Opiniones

Propuestas de los Economistas de Izquierda

1. Los economistas de izquierda suscribimos este segundo documento con el fin de contribuir a hacer públicas nuestras propuestas frente a la dramática situación del país. Apuntamos a un objetivo impostergable: acabar con el genocidio social.
Nuestra prioridad absoluta es poner fin al empobrecimiento criminal que está soportando el pueblo. No estamos dispuestos a aceptar que los niños se desmayen de hambre en las escuelas, que la desnutrición avance en forma vertiginosa, que los desocupados se alimenten revolviendo los basurales. Afirmamos que ningún paciente más debe perder peso en los hospitales por falta de alimentación y que ningún jubilado más debe ser empujado al suicidio por la miseria. Se trata de una prioridad ética y política, previa a cualquier consideración técnica.
Se puede revertir el genocidio social y eliminar inmediatamente las modalidades más extremas de la pobreza, mediante la adopción de medidas de emergencia y redistribución del ingreso resistidas por la clase dominante. Pero sabemos que la riqueza disponible se redujo en una cuarta parte desde el comienzo de la depresión y que redistribuiremos la miseria si la superación de la emergencia social no es acompañada por una acelerada reconstrucción de la actividad económica. Para superar efectivamente la crisis hay que desarrollar un plan productivo que ponga los principales resortes de la economía en manos de los propios trabajadores. Por eso trabajamos a favor de una nueva modalidad de organización de la producción, que sustituya el imperativo de la rentabilidad por la planificación democrática gestionada directamente por quiénes viven de su trabajo, es decir el socialismo.
Nuestra iniciativa parte de una toma de posición por los intereses de los trabajadores, los oprimidos y los explotados. Ellos son los únicos sujetos capaces de brindar una respuesta superadora a la catástrofe económica y social. Ni en la religión mercantil del neoliberalismo, ni en la simple intervención del estado se encuentran las soluciones favorables al pueblo. Al calor de las luchas sociales en curso surgirán las instancias económicas de superación de la hecatombe actual.
Nuestra propuesta nació a comienzos de año como un eco de la insurrección popular que acabó con el gobierno de De La Rúa, que vetó el interinato de Rodríguez Sáa y que acorrala al gobierno de Duhalde. Participamos activamente de la movilización y apoyamos las manifestaciones que golpean las puertas de los bancos y las empresas privatizadas. Alentamos la discusión de soluciones en asambleas populares en barrios, nos solidarizamos con la acción de los piqueteros y los gremios que retoman la lucha.
No aspiramos por lo tanto a aportar una propuesta tecnocrática más, ni dirigimos nuestra acción a las empresas, fundaciones e institutos de la clase dominante.
Nuestros interlocutores se encuentran en las organizaciones sociales (de piqueteros, asambleas barriales, sindicatos no burocratizados, asociaciones de desocupados, fábricas tomadas y sometidas a control obrero, clubes de trueque), democráticas (organismos de derechos humanos) y políticas (los partidos y organizaciones de izquierda), que batallan contra el ajuste y la miseria. Por eso la implementación de nuestras propuestas se inscribe en la profundización del proceso de movilización abierto en diciembre pasado. Nuestra prioridad inmediata es, en esta coyuntura, proponer un conjunto de medidas redistributivas de emergencia para salir de esta verdadera catástrofe social.
2 Medidas de emergencia para revertir el genocidio social en curso 2. Para acabar con el genocidio social hay que revertir la expropiación de ingresos que soporta la mayoría de la población desde hace una década y que se agravó brutalmente desde la devaluación. La disparada del dólar y la inflación ha incorporado 3,4 millones de nuevos pobres y 1,5 millones de nuevos indigentes a la masa preexistente de 14 millones de pobres (ingresos familiares inferiores a los $ 460 mensuales) que incluyen 4,9 millones de indigentes (quienes apenas pueden adquirir una canasta básica de alimentos valuada en $ 75). La Argentina tiene a la mitad de su población sumida en la pobreza y se ubica entre los 15 países con peor distribución de la riqueza del mundo. La depresión ha sumado además 1 millón de nuevos desocupados al terrorífico porcentaje de 40% de la población desempleada o subocupada. Desde la crisis del 30 no se ha visto una catástrofe semejante en ningún país sin guerras, ni cataclismos naturales.
Esta urgencia deriva del terrorífico ritmo de expansión de la miseria. Se estima que si en el segundo semestre se reproducen los mismos indicadores económicos de la primera mitad del año, la pobreza podría alcanzar a 23 millones de personas y uno de cada tres argentinos será indigente y dos de cada tres serán pobres. Los chicos se desmayarán de hambre en todo el país y la desnutrición provocará daños irreversibles para el desarrollo de la gran mayoría de los niños.
Resulta absurdo esperar la resolución de este drama a largo plazo a través de un hipotético "derrame" del crecimiento. Ya se experimentó la falsedad de esta expectativa durante el menemismo y algunas estimaciones demuestran que ni siquiera una milagrosa reactivación sostenida durante 20 años alcanzaría para eliminar el actual nivel de miseria. Hay que actuar ya mismo contra este crimen con varias iniciativas inmediatas.
3. Seguro de Empleo. El seguro de empleo y formación no puede demorarse, ni implementarse con la burla que ha puesto en marcha el gobierno. Los $ 150 prometidos cubrirían sólo a la mitad de los desocupados, se han comenzado a pagar en Lecop y se desvalorizan vertiginosamente con la aceleración de la inflación. La cifra anunciada en diciembre representa hoy $ 123 de ese momento.
A este ritmo de carestía ese valor quedará reducido a fin de año a un poder de compra de entre el 35 y el 50% menor. El único objetivo de este subsidio es abaratar el salario reduciendo el piso de los sueldos, ya que se autoriza a las empresas a contratar empleados pagando sólo las cargas sociales o las respectivas diferencias con los salarios de convenio.
Frente a este atropello proponemos retomar el monto del seguro inicialmente propuesto por algunas organizaciones sociales y sindicales, que contemplaba un subsidio de $ 380 pesos para los jefes o jefas de hogar más el salario universal de $ 60 por hijo menor de 18 años. Con estas sumas los ingresos de las familias con jefes y jefas de hogar desempleados/as permitirían cubrir el nivel requerido para solventar la canasta básica de alimentos y servicios, estimada hoy en unos $ 600 para una familia tipo de cuatro miembros.
Pero tan importante como el monto del seguro es su gestión, porque nuevamente están a la vista los escandalosos manejos de clientelismo y corrupción por parte de los hombres del Gobierno y sus caciques provinciales o municipales. Rechazamos 3 también los renovados intentos de marginar a las organizaciones de desocupados de la gestión de sus propios fondos. Exigimos que los seguros de empleo sean democráticamente gestionados por las propias organizaciones del movimiento de trabajadores desocupados, que podrán así convertirlos en verdaderas remuneraciones del trabajo comunitario ejercido en diversos emprendimientos (comedores y guarderías infantiles, huertas y panaderías comunitarias, asentamientos y construcción de viviendas, talleres de costura, bibliotecas populares, etcétera). De esta manera, se podrá recuperar la cultura del trabajo en oposición al trabajo alienado que surge de la actual relación entre el trabajo y el capital.
