En este día podríamos celebrar los 10 años en que la II Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena declaró la violencia contra la mujer, como una violación de los derechos humanos, o anticiparnos a la celebración en el 2004 de los diez años de la adopción de la Convención de Belem do Para -Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer- por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, en las Américas aún no estamos en condiciones para celebrar la eliminación de la violencia contra la mujer (VCM) por varias razones. Primero, aunque el marco jurídico internacional y nacional de protección se ha fortalecido, la impunidad impera para la gran mayoría de las mujeres violentadas. La impunidad se debe a que existen lagunas en la legislación relacionadas con la violencia contra la mujer y existen graves deficiencias en la implementación de las leyes debido a la inexperiencia judicial, la falta de capacitación legal y también la falta de voluntad política para enfrentar este grave problema.

Segundo, no han cambiado sustancialmente los patrones socio-culturales y las relaciones entre los géneros. Mientras la discriminación basada en género, orientación sexual, raza y estatus económico siga creando situaciones de pobreza, exclusión social, económica y política y vulnerabilidad para numerosos sectores en la región, será muy difícil proteger los derechos de la mujer.

Y por último, existen situaciones específicas, como la liberalización económica, países en conflicto armado o posconflicto, la violencia en comunidades y la violencia intrafamiliar, que exigen atención en la región por el hecho de que tiene el potencial de generar cada día más niñas y mujeres en el entorno social, político, laboral y familiar que sufrirán el flagelo de la violencia.

La violencia contra la mujer no puede seguir siendo ignorada o negada como "el problema de las mujeres". Su solución, no puede continuar aplazándose como una cuestión de segundo orden. Los Estados deben, en cumplimiento con su deber de garantía, adoptar las medidas concretas necesarias, no sólo legislativas, sino de diagnóstico profundo del problema, de aplicación de leyes internas y legislación internacional, en favor de los derechos humanos de las mujeres.

VCM y el Estado

En tiempos de guerra y en tiempos de paz, la tolerancia oficial y la legitimación social de la violencia contra la mujer pone en jaque los avances alcanzados en el derecho internacional de los derechos humanos, porque la no actuación de los Estados con la debida diligencia para prevenir, reprimir o erradicar los actos de violencia contra la mujer validan en la vida cotidiana -en el ámbito público, y en el ámbito privado- la violencia masculina y la subordinación de lo femenino en detrimento de derechos inalienables de las mujeres.

En Haití, una marcha organizada por organizaciones de mujeres haitianas en marzo de 2003 en Puerto Príncipe para celebrar el Día Internacional de la Mujer, fue interrumpida a la fuerza por la policía. Participantes y periodistas fueron amenazados y maltratados por contra- manifestantes pro-gubernamentales en presencia de funcionarios. Es irónico y triste que este ejemplo se base en lo que debió de haber sido una celebración de los derechos de la mujer.

Por otra parte, en Costa Rica la policía fue llamada por una mujer reportando que su ex-novia estaba tirando piedras por su ventana y amenazándola de muerte. Al llegar y ver que la disputa era entre una pareja de lesbianas, la policía no sólo rehusó a intervenir en el caso, sino que se quedaron a observar desde su auto.

VCM y el conflicto armado y posconflicto

En situaciones de conflicto armado como Colombia, la disputa de los actores armados han afectado especialmente a las mujeres. Esperanza Amaris Miranda fue secuestrada de su casa en la ciudad de Barrancabermeja por paramilitares, respaldados por el ejército, el 16 de octubre de 2003. Aunque intentó salvarla, los hombres arrojaron a la hija a puntapiés. Minutos después, el cuerpo de Esperanza fue abandonado en la calle asesinada a balazos. Esperanza era miembro de la OFP-Organización Femenina Popular, que ha luchado por los derechos de la mujer por más de 30 años.

Además, la violación, la mutilación y el abuso de mujeres y niñas han sido usados como armas de guerra para generar miedo y silencio en el caso de Colombia. "Estar recordando permanentemente lo que les pasó es una estrategia para aterrorizar a las comunidades y a las mujeres."

En situaciones de posconflicto, como en Guatemala y Perú, las Comisiones de la Verdad permitieron a las mujeres y a la sociedad conocer las dimensiones de género, clase social y discriminación dentro las atrocidades que vivieron las mujeres durante los conflictos respectivos. Sin embargo se ha visto que la impunidad y la injusticia social que prevalecen son los saldos más evidentes de los procesos de paz.

