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Operación Masacre en Avellaneda

La Prefectura intervino en la represión a los piqueteros

Autoridades de las fuerzas de seguridad argentinas quedaron "escrachadas" tras los incidentes
Hay datos, fotos y testimonios sobre el papel de la Prefectura en los episodios del miércoles en Avellaneda que derivaron en el asesinato de dos militantes piqueteros, pero su jefe, Juan José Beltritti, jura que "ninguno de mis hombres estaba cerca de donde estuvo la gente herida ni cerca de la estación Avellaneda".

 
Prefectura se sumó a la Policía Federal para reprimir el piquete fatal en la zona de Avellaneda.

ISIDORO GILBERT
Otras de las tantas mentiras de autoridades o conductores de fuerzas de seguridad sobre los trágicos sucesos.
Una foto publicada ayer en "Clarín" desmiente a Beltritti. El fotógrafo sorprendió a un grupo compacto de prefectos, a la derecha de otro de la Infantería bonaerense, del otro lado de la avenida Pavón, enfrente de la estación de tren.
El prefecto se enterró más aún cuando afirmó que sus hombres "no usaron balas de plomo". El intendente de Avellaneda, Oscar Laborde, denunció que un empleado comunal fue alcanzado por un disparo de un prefecto y que se trataba de una bala de plomo.
La imagen es a cerca de diez cuadras del puente Pueyrredón, donde se originaron los incidentes y donde la Prefectura tenía autorización para actuar. No sólo eso: al menos dos testigos --un hombre y una mujer-- sumaron una declaración que compromete a la Prefectura.
Según esos testigos la bala que mató a Maximiliano Kosteki habría salido de la línea que ocupaba la Prefectura en las inmediaciones de la estación Avellaneda del ferrocarril.
En imágenes difundidas por Crónica TV se ve cuando los prefectos marchan con los policías bonaerenses enfrente de la estación ferroviaria.
Otro video muestran a jefes policiales vestidos como piqueteros que dirigen la represión, disparan sobre la multitud y recogen los casquillos de sus proyectiles para no dejar rastros del uso del plomo.
Pagina/12 recibió testimonios de policías arrepentidos denunciado que oficiales de la Bonaerense, participaron de la represión con sus armas con proyectiles de plomo "como siempre los hacen".
Es que portan, casi siempre, dos juegos de armas: una con munición de goma que cambian disimuladamente con la otra de plomo.
Donde no hay dudas es que al otro integrante del Movimiento de Trabajadores Desocupados, una de las organizaciones de la corriente piquetera "Aníbal Verón", Darío Santillán, lo fusiló la Policía bonaerense, afirmación fundada, además de testigos ante el fiscal de Lomas de Zamora, o en la secuencia gráfica de un fotógrafo de Clarín.
Se complica el gobierno nacional
El secretario de Seguridad, Juan José Alvarez, de quien depende la Prefectura, admitió que la Justicia investiga cómo se sucedieron los hechos en el área de la estación a partir de esos testimonios y "si también disparó la Prefectura. No descartamos nada".
La importancia de determinar la responsabilidad de la Prefectura en los hechos de Avellaneda supera incluso la del esclarecimiento de los dos crímenes. Involucra además al futuro de la política de seguridad del gobierno de Duhalde en un escenario social tan conflictivo como el argentino.
Hasta los sangrientos episodios del miércoles, la política de seguridad del gobierno era criticada desde la derecha por su rasgo "garantista", una característica que estuvo presente incluso en los episodios de desborde social que antecedieron a la asunción de Duhalde, en enero.
La Nación escribe que después de lo sucedido volverá a primar la política de la prevención sobre la de la represión. Según Horacio Verbitsky, columnista de Página/12, el canciller Carlos Ruckauf, que en su momento dio aire a la Bonaerense con su política de "mano dura", habría sido el ideólogo de la política que saltó por los aires el miércoles negro.
Cuando el gobierno decidió ampliar el control de la protesta social mediante la prohibición de los cortes de rutas y puentes hablaba de un endurecimiento de su política de seguridad.
Asimismo, de la posibilidad de que los sectores de menor tolerancia --entre los que militan algunos gobernadores, particularmente el de Salta, Juan Carlos Romero, provincia donde se asesinó precisamente a Aníbal Verón-- estuvieran imponiéndose en el debate sobre cómo contener la protesta.
"Un camino de ese análisis conduce a la teoría del complot que hablaba de una supuesta incentivación de la violencia por parte de sectores económicos y financieros ligados al menemismo", escribe ayer "Clarín".
Otra teoría manejada por el gobierno en las primeras horas, y a la que le puso voz el ministro del Interior, Jorge Matzkin, insinuaba el surgimiento de una insurrección de izquierda, de la que la Coordinadora Aníbal Verón sería parte. Estaba basada en un informe de la Secretaría de Inteligencia del Estado con la desgrabación de los discursos de un Congreso Nacional Piquetero realizado el 23 de junio en los alrededores de esta ciudad.
Carrió: "Etapa autoritaria"
En realidad, el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires oscilaron entre las teorías conspirativas o que los muertos eran "víctimas de choques entre diferentes líneas de piqueteros" a que todo lo sucedido es producto de la falta de profesionalismo y brutalidad de la Policía bonaerense, un movimiento al que finalmente, con los datos sobre la mesa, Eduardo Duhalde calificó de "cacería atroz".
Sugestivamente se eluden responsabilidades políticas en ninguna de todas las hipótesis. Pero la participación con armas de fuego de la Prefectura, involucra al gobierno nacional. Con cierto grado de impotencia, Duhalde declaró que la Policía bonaerense con la matriz del paso de la dictadura militar en su conducción, ponerla "en caja es muy difícil".
El gobernador Felipe Solá dividirá la cartera de Seguridad y Justicia que había unido su antecesor Ruckauf, se creará una oficina especial para analizar todos los legajos del personal y pondría al frente de la repartición a un civil.
Pero quién dio la orden, es el secreto mayor guardado.
La diputada del ARI, Elisa Carrió, sostiene que "ingresamos a la etapa autoritaria del régimen". Y dice que los episodios de Avellaneda son "funcionales a la alianza menemista-dolarizadora que intenta condicionar el futuro proceso electoral a fin de perpetuarse".
Se entiende como dolarizadores a poderosos grupos económicos concentrados y que ven en Carlos Menem el hombre capaz de poner orden.
El Bloque Piquetero Nacional, el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, y Barrios de Pie, todos ellos participantes de la manifestación, hoy ampliarán la denuncia sobre "la brutal represión" y harán público el pedido de audiencia al presidente Duhalde y al gobernador Solá. Todo sigue.


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