Pero el seguro que asegura la subsistencia no resuelve el drama del desempleo.
Mientras que la mitad de la población en condiciones de trabajar tiene problemas de empleo, quiénes cuentan con un puesto de trabajo padecen de sobreempleo, es decir, de jornadas de trabajo que superan entre un tercio y un cuarto las vigentes en otros países del mundo. Proponemos comenzar a resolver esta situación mediante la reducción generalizada de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo disponibles, manteniendo el salario y con la supervisión obrera sobre los ritmos y la intensidad del trabajo. Esta medida permitiría descargar sobre los beneficios de los empresarios y no sobre la masa de salarios los costos de la crisis y constituiría, además, un mecanismo de socialización de los aumentos de productividad del trabajo asociados con la reactivación económica.
Por otra parte exigimos la derogación de la Reforma Laboral y del resto de la normativa previa que legalizó la precarización del trabajo y el despotismo de las patronales impuestos durante la década de los ‘90. Reclamamos una nueva legislación laboral, cuya observancia debe estar bajo control de las organizaciones de trabajadores de base. Ella debe asegurar la vigencia de nuevas normas de condiciones de trabajo, duración de las jornadas, seguridad e higiene y regímenes de vacaciones y francos, la estabilidad del empleo, las indemnizaciones por despido. Particularmente exigimos la abolición de las relaciones de dependencia encubiertas bajo el sistema de contratación de trabajadores en calidad de autónomos, masivo en los servicios, y del sistema de mercantilización de la muerte de las ARTs, que provoca 2 víctimas fatales y 40 mutilados por día.
4. Salario mínimo. Aunque el seguro de empleo propuesto facilitaría una elevación de los salarios, se requieren medidas adicionales para recuperar el nivel de los sueldos al cabo de casi cuatro años de recesión, recortes nominales y confiscaciones inflacionarias. Desde la devaluación los salarios han caído mas del 30 % cuándo a fines del 2001 se ubicaban un 10% detrás del año precedente y un 25% por debajo de los ‘80. Cuándo la canasta básica se sitúa en $1.255, la mitad de los asalariados gana menos de $375 pesos, lo que sitúa a una porción importante de los asalariados cerca de los niveles de indigencia. El salario en dólares se ha también pulverizado y ya se ubica por debajo de los terribles niveles de explotación que caracterizan a las "maquilas" centroamericanas. Este cuadro es mucho más grave que el padecido durante la hiperinflación de 1989 o el "rodrigazo" de 1975.
Es necesario poner fin de inmediato a esta situación mediante la recuperación de la función del salario mínimo –congelado desde hace casi 10 años en el ridículo monto de $ 200- y el combate contra el trabajo en negro, que sume en la ilegalidad a la mitad de la fuerza de trabajo. Se impone un aumento general de los 4 salarios y una elevación del nivel mínimo a $ 700, como primera medida para llegar a situar en cierto plazo este básico en el nivel la canasta familiar. Pero también es necesario desarrollar una verdadera campaña de erradicación del trabajo en negro, remunerado en promedio en menos de la mitad del salario en blanco, que se sustente en la denuncia de los propios damnificados a los que debe garantizarse la conservación del empleo. Esto supone exigir la contratación en condiciones legales de todos los trabajadores en negro, sin importar la naturaleza de su trabajo ni el sexo o la nacionalidad de los trabajadores implicados.
Este combate es fundamental porque los trabajadores del sector privado están sometidos por una parte a la presión de condiciones de trabajo denigrantes, a altísimos niveles de desempleo y también a la persecución de burocracias sindicales que ya devinieron en muchos casos en un sector más del empresariado.
Plantear que la mejora salarial propuesta activará la inflación constituye un chantaje patronal, que además no se verifica en la realidad de la economía. Los precios minoristas treparon un 21% en el primer cuatrimestre y los mayoristas 57%, mientras los salarios se desplomaban. Si la inflación estuviera dictada por el salario, los precios deberían haber decrecido desde principio de año. Frente a la amenaza de una remarcación generalizada por parte de las corporaciones formadoras de los precios hay que poner en marcha la acción de organismos populares de control. La intervención directa de la población es la respuesta más efectiva frente a las maniobras de empresas que especulan con la miseria o desabastecen productos de primera necesidad. Un sector clave en este terreno son los medicamentos, cuya comercialización está en manos de 25 laboratorios que aumentaron 156% los precios en la última década y han empujado a 15 millones de personas fuera de cualquier consumo de remedios.
Los mecanismos de control de precios y abastecimientos que proponemos supondrían, a diferencia de las grotescas medidas de "defensa del consumidor" y "centros de abaratamiento" anunciadas por el gobierno, una supervisión efectiva por parte de los trabajadores y los consumidores en las instancias claves de la producción y la comercialización (los grandes conglomerados productores de alimentos, las empresas de servicios, las grandes cadenas de supermercados) y en función de los costos reales de producción.
Todas estas medidas vinculadas con la cobertura para los jubilados, el salario mínimo y el seguro de empleo, en las actuales condiciones de inflación galopante, deben ser respaldadas por un mecanismo que resguarde su poder adquisitivo. El mecanismo más inmediato es la indexación de los montos correspondientes a través de los índices de inflación asociados con la canasta familiar.
5. Cobertura de los trabajadores pasivos. Proponemos que las jubilaciones y pensiones actuales sean convertidas en una cobertura universal de $ 500, que alcance a todas las personas mayores de edad y discapacitadas sin ningún tipo de excepción. Esta medida debe ser adoptada sin dilaciones, porque dejar morir a los ancianos, privándolos de alimentación y remedios y cuidados es la forma que han elegido los sucesivos gobiernos de las últimas dos décadas para deshacerse del problema jubilatorio.
5 La privatización del sistema previsional ha sido sencillamente otra estafa. Las AFJPs no solo se apropiaron de una inconcebible renta a través del cobro de altísimas comisiones, sino que además la acción del Estado ha diezmado el ahorro mediante la colocación forzosa en títulos públicos de los fondos. Los aportantes del sistema de capitalización están atrapados en un corralito que no se explicita y cuando deban jubilarse se encontrarán en la misma situación que los pequeños ahorristas estafados por los bancos. Por eso planteamos que las AFJPs deben ser inmediatamente expropiadas y reemplazadas por un sistema único de jubilaciones solidarias que funcione, como vienen reclamando las organizaciones de jubilados y pensionados, bajo control de los trabajadores en servicio y retirados. Esta propuesta difiere radicalmente de la estatización que promueven algunos sectores del gobierno con el objetivo de recuperar el manejo de la recaudación previsional para destinarla a pagar los intereses de la deuda pública. De ninguna manera convalidaremos que la estafa que realizaron las AFJP sea ahora continuada por un saqueo en manos de funcionarios digitados por el FMI.
