Por: Juan Gasparini

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Este lunes 17 comienza en Ginebra la sesión anual de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Tal vez sea la última en que el Vaticano opere como 'observador', dada la voluntad de Sumo Pontífice de que se inicien los tramites para entrar a Naciones Unidas como Estado miembro. Pero para ello la legislación de Roma deberá reformarse a la luz de las exigencias de los principios de derechos humamos aceptados por la comunidad internacional, como surge del artículo adjunto titulado 'El mandamiento de los derechos humanos', publicado en noviembre pasado por Juan Gasparini, un texto que mantiene toda su actualidad, el cual apareció como prologo del libro sobre Monseñor Edgardo Gabriel Storni, ex-Arzobispo de Santa Fe, publicado por los periodistas santafesinos Guillermo Tepper, Maximiliano Ahumada y Juan Manuel Berlanga.

El escándalo de acoso sexual y pederastia que sacude a la Iglesia Católica en todo el mundo reaviva la polémica sobre el verdadero alcance que acuerda el Vaticano a los derechos humanos y cuestiona el papel de observador de la Santa Sede en el seno de las Naciones Unidas. Este libro contribuye al esclarecimiento de actos de lujuria contra jóvenes que no estaban en condiciones de defenderse, vulnerando las normas de dignidad y valor del ser humano consagradas en los principios fundadores de la ONU. El aporte de las pruebas documentales y testimoniales que se relatan en las páginas que siguen, conjuga un encomiable esfuerzo informativo, insertándose en un debate que trasciende la provincia argentina de Santa Fe por el impacto universal de sus revelaciones.

Los autores siguen la correcta línea del Octavo Mandamiento bíblico, un imperativo que exhorta al 'No dirás falso testimonio, ni mentiras', cuya contrapartida es, para los periodistas en este caso, destapar los acontecimientos constitutivos de delitos. Abusar sexualmente de chicos hace de sus perpetradores violadores del Sexto, Noveno y Décimo Mandamientos, en el sentido de no llevar a cabo ni consentir 'pensamientos ni deseos impuros', y de 'No codiciaras cosa alguna de tu prójimo'. Su trasgresión remite a los artículos 3 y 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamada por la ONU el 10 de diciembre de 1948, inscribiendo en la historia de la humanidad el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de cada hombre y mujer que habita en esta tierra, quien no 'será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación'.

La tragedia que se extiende como mancha de aceite en papel secante hizo eclosión en Estados Unidos a comienzos de 2002. Levantó una punta de la manta sobre unos 600 párrocos imputados de abusos sexuales, de los que 325 ya han sido suspendidos y de estos, 87 afrontan cargas penales en firme, en un contexto de 60 mil curas alistados a lo largo de las tantas diócesis norteamericanas. Al cierre de este prólogo y dejando de lado lo sucedido en Argentina, la epidemia ha tenido brotes en España y Chile. A José Herrera y Guillermo Amado Morejón, Frailes de Cádiz, asignados a una residencia de ancianos bajo tutela de la Asociación Benéfica y Católica Obreros de la Cruz, se les acaba de abrir sumario judicial por presuntas vejaciones contra dos trabajadores voluntarios de esa institución cuando éstos eran muchachos, dejando en ellos atroces cicatrices espirituales. Francisco José Cox, Arzobispo emérito de la ciudad de La Serena, pidió 'perdón por ese lado oscuro que hay en mi y que se opone al Evangelio'. Ex Secretario del Consejo Pontificio para la Familia en el Vaticano y actual miembro del Consejo Episcopal Latinoamericano, Cox huyó recientemente de Chile para recluirse en un monasterio europeo. Logró diferir por unos días trascendidos en la prensa de nueve de sus víctimas aún refugiadas en el anonimato, que sin embargo motivarían contrición en su jerarquía. El Nuncio Apostólico Aldo Cavalli admitió estar delante de 'actitudes sexuales impropias con menores' que afectan al Obispo por 'caer en tentaciones', un comportamiento 'reñido con la moral'.

El Papa Juan Pablo II fustigó estas prácticas apuntando que 'los pecados de algunos hermanos' proyectan 'sombras de sospecha sobre los sacerdotes que cumplen su ministerio con honestidad'. El desánimo de muchos feligreses y la desilusión de no pocos creyentes ante semejante espectáculo se ha venido palpando en los medios de comunicación durante este año. El fenómeno arroja una luz de desconfianza en una congregación religiosa que es responsable de 170.000 escuelas con más de 42 millones de alumnos en los distintos confines del globo. Inquieta particularmente en América Latina, donde los pobres son mayoría y suelen depender de la caridad y la educación que solidariamente brinda la Iglesia Católica, hoy conmovida por una crisis de derechos y deberes sin precedentes. Alarma porque la Santa Sede alentó el criterio de 'tolerancia cero' para con estas barbaridades, pero dejó en manos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos proponer medidas concretas, siendo magro su resultado. Queda en el Papa y la Curia Romana armonizar un decreto final sin fecha límite, que podría validar o rectificar lo decidido esta semana por 246 votos contra 7, un dispositivo que, por provenir de donde estallara el mal que tantos estragos ha producido, será de irrefrenable influencia en todos los continentes.

Lo concertado por los clérigos norteamericanos se aleja de la transparencia anticipada hace algunos meses, apartando a los laicos católicos de participar en la solución del problema. Corresponderá exclusivamente a tribunales eclesiásticos regidos por el Derecho Canónico juzgar a los sacerdotes acusados en procesos secretos sin que se identifique a los sumariados y sin la obligación de notificación alguna a la Justicia Civil. Las víctimas no tendrán acceso a los expedientes y los victimarios sólo podrán ser suspendidos de su ministerio si son sancionados, no de forma inmediata tras ser denunciados. El abuso sexual se restringe al contacto físico y al uso de la fuerza y los que han padecido la pederastia sólo tendrán 10 años de plazo para comunicar lo que sufrieron, una vez que cumplan los 18 años, vale decir a la edad de 28 años como máximo.

La colisión previsible con los tribunales ordinarios de cualquier país si dictaran sentencias diferentes a las que emita la jurisdicción católica no puede pasar inadvertida al examinarse una batería de reglas definitivamente excluyente de la mirada externa como la que aquí se observa. Es una manifiesta contravención a la antes citada Declaración Universal de Derechos Humanos, que es vinculante para el Vaticano como observador en la ONU, debiendo subordinar su legislación a los treinta artículos del emblemático documento que rige los Pactos de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales sobre los que se asienta la Carta de las Naciones Unidas. Los artículos 7, 8 y 10 de ese texto fundador para la comunidad internacional, que recoge las enseñanzas dolorosas en cuanto a derechos individuales y libertades públicas extraídas del genocidio engendrado en torno a la Segunda Guerra Mundial 1939-1945, no sólo estipula la igualdad ante la ley de todos, sino la garantía de cada persona 'a un recurso efectivo, ante tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la Ley', y 'a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal'. La ignorancia y el desprecio por la justicia terrenal expresado en lo que se halla en tren de resolver la Iglesia Católica le dan, tal vez, razón al escritor alemán Peter Berling, un especialista en el tema: 'Cristo nunca quiso una Iglesia como ésta'.


* Juan Gasparini es periodista y escritor, su último libro es 'Mujeres de dictadores', de Editorial Península, 2002.