En Perú, la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su Informe publicado este año concluyó que "la violencia sexual contra mujeres en el contexto de masacres, ejecuciones arbitrarias (...) detenciones arbitrarias, desaparición forzada de personas, fue una práctica generalizada." Se hizo hincapié en el informe en que el contexto de discriminación contra la mujer, unida a la discriminación racial, fue la base de estas prácticas. La Comisión ha hecho recomendaciones específicas sobre discriminación de género para promover reformas en este ámbito.

VCM y violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar por su parte, está presente en toda la región, causando graves daños. Por ejemplo en Guatemala, la Red No Violencia contra las Mujeres informa que nueve de cada diez mujeres son agredidas dentro del hogar. Allí, el Procurador de Derechos Humanos registró este año 19.863 denuncias. La Relatora especial de la ONU sobre la Violencia contra la Mujer ha reportado que en Estados Unidos, en 1999, 671,110 mujeres fueron víctimas de violencia en una relación íntima.

En Nicaragua la violencia doméstica y sexual constituye la más difundida violación. Recientes estadísticas muestran que el 70% de mujeres han experimentado violencia física en algún momento de sus vidas. En noviembre de 2002, se informó que durante el año habían ocurrido 45 mujeres y niñas asesinadas por maridos violentos, novios celosos y violadores. La mayoría de los casos se arreglan fuera del sistema judicial. Los casos que llegan a los tribunales normalmente concluyen en un fallo de no culpabilidad, debido a inexperiencia judicial y falta de capacitación legal. Mientras que en Uruguay, la Comisión de la Mujer Zona 9 indicó que en 2002 fueron asesinadas 18 mujeres por violencia doméstica.

Desafortunadamente las cifras en otras partes de la región presentan patrones similares de altos números de mujeres maltratadas y/o asesinadas en circunstancias de violencia intrafamiliar. En Paraguay una mujer es asesinada cada 10 días y en Puerto Rico la Coordinadora Paz para la Mujer informó que entre 1990 y 2002 el número de casos de asesinato fue de 287.

Otro gran desafío que presenta la violencia intrafamiliar son las lagunas en el sistema de justicia para sancionar a los responsables y hacerlos rendir cuentas. En El Salvador, Katia Miranda de 9 años de edad fue violada y asesinada en 1999 en su casa familiar durante la noche, mientras el padre, tío (miembros de servicios de seguridad) y abuelo (abogado y principal sospechoso) estaban durmiendo en el área. La escena del crimen fue destruida. El proceso judicial estuvo plagado de errores y atrasos y el resultado final fue que los acusados (padre, abuelo y dos guardaespaldas) fueran absueltos. Aunque la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos condenó enérgicamente el manejo del caso incluyendo el más alto nivel, las ONGs todavía luchan para que los crímenes sean plenamente investigados y castigados.

También nos enfrentamos con las excusas que dan los autores de actos violentos dentro de las familias y que son aceptadas por autoridades y la sociedad en general. En Ciudad Juárez en México, según los informes, la violencia en los hogares de Ciudad Juárez se incrementó en el último año en un 17 por ciento. La Central de Emergencias recibe un promedio de 100 llamadas a la semana para atender estas situaciones. Los autores de estos actos de violencia atribuyen su comportamiento violento a la pobreza, el desempleo y problemas de drogadicción y alcoholismo, sin embargo ninguna de estas razones justifican el maltrato de mujeres y/o niñas dentro del seno familiar. Una mujer agredida en Ciudad Juárez dijo "No más me pega poquito, y eso cuando bebe". Es importante romper estos esquemas de una vez por todas.

VCM y violencia en la comunidad

La violencia sexual de mujeres en la comunidad, unida a homicidios con ensañamiento, perpetrada por agentes no estatales constituye actualmente una práctica extendida en varios países de la región. Por igual, los niveles de impunidad y la ausencia de acceso a la justicia, para las víctimas y sus parientes son alarmantes.

Organizaciones locales de mujeres denuncian que Guatemala está viviendo una ola de Violencia contra la Mujer en la comunidad nunca antes vista. En un año y medio, 271 mujeres han aparecido asesinadas. La mayoría sufrieron ataques con arma de fuego y arma blanca. Un número considerable sufrieron violación u otra violencia sexual, antes de ser asesinadas por su agresor. En septiembre el Procurador de Derechos Humanos reveló que los crímenes fueron cometidos con "un mismo modus operandi" por diversos autores entre pandillas juveniles conocidas como maras y miembros del crimen organizado, grupos clandestinos y del narcotráfico.

En Honduras, han sido reportadas ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de la calle, algunas eran miembros de bandillas o "maras". Según las denuncias, aunque la mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes, el número de mujeres atacadas aumentó de 21 casos en 2000 a 70 en 2002. Según los informes estas jóvenes asesinadas fueron a menudo "víctimas de violencia sexual y tortura", antes de su muerte.