6. Salario social. Existe también una serie de necesidades básicas cuya satisfacción no puede ser sometida a las pautas de consumo monetizado del mercado y que por lo tanto deben ser directamente garantizadas a través de un salario social. La propia crisis, pauperización y falta de disponibilidad de efectivo han dado lugar al surgimiento de una amplia red de organizaciones comunitarias que deben ser apuntaladas. El nefasto proceso de mercantilización registrado durante la pasada década de neoliberalismo, la privatización de la educación, de la salud, de los espacios públicos deben ser revertidos mediante una verdadera ofensiva de reconstrucción del salario social.
El punto de partida de esta acción es el aumento del presupuesto social, que hoy sigue ubicado en un monto exiguo en comparación con las obligaciones impuestas por la deuda pública. Sin este aumento todas las instituciones públicas en terapia intensiva colapsarán definitivamente, como se observa día a día en los hospitales sin insumos que suspenden servicios o en las universidades sin electricidad que recortan horarios nocturnos. Sin embargo, después de años de corrupción oficial en el manejo presupuestario, de nepotismo de las oligarquías provinciales y clientelismo de los intendentes y concejales, sabemos que no basta con reclamar aumentos. Tal como lo plantean numerosas asambleas barriales se impone establecer nuevas formas de gestión y el funcionamiento de las instituciones y los servicios sociales, basadas en la autoorganización y participación de los propios interesados.
Las prioridades inmediatas están hoy asociadas con la alimentación, el tratamiento de enfermedades masivas y la alfabetización. Es preciso garantizar el acceso a una canasta de alimentos de emergencia para todos los habitantes. Es necesario reconstruir el sistema educativo primario rechazando cualquier injerencia de las políticas del Banco Mundial, a través de escuelas gestionadas por los trabajadores de la educación y miembros de las comunidades implicadas, que garanticen una educación básica uniforme, pero que incorporen también la alfabetización de los adultos y el desarrollo de nuevas actividades culturales y de capacitación laboral más específicas. Es preciso asimismo reconstruir el sistema de salas de primeros auxilios y hospitales públicos generales, también bajo gestión de los propios trabajadores de la salud y de la comunidad, con una cobertura territorial 6 exhaustiva y orientados a dar tratamiento a las enfermedades que causan mayores índices de mortalidad (colesterol, cardiovasculares, chagas, diabetes), a dar asistencia a las mujeres (provisión de anticonceptivos y aborto) y a las personas drogadependientes (drogadicción, alcoholismo). En esta tarea podrá recuperarse la vasta y rica experiencia de medicina sanitarista argentina.
A mediano plazo es necesario extender esta recuperación de servicios públicos incorporando la educación primaria y secundaria a un sistema integrado de educación obligatoria y reestructurando la educación terciaria y universitaria en su conjunto, en dirección de un sistema de educación superior único compuesto por las universidades nacionales y los institutos nacionales dedicados a la investigación y desarrollo (INTA, INTI, INIDEP, SENASA, CONICET, etcétera) con claras prioridades de formación e investigación centradas en un plan de desarrollo científico y tecnológico. Es preciso también extender la cobertura de salud hacia los grados mayores de complejidad y hacia las tareas de prevención y consolidar el sistema de salud pública mediante la producción de las drogas y equipos básicos médicos. El acceso a la educación en sus distintos niveles y a la salud en sus distintos grados de complejidad debe ser gratuito y estar efectivamente garantizado para todos los ciudadanos.
7. Financiamiento. Para poner en práctica estas medidas de emergencia se requiere aplicar un principio básico: la crisis fue provocada por la clase dominante y este grupo social debe cargar con las consecuencias del drama que ha generado.
Especialmente durante la última década gozaron de total impunidad para llevar a cabo el mayor atropello económico y social de la historia argentina y las víctimas de su acción ya han padecido suficiente hambre, miseria y opresión. Llegó la hora de que los expropiadores del salario, los ingresos y los ahorros de la mayoría de la población paguen la factura del desastre social.
Siguiendo este criterio proponemos en este sentido tres vías inmediatas de recaudación de los fondos requeridos para nuestras propuestas: a) El establecimiento de impuestos directos sobre los beneficios, las rentas y las grandes fortunas; b) La cesación total del pago de la deuda pública y c) La restauración de los aportes previsionales.
a) En materia impositiva planteamos una reforma total de los mecanismos de recaudación para erradicar la extraordinaria evasión de $20.000 millones al año.
No se puede exigir a los trabajadores, a los profesionales, pequeños productores y comerciantes autónomos el respeto de carga impositiva alguna mientras una sola gran empresa o grupo económico con la debida complicidad del estado, siga evadiendo. Es necesario tender rápidamente a un sistema impositivo progresivo.
Pero debe reformularse también la estructura tributaria vigente, que es una de las más regresivas del mundo. Puede establecerse un gravamen equivalente al 10% de los activos de las cien empresas de mayor facturación y otro 5% a las compañías con ventas superiores a los $ 5 millones y una imposición especial a las ganancias obtenidas por los rentistas. En los casos necesarios y para impedir elusiones, el impuesto sobre los activos puede ser sustituido por un suplemento extraordinario a las ganancias o a las ventas de las empresas. Estos gravámenes permitirían recaudar más de $ 20.000 millones para hacer frente a la emergencia social.
Debería establecerse asimismo una tasa del 30% sobre el capital declarado radicado en el exterior y que no tenga el carácter de inversión directa (mientras se 7 investiga lo no declarado), afectándose los bienes registrados en el país para el cumplimiento de esta obligación. Dicha tasa podría proveer fondos, por única vez, por otros USD 20.000 millones. Es fundamental introducir, asimismo, un impuesto inmediato del 30% a los grandes grupos beneficiarios de la pesificación de sus deudas bancarias por un monto superior a los $25.000 millones, que permitiría un ingreso adicional de $ 7.500 millones.
b) Deuda externa. En los últimos presupuestos nacionales se contemplaban alrededor de $/USD 9.000 millones de anuales para el pago de intereses de la deuda y esta cifra sigue superando los $ 5.000 millones en la propuesta inicialmente elaborada para el 2002. Estos fondos constituyen una segunda fuente de financiación del programa de emergencia.
Quienes afirman que no podemos considerar estas sumas porque el "país está en default y la deuda no se paga" mienten. La cesación de pagos actual sólo abarca a una parte del pasivo y en plena debacle social se siguen abonando puntualmente los vencimientos de servicios adeudados a los organismos internacionales (recurriendo a las menguadas reservas), como así también los bonos que se convirtieron en préstamos garantizados con recaudación impositiva, en manos de rentistas argentinos. El reciente pago de USD 680 millones al Banco Mundial (una cifra que alcanzaría para financiar con creces los seguros de desocupados que el gobierno tiene previsto para todo el año) constituye apenas la demostración más contundente del destino de los fondos que se le niega a los trabajadores y desocupados.
Las pruebas del carácter fraudulento son abrumadoras y la legitimidad de la decisión de no pagar es compartida por la mayoría de la población. Los pagos de intereses de la deuda, que pasaron del 1,99% del PBI (1991) al 5,33% (2001), constituyen la principal causa del déficit fiscal, que obviamente no se desbordó por mayores gastos sociales, ni inversiones en infraestructura. Si la deuda constituyó en los últimos años una carga insoportable, luego de la devaluación se ha convertido en una hipoteca de efectos inimaginables porque saltó del 60% al 100% del PBI.
