Después de la contundente demostración de apoyo y solidaridad recogida el pasado jueves por los Trabajadores de Prensa de Canal 7 y la UTPBA, al proyectarse ante una sala colmada el censurado programa que recordaba los 30 años de la Guerra de Vietnam, es necesario insistir acerca del significado de un conflicto que desde un principio contuvo más dimensiones de las que algunos suponen y de las que otros estaban dispuestos a reconocer.
Veamos. El artículo 71 de Convenio de Prensa Televisada 124/75 dice "Cuando el programa para el cual se cubran esas notas, sea periodístico, la empresa deberá dar prioridad al personal del noticiero para su realización..."
Si el texto es claro, sencillo y contundente, forma parte de un convenio de absoluta vigencia y nunca dejó de exigir su aplicación, ¿Quién embarra la cancha?.
El Ministerio de Trabajo firmó, en agosto de 2004, una resolución que viola ese artículo y, por lo tanto, habilitó un conflicto entre el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) y la UTPBA, dado que amparada en esa decisión ilegal la intervención del canal decidió levantar el programa Visión 7 Edición Especial, después de 4 domingos en el aire. Para hacerlo procedió a cerrar el estudio de grabación, utilizando sectores ajenos a la actividad de prensa que -cabe aclararlo, aunque para el medio suene como una obviedad- no es la única tarea que requiere un programa periodístico.
El Ministerio volvió atrás en esa resolución, pero nunca impuso su aplicación, trasladando el tema a los funcionarios del SNMP. Estos, a su vez, fueron a la justicia y ante la respuesta de que se hagan cargo de cumplir con la ley decidieron darle una continuidad simbólica al encadenamiento del estudio concretado para impedir la emisión del mencionado programa periodístico, y no volvieron a emitirlo.
Tanto el Ministerio de Trabajo, que comanda Carlos Tomada, como el SNMP que encabeza Ricardo Palacio, pertenecen, vale una recordación también obvia, al mismo Estado y al mismo Gobierno.
La reaparición, esta temporada, del programa Huella Digital -señalado en su momento como uno en los que se practicaba el incumplimiento de aquel artículo del Convenio- provocó una nueva denuncia ante el Ministerio de Trabajo, que la empresa pretendió compensar "otorgando" lo que contempla el artículo del Convenio citado al comienzo (que los trabajadores de prensa desarrollen sus tareas también en los programas periodísticos de la emisora) en el caso de un programa especial con motivo de los 30 años de la Guerra de Vietnam, ambos el mismo día, a las 22 horas el primero y a las 23 el último.
Sin embargo, sobre la hora de la salida al aire de Huella Digital, la intervención decidió la emisión de este programa -con un extenso y crítico informe sobre el gobierno de Sobisch, penoso resabio del menemismo, que jugaba en la línea con el anticipado espíritu electoral del gobierno- y levantó el documental sobre Vietnam, cuyo contenido es abiertamente condenatorio a la política imperial, guerrerista y genocida de los Estados Unidos, tal como se lo pudo apreciar en los lugares donde se ha proyectado dicho programa periodístico.
Desde aquel primer acto de censura a este último el agua que corrió debajo del puente nunca dejó de estar turbia. Es que el bochorno -que ya nadie creyó necesario disimular- de una disputa de conducción en el seno del Canal se hizo imposible de traducir como una "pelea entre sindicatos", apelando a una fórmula por demás conocida para amortiguar los desaguisados internos; estos últimos fueron desde la vuelta atrás de contrataciones insólitas que dibujaban un perfil definitivamente farandulesco del Canal del Estado, pasando por acuerdos irregulares en materia de coproducciones hasta llegar -en una maniobra menor, que desnuda a quienes la adoptaron- a discriminar al personal en el pago de una aumento de salarios, frenando por la inmediata respuesta de los Trabajadores de Prensa del Canal. Había que hacer, se dijo, un gesto privilegiando a los "amigos", de ahí el relegamiento a prensa, una orden que vino desde "arriba" con el objetivo de devolver otros gestos. Más "arriba" es Alberto Fernández, más "arriba" es el mismo gobierno que encabeza Kirchner.
A medida que crece la indignación sobre un acto de censura y, en directa vinculación, respecto de la actual política pública de comunicación, se reduce la hipótesis del "problema entre gremios". Tal vez por eso algunos que dicen representar a trabajadores del Canal sostienen, de manera temeraria, que "nos están queriendo transformar en el Vietcong", tratando de captar alguna simpatía de parte de quienes decidieron aplicar esa política que combina censura con ataque y persecución de los trabajadores de prensa y su organización.
Paralelamente, la firmeza y unidad de los periodistas del Canal obliga a quienes no quieren resolver el problema de fondo, pero se sienten tironeados por el imperativo de un octubre sin olas, a buscar operadores de ocasión que buscan el clinch que les permita tomar aire. La faena, eso sí, se completará después, deslizan dando por descontado el éxito de su tarea.
De parte de los Trabajadores de Prensa del Canal y de la UTPBA el planteo es tan claro como firme: que se respeten el Convenio y el Estatuto del Periodista. Un Convenio, el de prensa televisada, que es expresión de la fuerza profesional, gremial y política que lo impulsó y lo obtuvo. Esa misma fuerza que integraban muchos de nuestros mejores compañeros de aquella generación.
Defender aquella conquista -que en el artículo 71 mencionado está hoy aún más vigente -es un compromiso que enfrenta la provocación, las disociaciones (reivindicar el pasado y condenar el presente frente a una misma lucha), el macartismo, las internas de palacio, las mentiras, la censura y hasta ese periodismo hegemónico que -como en los casos de los chicos que ocupan escuelas, o de los docentes, trabajadores de la salud, del Estado, bancarios, que deciden parar en el país de los 18 millones de pobres e indigentes, de salarios miserables, de condiciones laborales precapitalistas, de la más insultante y regresiva distribución del ingreso y la riqueza- se coloca en la lógica del poder y busca los responsables en el campo de quienes denuncian, reclaman y se movilizan señalando culpables y exigiendo justicia.
No sea cosa que esta pretendida confusión, grosera deformación mediante, termine siendo la punta de lanza que acabe con el Canal Público o, en todo caso, termine dándole continuidad a su histórica condición del botín de oficialismo de turno. Eso sí: sin periodistas, sin organización que los represente y cabalgando sobre mercenarios que dan hasta lo que no tienen para que el poder los tenga en cuenta. menuda e ingrata tarea los espera frente a tanta convicción, firmeza y compromiso.
Daniel das Neves
Periodista, Secretario General de la Utpba.
Junio 2005.
UTPBA Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.