaje de pobres llega al 75%. En Perú, un 25% de los niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica y la mortalidad infantil es cinco veces superior a la de sus países vecinos; el 40% de los peruanos no tiene servicio de eliminación de aguas residuales y el 25% no tiene electricidad. Otro índice de la pobreza de Perú es el trabajo de los niños, a menudo desde los 7 años; está tan arraigado para combatir el hambre y la miseria que incluso ha surgido un movimiento, el Manthoc, que agrupa a niños y adolescentes trabajadores que reclaman su derecho a un empleo digno para no caer en las redes de la explotación esclavista o la prostitución. Según Javier, un adolescente delegado de Manthoc, hay más de dos millones de niños que trabajan.
A ese Perú pobre y cargado de problemas quiere Alejandro Toledo meter en la pretendida modernidad de las recetas repetidamente fracasadas del Fondo Monetario Internacional y del neoliberalismo trasnochado. En su visita a España en el mes de marzo, Toledo anunció que no frenaría las privatizaciones de empresas estatales y continuaría con sus planes económicos, pese a no contar con apoyo popular. Ahora se encuentra con la oposición frontal de los ciudadanos, que se sienten engañados. Para comprender las protestas de Arequipa acaso sirvan las palabras de José Antonio Ocampo, secretario ejecutivo del CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe): "Una parte importante de la población (de América Latina) tiene la percepción de que el crecimiento económico no deja frutos para la ciudadanía"; forma fina y "políticamente correcta" de decir que muchos latinoamericanos saben que una minoría se beneficia impúdicamente de los crecimientos económicos neoliberales a costa del patrimonio de todos, los apuros de la mayoría y la pobreza de muchos.
De momento, Alejandro Toledo, tras las reuniones entre Gobierno y líderes de Arequipa, parece haber escuchado la protesta ciudadana, porque ha suspendido la privatización de las empresas eléctricas hasta que los tribunales de justicia se pronuncien. Esperemos que no sea una maniobra dilatoria, fiado en que la responsabilidad de una medida antipopular por injusta recaiga en los jueces. Respecto al beneficio que las privatizaciones del patrimonio público aportan a la población, Alejandro Toledo debería echar un vistazo a la Argentina, sin ir más lejos, donde se privatizó todo lo privatizable. Hoy, la Argentina es un país pobre más. No sabemos si Perú resistiría ser más pobre aún.
Periodista
Centro de Colaboraciones Solidarias
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