Primer aniversario con (cierta) justicia

Fabián Kovacic / BRECHA
Desde Buenos Aires

Señales políticas y judiciales enmarcan este año el recuerdo popular del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en todo el país. Ambas emanan -en una u otra forma- del "estilo K" impuesto por el presidente Néstor Kirchner desde su asunción hace exactamente diez meses. El descabezamiento de la cúpula de las tres fuerzas armadas con el pase a retiro de 44 oficiales superiores y la anulación en el Congreso de las leyes de obediencia debida y punto final son dos de las señales políticas emanadas del corazón del poder Ejecutivo. La tercera se cumplió este miércoles 24, cuando Kirchner declaró que las instalaciones de la Esma, el mayor campo de concentración de la dictadura, se convertirán en Museo de la Memoria, según lo venían solicitando desde hace ocho años los organismos de derechos humanos. La visita previa realizada por Kirchner junto a 26 ex detenidos, el pasado viernes, al sector donde funcionó el centro clandestino de detención en la Esma fue otra señal simbólica de fuerte impacto entre los organismos de derechos humanos y entre sectores de las fuerzas armadas.
TRECE AÑOS MÁS TARDE. Después de los juicios a las juntas llegaron las leyes de obediencia debida y punto final, aún en tiempos de Raúl Alfonsín, y entre 1989 y 1991 Carlos Menem sepultó toda pretensión de justicia con los indultos dictados para los militares y civiles. Trece años después, es otro gobierno el que genera políticas tendientes a terminar con la impunidad y volver a la justicia. Semejante andanada de reclamos sociales satisfechos genera un índice cercano al 80 por ciento de buena imagen presidencial en la sociedad, tanto como la desconfianza del sociólogo estadounidense James Petras, quien ve en Kirchner "un abanderado de las nuevas políticas neoliberales en busca de cosechar adhesiones a bajo costo a través de su política en defensa de los derechos humanos".
Sin embargo el costo lo comienza a pagar en la interna del peronismo, donde se cuestionan sus acercamientos desmedidos con organismos como Madres de Plaza de Mayo. Hace una semana Hebe de Bonafini condicionó su presencia en el acto frente a la Esma a que los gobernadores peronistas se abstuvieran de concurrir. "Fueron cómplices de Menem y votaron las políticas de hambre dictadas por el fmi y no vamos a compartir un acto con aquellos que abonaron políticas contra las que nuestros hijos y nosotras combatimos", fue su sentencia. La pelea del presidente con su propio partido ya se inició y la interna política ya busca contaminar el sensible tema del genocidio en Argentina. Los mandatarios justicialistas de cinco provincias -tres de ellos presos durante la dictadura- reaccionaron con una solicitada en los diarios el mismo miércoles 24, criticando el "sectarismo" del acto en la Esma y reclamando "tolerancia" frente a un genocidio que enlutó a todos los argentinos sin distinciones.
SÍMBOLOS. En la mañana del 24 en el Colegio Militar Kirchner volvió a mostrar su habilidad para manejar el lenguaje simbólico. Con gesto tenso y altivo, en el corazón de la escuela donde se adoctrinan los oficiales superiores del ejército, ordenó al jefe del arma, Roberto Bendini, retirar las fotografías de los dictadores Jorge Videla y Roberto Bignone de la galería de directores de la institución. Desde mayo pasado, Kirchner descabezó la cúpula militar que permanecía en su cargo desde que la prohijara el ex ministro de Defensa de la Alianza Ricardo López Murphy.
Pasado el mediodía, Kirchner firmó el decreto declarando Museo de la Memoria a la Esma y participó en el acto en el que tuvo que escuchar los reclamos de hijos: no pagar la deuda externa, juicio y castigo a los represores y que el Estado asuma como propia la búsqueda de los niños nacidos en cautiverio entre 1976 y 1983.
AIRES DE JUSTICIA. La decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral de anular los efectos de dos de los cinco decretos de indulto pergeñados y firmados por el presidente Carlos Menem en 1989 abre el camino para que otros magistrados en todo el país imiten su actitud, potencia la posibilidad de que familiares de desaparecidos durante la dictadura retomen sus reclamos legales ante la justicia y le mete presión a la Corte Suprema de Justicia para que se defina en relación al tema. La medida tomada por Canicoba involucra a seis militares, tres de los cuales ya fallecieron, dos se encuentran detenidos por otra causa y devolvió a prisión al general Jorge Olivera Rovere. Los defensores de los tres ya decidieron apelar ante la Cámara Federal, pero finalmente, y como ya lo adelantara a BRECHA, hace seis meses, la abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (cels) Carolina Varsky, "será la Corte Suprema la que defina si las leyes de impunidad derogadas por el Congreso y los indultos son o no constitucionales. Hasta ese momento nada es firme".
El lenguaje utilizado por Canicoba en sus consideraciones para fundamentar la decisión es novedoso en un juez federal y se asemeja al tono usado por la sala 2 de la Cámara Federal, que convalidara la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final decretada por otro juez hace dos años. "Lo que hay son cosas no juzgadas", sentencia el juez y ése es precisamente el punto central que concita el debate entre defensores y detractores de los indultos. Ni siquiera el presidente tiene la facultad de indultar a personas procesadas, sin sentencia firme, según la Constitución. Eso fue lo que hizo precisamente Carlos Menem con los decretos 1.002/89 y 2.746/90; por el primero indultó a los oficiales del Primer Cuerpo de Ejército Adolfo Sigwald, José Montes, Andrés Ferrero (fallecidos) Juan Sasiaín y Jorge Olivera Rovere, todos procesados y excluidos de la ley de punto final. El segundo decreto solamente involucraba a Guillermo Suárez Mason, precisamente el responsable del Primer Cuerpo y detenido por la sustracción de menores nacidos de las detenidas embarazadas.
Más allá del lenguaje, el pedido de nulidad fue elevado por los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado hace 40 días, quienes tuvieron en cuenta que su par de la ciudad de Bahía Blanca, Hugo Cañón, fue el primero en solicitar la anulación a escasos 17 días de que Menem firmara los decretos allá por noviembre de 1989. Su pedido fue convalidado por la cámara federal bahiense, pero la Corte adicta al menemismo ratificó la vigencia de la impunidad.
Mientras se preparaban los actos en memoria del golpe, los diputados votaban una resolución por la que apenas dejan en manos del presidente de la cámara baja, el duhaldista Eduardo Camaño, que "arbitre los medios necesarios para que la justicia decida la nulidad de los indultos". El oficialismo logró con su proyecto lavado desplazar al elaborado por Patricia Walsh, hija del escritor desaparecido Rodolfo Walsh y diputada nacional por Izquierda Unida, quien solicitaba la anulación de los cinco decretos de indulto, es decir los que involucraban a civiles, militares argentinos y uruguayos. El otro proyecto en danza fue presentado por la diputada radical Margarita Stolbizer, declarando nulos los indultos a los militares de Argentina y Uruguay. El dato no es menor si se tiene en cuenta que se acerca un nuevo aniversario de los crímenes de los uruguayos Zelmar Michelini y Hector Gutiérrez Ruiz, ocurridos en plena capital argentina.
En definitiva el "huracán K" marca el camino con decisiones que, por sí solas, no modifican el rumbo de la historia argentina, pero facilitan el acceso a la recuperación de la justicia.