Operación Masacre en Avellaneda

Heinz Dieterich Steffan
Rebelión
Mientras más dura el modelo neoliberal en América Latina, mayor es la proliferación de los regímenes autoritarios en la región. Porque, en la medida en que avanza el saqueo de las economías nacionales, se reduce su viabilidad democrática. Al excluir el ochenta por ciento de la población de los beneficios de la civilización, los neoliberales obligan a las mayorías a defender sus intereses vitales. Luego, para romper esas legítimas defensas, imponen dictaduras de diversa índole.
Esa es la razón de fondo del golpe de Estado contra el gobierno del Presidente Hugo Chávez; de la reciente imposición del estado de sitio en el sur de Perú; de la pretendida "solución final" a la guerrilla colombiana; de la imposición de un ex militar como futuro presidente en Bolivia; del sistemático sabotaje estadounidense a la campaña electoral de Ignacio "Lula" da Silva en Brasil y del intento de la Casa Blanca y de sectores del Estado argentino, de establecer un régimen de facto en Argentina.
Mientras las víctimas de la última dictadura militar (1976-83) siguen reclamando infructuosamente justicia por los treinta mil desaparecidos, y los torturadores y verdugos se pasan libremente por las calles de Buenos Aires, altos funcionarios del Estado, como el canciller Carlos Ruckauf, miembros de la oligarquía y de la clase política nacional, conspiran nuevamente con Washington para realizar una asonada autoritaria capaz de aplacar el descontento generalizado de la población.
El proyecto del golpe abarca cuatro dimensiones: 1. la guerra psicológica-mediatica; 2. el paquete económico; 3. el recambio político y, 4. el aspecto represivo. El "carril" más avanzado del proyecto son las medidas de guerra psicológica-mediatica que, de hecho, ya se están implementando. Esas medidas tienen dos vertientes: a) el nacional, cuyo objetivo consiste en debilitar o destruir los núcleos más importantes de la resistencia en el país, como, por ejemplo, el movimiento de los "piqueteros", las asambleas de barrio, los sindicatos y la educación universitaria y secundaria, y b) el internacional que tiene la función de preparar la opinión pública mundial para la represión que se pretende implementar.
Parte de esta ofensiva psicológica, destinada a desmovilizar a los ciudadanos mediante el miedo y el terror, es la reactivación de los escuadrones de la muerte de los años sesenta, como la "Triple A"; las amenazas de muerte contra miembros de las Asambleas de Barrio; el secuestro de activistas estudiantes; el intento de asesinato del ex líder guerrillero Enrique Gorriarán en la cárcel de Villa Devoto y los disparos a mansalva contra los manifestantes "piqueteros", el 26 de junio, por tres corporaciones policiacas del régimen.
El segundo carril del plan, el paquete económico, es el que ha retrasado la aplicación integral del proyecto. Mientras el gobierno de Duhalde no haya aceptado la rendición incondicional que desde hace meses le solicita la Casa Blanca a través de sus empleados políticos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el rico botín de guerra que es la Argentina en crisis, todavía no se puede cobrar del todo. Es cierto, sin embargo, que la fortaleza se está desmoronando y que el FMI está cerca de lograr sus objetivos estratégicos, entre ellos, la dolarización, la destrucción del Mercosur y la entrega de la Patagonia y Antartida argentina.
La parte política del proyecto prevé la relegitimación del orden postcrisis mediante nuevas elecciones, controladas por el miedo, la corrupción, el abstencionismo masivo y el dinero. El problema de esa relegitimación del régimen es que no hay partido, ni institución política, ni políticos tradicionales que tengan credibilidad. El Congreso, al igual que los bancos y la Suprema Corte de Justicia, están rodeadas de mallas metálicas y cordones policiacas, para protegerlos de la furia de los ciudadanos y, con algunas excepciones, ningún político puede mostrarse en público, sin ser insultado o agredido. Ante esta situación, la elite y Washington buscan desesperadamente una figura "fresca", capaz de engañar a las mayorías con la habitual demagogia electoral.
En cuanto a los aparatos represivos del Estado, desde los escuadrones de la muerte hasta las Fuerzas Armadas, los conspiradores están tratando de formar un núcleo golpista, dispuesto a reprimir. El escenario planificado es el siguiente. El creciente empobrecimiento de los ciudadanos, impulsado por el FMI, llevará a levantamientos espontáneos, en los cuales los ciudadanos quemarán bancos, coches y edificios gubernamentales. El gobierno tolerará esos "desmanes" el tiempo necesario, para demostrar mediáticamente al mundo entero que no le queda otra alternativa que la declaración del estado de sitio. Declarado el estado de sitio se arresta a los líderes de los movimientos, se les instruye procesos penales, se impone el paquete del FMI y se convoca a elecciones controladas, como hizo Fujimori en el Perú.
El tiempo le apremia a los conspiradores, tal como se manifiesta en el hecho, de que el canciller en funciones, Carlos Ruckauf, un viejo cómplice de la dictadura asesina de los sesenta, incitó el jueves, 20 de junio, en una reunión, a medio centenar de altos oficiales de la Fuerza Aérea, a dar un golpe militar.
Son los tiempos de los golpistas, los que determinan los tiempos de la resistencia. En este sentido, las próximas cuatro semanas serán vitales para defender la democracia en Argentina, con la organización de un frente amplio nacional y la denuncia de los conspiradores a nivel mundial.