Red PamPatagónica

Altas autoridades nacionales, desde el presidente de la Nación y el gobernador bonaerense para abajo, acaban de reconocer la existencia de una "maquinaria concertada" para alcanzar objetivos "que puedan poner en peligro más vidas, más derechos, más libertades y hasta la totalidad de las instituciones de la República...."
Así se fue abriendo camino el genocidio y la represión paraestatal en la década del ’70.
(El reciente secuestro de un estudiante secundario que, junto con decenas de chicos y chicas luchaba por la rebaja del "boleto estudiantil", nos retrotrajo por un tenebroso túnel del tiempo a la "noche de los lápices" de los primeros tiempos dictatoriales.)
Tales definiciones de altas esferas gubernamentales, más la detención, disponibilidad y procesamiento de policías y jefes que reprimieron y asesinaron a manifestantes bonaerenses el miércoles último, hizo ilusionar al periodista Horacio Verbitsky en un giro democrático de la política de seguridad del Estado.
"A reconocimiento de parte relevo de prueba", dirían en cambio los hombres de leyes quienes –a través de sus Colegios y Federaciones— acaban de reconocer la "inconstitucionalidad" de leyes y normas implementadas por el Estado argentino en los últimos años (LA ARENA 29/5/2002).
Hay motivos para creer que estamos a las puertas de una verdadera Revolución Constitucional, como nos ilusionábamos en nuestro comentario del 15 de junio último ("Abogados, Constitución y Política"); o al menos imaginar que se van creando las condiciones para declararnos una "emergencia constitucional" como venimos reclamando desde varios sectores.
A esta altura no son muchos los que se llaman a engaño con los discursos dobles u oportunistas: los muertos y las víctimas de esta "escalada de violencia", hasta ahora los pone el pueblo. Son hijos del pueblo, niños, jóvenes, miles de hombres y mujeres que forman parte del pueblo argentino, los que caen bajo las balas de agentes del Estado, o mueren de hambre, de frío, de enfermedades evitables, a raíz de las políticas del Estado.
Lo más ajustado a la verdad esencial es decir que "la escalada de violencia" empieza con la acción estatal y paraestatal, con consecuencias fatales que restan toda legitimidad a la "criminalización" de la protesta y de las luchas que las víctimas encaran para terminar con las causas de la violencia.
Por eso cabe esperar que la postura constitucionalista expuesta por los hombres y mujeres de leyes se efectivice coherentemente en la práctica profesional. Sea en la función judicial o en su ejercicio privado y hasta gremial, quienes cursaron la carrera de abogacía en las Universidades tendrán que tomar cartas en todos los casos habidos y por haber, donde la "escalada de violencia" se cobra la vida, la libertad y los derechos fundamentales de las víctimas; que, como vemos, pertenecen siempre al mismo bando, salvo contadas excepciones de una "guerra no declarada"; no contra los enemigos de la Patria, la pobreza y la miseria, sino contra un pueblo que resiste y lucha contra las políticas de los enemigos de la Patria que generan miseria, pobreza y la entrega de nuestro patrimonio físico y humano.
Además de aplaudirlo desde acá, el giro democrático y constitucionalista tendrá que verificarse entre nosotros, acá mismo, en esta Pampa que se aferra a una relativa calma insular en medio de la borrasca neoliberal desatada por el naufragio del sistema.
Ni por acción ni por omisión, los hombres y mujeres de leyes pueden seguir victimizando a las víctimas de la violencia de las políticas estatales y paraestatales; procesando y amenazando a quienes protestan en cacerolazos y carpas por la falta de trabajo y contra "corralitos", que violan el derecho al trabajo y el principio de propiedad de ahorristas y empresarios. Y todo esto ocurre mientras, por obediencia debida o por vocación, se libera a genocidas o se desprocesa a funcionarios y ex funcionarios que, por "asociación ilícita", constituyeron mafias que entregaron el país al mejor postor. ... los mismos que apelan a las fuerzas estatales y paraestatales para reprimir a luchadores populares que con su acción sólo buscan terminar con las causas de fondo de la violencia.
Como lo reconocieron hace un par de años los magistrados y ex oficiales policiales que dirigen el Patronato de Liberados, sólo con asegurar trabajo y escuela se termina con la violencia juvenil y la delincuencia. (También sería oportuno remitirse a la otra parte de esa declaración, referida a la dificultad de luchar contra la delincuencia de cuello duro....)
Si ciertos sectores teóricamente radicalizados superaran su dogmatismo doctrinario, estarían en condiciones de comprender que en la dramática coyuntura histórica que vivimos, no hay nada más pragmáticamente revolucionario que volver al Estado de Derecho basado en los principios fundamentales que consagra la Constitución. Es cierto que este Estado Burgués viene diciéndole a la sociedad "haz lo que yo digo (en la Constitución) más no lo que yo hago".
Pero eso reafirma la pregunta: ¿puede haber algo más revolucionario que "cumplir y hacer cumplir la Constitución"? ¿Puede haber tarea más específica y exigible para jueces, magistrados y demás profesionales de la ley, que hacerle cumplir a los agentes del Estado Burgués, la Constitución que hicieron, reformaron y juraron los agentes de este mismo Estado? ¿Hay algo más práctico para pacificar al país, que despojar de sus armas a los agentes de seguridad que fueron entrenados para matar? ¿y a quienes se los embarca en una guerra no declarada sin enseñarles que el enemigo no es el pueblo....?
¿Hay algo más eficazmente revolucionario para terminar con esta "escalada de violencia" que exigir a los políticos que manejan los resortes del Estado que garanticen ya, desde ayer, el derecho al trabajo, a la vida, a una remuneración justa, a la salud y a la educación integrales, a una jubilación digna.... que aseguren ya los derechos de los Niños, de la Mujer, del Trabajador....?