El día 17 de abril del presente se celebrarán en la Comunidad Autónoma del País Vasco, elecciones al parlamento autonómico. Será un día muy especial dado que a partir de la citada fecha no quedará en la Euskal Herria peninsular institución representativa alguna que pueda superar el mínimo listón democrático exigible en un estado llamado social democrático y de derecho.

A partir del 17 de abril el conjunto de instituciones locales, regionales y autonómicas del país quedarán definitivamente infectadas de un mal crónico y únicamente reversible por medio de una profunda restauración democrática.

A partir de esa fecha los vascos peninsulares careceremos completamente de instituciones realmente representativas capaces de abordar cualquier debate serio que concierne a los intereses de la sociedad vasca, dado que las mismas adolecen ya unas, y adolecerán otras, de la mínima legitimidad exigible. En este sentido, aquellos hombres y mujeres que, ante la presente coyuntura antidemocrática, se presentan a las elecciones al parlamento autonómico del País Vasco tendrán la gran responsabilidad de tener que responder a dicha situación y obrar en consecuencia. Flaco favor se hará por parte de aquellos partidos y candidaturas que obvien esta realidad y actúen a partir del día 17 de abril como si no pasase nada, tal y como viene sucediendo en numerosas instituciones locales y regionales.

Y es que la política iniciada allá por el año 1998 por parte del Partido Popular y continuada ahora sin rubor por el Partido Socialista Obrero Español nos ha colocado en una situación, en relación a los derechos humanos y los derechos civiles y políticos, sin precedentes en la Europa occidental. Y esto debe preocuparnos y mucho.

La política iniciada de la mano del Juez central de Instrucción de la Audiencia Nacional por medio del denominado macrosumario 18/98+, basado como en muchas ocasiones se ha dicho, en una teoría/elucubración del mismo, carente de los mínimos elementos indiciarios necesarios y que ha conllevado a la criminalización e ilegalización penal de numerosos y diversos agentes políticos sociales y culturales de Euskal Herria y la encarcelación y procesamiento de decenas y decenas de personas, tuvo posteriormente, y en base al denominado Acuerdo Por las Libertades y contra el terrorismo firmado el día 20 de febrero del año 2002 en el que se pactaron las bases "de una reforma jurídica para el aislamiento de Batasuna (DV, 20 de febrero de 2002), su corolario jurídico legal: la Ley de Partidos Políticos.

El día 24 de febrero Mariano Rajoy, Vicepresidente Primero del Gobierno señalaba en una entrevista al diario ABC que "Antes del verano estarán preparadas las reformas legales que impulsaran la ilegalización de Batasuna". Y recordemos que ya el 10 de mayo de 1998 el Presidente del Gobierno Español Sr. Aznar manifestaba que "Todos los de ETA y Herri Batasuna acabaran en la cárcel". En el reciente libro de memorias publicado por Don José María Aznar "Ocho años de gobierno" (Editorial Planeta), el ex presidente español narra así mismo que consideró el encarcelamiento de la Mesa Nacional de Herri Batasuna en 1997 como «un elemento muy importante». Sin embargo, «el Tribunal Constitucional los sacó de la cárcel en julio de 1999, en una decisión desafortunada, porque se sabía sin duda ninguna que había miembros de Herri Batasuna que estaban implicado en el terrorismo de ETA». «En ese momento ­explica Aznar­ se tomó la decisión de impulsar las medidas que culminarían con la Ley de P artidos Políticos aprobada en las Cortes en junio de 2002 y la ilegalización de Batasuna por el Tribunal Supremo».

Era obvio que al fin, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, con la tímida abstención de Izquierda Unida, establecían un marco jurídico legal cuyo objetivo último era sacar de la vida política pública vasca a un sector nada desdeñable de la sociedad que durante años (pudiéndo remontarse hasta 1930 con la fundación de ANV) tuvo y ha tenido amplia representación como lo demuestan las numerosas elecciones que desde el año 1978 han venido sucediéndo. Ese y no la tan de moda "lucha contra el terrorismo" era el objetivo, como ha quedado acreditado con los numerosos procesos de ilegalización que en tan corto plazo (3 años) han sucedido. Ya apuntaba el día 31 de mayo del 2002 Amnistía internacional cuando emitía un informe en el que mostraba su preocupación de que "a través de algunos artículos del proyecto de ley se pudieran emprender proceso de ilegalización de partidos políticos que propugnen el cambio de principios constitucionales o leyes de forma pacific a". Un augurio que poco tardo en hacerse realidad con la ilegalización de las candidaturas locales y regionales que se presentaron a las elecciones municipales del año 2003, y que continuó con la sentencia de ilegalización de Batasuna y la ilegalización en las elecciones al Parlamento Europeo de la candidatura Herritarren Zerrenda.

