Arnaldo Otegi, tras abandonar las dependencias de la Audiencia Nacional, declaró ante los periodistas que el auto de procesamiento que le comunicó el juez Grande-Marlaska es «un invento contra la izquierda independentista», al tiempo que consideró que «representa el pasado». Frente a ello contrapuso la propuesta de resolución del conflicto presentada por Batasuna el 14 de noviembre en el Velódromo de Anoeta: «Representa el futuro, porque pretende superar el clima de confrontación y habilitar un proce- so que permita un acuerdo que destierre definitivamente la confrontación y plantee un escenario de paz y democracia tanto en nuestro país como en el Estado español».
El mahaikide de Batasuna acudió a Madrid acompañado, además de por su abogada Jone Goirizelaia, por una veintena de representantes independentistas, entre los que se encontraban Joseba Permach, Ainara Armendariz, Rafa Díez, Imanol Iparragirre, Juan Joxe Petri-korena, Itziar Aizpurua, Jai- me Iribarren, Pablo Gorostia-ga, Antton Morcillo, Txotxe Andueza, Josu Iraeta, Xabier Zubizarreta, Itziar Lopategi, Iña- ki Olalde y Julen Aginako. En su comparecencia judicial, que se prolongó por unos pocos minutos, Otegi se ratificó en la declaración que realizó el 25 de mayo pasado ante el mismo magistrado, quien entonces ordenó su ingreso en prisión. Tras abonar una fianza de 400.000 euros, quedó libre dos días después.
A su llegada a la sede del tribunal especial, que se produjo hacia las 10.00, el mahaikide fue increpado con gritos como «asesino» e «hijo de puta», que se repitieron a la salida y cuando realizaba, rodeado de los dirigentes abertzales que le respaldaron en esta nueva visita a Madrid, las declaraciones a los medios de comunicación.
Con un ejemplar de «Orain herria, orain bakea» en una mano gesto imitado por el resto de representantes de la izquierda abertzale y el auto notificado por Grande-Marlaska en la otra, el dirigente independentista insistió en que la presentada en Anoeta es «una propuesta para superar el conflicto que vive Euskal Herria», mientras que la resolución judicial supone «una invención de la Audiencia Nacional».
Los «indicios»
Concretamente, el juez del tribunal especial procesa a Otegi al igual ha hecho con el ex parlamentario Jon Salaberria, contra quien dictó orden de busca y captura internacional el 25 de mayo bajo la imputación de un delito de «integración en la organización terrorista ETA, en grado de dirigentes». En el auto de procesamiento, Grande-Marlaska considera que las actividades públicas del portavoz de Batasuna son «incompatibles con el ejercicio del derecho de libertad de expresión».
Y es que, según argumenta, «en un Estado de Derecho la libertad de expresión no ampara el empleo de cualquier tipo de violencia apta a la consolidación de sus fines».
En el auto, el magistrado se refiere a la propia actividad pública de Otegi y Salaberria como «un indicio más de la pertenencia de Batasuna al entramado de ETA», y cita expresamente «su asistencia a homenajes a etarras en los que se proclaman consignas a favor de la banda». A su juicio, ambos dirigentes han participado en esos actos «sin desmarcarse» de esas supuestas consignas de apoyo a la organización armada.
Grande-Marlaska también cita que tres de los siete diputados abertzales en el Parlamento de Gasteiz en la pasada legislatura en referencia a Araitz Zubimendi, Josu Urrutikoetxea y el propio Jon Salaberria están imputados en otras causas por «delitos de terrorismo».
«Aun cuando el Derecho Penal lo sea del hecho imputable a una persona concreta, dentro de un discurso lógico no puede obviarse el que su cúpula [de Batasuna] se encuentre imputada en hechos de naturaleza terrorista, algunos de ellos en busca y captura», agrega.
Haciendo suyos el mismo estilo y la misma tesis que plasmara en sus autos judiciales dictados contra el independentismo vasco su predecesor al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, Grande-Marlaska asegura en esta resolución que «es ETA quien perfila y diseña el comportamiento electoral de HB-EH-Batasuna, incluida la conformación de las listas electorales, donde se incluyen personas imputadas por delitos de naturaleza terrorista, posteriormente condenados».
El sumario en el que han sido procesados Otegi y Salaberria, denominado 35/02 e instruido desde su inicio por Garzón, está dirigido contra la dirección de HB y Batasuna en base a la supuesta financiación de ETA «a través de las herriko tabernas».
Tras estos dos últimos procesamientos, son 41 las personas imputadas por esta causa: Idoia Arbelaitz, Bixente Enekotegi, Jon Gorrotxategi, Rufi Etxeberria, Enrique Alaña, Patxi Jagoba Bengoa, José Luis Franco, Jaione Intxaurraga, Joseba Garmendia, Juani Lizaso, Rubén Andrés, Maite Amezaga, Izaskun Barbarias, Gotzon Kortazar, Jon Martínez, Agustín Rodríguez, Josu Iraeta, Adolfo Araiz, Esther Agirre, José Antonio Egido, Antton Morcillo, Karlos Rodríguez, Mikel Arregi, Karmelo Landa, Sabin del Bado, Jasone Manterola, José Luis Elkoro, Floren Aoiz, Juanpe Plaza, Santi Hernando, Juan Kruz Aldasoro, Kepa Gordejuela, Isa Mandiola, Shanti Kiroga, Txekun López de Aberasturi, Joseba Permach, Josu Urrutikoetxea, Joseba Alvarez, Arnaldo Otegi y Jon Salaberria.
