Operación Masacre en Avellaneda

Raúl Zibechi
Servicio Informativo "alai-amlatina"

El gobierno de Eduardo Duhalde parece decidido a frenar en seco la protesta social que desde hace seis meses jaquea a su gobierno, aún a costa de despertar viejos fantasmas y generar una escalada que puede contribuir al ascenso de sectores todavía más autoritarios.
Es imposible condenar a la mitad de la población al hambre y a la vez mantener en pie un sistema de libertades democráticas. Más difícil aún cuando se trata de una población que hasta no hace mucho tiempo vivió en un país industrializado, con amplio acceso a la salud y la educación, que conquistó derechos ciudadanos de organización y libre expresión, y que puso en pie una sociedad civil amplia, diversa y heterogénea.
Desarmar todo ese andamiaje social sólo puede hacerse a costa de un desaguisado mucho mayor que el perpetrado por la última dictadura. O, dicho de otro modo, si el genocidio de los militares encabezados por el general Jorge Rafael Videla no pudo desarticular el tejido social -en vías de reconstrucción en la última década y media-, sólo cabe rendirse a la evidencia o insistir con el remedio. La primera opción supone dar un vuelco a la política económica y social que se viene implementando desde 1975, que llevaría a romper con los organismos financieros internacionales y vivir con lo puesto; la segunda es mucho más dramática: reiterar la receta, pero en dosis infinatamente mayores, en vista del escaso resultado conseguido. O sea, preparar una represión mucho más amplia que la ensayada entre 1975 y 1983.
Carlos Ruckauf, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno presidido por Eduardo Duhalde, la tiene clara. Una semana atrás, ante un auditorio de oficiales de la fuerza aérea puso en negro sobre blanco su pensamiento. Dijo sentirse orgulloso de haber firmado en 1975, como ministro de Trabajo de Isabel Perón, el decreto que ordenaba la "aniquilación" del terrorismo. Y agregó -este es el dato esencial-, que volvería a hacerlo "sin vacilar", en vistas de que se avecinan "tiempos difíciles" y que tanto la policía como la Gendarmería se verán "desbordadas" por las protestas sociales en curso que pueden desembocar en un estallido social.
Tanto más grave que las declaraciones de ese funcionario, es que ningún otro del gobierno de Duhalde, ni el mismo presidente, haya salido a desautorizarlo. Y peor aún, otros varios, entre ellos el comandante en jefe del ejército, coincidieron con el punto de vista expresado por Ruckauf.
Volver a los setenta
Parece claro, entonces, que no se trató de un caso aislado. Ruckauf no es un recién llegado y representa el estado de ánimo de una parte de la dirigencia política y empresarial argentina y de un sector del gobierno de George W Bush. El ministro se ufana de las excelentes relaciones que mantiene con el secretario de Estado estadounidense, Colin Powell.
Vale la pena recalcar que ideas como las del canciller argentino son defendidas, por ejemplo, por el ex ministro de Defensa y brevísimo ministro de Economía Ricardo López Murphy, un hombre con sólidos vínculos en el mundo empresarial trasnacional y financiero, pero también con empresarios y militares locales. En precampaña electoral, López Murphy defiende, nada menos, que una "reforma estructural del Estado" para darle más atribuciones a las "fuerzas de seguridad y a los organismos de inteligencia".
Carlos Menem, por su parte, en plena luna de miel con Washington, no oculta ni sus objetivos de retornar al poder ni sus planes represivos. Hace pocos días sentenció que la calle está tomada por "marxistas" y agitadores, adelantando lo que puede esperar si llegara a retomar las riendas del poder.
Sin embargo, los "tiempos difíciles" que los defensores de una salida represiva defienden, en nada se parecen a la situación que llevó al golpe de Estado de 1976. En aquellos años, recuérdese, se argumentó que la intervención de las fuerzas armadas era necesaria para combatir a la guerrilla que amenazaba con destruir la convivencia entre los argentinos y hasta ponía en peligro la existencia de la nación. Ahora, se habla de un posible estallido social, del "desborde" que provocaría la presencia permanente de piqueteros y asambleistas en las calles. En suma, la célebre "teoría de los dos demonios", la que suponía que había una guerra entre dos ejércitos, era apenas un mal argumento. ¿O era sólo un argumento?
El hecho de que siete de cada diez desaparecidos fueran sindicalistas y no guerrilleros, desmiente la tesis oficial de que el golpe y la brutal represión se dieron para frenar a la subversión. El argumento es tan débil como el de quienes quieren ver en los piqueteros, o en cualquier otro movimiento social, un factor desestabilizador. Un país que condenó a 14 millones de personas, de un total de 36 millones, a una situación de pobreza extrema, sabe que no puede apelar a ninguna legitimidad política. Sobre todo, si esos millones eran antes ciudadanos y se los condena ahora al papel de marginados.