Proponemos la suspensión efectiva y total del pago, es decir que no se destine un sólo dólar o peso para estos fines y que cesen por completo las misiones del FMI, porque la única función de los desembolsos que se obtendrían de un eventual acuerdo con ese organismo es asegurar la continuidad del ajuste. No existe ninguna posibilidad de financiar actualmente un aumento del presupuesto social sin romper con el FMI.
Esta propuesta difiere de la limitada suspensión de pagos que propone el Plan Fénix, pretendiendo convencer a los acreedores externos de la conveniencia de una reestructuración de los vencimientos y de una quita del capital e intereses que aligeren los pagos. La experiencia ya transitada en Latinoamérica indica que una suspensión de pagos concebida como una breve etapa de distanciamiento del FMI para recuperar la economía, acumular divisas y retomar un acuerdo concluye en mayores sometimientos a las exigencias de los acreedores.
Proponemos repudiar la deuda pública fraudulenta y en todo caso buscar formas alternativas que requieran nuestras prioridades bancarias y del comercio exterior.
8 El costo extraordinario del desastre desatado por la crisis capitalista debe recaer enteramente sobre las ganancias de los propios capitalistas responsables de la crisis. Estamos convencidos de que hay que evitar proponer medidas que, como las enumeradas en el Plan Fénix, constituyen un menú de "buenas intenciones progresistas" que, evitando cualquier confrontación con el poder económico, terminan siendo un simple preludio del retorno de los representantes de dicho poder a la dirección de la economía. La experiencia de los "progresistas" de la Alianza que terminaron golpeando la puerta de Cavallo y de López Murphy es suficiente para nosotros.
c) Finalmente pensamos que la eliminación de las AFJPs y el establecimiento de un sistema único de jubilaciones solidarias sobre la base de la restauración de los aportes patronales, que además de reducidos son en la actualidad masivamente evadidos por las empresas, facilitará la recuperación de otros $ 4.000 millones anuales para cubrir las necesidades de los jubilados y pensionados.
La reorganización del presupuesto, a través de la eliminación de una serie de partidas como las vinculadas con exenciones, diferimientos y subsidios que favorecen a los capitalistas, desde las subvenciones a la educación privada, los regímenes jubilatorios de privilegio o el enorme gasto que insume una cantidad innecesaria de cargos políticos complementarían aquellos fondos destinados a enfrentar la emergencia social.
8. El "corralito" constituye un brutal mecanismo de expropiación de los pequeños acreedores y deudores por parte de los banqueros. Se han confiscado ahorros acumulados para complementar jubilaciones misérrimas, constituidos a partir de indemnizaciones por despido y destinados a solventar los "seguros de empleo privado" necesarios para garantizar la subsistencia mientras se intenta conseguir un nuevo trabajo. Este es el carácter de los ahorros robados a más de 1.200.000 depositantes en pesos o dólares, que poseían más del 80% de las cuentas con depósitos promedio de apenas $/USD 25.000. Fueron expropiados para socorrer a los banqueros en medio de la corrida provocada por el colapso financiero que desató Cavallo.
Las promesas demagógicas de Duhalde ("los depósitos serán devueltos en su moneda original") ya quedaron en el olvido, mientras la pesificación de los ahorros en dólares a $ 1.40 implicó una expropiación de alrededor del 70% del valor original de los depósitos, que aumenta a medida que la cotización del dólar sigue su ascenso.
La conversión de los depósitos en bonos recientemente dispuesta por el ministro Roberto Lavagna consagra una expropiación definitiva porque a 5 o 10 años, en pesos o en dólares, con o sin participación de garantías privadas, son impagables para el estado y constituyen un nuevo plato para los especuladores que los negociarán a una fracción mínima de su valor nominal. Los bancos presionaron permanentemente por esta transferencia de sus compromisos al estado retaceando garantías, reteniendo dólares e incluso dificultando cualquier retiro de fondos.
Rechazamos categóricamente la presentación del bono expropiador como un "mal menor" o como una "medida inevitable". Los ahorristas han sido estafados por los banqueros y sus socios capitalistas con el auxilio de las reservas del Banco 9 Central y la cobertura legal que primero brindó De la Rúa y ahora Duhalde.
Afirmar simplemente que el "dinero ya no está" equivale a encubrir esta confiscación y argumentar de que "ningún sistema aguante el retiro masivo de depósitos" oculta que esta fuga fue orquestada, avalada y realizada por los grandes empresarios y financistas a costa del pequeño ahorrista. El nuevo bónex es el punto final de esta expropiación, porque otorga a las víctimas de la estafa un papel pintado emitido por un gobierno en quiebra financiera, lo que permite a los banqueros desligarse de sus compromisos con los depositantes y también de gran parte de sus créditos morosos.
Las otras alternativas que había evaluado la clase dominante constituían modalidades diversas de expropiación. La apertura del corralito financiada con emisión monetaria (propuesta de González Fraga) hubiera desatado una hiperinflación descontrolada que hubiera pulverizado los ahorros antes de poder ser utilizados para cualquier destino. Y la tercera opción –permitir que cada banco negocie individualmente con los ahorristas (Rodríguez Saá en San Luis)– hubiera conducido a que las entidades que opten por irse no devuelvan nada. Es tan obvio que cualquier alternativa agrava el caos económico y tiene un costo fiscal descomunal, que el gobierno todavía vacila, cambia de postura cada día y busca salidas intermedias que se parecen a la cuadratura del círculo. Cerrando el corralito agrava la recesión y flexibilizándolo alienta la fuga al dólar y el aumento de la inflación.
Una resolución del corralito a favor de los ahorristas requeriría que las entidades financieras, que han sido el canal para la fuga de más de USD 20.000 millones durante el 2001, fueran conminadas a la devolución de depósitos mediante aportes suministrados por sus casas matrices y recurriendo a su propio capital (incluyendo sus propiedades directas, encubiertas y asociadas, como sus participaciones en empresas, etcétera). Si los bancos extranjeros – 3/4 partes del sistema, después del proceso de extranjerización de la banca durante el menemismo– se desentendieran de su compromiso y optaran por irse del país –y los nacionales se declararan en quiebra–, habría que disponer la inmediata confiscación de todos los activos vinculados a estas entidades.
Exigir que las casas matrices respondan por sus filiales locales es un reclamo elemental. Resulta inaceptable que un banco se retire dejando un tendal de ahorristas y empresas en la quiebra. Para resolver el problema de los pequeños ahorristas es necesario intervenir el sistema financiero e investigar cuales de los grandes créditos constituyen créditos ficticios que encubrieron fugas de capital, para eventualmente exigir su devolución.
Proponemos la siguiente secuencia de medidas: i- intervenir los bancos, ii- investigar el destino de los fondos fugados, iii- intimar a los bancos a la restitución de los depósitos, iv- expropiar sin indemnización a bancos que estafaron destinando el producto a un fondo cuyo recupero sirva para la devolución de los depósitos en moneda de poder adquisitivo interno constante.
