Antes de la caída de la dictadura, las Madres se presentaron ante la multipartidaria para reclamarle que no heredara el problema de los desaparecidos, que exigiera a los milicos la solución del caso; los políticos se sintieron incómodos ante "aparición con vida", su irreductible consigna política, porque estaban acordando, como otras veces a lo largo de la historia, la "salida ordenada de los militares" y con el menor costo posible.
La exigencia continuó durante la campaña política y, una vez electo el gobierno "democrático", reclamaron que fueran los representantes del pueblo reunidos en el Congreso de la Nación los que, previa investigación, condenaran políticamente el "Terrorismo de Estado". Lo consideraban esencial para la reconstrucción del país. Luego estaría todo el proceso jurídico.
El doctor Alfonsín no las escuchó, la oposición tampoco. El radicalismo creó la CONADEP, que le sirvió para ganar tiempo, dividir las luchas y avanzar con su política de impunidad; el organismo sólo pudo entrar donde los milicos quisieron, no tuvo poder ni siquiera para hacer públicos los nombres de los milicos denunciados. Concretamente, la Comisión no hizo mucho más que oficializar datos que ya estaban en poder de los organismos de DD.HH.
Las Madres plantearon al doctor Alfonsín la destitución de los jueces corruptos de la dictadura. El gobierno respondió confirmando al 90 % de ellos.
Las Madres se afianzaron en el pedido de "Juicio y Castigo a todos los Culpables", pidieron que genocidas y cómplices no ocuparan cargos ni funciones en el Estado ni como funcionarios en el exterior, exigieron el desmantelamiento del aparato represivo de la dictadura, y que los colegios y escuelas de las Fuerzas Armadas y la policía fueran cerrados, si ello fuera necesario, para reformular sus planes de estudio francamente fascistas.
Conscientes de que el país no podía reconstruirse sobre la base de la impunidad, las Madres respondían a Alfonsín desde todos los frentes, con una movilización inclaudicable; rechazaron todos los intentos gubernamentales de acallarlas, que abarcaron una amplísima gama de recursos.
Los gobiernos radical y peronista confirmaron con leyes, decretos y genuflexiones la impunidad de los genocidas, pero sobre todo, los partidos mayoritarios ratificaron en todos los puntos la política económica iniciada por la dictadura militar.
El gobierno peronista de los años 90 llevó adelante la entrega total del país. Las políticas del FMI fueron impuestas con un énfasis que el imperialismo no logró en ningún lugar del mundo. Menem hizo que todos los mecanismos, instrumentos e instituciones del país fueran puestos a disposición de la rapiña imperialista. La clase dirigente casi en su totalidad se prostituyó hasta el hartazgo en medio de las coimas y los negociados.
Hoy el país está quebrado, una parte mayoritaria del pueblo en condiciones desesperantes, y un grupo pequeñísimo disfruta de un lujo repugnante, obsceno.
Las Madres no se habían equivocado cuando opinaron que en la libertad de los milicos los partidos mayoritarios se perdonaban también ellos.
No se equivocaron con los resultados de la subversión ética instalada en el país a partir de la impunidad de los genocidas de la dictadura.
A partir del 19 y el 20 de diciembre de 2001, multitudes hartas se lanzaron contra aquello que las Madres habían preanunciado veinte años antes.
La lucha continúa. Hasta hoy nada se ha definido. Pero la connivencia de la policía y amplios sectores de la justicia con el delito es inocultable.
"La Bonaerense" no es una excepción entre las policías provinciales, que funcionan -con más o menos recato- con comportamientos mafiosos y conexiones políticas vinculadas también a negocios turbios. Gobernaciones que son cotos feudales, reinando sobre el desamparo absoluto de la población.
La corrupción del Estado no es una cuestión meramente moral, sino esencialmente funcional al sistema capitalista, tanto como la violencia y el terror.
Por eso nunca hubo una condena al terrorismo del estado dictatorial desde el Congreso de la Nación, como pedían las Madres. Es probable que una investigación en ese nivel, hubiera descubierto también la línea de sangre que conduce al imperialismo norteamericano como un todo orgánico en su mixtura con los socios de la burguesía autóctona y sus instrumentos políticos.
Los hechos hablan por sí, la interrelación entre los grupos económicos y los crímenes de la dictadura aflora de cuando en vez, y es rápidamente cubierta.
Ojalá los genocidas terminen pudriéndose en la cárcel, pero el daño producido culturalmente por la impunidad ya fue hecho; será muy difícil superarlo. Tal vez comenzará a lograrse cuando los "desaparecidos sociales" de la "democracia", los desocupados, comiencen a ser trabajadores ocupados y dueños de un horizonte de vida.
Ojalá se anulen las leyes de impunidad y que esa recua de genocidas decrépitos sea condenada, pero también es preciso que la política que ayudaron a construir junto a sus cómplices sea cambiada en forma absoluta. La lucha continúa.