Beatriz Busaniche

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Apenas conocida la iniciativa se levantó la polémica. El Programa Mi PC aparece como una renovada iniciativa del gobierno nacional para reducir la brecha digital, una de las tantas excusas que se esgrimen como objetivo social para fomentar negocios. No está mal que las empresas hagan negocios, alianzas estratégicas y promociones, lo malo es cuando se utiliza el aparato del Estado en detrimento de iniciativas locales y de otros proveedores.

El Programa Mi PC peca de varios problemas, aún más allá de las cuestionables especificaciones de hardware y software seleccionadas. Un punto político difícil de digerir en todo esto es la forma en la que el gobierno de Kirchner le da la espalda al Mercosur en materia de TICs. Conocida es la posición de Brasil, que está en una puja fuerte con los gigantes de software, ante los que se ha reclinado ahora la administración argentina. Mucha más fuerza se podría hacer si, en bloque, dos grandes países como la Argentina y Brasil se unieran a otros como Venezuela o Perú que ya están dando firme resistencia a la colonización informática.

Pero la Argentina optó por el camino inverso. Puso el sistema crediticio estatal para que Microsoft venda licencias que de otro modo no vendería y para que Intel liquide stock de microprocesadores, aún sabiendo que en el mercado local de computadoras ya existen y sobran ofertas de equipos de precio similar y con prestaciones incluso superiores. Esta intervención estatal es muy dañina para la libre competencia.

Como iniciativa política es una condena al fracaso, pues una vez más vemos que el trabajo de inclusión digital se reduce a la compra de hardware y licencias de software y capacitación en software privativo, que no incentivan la real alfabetización digital sino el uso de una marca específica de aplicaciones. ¿Hace falta repetir que los problemas sociales no se arreglan con computadoras?

Como acción jurídica, resulta de una gravedad estruendosa, al violar directamente el inciso i) del artículo 2 de la Ley 25.156 de defensa de la competencia, que expresamente prohíbe 'subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un servicio, o subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro o a la adquisición de un bien'.

De todos modos, este programa no sorprende. Este gobierno ya tiene una nutrida trayectoria de trabajo en sintonía con los intereses de la empresa Microsoft, entre los que se cuentan la firma de la 'Alianza por la Educación' por parte del Ministerio de Educación, la firma de un acuerdo para subir los medios del Estado a Internet por parte de la Secretaría de Medios, y ahora la facilidad de créditos para afianzar la posición dominante y barrer con la competencia de la gran empresa de Bill Gates.

Suena extraña, en un gobierno que pregona independencia y soberanía, la entrega que día a día vemos de áreas críticas y estratégicas, que más que desarrollo y solución de problemas sociales no es otra cosa que el camino directo hacia nuestra colonización digital.

* Beatriz Busaniche es licenciada e integrante de la Fundación Vía Libre y trabaja en el área de educación y software libre.