Aún así, es claro que nadie puede asegurarle a los pequeños ahorristas que volverán a contar el dinero que le robaron los banqueros, pero en cambio se les puede garantizar dos cosas. Primero, justicia, ya que los estafadores serán juzgados y sus propiedades incautadas. Segundo, participarán de todos los 10 beneficios que incorporan las medidas de emergencia anunciadas anteriormente.
Mientras se tramita la devolución de lo máximo posible de sus ahorros, tendrían ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas como el resto de la población.
También es necesario resolver el problema de la indexación de los créditos hipotecarios, que no está garantizada aún con la supuesta eliminación del CER.
Proponemos la anulación definitiva de este índice que amenaza convertirse en una nueva versión de la circular 1050, que en los años 80 empobreció masivamente a los pequeños deudores.
Un problema adicional derivado del corralito es la presión de los retiros de depósitos sobre el tipo de cambio. No hay solución para este tema que no pase por un efectivo control de cambios y el fortalecimiento de las cuentas fiscales como ha sido propuesto anteriormente. Por lo tanto la única solución es avanzar progresivamente a una desdolarización de la economía que, combinada con la supresión de las "monedas para pobres" que constituyen los bonos provinciales y nacionales, reinstale una moneda única de curso forzoso. Esta recuperación de la soberanía monetaria es un principio fundamental de nuestro programa.
9. La crisis bancaria ya superó con creces al problema del corralito. Está en curso el derrumbe inminente y completo del sistema financiero como consecuencia directa de la depresión y la fuga de capitales. Los bancos han sido vaciados a la vista de toda la población y con la complicidad directa del gobierno. Los gobiernos permitieron la fuga de más de USD 20.000 millones de dólares antes del corralito y encubrieron la continuidad de los giros y de sumas millonarias luego de este congelamiento, a través de operaciones financiadas desde el Banco Central con redescuentos y pérdidas de reservas. La entrega de este dinero a los bancos será recordada como una de las mayores estafas de la décadas porque se asistió a entidades en venta (Galicia), quebradas (Scotiabank), lavadores de dinero (BNG), carentes de ahorristas (Creditanstaldt). Y si este subsidio se está limitando es porque el FMI exige preservar las reservas para utilizarlas en la reanudación futura del pago de la deuda.
El desmoronamiento total del sistema bancario comenzó con la caída del Scotiabank y ya fue seguido por las tres entidades pertenecientes al Crédit Agricole. La negativa de los bancos extranjeros a hacerse cargo de la crisis bancaria resulta inadmisible. Sólo este último grupo francés detenta activos mundiales cuatro veces superiores al PBI argentino y, al igual que el Scotiabank o el BNG, recibió cuantiosos redescuentos del Banco Central.
Está actualmente en marcha a toda velocidad un descarado vaciamiento del sistema financiero. Todas las entidades que preparan su partida trasladan previamente sus patrimonios al exterior con la explícita complicidad del Banco Central. Cuándo sus directores exigen plena inmunidad legal para actuar en los próximos meses es porque son conscientes de la magnitud de la estafa en curso y buscan cubrir sus espaldas de la ira popular.
Está previsto que en los próximos meses (¿semanas?) desaparezcan entre el 30 y el 50% de las 4.580 sucursales que existían a fines del 2001 y los despidos afectarían a alrededor del 50% de los 100.000 empleados. El achicamiento será 11 brutal porque los financistas saben que la dimensión del sistema bancario se adaptará a la fenomenal contracción de toda la economía.
Actualmente el sistema cuenta con depósitos a la vista por $ 30.000 millones y depósitos reprogramados por $ 35.000 millones, que sumados ascienden a $ 65.000 millones o USD 20.000 millones. Si la mitad de estos fondos se cambiaran por bonos públicos, el sistema quedaría con unos $ 30 a 35.000 millones, es decir, USD 10.000 millones, cuando a fines del 2000 contaba con depósitos por USD 90.000. La envergadura del sistema financiero emergente de la crisis representaría así 1/9 de la que tenía un año y medio atrás.
El sistema financiero se desploma y el desafío es cómo reconstruirlo: a favor de los banqueros o en beneficio de la mayoría de la población. La primera alternativa es la que prepara el Gobierno mediante el subsidio y la extranjerización. El auxilio será a través de los conocidos mecanismos de estatización, que incluyen todo el espectro de redescuentos, bonos y asimilación de carteras morosas. Este tipo de socorros insumió un costo equivalente al 25% del PBI mexicano luego de la crisis de 1994 y del 16% del coreano y el 40% del indonesio después de desplome asiático de 1997-98. En el caso argentino (con el precedente de los rescates de USD 7.000 millones realizado durante la crisis del tequila), la crisis bancaria en curso es de una magnitud tal que implicaría aumentar la deuda en más de USD 20.000 millones. Hay incluso cálculos del costo de esta estatización ruinosa que lo elevan al 30 % del PBI.
Este auxilio serviría, además, para financiar la extranjerización del futuro sistema a favor de los grupos foráneos que decidan quedarse para apropiarse de los restos de la banca cooperativa y oficial. Para preparar esta operación los hombres del FMI en el Banco Central exigen leyes de inmunidad. A través de la "off shorización" o la banca transaccional, el manejo del crédito quedaría asimilado al de una economía colonial.
Frente a esta perspectiva de estatización de la banca para socorrer a los financistas proponemos la expropiación de los banqueros. En otras palabras, la necesidad de conminar a las entidades financieras a la devolución de depósitos sería el punto de partida para una expropiación de la banca y para la construcción de una banca bajo gestión planificada y popular cuya función primordial sea orientar el crédito hacia las actividades socialmente prioritarias.
Proponemos avanzar hacia la nacionalización sin indemnización de toda la banca para constituir un sistema único de banca pública, que podría adoptar la forma de una estructura compartimentada (un banco de inversiones, uno de comercio exterior, uno de transacciones y un banco central emisor de moneda y regulador del sistema). Esta nacionalización debe incluir explícitamente la propiedad y no limitarse al manejo oficial orientado del crédito siguiendo el modelo de los años ‘70. En este terreno hay que evitar las declaraciones vacuas y grandilocuentes sobre "la regulación del crédito " o el "control de las operaciones". La nacionalización efectiva y popular de la banca no tiene nada que ver con la estatización de hecho que se está produciendo actualmente como resultado del desplome de entidades privadas y el pasaje masivo de cuentas, clientes y depósitos a los bancos oficiales. La nacionalización es además la única garantía del mantenimiento de los puestos de trabajo bancarios.
12 10. El default de la deuda pública confirma la total inutilidad del sacrificio realizado por nuestro pueblo durante años para cumplir con los pagos de la deuda.
Estaba a la vista la imposibilidad de hacer frente a vencimientos de intereses que triplicaban los gastos de administración del gobierno e insumían seis veces más fondos que la asistencia social y 23 veces más recursos que los planes de empleo.
