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Eric Domergue, Buenos Aires, AFP
Las múltiples manifestaciones de repudio a la asonada militar en aquel
otoño austral de 1976, que tendrá su punto más alto en
una gran marcha por el centro de Buenos Aires la tarde del domingo, muestra
a quienes vivieron aquellos negros días junto a sus hijos empecinados
en mantener encendida la llama de la memoria.
Durante la última dictadura hubo al menos 15.000 desaparecidos en Argentina,
según cifras oficiales, aunque los organismos humanitarios hablan de
30.000 casos, además de presos políticos y desterrados.
El juicio a los jerarcas militares en 1985 constituyó un hecho inédito
en la historia argentina, pero los condenados beneficiaron prontamente de perdones
que bloquearon el castigo de las violaciones a los derechos humanos.
Las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, sancionadas por el Congreso en
el gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-89), exculparon de
causa judicial a centenares de represores implicados en el terrorismo de Estado,
mientras que su sucesor, el peronista Carlos Menem (1989-99), dictó el
indulto para los jerarcas militares detenidos por esos hechos.
Sólo siguieron avanzando, por ser imprescriptibles, las causas por sustracción
de menores por las que están detenidos, aunque con prisión domiciliaria
por tener más de 70 años, los dos máximos referentes del
golpe del 76, el ex general de Ejército y presidente de facto Jorge Videla,
y su par en la Junta Militar, el marino Emilio Massera, entre otros.
Desde hace 26 años, las organizaciones de derechos humanos del país
vienen reclamando que se haga justicia en su propio país.
"Pero como ésta no llega, veo bien que a los genocidas se los juzgue
en el exterior", aceptó en diálogo con la AFP la religiosa Yvonne
Pierron, de la misma congregación que las dos monjas francesas Alice
Domon y Leonie Duquet, secuestradas en diciembre de 1977 en Buenos Aires.
Pero el gobierno de Eduardo Duhalde ya adelantó que seguirá en
ese terreno la misma política que sus antecesores, Menem y De la Rúa,
quienes rechazaron todos los pedidos de extradición formulados por países
europeos contra militares involucrados en violaciones a los derechos humanos.
Fundan su negativa en el "principio esencial de la soberanía" y el "principio
jurídico de la territorialidad".
Mientras tanto, fracasó esta semana en la Cámara de Diputados
argentina un intento para anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final,
a propuesta de Izquierda Unida, pero que no reunió el quórum necesario
ante la ausencia de los bloques mayoritarios.
El Parlamento había derogado ambas leyes en 2000, pero con efectos por
eventuales hechos futuros y no por los ocurridos durante el régimen militar.
Concentraciones frente a lugares que funcionaron como centros de tortura, como
la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el llamado 'Club Atlético'
también marcarán momentos de recordación, el domingo, en
una jornada donde se multiplicarán festivales artísticos, conferencias
y "escraches" (señalamiento público).
El pasado viernes el médico Jorge Bergés, detenido por robo de
bebés durante la dictadura, fue víctima de un ruidoso "escrache"
de parte de médicos y enfermeros de un hospital porteño donde
fue llevado para un tratamiento. *