Límites de la justicia

"El poder político nacional y bonaerense presionan para que la investigación sobre la represión en Avellaneda se frene en el comisario Alfredo Fanchiotti y sus hombres", volvió a advertir ayer el abogado Claudio Pandolfi –de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucianal (Correpi)–, al cumplirse dos meses de la masacre contra los piqueteros en la que murieron Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Después de que la jueza Marisa Salvo acusara en base a un pedido del fiscal Juan José González a Fanchiotti y a tres de sus subordinados del asesinato de los dos piqueteros, la causa quedó paralizada. No se avanza sobre quién dio la orden para lo que sin dudas fue una cacería absolutamente organizada que incluyó la participación de policías de civil que dispararon armas de fuego y parapolicías.
Los abogados de la Correpi, que representan a las víctimas y a los familiares de Kosteki, señalaron que "varios policías han sido dados de baja y, sin embargo, no se les atribuye responsabilidad penal". "Ni el jefe de la departamental, ni su segundo, ni el jefe de la comisaría primera están imputados de nada, no han sido citados a declarar", dijo Pandolfi. "El ex policía Francisco Robledo está identificado por fotos y testigos como parapolicial, deteniendo y pegando a manifestantes e incluso entregó al piquetero Edgardo Ferrari para que lo torturaran, pero la fiscalía no pidió su captura", añadió. Página/12 publicó el domingo último en exclusiva el testimonio de Ferrari, que echa luz sobre un aspecto hasta ahora menos visible de los sucesos del 26 de junio.