Y era evidente que no podrían ser refinanciados con nuevas privatizaciones porque el patrimonio del Estado ha sido totalmente rematado.
La actual situación de parcial cesación de pagos no tiene nada que ver con la decisión soberana de romper con el FMI. La escena de los diputados y senadores festejando un default parcial durante la Asamblea Legislativa que coronó a Rodriguez Sáa ha sido tan grotesca como todas las declaraciones serviles de Duhalde y sus aliados radicales. Para "hacer los deberes" ahora se aprestan a facilitar el remate de los activos devaluados y otorgar amnistía a los banqueros estafadores mediante las leyes que exige el Fondo.
Sin cesar el pago de la deuda y romper toda negociación con el FMI no hay reconstrucción económica posible a favor de los trabajadores. Suspender los pagos con vista a una futura renegociación conduce a repetir las frustraciones de los últimos años. Ya se demostró que el plan Brady y las sucesivas reducciones de intereses y ampliaciones de los plazos de pago, como el "blindaje" y el "megacanje" de Cavallo, conducen a engrosar el pasivo y a condicionar la actividad económica a las exigencias de los acreedores. Y la "quita" que algunos miembros del establishment impulsan sólo obedece al intento de asegurar el cobro de lo que puedan conseguir de una deuda impagable.
Nadie puede argumentar que una ruptura con el FMI "nos alejará del mundo", porque el país tiene cortado el crédito internacional desde hace un año, no recibe un solo dólar de inversión y está en la lista negra de todas las calificadoras de riesgo. La Argentina ya está aislada y el país no encontrará la salida a la catástrofe acentuada por la deuda en una nueva inserción en el mundo de los financistas saqueadores que nos empujó a la debacle actual.
Proponemos cesar el pago de la deuda y romper con el FMI, pero teniendo en consideración a los pequeños tenedores de títulos, como los jubilados, ex detenidos políticos y familiares de desaparecidos, es decir todos aquellos que y por alguna razón de probada justicia merezcan el cobro. Es el caso de ciertos pequeños tenedores, cuya compra de bonos públicos fue una manera de canalizar ahorros equivalentes a los depósitos bancarios.
Pero los grandes acreedores no deben recibir un solo dólar o peso más. Y para sostener esta lucha proponemos encarar una campaña, que cuenta ya con amplio consenso en la población. Sólo deben renegociarse aquellas líneas de crédito vinculadas a transacciones comerciales prioritarias. Destacamos la importancia de impulsar esa campaña a escala mundial en el ámbito del denominado "movimiento antiglobalización" para avanzar en la formación de frentes regionales y mundiales contra el pago de las deudas externas. La sublevación popular ha conmocionado al mundo, creando temores al "contagio político del ejemplo argentino" entre los acreedores. Estas condiciones favorecen la batalla por la inmediata decisión soberana de no pagar y romper con el FMI.
13 Estimamos que las dificultades que ocasionará el desconocimiento de la deuda serán muy inferiores a los padecimientos que genera la continuidad de su pago (los bienes públicos argentinos en el exterior son irrelevantes comparados con la deuda). Emanciparnos de las exigencias de los acreedores externos e internos nos devolverá capacidad para decidir sobre nuestras propias políticas y contará con la solidaridad de todos los pueblos del mundo sometidos a las mismas cadenas.
11. La extraordinaria depresión económica que atraviesa la economía argentina desde hace más de tres años ya se extendió también a las empresas privatizadas.
Estas compañías continúan desempeñando un papel clave en nuestra economía porque gozan de los beneficios que obtuvieron con su apropiación de los resortes estratégicos del proceso productivo. A pesar del bajo riesgo y del carácter monopólico de sus actividades estas compañías obtuvieron en los ‘90 un nivel de rentabilidad en muchos casos diez veces superior al del resto de las empresas (especialmente en los casos de las concesiones viales, del agua, los servicios cloacales y las telecomunicaciones). Estos beneficios fueron en su mayor parte remitidos al exterior en lugar de ser utilizados en la inversión, como lo ilustran por ejemplo los 4.910 millones de dólares distribuidos como dividendos a accionistas externos por parte de las seis compañías españolas privatizadas, durante el año pasado.
A pesar de que algunas las compañías fueron directamente beneficiadas con la devaluación (YPF-Repsol) y otras con la licuación de pasivos (Telefónica, Telecom) el desmoronamiento de la cobranza y el endeudamiento en dólares ha expandido la crisis general de la economía también a este sector subsidiado.
Frente a esta situación las compañías presionan por un aumento general de tarifas y la adopción de falsas "tarifas sociales" para afrontar la mora de la cobranza con subsidios estatales. Ambas variantes deben ser contundentemente rechazadas. Por el contrario hay que garantizar de inmediato el congelamiento en los servicios públicos (agua, electricidad, teléfonos, transportes) y los combustibles.
Planteamos además que deben suspenderse todos los subsidios estatales (como en ferrocarriles y subterráneos), exigiendo el mantenimiento de la calidad de los servicios y la continuidad de todos los puestos de trabajo.
Frente a la crítica situación, muchas empresas amenazan con quebrar. Se multiplican las moratorias de deudas externas (Telecom Argentina, Aguas Argentinas, Transportadora de Gas del Norte, Metrogas) que, explican gran parte de los USD 50.000 millones de deuda externa privada total (financiera y no financiera). Y también hay indicios de próximos vaciamientos, en la senda abierta por Aerolíneas Argentinas, o devoluciones de compañías al sector público (Azurix, yacimientos de Río Turbio). No hay que olvidar que en algunos casos – como en Iberia o en France Telecom– son las propias matrices las que se encuentran en crisis. Ante la amenaza de quiebra, aumentos de tarifas, deterioro de los servicios o despidos, proponemos que las empresas sean expropiadas y sometidas a gestión por parte de los trabajadores y usuarios.
Las privatizadas adquirieron las empresas por sumas irrisorias, se apropiaron de la renta petrolera, achicaron los ferrocarriles, vaciaron las aerolíneas, estafaron a los transportistas mediante los peajes, encarecieron los teléfonos, el agua y la electricidad. Ya usufructuaron abusivamente de los contratos fraudulentos de las privatizaciones y llegó la hora de comenzar a poner fin a esta depredación.
14 Nuestra propuesta tiende a propiciar, a mediano plazo, la expropiación del conjunto de las empresas privatizadas, sin ningún tipo de indemnización, para remodelar por completo su funcionamiento poniéndolo al servicio del pueblo, abaratando las tarifas, asegurando la inversión y reciclando las ganancias y la renta dentro del circuito productivo nacional. La expropiación de las empresas privatizadas es indispensable porque las empresas se especializan en burlar todas las formas de control y regulación de su actividad (los llamados "marcos regulatorios": precios y tarifas máximas, costo de servicio, actualización tarifaria por eficiencia, etc.) y porque resulta imposible desenvolver un plan económico de salida de la crisis sin el manejo público de las compañías estratégicas. Resulta asimismo indispensable contar con un plan y un manejo centralizado de la totalidad de los servicios públicos del país.