Además de todos ellos, en la lista de procesados se encuentra también el nombre de Jon Idigoras, fallecido la semana pasada tras una prolongada enfermedad.
Firme defensa de la propuesta
Al igual que Otegi hiciera el 25 de mayo ante el juez, el 27 a su salida de la prisión de Soto del Real o ayer mismo, las anteriores comparecencias judiciales en la Audiencia Nacional de los procesados en el sumario 35/02 también estuvieron marcadas por la defensa de la propuesta «Orain herria, orain bakea».
La primera de ellas tuvo lugar el 31 de enero, apenas dos meses después del acto del Velódromo de Anoeta. Desde la escalera de acceso a la sede del tribunal especial, un total de 33 militantes abertzales subrayaron ante los medios que su «único delito» era «defender el derecho de autodeterminación para el pueblo vasco». Jon Idigoras y Karlos Rodríguez no pudieron acudir por problemas de salud. Tampoco estuvo presente Gotzon Kortazar, que está preso en el Estado francés. Baltasar Garzón, aún entonces en la Audiencia Nacional desde primeros de marzo se encuentra en Estados Unidos impartiendo clases, tardó menos de una hora en comunicarles su procesamiento.
Los imputados, que al igual que ocurriera ayer mostraron ejemplares de la propuesta para resolver el contencioso que sufre Euskal Herria, reclamaron «el derecho a un escenario de paz para Euskal Herria, el derecho a que a los vascos se nos respete nuestro derecho a decidir libremente». Y es que, a su entender, «la asignatura pendiente del Gobierno del señor Zapatero es respetar lo que los vascos y vascas decidan mayoritariamente».
El 29 de febrero, les tocó el turno a Joseba Permach y Joseba Alvarez. Los dos mahaikides reafirmaron el contenido de la propuesta hecha pública en Anoeta y demandaron «movimientos. Nosotros nos hemos movido y seguiremos haciéndolo», resaltaron. También ante la presencia de numerosos medios, remarcaron que «por encima de los sumarios, no nos vamos a apartar de esa vía».
Durante la comparecencia, según explicó Alvarez, Garzón le preguntó «desde cuándo forma parte de la Mesa Nacional, cómo se eligen a sus integrantes, si ETA tiene delegados en la Mesa Nacional y sobre la denominada ‘Comisión Nacional de Herrikos’».


El PP trata de sembrar dudas sobre la fianza
El ministro de Interior español, José Antonio Alonso, compareció ayer en el Senado a instancias del PPy explicó que no se ha investigado la procedencia de los 400.000 euros abonados por Arnaldo Otegi como fianza «al no haber encontrado indicios para ello ni el juez, ni el fiscal ni la acusación particular». Esta respuesta no agradó al senador del PP Agustín Conde, quien consideró «lamentable la falta de preocupación del ministro» y la comparó con «la celeridad que demostró la Policía» para detener a dos miembros del PP acusados de agredir al ministro de Defensa, José Bono, en una manifestación. Conde criticó al PSOEpor sus alianzas con ERC e IU «y la postura de estos grupos respecto al diálogo con ETA», al tiempo que dijo que «el PP está con el millón de personas que fue a la manifestación de las víctimas, al final de la cual no se quemaron sedes», como insinuó que ocurrió tras el 11 de marzo de 2004. -


Iniciativas parlamentarias contra Batasuna
GARA
GASTEIZ
El PP acusó ayer a los gobiernos de Lakua y de Madrid de «actuar como si Batasuna no hubiera sido ilegalizada, permitiendo su participación en la vida pública como si se tratara de un partido como el resto».
El parlamentario del PP Carlos Urquijo presentó en la Cámara de Gasteiz una serie de iniciativas referentes a la presen- cia de miembros de Batasuna en actos públicos, «permitidos por la inhibición o colaboración directa del Gobierno Vasco».
Acusó al Ejecutivo autonómico en funciones de «no hacer absolutamente nada por cumplir la ley en lo que respecta a la situación de Batasuna, cuando es parte de la banda terroris-ta ETA».
Urquijo lamentó que tampoco el Gobierno español «ha- ga nada, o lo que ha-ce es en la dirección contraria a la buena, como introduciendo al Partido Comunista de las Tierras Vascas, a ETA, en el Parlamento vasco».
Consideró que «en el País Vasco están en total y absoluto desamparo quienes creemos en el Estado de Derecho» y que esta actuación de los po-deres públicos, «además de bordear la legalidad, no contribuye más que al envalentonamiento de ETA y Batasuna y al descrédito del Estado de Derecho».
Luesma: «Mala fe»
Paulino Luesma, de-legado del Gobierno español en la CAV, respondió a las declaraciones de Urquijo acusando al PPde «rozar la mala fe y confundir».
Luesma señaló, en un comunicado de prensa, que «el Gobierno de la Nación trabaja y se esfuerza por que el Estado de Derecho se cumpla en el País Vasco y, por supuesto, en el resto de España».
«Aquellos ciudadanos que de manera especial ven conculcados sus derechos más elementales, aque- llos cuya libertad y seguridad se ve amenazada, saben que el Gobierno de España está con ellos», añadió el delegado.