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Según recoge hoy la web Forodelguardiacivil.com -la más visitada por los agentes del Instituto Armado-, el Ministerio del Interior acusa a mandos de la Guardia Civil de filtrar determinadas noticias a los medios de comunicación con el fin de poner a la opinión pública en contra de una posible negociación con la organización armada vasca ETA. Hagan clic en "Leer más" para conocer en profundidad cómo está el patio del cuartelillo.

Desde el Ministerio se acusa a mandos de la Guardia Civil de la filtración de noticias con el fin de dañar el incipiente diálogo con ETA. Mientras, en el Instituto Armado creen que Alonso y su equipo no confían en ellos y les están "haciendo el vacío". De todo ello se hace eco hoy la web Forodelguardiacivil.com, la más visitada por los agentes de ese cuerpo militar y policial.
De puertas para afuera, todo son sonrisas y buenas palabras. En sus declaraciones públicas siempre hablan de coordinación y plena colaboración. Niegan cualquier disensión, cualquier discrepancia. Sin embargo, la tensión y el enfrentamiento se han impuesto en el día a día de las relaciones entre los máximos responsables del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Guardia Civil.
Esta situación ha terminado traduciéndose en la falta de confianza del propio José Antonio Alonso hacia el general Carlos Gómez Arruche, en cuyo nombramiento como director general de la Guardia Civil recalca que no intervino.
El propio ministro ha asegurado en privado a varios interlocutores que si aún no ha cesado al militar es porque desde el Palacio de La Moncloa le insisten en que no provoque la primera crisis de la era Zapatero.
Obligados a cohabitar, los incidentes entre miembros de uno y otro equipo no sólo no se han reducido en los últimos meses, sino que se han incrementado. Así, desde el Ministerio del Interior no se duda en acusar insistentemente a mandos de la Guardia Civil de filtrar a la prensa determinadas noticias sobre la lucha antiterroristas con la supuesta intención de poner a la opinión pública en contra de un hipotético diálogo con ETA.
En este sentido, desde el equipo de Alonso se destaca -entre otras filtraciones que consideran malintencionadas- la rapidez con que llegó a los medios los supuestos planes que tenía el militante de ETA Javier Pérez de Aldunate, detenido en el mes de febrero por la agentes de ese cuerpo, para atentar contra el monarca. Desde la Guardia Civil, sin embargo, niegan tal intencionalidad.
La mano derecha del ministro, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, tampoco es ajeno a dicho enfrentamiento. De hecho, en la Guardia Civil no sentó nada bien que convocara en la sede del departamento a los principales sindicatos del Instituto Armado para empezar a estudiar con ellos la futura ley de derechos y deberes de los agentes en una reunión en la que no invitó a ningún responsable de la Dirección General.
Pocos meses después, y cuando el principal sindicato de la Guardia Civil anunció la convocatoria de una peregrinación reivindicativa a la Basílica de El Pilar, de Zaragoza, Antonio Camacho tomó las riendas del asunto y volvió a marginar a Gómez Arruche, alguno de cuyos colaboradores más cercanos ya había anunciado mano dura contra los que asistieran a la concentración.
Tras descalificar las advertencias lanzadas por los mandos de la Guardia Civil, el propio Camacho negoció con los representantes de los agentes para que la movilización fuera desconvocada.
Fuentes de la Guardia Civil han reconocido que, con aquella intervención, Camacho ha conseguido que los sindicatos del Instituto Armado "puenteen" constantemente a Gómez Arruche y sólo se muestren dispuestos a negociar con el propio secretario de Estado.
Por aquellas mismas fechas, otro incidente resquebrajó aún más la confianza entre los máximos responsables de ambos departamentos. El Ministerio del Interior envió entonces al director general de la Guardia Civil un informe elaborado por Fernando Reinares, asesor para temas antiterroristas del ministro, en el que se pedía una sanción disciplinaria contra una agente de la Guardia Civil destinada en el servicio de prensa que el Ministerio tiene en su sede del número 5 del Paseo de la Castellana.
Dicha agente -se destacaba en dicho documento- era señalada como la presunta culpable de que meses atrás Interior hubiese enviado una nota a los medios de comunicación en la que se anunciaba una operación contra integristas cinco horas antes de que se produjera realmente.
Gómez Arruche, tras recibir el documento y ver que en el mismo se había tomado declaración a gran parte del equipo de prensa del Ministerio, pero no a la Guardia Civil, decidió reenviar el mismo al equipo jurídico de la dirección general para que determinara si había lugar a la sanción que le reclamaban desde Interior.
Con el informe de éste en sus manos, el militar decidió plantar cara a Interior y se negó a sancionar a la joven, entre otros motivos, porque no la consideraba la "única" responsable del fiasco, han afirmado fuentes cercanas al máximo responsable de la Guardia Civil.
Precisamente, entre los equipos de prensa de Alonso y Gómez Arruche es donde más tensiones han surgido en los últimos meses. Una tensión que se ha traducido en la elaboración por parte del responsable de comunicación de Alonso, el periodista Miguel Ángel Muñoz, de un informe contra dos de sus colegas de la Guardia Civil, de los que ponía en duda su posible labor en caso de una "situación de crisis".
El informe, que su autor entregó a comienzos de junio a Antonio Camacho, fue remitido inmediatamente al propio Arruche, quien dio a los responsables de prensa mencionados en el documento la oportunidad de contestar por escrito a las acusaciones que contra ellos se lanzaban. Dicha respuesta hizo el camino de vuelta hasta el Ministerio, donde hace días que circula por los despachos.