Pero sabemos que la mera reestatización de las empresas privatizadas implicaría retornar a la experiencia pasada de burocratización, corrupción y enriquecimiento de grupos asociados a las empresas públicas -esos mismos grandes grupos económicos que a comienzos de los 90 se apropiaron de las privatizadas- y por consiguiente conduciría a la precariedad de los servicios. Proponemos entonces someter las empresas de servicios públicos expropiadas a nuevas formas democráticas de gestión basadas en la participación directa de los trabajadores y usuarios y en la apropiación social del excedente en caso de corresponder.
Pensamos que todas estas medidas que comprenden la eliminación de exenciones, diferimientos y subsidios que favorecen a los capitalistas y un aumento de los salarios, las jubilaciones y el gasto social posibilitarán enfrentar la actual emergencia social. Sin embargo, la reactivación de la economía resultante a mediano plazo requerirá la consolidación de esta tendencia para lo cual se deberá hacer frente a nuevos requerimientos.
Para avanzar hacia soluciones de fondo 12. Al cabo de cuatro años de depresión y varias décadas de pobre desempeño de la economía argentina, debemos considerar que resulta indispensable avanzar en el diseño de una plan productivo, dirigido a recuperar rápidamente los niveles de producción.
La pérdida de riqueza generada en nuestra economía por las medidas neoliberales a lo largo de casi cuatro años de depresión se expresa en una caída del PBI per cápita del 25,8%. (Para no decir que significa, a más largo plazo, que el PBI per cápita del año en curso no supera el de mediados de los ‘70.) La riqueza disponible para cada argentino se redujo así en una cuarta parte. Considerando un producto para este año de $ 360.000 millones, la caída respecto a los niveles de 1998 alcanzaría los $ 100.000 millones, monto equivalente, por ejemplo, a unos 12 millones de seguros de empleo o salarios mínimos por un año de entre 600 y 700 pesos mensuales. En estas condiciones, un plan productivo no puede apoyarse en la expectativa de inversiones extranjeras, que históricamente acentuaron la industrialización fragmentaria, desarticulada y escasamente competitiva que ha prevalecido en el país. Además, lejos de prever ingresos de capital, las grandes corporaciones están preparando para los próximos años traslados masivos al exterior. Sólo algunos "fondos buitres" se aprestan a comprar por moneditas 15 ciertos activos devaluados, sin el objetivo de apuntalar el desarrollo económico del país. La necesaria redistribución del ingreso amenaza convertirse así en una suerte de redistribución de la miseria.
Un plan productivo debe implicar un serio programa de inversiones públicas decidido socialmente y orientado hacia la reabsorción de la fuerza de trabajo desocupada tanto de baja como de alta calificación mediante la instalación de nuevas industrias. En este sentido, por ejemplo, debería desarrollarse un plan de recuperación de las economías regionales sacudidas por la decadencia productiva y la situación generalizada de endeudamiento y asfixia impositiva (planes de forestación, de riego y control de las inundaciones, etc.) e implementarse una política de recolonización de tierras y de reforma agraria que absorba empleo, mejore la calidad de vida en las áreas rurales y reoriente la producción hacia la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población, vinculada a un desarrollo agroexportador y ecológicamente sustentable en el sector agrícolaganadero.
Esta transformación agraria es vital porque la devaluación no mejoró la dramática situación del pequeño productor endeudado, sino que encareció los insumos importados que manejan las grandes corporaciones. Además, abarató las propiedades en dólares, creando el terreno para una oleada de apropiación capitalista extranjera de los mejores suelos.
Resulta indispensable, por otra parte, desenvolver en el sector pesquero un plan que garantice la conservación de los recursos. Deberían desarrollarse también planes diferenciados de producción de medicamentos, así como nuevas industrias tecnológicas y estratégicas que faciliten la reconstrucción y el desarrollo de la infraestructura deteriorada.
Los destinatarios de un plan de reindustrialización deben ser los desempleados, trabajadores, agricultores, comerciantes y cooperativistas, pero nunca los grandes empresarios. Durante décadas, estos capitalistas recibieron prebendas del estado para montar empresas ineficientes, explotar a los asalariados y enriquecerse con el fraude fiscal de levantar armadurías en los galpones de la "promoción industrial".
Durante la convertibilidad se vendieron empresas y se transfirió al exterior patrimonio y desde el inicio de la depresión se aceleró el desmantelamiento de la industria, dejando sin empleo a millones de trabajadores. Ahora, los "capitanes de la industria" han formado un nuevo lobby para afrontar el pago de sus deudas privadas externas mediante alguna forma de seguro de cambio a cargo del estado que les permita recurrir a la típica socialización de las pérdidas. También buscan la protección del estado en la renegociación de sus pasivos con los acreedores y por eso apuntalan el acuerdo con el FMI que empobrecerá a la mayoría de la población.
Por estas razones un plan de reindustrialización bajo liderazgo de los capitalistas no llevará a ningún lado. Incluso las medidas de protección aduanera de la industria local –que son indispensables para defender a la pequeña empresa– no pueden concebirse para apuntalar a los grupos que provocaron la desindustrialización de las últimas tres décadas.
16 Los trabajadores son los principales artífices de un plan viable de reconstrucción económica y en su lucha por prohibir los despidos, reabrir las empresas y distribuir las horas de trabajo ya han desarrollado importantes experiencias de gestión directa. Los ejemplos de Brukman y Zanon son los más conocidos de una amplia lista de empresas abandonadas por sus dueños y recuperadas por los trabajadores bajo control obrero. Por otra parte, se desarrollan experiencias cooperativas como en Siam (electrodomésticos), La Baskonia (metalurgia) o Máximo Paz y Yaguané (frigoríficos). En algunos casos será necesario el apoyo de profesionales para aplicar o generar nuevas técnicas de producción. En este sentido es necesario integrar la comunidad universitaria y científico-tecnológica al desarrollo productivo.
En general, cuándo los operarios demuestran que pueden manejar con total normalidad las plantas, los empresarios se despiertan y promueven órdenes judiciales de desalojo. La gestión obrera es a todas luces factible, porque nadie conoce mejor el funcionamiento de una fábrica que sus propios operarios, que saben cómo manejar las máquinas, organizar la producción y distribuir los pagos de los salarios. Estas experiencias ilustran también como podría implementarse una reconversión fabril hacia la producción de los bienes primordiales, si los municipios, las provincias y el estado nacional fijaran prioridades y concentraran sus compras en las empresas gestionadas por los trabajadores. Somos partidarios de alentar la gestión cooperativa, siempre y cuando se establezcan medidas para evitar el ahogo de estas empresas por la falta de abastecimientos, mercados y financiación. Para asegurar la viabilidad de estos emprendimientos resultan decisivos los convenios con el estado, así como su integración a un futuro sector industrial planificado. Lo que debe descartarse es la devolución de las empresas quebradas a sus viejos o nuevos dueños capitalistas y lo que debe priorizarse es la preservación de las fuentes de trabajo frente al inminente proceso de mayor liquidación de empresas al borde del quebranto. Sólo el Citibank tiene en su cartera actualmente 100 compañías para rematar en el corto plazo.
