Sección especial: Perú

VICTORIA POPULAR OBLIGÓ A TOLEDO A DAR MARCHA ATRÁS EN LAS PRIVATIZACIONES

Gobierno suspende privatización de Egasa y Egesur

La fuerza de las manifestaciones populares que ya abarcaban varios puntos del país, y que se iniciaranen Arequipa el viernes pasado, obligaron al gobierno a suspender la privatización de las empresas eléctricas, Egasa y Egesur, hasta que la justicia emita un fallo sobre el recurso de amparo presentado por el alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén, anunció el primer vicepresidente Raúl Diez Canseco.
En conferencia de prensa, Diez Canseco leyó un documento denominado "Declaratoria de Arequipa", que fue suscrito entre la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo, representantes de la asamblea de alcaldes de Arequipa y el Frente Amplio Cívico del departamento, donde se logró un acuerdo que pone fin a la crisis social en esa ciudad.
"La representación del Gobierno con la aceptación de los representantes de la asamblea de alcaldes y el Frente Amplio Cívico expresan formalmente su deseo de suspender todos los actos del proceso de privatización de Egasa y Egesur incluyendo los conducentes a la firma del contrato, mientras no se cuente con el fallo definitivo del Poder Judicial", agregó Diez Canseco. En ese sentido, la partes convinieron en establecer que se respete la resolución resultante de dicha acción de garantías, así como respetar a plenitud la autonomía del Poder Judicial y demás organismos jurisdiccionales, "acatando sus resoluciones sin interferencia alguna". "Los representantes del Gobierno reconocieron que el sentimiento de opinión de la comunidad arequipeña es visiblemente adverso a dicho proceso de privatización", precisa el documento.
Asimismo, se acordó restablecer el orden público que permita recuperar el normal desarrollo de las actividades en Arequipa. El gobierno dejará sin efecto el estado de emergencia decretado en el departamento. La medida entrará en vigencia a las 48 horas de suscrita la declaración.
"Ambas partes hacen una invocación para que cesen los actos de violencia que obstruyen el camino a la paz social, la estabilidad democrática del país y el anhelado desarrollo nacional", precisó.
En otro punto de la declaratoria se manifiesta que los representantes del Gobierno expresarán su desagravio por los términos y frases vertidas por funcionarios del Gobierno y los titulares de Justicia e Interior, que el pueblo de Arequipa o su dirigencia hayan considerado ofensivas.