En Chihuahua, México, Neyra Azucena Cervantes, estudiante de 17 años desaparecida el 13 de mayo, fue identificada y sepultada el 15 de noviembre 2003. Sus restos fueron encontrados por un transeúnte el 15 de julio en las afueras de la ciudad. Adicionalmente, siete días antes fue identificada Diana Yasmín García Medrano, de 18 años, también denunciada previamente como desaparecida en Chihuahua el 27 de mayo de 2003 mientras se dirigía a estudiar. Como ellas, decenas de jovencitas previamente desaparecidas han aparecido asesinadas desde 1993, muchas de ellas con huellas de violencia sexual, y ensañamiento ignoradas por las autoridades. Como en su caso, muchas investigaciones siguen plagadas de irregularidades, o paralizadas. Ellas no tuvieron derecho a la vida, y después de su muerte sus madres no han tenido el derecho a la justicia.

VCM y la liberalización económica

Las mujeres, ya con una herencia histórica de vulnerabilidad, en el próximo decenio se enfrentan al impacto -posiblemente negativo- de las políticas y acuerdos de libre comercio como el ALCA, que se prevé será concluido por los gobiernos de la Región en 2005. La preocupación por el vínculo entre los procesos de liberalización de las economías y la violaciones a los derechos de la mujer deben ser resaltados porque la profundización de la violencia contra la mujer seguirá siendo potencialmente uno de los impactos más graves, si no se incorporan garantías de respeto a los derechos de las mujeres, de no discriminación y una perspectiva de género en las negociaciones. Los derechos de las mujeres, como los de todos los seres humanos, son universales e indivisibles, este deber de respeto incluye a las políticas económicas que pueden afectar derechos inalienables.

Logros y Oportunidades

En América la lucha de las mujeres ha sido un motor de cambio insustituible. Las mujeres no son sólo víctimas, son sobre todo hacedoras de cambio. En El Salvador las organizaciones de mujeres, trabajan a diversos niveles, promoviendo legislación y cambios en las leyes, en educación, en campañas para mejorar las condiciones de la mujer en diferentes áreas incluida la violencia contra la mujer, proveyendo apoyo legal y emocional a víctimas de violencia doméstica y violencia sexual, albergue, difusión, y promoción de políticas a nivel local y nacional. Ellas han tenido éxito levantando el perfil de problema, educando a mujeres y aumentando así el nivel de denuncias y conocimiento del problema.

También podemos apuntar al uso del sistema interamericano, aplicando la Convención de Belém do Pará como un logro. Durante el año 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplicó por primera vez en un caso individual la Convención de Belem do Pará (único tratado regional sobre violencia contra la mujer), sobre un caso de violencia doméstica de Brasil. El caso es de Maria da Penha quien desde 1983 sufrió violencia física y sicológica por su marido, quien intentó asesinarla en dos ocasiones dejándola paralítica a los 38 años.

Quince años después, la investigación judicial iniciada por Maria da Penha no había concluído. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) fueron los peticionarios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó la responsabilidad del Estado por no actuar con la debida diligencia, y por "ineficacia, negligencia y omisión de las autoridades y una demora injustificada en el juzgamiento del acusado que ponen en riesgo la posibilidad de penar al acusado por posible prescripción". La Comisión concluye que no se ha violado solamente la obligación de investigar, sino también la de prevenir y afirma que la "falta de efectividad judicial general y discriminatoria crea un ambiente propicio a la violencia doméstica, no habiendo evidencia socialmente percibida de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad para punir esos actos."

Conclusión

La violencia contra la mujer no puede seguir siendo un tabú invisible para la sociedad y para los Estados. Debe constituirse seriamente en un hecho vergonzoso socialmente y reconocerse en su dimensión de violación de derechos humanos, así como de violación al derecho humanitario o de crimen de lesa humanidad en situaciones de conflicto armado o de abusos generalizados y sistemáticos.

En casi todos los países del continente americano, el sistema de justicia penal ha fracasado y ha sido insensible a las necesidades de las víctimas que no son tratadas como sujetos de derechos inalienables. Esta manifiesta injusticia debe ser erradicada respetando los derechos de las víctimas a vivir una vida libre de violencia y discriminación. Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar la costumbre, la tradición o las prácticas religiosas o culturales para eludir su obligación de eliminar esa violencia.

El próximo decenio debe estar centrado en la "aplicación efectiva" de estrategias para que la prohibición de la violencia contra la mujer deje de ser letra muerta y se convierta en una realidad tangible para las mujeres de la región.