13. La impresionante especulación cambiaria de los últimos cuatro meses ilustra los efectos de una devaluación sin control de cambios, ni monopolio del comercio exterior. El dólar se dispara porque los exportadores retienen millones de dólares especulando con liquidar las divisas al mejor precio. No más de veinte empresas controlan el manejo del superávit comercial, recurriendo también al contrabando y a la maniobras de alteración de la facturación. Cargill, Dreyfus, Bunge, Repsol o Pérez Companc desconocen los plazos legales para liquidar divisas y, con la obvia complicidad de los funcionarios del estado retienen 4.500 millones de dólares, provocando una escalada incontenible del precio de la divisa.
La crisis está provocando también un cierre de hecho de la economía, como consecuencia del derrumbe de las importaciones, que cayeron un 60% en el primer cuatrimestre. Las compras externas seguramente llegarán a un tercio del promedio de los últimos años y esta restricción justifica adicionalmente el manejo estatal del comercio exterior, para asegurar la adquisición racional de importaciones evitando el despilfarro suntuario de los últimos años.
Pero poner fin a la especulación de las compañías que manejan el comercio exterior es también vital para recuperar la soberanía monetaria. Se requiere no solo el control de cambios, sino también el monopolio estatal de este sector, ya 17 que la aplicación de retenciones puede servir para amortiguar el impacto inflacionario de una devaluación, pero no alcanza para implementar una política cambiaria adaptada a las prioridades del desarrollo económico. Sin manejar las reservas (actualmente controladas directamente por el FMI) y sin detentar el movimiento de las divisas del comercio exterior, no resulta posible instrumentar una estrategia cambiaria que respalde la moneda nacional (y elimine el festival de 13 cuasimonedas provinciales) y sirva para utilizar el superávit exportador en la adquisición de los bienes requeridos para la reindustrialización. Es imprescindible instaurar lo antes posible una única moneda de curso forzoso.
14. Es indudable que una salida popular de la crisis actual deberá enfrentar severas restricciones externas (limitada capacidad de importación, difícil acceso a tecnologías externas, precario perfil de las exportaciones en un contexto mundial recesivo). Pero esta dificultad corrobora la necesidad de romper con el FMI, porque sólo adoptando una política económica soberana y antiimperialista se puede evitar que los efectos de estas restricciones recaigan sobre los trabajadores y el pueblo. Es indudable que la recuperación económica requiera altas tasas de crecimiento asociadas a una absorción de avances tecnológicos, que no se logrará "viviendo con lo nuestro", ni intentando la utopía de erigir una economía nacional cerrada y aislada del mercado internacional. Pero reingresar al "mundo del FMI" y de sus banqueros, lejos de abrir una senda de progreso continuará empujando a la Argentina hacia formas más primitivas de subsistencia, que ya se han generalizado en gran parte del interior y las zonas suburbanas.
Postulamos, por lo tanto, otra reinserción al mundo, que en vez de transitar por el FMI se apoye en relaciones de solidaridad, con todos los pueblos que actualmente participan en la protesta global contra el capital. Nuestros aliados son los jóvenes, trabajadores y desocupados que encabezan las manifestaciones internacionales contra las corporaciones del Banco Mundial y la OMC.
La crisis actual ha creado una extraordinaria oportunidad para replantear nuestra asociación primordial con América Latina, porque el "contagio argentino", ya se extiende al plano económico como lo prueba la fuga masiva de capitales que sufren los bancos uruguayos y el ascenso de la "tasa de riesgo país" en Brasil, que presagia un posible default de la deuda. La afluencia de capitales externos a Sudamérica decae aceleradamente y la tasa de crecimiento de la región se ha estancado por segundo año consecutivo. La necesidad de una respuesta común se torna cada vez más evidente y el malestar popular hacia el imperialismo se generaliza, ante la hipocresía norteamericana de exigir mayor apertura comercial a Latinoamérica, mientras bloquean el ingreso de exportaciones de la región, subiendo los aranceles y subsidiando al agro.
Por eso nuestro programa rechaza el ALCA y propone otro Mercosur, que en lugar de favorecer los negocios subvencionados de los capitalistas que empeoran las condiciones de vida de los trabajadores, apunte a priorizar la conquista de las reivindicaciones sociales de la población (en cuanto a salarios, condiciones de trabajo, conservación del medio ambiente, etcétera), a través de la coordinación horizontal con los movimientos de lucha de toda la zona (integración sindical con los sindicatos de países vecinos, integración de productores agrarios con las organizaciones campesinas de los países vecinos, etcétera). Y debemos concebir esta integración popular de la región como una plataforma para estrechar nuestros vínculos con todos los pueblos, trabajadores y oprimidos del mundo.
15. Los firmantes de este documento inscribimos la totalidad de estas propuestas en la perspectiva de un proyecto estratégico socialista.
La terrible degradación del país no es un resultado exclusivo del "modelo neoliberal" en cualquiera de sus acepciones (apertura, privatizaciones, convertibilidad, exclusión), ni tampoco es solamente el producto de la asfixia creada por el pago de la deuda y la dependencia comercial o tecnológica. La crisis que atraviesa la Argentina es un producto del régimen económico-social imperante, es decir del capitalismo, cuyos patrones de beneficio, concurrencia y explotación permiten el enriquecimiento de una pequeña minoría a costa del sufrimiento del grueso de la población.
La Argentina ha padecido en los últimos años una verdadera lección de lo que significa el capitalismo. Millones de pequeños ahorristas fueron expropiados por los bancos, demostrando que este sistema, lejos de retribuir el esfuerzo personal, recurre a la apropiación directa de los ingresos familiares. Millones de trabajadores han sufrido la pauperización que es aprovechada por los grandes empresarios para reducir salarios y alargar la jornada de trabajo. Millones de usuarios han sufrido las manipulaciones monopólicas de las compañías privatizadas, que operan sin riesgo y con ganancias aseguradas. Estas confiscaciones no obedecen a la "falta de capitalismo", ni se corrigen construyendo "otro capitalismo", que sólo existe en la imaginación y en el deseo de sus promotores.
Otro tipo de sociedad más igualitaria, solidaria y justa es posible si la batalla por el programa que proponemos apunta a forjar un horizonte socialista.
Claudio Katz, Alberto Torres, Alberto Wiñazky, Luis Becerra, Eduardo Lucita, Alberto Bonnet, Guillermo Gigliani, Jorge Marchini, Aldo Romero, José Castillo, Andrés Méndez, Jorge Beinstein, Julio Gambina, Alfonso Florido, Roberto Ramírez, Luis Moll, Silvia Veitzman, Juan Blanco, Alberto Ortiz, Guillermo Wierzba, Jorge O.
Steimbach, Arturo C. Morchio, José E. Schulman, Judith Feldman, Ariel Ogando, Fernando A. Lizárraga, Sergio J.Arelovich, Viviana Cifarelli, Oscar Martínez, Roberto Fernández, A. Baigorria, Daniel Campione, Hernan Ouviña, Juan Grigera.
Junio, 2002.