Llegamos así a las elecciones convocadas por el Lehendakari de la Comunidad Autónoma Vasca Sr. Ibarretxe para el día 17 de abril para la elección del Parlamento Vasco, en el que todavía los miembros de la cámara reflejaban la voluntad de los ciudadanos de la comunidad autónoma y su diversidad. Unas elecciones a las que el partido político ilegalizado Batasuna no podrá concurrir. No podrá concurrir a un Parlamento que en su momento señaló que "los procesos de ilegalización de organizaciones políticas afectan directa y restrictivamente a derechos y libertades tan relevantes como la libertad ideológica, de expresión, de asociación o de participación ciudadana, que están reconocidos expresamente por la Constitución, en su Título I, Capítulo II, Sección Primera. Que "los procesos de ilegalización citados... se extiende a formas de expresión, asociación y opción política o ideológica con arraigo en la realidad social de nuestro país. No podemos compartir esta forma de interpretar y aplicar la ley y, en consecuencia, manifestamos nuestro profundo desacuerdo con estos procesos de ilegalización". Que constataba así mismo que "estas circunstancias inciden negativamente, además, en la consecución de un objetivo mayoritariamente apoyado por nuestra sociedad como es el de hacer posible una convivencia política pacífica, democrática y con garantía para la expresión de su pluralismo. (Parlamento Vasco 17 de mayo de 2002)

Un parlamento y fuerzas políticas sabedoras por tanto de que unas elecciones en las presentes circunstancias vacían de legitimidad política moral y de derecho a la instituciones (Gobierno Vasco y Parlamento) que puedan surgir tras las citadas elecciones.

Hecho este que viene corroborado y agravado si cabe con la ilegalización de la candidatura Aukera Guztiak. Una agrupación electoral (que no partido y constreñida por tanto a las presentes elecciones) cuyo objetivo no era ni tan siquiera defender un proyecto político concreto sino " denunciar que no todo los proyectos políticos pueden ser sometidos a la consideración última de los ciudadanos, convirtiéndose en objetivo último de esta agrupación de electores la denuncia de tal exclusión".

Una candidatura ilegalizada por el tribunal Supremo por medio de un proceso en el que el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a proceso con todas las garantías y el derecho de defensa se han visto absolutamente constreñidos dada la celeridad del proceso, el rechazo a la apertura de un periodo probatorio y la aceptación de pruebas sin la necesaria contradicción de las mismas. Una sentencia además que en busca del fín último de la misma (la ilegalización de Aukera Guztiak) da una vuelta de tuerca más a la interpretación de los supuestos en los que una candidatura puede considerarse continuadora y heredera de un partido político ilegalizado. Hecho este que corrobora sin lugar a dudas la ya tan extendida interpretación de la ley de partidos como una ley "ad hoc", "chicle", hecha a la medida para que el juzgador pueda apelar a la misma en todos aquellos casos en los que la oportunidad política así lo requiera.

Aún así poco parece importar esto a la fuerzas políticas que gobiernan la comunidad a tenor de las actuaciones de la Policía Autónoma Vasca durante los días de campaña, que no tienen reparo alguno en impedir violentamente cualquier acto, reunión, concentración o manifestación que las fuerzas ilegalizadas pretenden realizar, vulnerándo con ello derechos humanos básicos como el de reunión, manifestación y libertad de expresión. Ciertamente poco valor merecen las cartas de denuncia a agentes internacionales o indignadas declaraciones de representantes autonómicos ante las imágenes que los medios de comunicación (si bien pocos) nos ofrecen.

Nos hallamos en una situación de extrema gravedad. Una situación de extrema gravedad que la vorágine mediatica electoral nos puede impedir observar en profundidad. En Euskal Herria hace tiempo que saltaron los mínimos estándares en materia de derechos y libertades. El bienestar económico y social derivado de nuestra pertenencia al denominado mundo occidental, o primer mundo, no puede impedirnos ver la extrema gravedad de la actual situación. Situación como hemos dichos sin parangón en la Europa actual. Y ciertamente la posible presencia de alguna formación política dispuesta a asumir con coherencia democrática los principios y postulados electorales de las fuerzas ilegalizadas, si bien loable dadas las circunstancias, no debe hacernos bajar la guardia en materia de derechos.

El día 17 de abril termina una etapa en Euskal Herria con la liquidación de la última institución formalmente representativa de una parte del país. La búsqueda y consecución de la democracia y el respeto de todos los derechos humanos (individuales y colectivos) para el conjunto de Euskal Herria se convierte así en el gran reto de la sociedad vasca.

* Jonan Lekue y Urko Aiartza. Abogados y miembros de ESKUBIDEAK (Asociación de abogados de Euskal Herria )

www.eskubideak.org