Las primeras valoraciones que, mayoritariamente, se han realizado en titulares y análisis periodísticos, sobre el resultado de las elecciones autonómicas en el País Vasco parecen provocadas más por el intento de reforzar las posiciones políticas de los contendientes y aún de los espectadores políticos, es decir, de los ciudadanos del resto de España, que por la medición real del impacto político y social de las mismas.

El mecanismo de análisis, que parece interesado y no casual, consiste en analizar y valorar fragmentadamente los resultados electorales. Si ha bajado el PNV significa la derrota del Plan Ibarretxe, si la suma de los escaños de PP y PSE es superior a los escaños del tripartito vasco significa el triunfo de los españolistas, si hay un importante aumento de voto al Partido Socialista supone el triunfo de ese partido.

Parece como si, una vez más, las anteojeras ideológicas y partidistas impidieran hacer un análisis sosegado y distante. Esas anteojeras son las que hacen que el examen de lo que ha pasado con cada árbol, impida que se pueda ver el bosque.
Frente al fraccionamiento metodológico, una visión de conjunto de los resultados electorales pone de relieve tres cuestiones que son relevantes para la resolución del conflicto vasco:
En primer lugar, nos guste o no la cuestión, es innegable que las fuerzas políticas que apoyan la esencia del Plan Ibarretxe, es decir, la necesidad de generar un mecanismo de autodeterminación de los vascos y una decisión democrática sobre la articulación del pueblo vasco con el resto de los pueblos que componen el Estado español, ha obtenido un clamorosa mayoría parlamentaria y una aún más elevada mayoría electoral. Para ello, no hay más que sumar los escaños y los votos que han obtenido los partidos que apoyan las propuestas soberanistas, evidentemente con diferentes sesgos y matizaciones. La suma de los escaños de la coalición PNV-EA, Ezker Batua, Aralar y Partido Comunista de las Tierras Vascas suma la contundente cantidad de 42 (56 %) escaños frente a los 33 (44 %) curules que suman PP y PSE, los partidos que encuadran el voto abiertamente españolista. Si acudimos a los votos, las diferencias se agrandan. Frente al 58,8 % de votos que suman los partidarios en mayor o menor medida del derecho de autodeterminación, sólo un 39,9 % de votos refrendan las listas de los adversos al ejercicio de ese derecho de autodeterminación. No hay que despreciar que el tanto por ciento restante, hasta completar el 100 % de los votos, corresponde a fuerzas políticas minoritarias que mayoritariamente se podrían situar en el bando soberanista.

Se puede defender que el Plan Ibarretxe ha sido derrotado porque la coalición de partidos que lo creó no ha obtenido mayoría absoluta, pero resulta un análisis pueril el desdeñar en esa pugna los votos acrecentadamente radicales que apoyarían una versión aún más contundente del mismo objetivo político.

En segundo lugar, parece obvio que los votantes vascos han deslizado el voto hacia las posiciones que apoyan el ejercicio del derecho de autodeterminación como mecanismo de resolución del conflicto vasco. Que en el bloque de los soberanistas avancen los partidos no ya partidarios de la autodeterminación sino de la salida independentista de esa consulta democrática, debería hacer reflexionar a los ciudadanos del resto del Estado y a los dirigentes políticos. Que en el bloque de los españolistas se produzca un trasvase de voto desde las posiciones intransigentes y confrontativas del Partido Popular hacia las posiciones moderadas, abiertas al diálogo con los nacionalistas, representadas por el Partido Socialista de Euzkadi, debería ser debidamente tenido en cuenta por los analistas, especialmente de la derecha española.
En tercer lugar, parece también innegable que el debate político de confrontación comienza a cansar a una parte importante del electorado. El aumento en un 10 % de la abstención, con una campaña tan polarizada, no puede caer en saco roto. Y, en una primera evaluación, parece que ese desencanto debe situarse predominantemente en las filas del nacionalismo vasco moderado, que habría decidido quedarse en casa para no acompañar unas reivindicaciones soberanistas que consideran desmesuradas, pero que tampoco quiere reforzar con su voto las posiciones españolistas, aunque sea del sector más moderado, articulado políticamente alrededor del PSE. Ese desplazamiento de la derecha del PNV hacia la abstención e incluso la trasferencia de voto al PSE no debiera ser ignorado por los dirigentes nacionalistas. El trasvase de uno de sus escaños a la lista de los socialistas en Vizcaya parece un botón de muestra bastante significativo.

Con todo, lo que globalmente puede sacarse como conclusión es que los españoles no podemos seguir practicando la política del avestruz frente al conflicto vasco. Pensar que la criminalización de partidos e ideas pueden resolver el problema se ha demostrado erróneo. La victimización de los abertzales ha contribuido evidentemente a su reforzamiento electoral, muy por encima de lo que las encuestas electorales (¡¡otra vez las encuestas como arma política!!) decían y los gurús políticos aventuraban. Seguir manipulando unos resultados electorales tan contundentes permitirá satisfacer necesidades políticas coyunturales, pero en poco va a permitir contribuir a resolver un problema que desangra (nunca mejor dicho) al País Vasco y al resto del Estado español.

Otra cosa será la gestión política que hagan los dirigentes de los partidos con los votos otorgados por los ciudadanos. Nadie podrá sorprenderse de que los soberanistas moderados puedan concertar un gobierno de coalición con los españolistas más tibios. De todos es sabido que la razón de Estado o de Comunidad Autónoma permite encubrir los más extraños acuerdos para seguir disfrutando del poder. Pero que nadie pretenda deducir de la gestión del voto la voluntad subyacente de los ciudadanos. Sobre todo después de una campaña electoral presidida por la confrontación ideológica y política sobre la viabilidad del ejercicio del derecho de autodeterminación.
Roberto Viciano Pastor. Profesor Titular de Derecho Constitucional. Universitat de València.